Por Hugo Luis
Biolcati
La calidad
institucional es un insumo fundamental para la actividad agropecuaria porque de
él depende la seguridad jurídica, sostén ineludible de la confianza y la
previsibilidad que impulsan la inversión. Sin inversión, no hay evolución
posible del negocio agropecuario ni de cualquier otra empresa.
Nuestro país sufre de
una escasez crónica de capitales. No nos podemos dar el lujo de ahuyentar
inversiones .
Pensemos que sólo en
2011, el campo invirtió en la producción agrícola, ganadera, lechera y en las
producciones regionales más de 41 mil millones de dólares.
Por eso, el concepto
de seguridad jurídica no es “un fantasma que se agita” , como se expresa desde
las más altas jerarquías del Ministerio de Economía. Lejos de eso, es la
condición mínima para que cualquier negocio prospere. Pero se ve
permanentemente amenazada.
En lo que hace a
nuestro sector, la intervención a los mercados, el cierre de las exportaciones,
y la constante discrecionalidad en las reglas de juego nos generan sobrecostos
y condiciones competitivas desfavorables respecto de nuestros pares de otros
países.
Esto se ve reflejado
también en el caso de YPF.
Su abusiva
apropiación por parte del Estado Nacional y el proyecto de ley que intenta
expropiar selectivamente el 51% de sus acciones dejan al país en una zona de
marcada incertidumbre. Como productores agropecuarios, nos interesa el tema
porque uno de los principales derivados del petróleo, el gasoil, es para
nosotros tan esencial como el agua para nuestros cultivos.
No se trata, en esta
instancia, de plantear como se intenta, si una empresa de energía debe ser
privada, estatal o mixta. Recordemos YPF de Mosconi y también la gestión de
Estenssoro. En la actualidad, muchos estados poseen empresas petroleras y se
ocupan de la energía. También existen modelos privados exitosos.
El problema no es
ese. Se trata de las políticas energéticas, de la necesidad de planificar una
estrategia de largo plazo con normas claras.
Se trata de lograr
eficiencia en una gestión pública, o bien en el control por parte del Estado de
una gestión privada o mixta que garanticen la provisión de energía para la
producción y para el uso cotidiano de la población.
En última instancia,
el responsable de la política energética es siempre el Estado , con empresas
públicas, mixtas o privadas, ya sea a través de la gestión o del control.
Es por las
desatinadas políticas públicas que hoy la Argentina está obligada a importar combustibles
por 14 mil millones de dólares anuales , una necesidad que comenzó en 2004 con
el fin del autoabastecimiento, que fue ampliamente anticipada por ex
secretarios de energía y que nos provoca un marcado deterioro de la balanza
comercial así como de la economía en general. No es inusual transitar los
caminos, las rutas y las autopistas del interior de la Argentina e ir de
estación de servicio en estación de servicio sin conseguir una gota de gasoil o
nafta.
En el mundo
civilizado las formas son tanto o más importantes que las cuestiones de fondo.
Por eso, hoy la
discusión relevante no es si YPF es estatal o no lo es. La discusión pasa por
la calidad institucional y por la forma en que en la Argentina se realizan
las cosas.
Como se hizo con las
AFJP, o con Aerolíneas Argentinas, el relato del Gobierno instala el debate
fuera de su verdadero foco, que disimula exacerbando un sano pero a veces
equivocado fervor nacionalista. Digamos la verdad. Aquí ha fallado la política
energética de este Gobierno, y además YPF es una caja apetecible a la que se
buscó echar mano . Vale aquí recordar la célebre frase de Juan Bautista
Alberdi, “el peor enemigo de la riqueza del país es la riqueza del fisco”.
Porque mucho se ha
puesto en riesgo luego de la decisión del Poder Ejecutivo de nacionalizar YPF a
través de la expropiación del 51% del capital que estaba en poder de Repsol.
Tras esta decisión, el Gobierno español anunció una serie de medidas “claras y
contundentes”, que ya comenzaron con la suspensión de la importación de
biodiesel de origen argentino. Y esa es la primera medida que conocemos. Solo
España el último año compró 1106 millones de dólares en biodiesel y 550
millones de harina de soja.
Hoy, como productores
agropecuarios y como ciudadanos argentinos, parecería que solo nos queda desear
que la gestión que inicia esta intervención sea más exitosa que la de
Aerolíneas Argentinas.
Clarín, 25-4-12
