El 72%
viene de ocupar otro cargo en el Estado
,
Mariel Fitz
Patrick y Sandra Crucianelli
Infobae, 30 de
Octubre de 2022
Hacer carrera en
la política dentro del Estado es una tendencia para este gobierno. A diferencia
del macrismo, que convocó a cientos de empresarios y activistas para conformar
sus equipos, la mayoría de los funcionarios que trabajan en los ministerios y
en otros organismos públicos nacionales se desempeñaron anteriormente en la
función pública, ya sea en cargos provinciales, en universidades o en el
Congreso.
El 72% de los
funcionarios nacionales de alto rango, desde directores hasta ministros,
tuvieron como antecedentes, antes de asumir bajo las órdenes del presidente
Alberto Fernández, otro cargo en alguna dependencia del Estado. La información
se desprende del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae sobre 780
declaraciones juradas de antecedentes laborales previos y posteriores a la
función pública de los integrantes del gobierno. Se trata de un nuevo
formulario que implementó la Oficina Anticorrupción (OA) este año para evitar
posibles conflictos de interés, en paralelo a las declaraciones juradas
patrimoniales.
Sólo dos de los 21
ministros del gabinete que completaron su declaración jurada de interés
mencionaron antecedentes en la actividad privada. El resto proviene de la
función pública. Un cuarto de los ministros declaró, además, haber sido docente
o directivo de alguna universidad nacional y otros informaron haber trabajado
como autónomos o independientes.
El análisis sobre
los ministros es apenas una muestra de lo que ocurre a nivel general en el
Estado durante la administración de Alberto Fernández. Sólo el 8% de los
funcionarios públicos del Gobierno, desde el cargo de director general hasta el
de ministro, declaró haber tenido al menos un antecedente en la actividad
privada, una cifra que marca diferencias con lo que ocurrió durante el gobierno
de Mauricio Macri, que reclutó ejecutivos de empresas cubrir cargos
estratégicos en distintos ministerios, como fue el caso de Juan José Aranguren,
Marcos Quintana y Gustavo Lopetegui, entre muchos otros.
Una investigación
del Observatorio de las Elites Argentinas perteneciente al Instituto de Altos
Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, publicada en 2017,
reveló que “los llamados CEO funcionarios alcanzaban, en promedio, el 31% de la
cúpula del gabinete de ministros se distribuían por todo el Estado, desbordando
el área de la gestión económica, históricamente más proclive a presentar este
perfil de reclutamiento”. En algunos casos, como Jefatura de Gabinete,
Secretaría de Presidencia, Energía y Comunicaciones, superaban el 50%. Según el
trabajo coordinado por Paula Canelo y Ana Castellani, actual secretaria de
Empleo de Alberto Fernández, “la presencia de estos CEOs se verifica en la
totalidad del gabinete, y no en ministerios específicos”.
Pablo Secchi,
director ejecutivo de Poder Ciudadano, ratificó esta tendencia: “Está claro que
el gobierno anterior tuvo más gente del sector privado, y que el peronismo
históricamente convoca a dirigentes que vienen con una dedicación exclusiva a
la política”. Pero aclaró que “a la política se pueden sumar desde todos los
sectores. Nunca estuvimos en contra de que vayan a la política empresarios, ni
dirigentes de la sociedad civil, son todos aportes positivos. Y también nos
parece positivo que haya una carrera política: no tiene nada de malo que la
política esté profesionalizada”.
Del análisis
realizado por Infobae surge que apenas el 20% de los funcionarios declaró tener
un trabajo en forma “independiente” y solo el 8% en la función privada. El
total de sujetos obligados a presentarla a la fecha de vencimiento, el 20 de
septiembre pasado, era de 837 funcionarios y cumplieron con el requerimiento el
93%.
A pesar de ser
minoría, los funcionarios del gobierno que informaron algún antecedente en el
sector privado mencionaron un total de 80 empresas u organismos en los que han
trabajado, un universo muy dispar que no permite trazar un patrón general. En
ese listado de trabajos previos analizado por Infobae conviven universidades
privadas, fundaciones, ONGs y gremios, con cámaras empresariales, sanatorios,
empresas de seguridad, concesionarias de autos y frigoríficos.
“El Monitoreo de
Actividades Privadas y Públicas anteriores y posteriores al ejercicio de la
función pública (MAPPAP) es una herramienta que va a permitir a los organismos
de control, pero también a toda la ciudadanía, conocer de primera mano las
vinculaciones entre los funcionarios y empresas”, sostuvo Luis Villanueva,
Subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, en
diálogo con Infobae. La resolución que lo creó fue dictada en abril pasado.
Su objetivo es que
los funcionarios declaren los antecedentes laborales y profesionales de los
tres años anteriores al inicio de ejercicio de la función pública, y los cargos
y tareas, tanto públicos, como privados, ejercidos durante el año posterior a
la fecha de egreso de la función pública. Villanueva agregó que “no sólo es una
herramienta de transparencia activa, también es un mecanismo que ayudará a
evitar conflictos de intereses y fenómenos como el de puerta giratoria”.
Esta expresión (revolving
door, en inglés) proviene de la legislación norteamericana y describe el flujo
de personas que ocupan altos cargos en el sector privado y acceden a puestos
relevantes en el sector público, y a la inversa, funcionarios que al dejar su
cargo público, pasan a trabajar a una empresa del mismo sector. Según la
Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), se
requieren regulaciones específicas para prevenir conflictos de interés y la
“captura de la decisión estatal” por parte de sectores económicos o grandes
empresas, cuando los funcionarios privados pasan a ocupar posiciones públicas;
o el traspaso de información privilegiada, contactos y know-how cuando se pasa
del Estado a una organización privada.
Las nuevas
declaraciones juradas
En el debut de
estas nuevas declaraciones juradas quedaron alcanzados por la obligación las
autoridades políticas jerárquicas, como jefe de Gabinete, ministros,
secretarios y subsecretarios. También las autoridades de igual rango en todos
los organismos de la Administración Pública Nacional, entidades autárquicas,
empresas y sociedades del Estado y sociedades con participación estatal
mayoritaria, sociedades de economía mixta, Fuerzas Armadas y de Seguridad,
instituciones de la seguridad social del sector público, bancos y entidades
financieras oficiales y de todo otro ente estatal.
Desde la OA
admitieron, sin embargo, que hubo fallas en la carga de estas nuevas
declaraciones juradas de antecedentes laborales. “Hubo quizás un problema de
comunicación y muchos funcionarios las completaron mal. Tienen una lógica
diferente a las patrimoniales, cuya carga está vinculada a la AFIP, y quizás se
generó confusión ya que coincidieron las fechas de vencimiento”, reconocieron.
Si bien en las
declaraciones patrimoniales los funcionarios deben consignar trabajos
inmediatamente anteriores, no siempre lo hacen, y por otro lado, las
declaraciones de interés no incluyen participaciones societarias o antecedentes
financieros. Los nuevos formularios dependen del área de Innovación, bajo la
órbita Jefatura de Gabinete, y la información que contienen es toda pública, no
tienen una parte reservada como las declaraciones patrimoniales. “La idea es
que a futuro se unifiquen”, señalaron en el organismo que recibe y controla
ambos formularios.
Del análisis hecho
por Infobae surge que pese a que el objetivo de estas declaraciones es poner la
lupa sobre quien llega a la función pública desde el sector privado para
detectar posibles conflictos de interés, el formulario no incluye una pregunta
general sobre si el trabajo anterior era en ese sector o el Estado. Las
respuestas sobre las que había mayor cantidad de datos mal cargados era la
referida a si tenía “relación de dependencia” en el trabajo anterior.
“Con el paso del
tiempo se irá mejorando y ampliando las funcionalidades, también esperamos que
sean incorporadas en una futura ley de ética pública, tal como propusimos en el
proyecto elaborado en la OA y remitido al Presidente de la Nación”, aseveró Villanueva.
Si bien la información suministrada por los funcionarios y procesada en formato
de Datos Abiertos estaba previsto que sea publicada en el portal de
transparencia activa, siendo accesible desde el sitio web de la Oficina, aún no
está disponible online.
