Por Ricardo Carpena
Infobae, 10 de Agosto de
2020
En una iniciativa inédita,
sindicatos tradicionales y movimientos sociales se unieron con el auspicio de
la Iglesia para lanzar esta tarde el Plan
de Desarrollo Humano Integral, un “anteproyecto” que propone crear 4 millones
de puestos de trabajo, “repoblar la Argentina” y conectarla con transporte
multimodal y entregar tierras a las comunidades agrarias, entre otras medidas,
en lo que uno de sus impulsores, el dirigente social Juan Grabois, había
calificado como un “Plan Marshall criollo”.
Sus impulsores aseguran que
con una inversión inicial anual de 750 mil millones de pesos “crearíamos
170.000 empleos registrados y 4 millones de puestos de trabajo social,
generando un impacto de la actividad económica de 865.000 millones de pesos, lo
cual redundaría en mayor recaudación fiscal”.
Aunque esta versión local es
más modesta, el Plan Marshall fue un programa mediante el cual Estados Unidos
procuró la recuperación económica de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial
a través del otorgamiento de unos 13.000 millones de dólares entre 1947 y 1952.
La propuesta surgió de
Grabois, líder de Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y fue conversada
en los últimos meses con gremialistas como Gerardo Martínez (UOCRA), Pablo
Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (SMATA), Sergio Sasia (Unión
Ferroviaria) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), quienes se sumaron
a la iniciativa que también incluye la creación de “un fondo de ahorro en
moneda nacional orientado a los trabajadores y clase media que a tasa de
interés del mercado financiero y permita descontar de Ganancias un porcentaje
del monto invertido para aumentar la rentabilidad al ahorrista”.
“Venimos trabajando con
Grabois en una alianza estratégica porque tenemos un territorio que
prácticamente es el mismo porque los trabajadores que represento entran y salen
de la actividad, y los movimientos sociales buscan el tránsito de la
informalidad a la formalidad y uno de los sectores apropiados es la
construcción”, dijo a Infobae Gerardo Martínez, uno de los sindicalistas que
participó de esta propuesta, que ahora será presentada al Gobierno para que sea
analizada.
El
plan contempla una inversión inicial con un costo de $750.000 millones anuales y,
según lo que proponen sus organizadores, “parte de la inversión se
autofinanciará a través de programas ya existentes (Salario Social
Complementario, Hacemos Futuro y Tarjeta Alimentar, cerca de 128 mil millones
de pesos anuales)”. El resto se va a financiar “a través del retorno fiscal
neto de la inversión de los programas actuales (el 36%), más una afectación
específica del Impuestos a los Bienes Personales, una pequeña reforma del
Impuesto a las Ganancias, un aumento del Impuesto a las Bebidas Azucaradas y
otra parte a través del esfuerzo fiscal adicional del Estado Nacional”.
La iniciativa fue anticipada
a principios de mayo al presidente Alberto Fernández por Grabois durante un
encuentro en la Quinta de Olivos y luego a la vicepresidenta Cristina Kirchner
por representantes de esa misma agrupación.
De la presentación del plan,
que se realizó en la sede del gremio de la construcción, en la Avenida Belgrano
al 1800, Capital, participaron los sindicalistas Martínez (UOCRA), Moyano
(Camioneros), Sasia (Unión Ferroviaria) y Laura Avalos (SMATA) y los dirigentes
sociales Grabois, Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa),
Esteban Castro (Movimiento Evita), Daniel Menéndez (Barrios de Pie y subsecretario
del Ministerio de Desarrollo Social), Dina Sánchez (Frente Popular Darío
Santillán) y Cristina Romo (Movimiento Popular La Dignidad), entre otros,
además de representantes de la Iglesia (aunque no estuvo, uno de los que
participó de las conversaciones iniciales fue el obispo auxiliar de Buenos
Aires para la Pastoral en Villas, Gustavo Carrara).
Esta integración entre
sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales no tiene precedentes: hasta
ahora, en realidad, existía desconfianza entre ambos sectores e incluso
competencia por la representación de los trabajadores informales que pudieran
tener un empleo formal.
Los gremios tradicionales
ven organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
(CTEP), liderada por Castro e integrada por Grabois, una amenaza para el
sistema de recaudación sindical y de obras sociales, ya que busca ser
reconocida por la CGT y que los trabajadores informales aporten a la seguridad
social para tener cobertura médica y jubilación.
La propuesta presentada por
sindicatos y movimientos sociales en un documento de 40 páginas incluye los
siguientes puntos: “Crear 4 millones de puestos de trabajo social y 170 mil
empleos registrados regulados por convenio colectivo; promover la integración urbana de los barrios populares, el acceso al
suelo y a la vivienda social; repoblar la Argentina, a través de nuevas
ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones
hortícolas protegidos; desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través
de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte
multimodal; encarar la transición energética y desarrollar formas no
contaminantes de producción para avanzar hacia un programa de ecología
integral”.
Respecto del fomento de la
construcción y la integración urbana, el primer punto del plan, sus impulsores
procuran “una alianza virtuosa entre el sector privado y el sector de la
economía popular”, para el cual propone “una planificación con metas y
cronograma, gestionada desde una unidad ejecutora centralizada, diseñado para
vincular la urbanización de los 4425 barrios populares existentes, creación de
nuevas urbanizaciones populares, el desarrollo de nuevos emplazamientos
productivos, la extensión de la conectividad digital y el desarrollo de
transporte multimodal de pasajeros y carga, todo con capacitación en obra a
cargo de las organizaciones sindicales”.
El siguiente punto de la
propuesta contempla “repoblar la Argentina y conectarla con transporte
multimodal”, con una “relocalización sustentable de parques productivos atada
al desarrollo de corredores logísticos intermodales que armonice todas las
actividades de transporte: la red ferroviaria conectará los nodos logísticos,
el camión conectará la unidad de producción con el nodo logístico y el enlace
ferro portuario será el final de la carga de exportación que debe ser
fiscalizada de manera trasparente en origen”.
Otro de los aspectos
incluidos en este proyecto es “crear un fondo de ahorro en moneda nacional
orientado a los trabajadores y clase media que a tasa de interés del mercado
financiero y permita descontar del impuesto a las ganancias (cuarta categoría)
un porcentaje del monto invertido para aumentar la rentabilidad al ahorrista”.
Y agrega que “El fondo tendrá una administración transparente con un sesgo de
inversión orientado hacia lo productivo y la dinamización del mercado interno,
con rentabilidad financiera y rentabilidad social”.
Además, se propone “crear el
Fondo Fiduciario Mugica para financiar el desarrollo del plan y los módulos de
trabajo comunitario asociados”, que, afirman sus impulsores, se trata de “una
inversión de 750.000 millones de pesos anuales con retorno fiscal del 33%”.
