se rebelan contra la agenda de género de la UE
en un nuevo acuerdo comercial
Por Lisa Correnti
(C-Fam) 5-12-23
Un nuevo acuerdo
de veinte años entre la Unión Europea y 79 países de África, el Caribe y el
Pacífico está envuelto en una controversia mientras los líderes del mundo en
desarrollo temen que la UE esté intentando imponer derechos sexuales
controvertidos.
El acuerdo
condiciona el apoyo económico de la UE a ciertas prioridades sociales y
económicas de izquierda, incluida la educación sexual, el aborto, las
cuestiones homosexuales/trans y otras políticas sociales controvertidas. El
grupo mundial abortista con sede en el Reino Unido, la Federación Internacional
de Planificación de la Familia (IPPF), presionó para que estas cuestiones
estuvieran en el nuevo acuerdo desde 2019.
Varios países
están reconsiderando ahora si seguir adelante o no con la ratificación del
Acuerdo de Samoa. Setenta y un países firmaron el documento el mes pasado, pero
el tratado aún no ha entrado en vigor y podría estar en peligro.
Un fallo legal
contra el nuevo tratado de la Academia Internacional Islámica de Fiqh advierte
a los musulmanes de los veintidós estados miembros de la Organización de
Cooperación Islámica que la terminología del tratado sobre aborto,
homosexualidad y educación sexual es “engañosa y contradictoria con la claras
enseñanzas del Islam”.
El acuerdo es una
operación de “cebo y cambio”, según Sharon Slater, presidenta de Family Watch
International, quien ha hecho campaña contra el acuerdo los últimos dos años.
Slater dijo al
Friday Fax: “Han convertido engañosamente este acuerdo comercial y económico en
un tratado de derechos humanos y de ingeniería sexual-social, utilizando la
fuerza del derecho de los tratados para imponer los valores sociales, sexuales
y desviados de la UE a los países ACP”.
El Nuevo Acuerdo
de Asociación reemplaza el Acuerdo de Cotonú de 2000, que se centraba
estrechamente en el desarrollo, el comercio y el avance económico. Los intentos
de 2010 de integrar disposiciones controvertidas sobre “orientación sexual e
identidad de género” fueron rechazados.
Slater dice que
muchos países están reconsiderando su posición sobre el acuerdo, incluidos
Namibia, Nigeria, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uganda.
El gobierno de
Nigeria dijo que no estuvo presente en la firma y que el acuerdo estaba siendo
estudiado con miras a “garantizar que sus disposiciones no contravengan la
legislación interna de Nigeria”.
El gobierno de
Namibia emitió una declaración ministerial que describía varias disposiciones
“que no estaban en consonancia con la Constitución de Namibia”.
Además de adoptar
políticas sociales y económicas controvertidas a nivel interno como condición
para asociarse con países de la UE, el acuerdo podría obligar a los países
africanos y a los estados insulares a alinear sus políticas exteriores con la
Unión Europea, incluso siguiendo el ejemplo de la UE en las Naciones Unidas.
“El tratado
compromete a los países a apoyar un nuevo orden global y una gobernanza
internacional con la ONU en su centro”, dijo Slater.
Slater explicó que
tanto los “derechos humanos” como la “salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos” están designados como esenciales para el acuerdo,
incluida su interpretación por parte de los países europeos.
El acuerdo
incorpora una revisión de 20 años de los compromisos internacionales sobre
“salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos” que exige a todas las
naciones “adaptar las leyes y regulaciones que criminalizan o de otro modo
afectan los derechos sexuales y reproductivos de acuerdo con la justicia social
y el desarrollo sostenible”, incluyendo proporcionando a los niños “educación
sexual integral”, legalizando las relaciones homosexuales, la prostitución y el
aborto.
Un arzobispo
católico romano de Trinidad y Tabogo criticó duramente el Acuerdo diciendo que
no se alineaba con los valores del pueblo caribeño y que era una “imposición
colonial una vez más a los pequeños estados frágiles”.
La aplicación
provisional del Acuerdo comenzará el 1 de enero de 2024. El consentimiento del
Parlamento Europeo y la ratificación de los Estados partes (todos los Estados
miembros de la UE y al menos dos tercios de la Organización de Estados de
África, el Caribe y el Pacífico) son necesarios para la acuerdo entre en vigor.
