La cifra parece
inconcebible, pero ni siquiera es completa: más de 165 mil argentinos carecen
de documentos de identidad. Y el dato sólo revela la cantidad de indocumentados
menores de 17 años que viven en zonas urbanas.
No hay estadísticas
sobre los mayores de esa edad ni sobre los habitantes de áreas rurales, lo que
quizá eleve la cifra de modo apreciable. Tampoco están incluidos inmigrantes
que no tienen identidad certificada por el Estado argentino.
El informe que
presenta estos datos fue elaborado por un equipo de investigación del programa
del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica
Argentina y el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas
(Iadepp).
En el texto, los
investigadores advierten que “no contar con el DNI tiene un impacto negativo en
el acceso de las personas a una educación completa, al sistema de salud privado
y a las diferentes líneas de seguridad social que brinda el Estado para la
población en situación de vulnerabilidad o pobreza”.
Pero no son los
únicos efectos negativos de carecer de documento, ya que también se ve afectada
la capacidad de ejercer el derecho a voto, la posibilidad de acceder a una
cuenta bancaria o a un crédito, y se niega la inserción en el mercado laboral
formal.
La segmentación de
los datos del informe muestra que hay una relación directa entre la condición
social y la carencia de documentos.
Por ejemplo, un menor del conurbano bonaerense tiene tres veces más probabilidades de no tener DNI que uno perteneciente a una ciudad del interior.
Por ejemplo, un menor del conurbano bonaerense tiene tres veces más probabilidades de no tener DNI que uno perteneciente a una ciudad del interior.
En ese sentido, los
pobres e indigentes son quienes más sufren el problema, lo que sin dudas agrava
su situación cotidiana y les resta oportunidades para superarla.
Según el informe, uno
de los mayores inconvenientes radica en la complejidad de los trámites que
deben realizarse una vez que se incumplió la norma de anotar el bebé en el
registro civil antes de los 40 días de vida.
Pasado ese plazo y
hasta los 12 años, hacen falta dos testigos que acrediten el vínculo, mientras
que para inscribir a mayores de 12 es necesario una autorización del juez,
previa presentación de un abogado en un juzgado de familia.
Si bien la mayoría de
los trámites son gratuitos, a los abogados hay que pagarles y a veces ese costo
es imposible de afrontar para una familia de bajos recursos. Además, las
complicaciones burocráticas y la mala atención desalientan la iniciativa de
conseguir los documentos.
Si la carencia de DNI
puede ser considerada un síntoma de falta de integración social, se impone una
rápida acción del Estado que, mediante campañas de publicidad y acercamiento a
los sectores más afectados, reduzca a cero la cifra de indocumentados.
La Voz del Interior,
4-12-12
