Con los 119.967
agentes que registraba en 2012, la
Provincia de Córdoba incrementó en 65,4 por ciento su planta
de empleados públicos en los últimos 13 años, a un ritmo mucho mayor que la
vecina Santa Fe, cuyas administraciones ajustaron su dotación en sólo 16,4 por
ciento en el mismo período.
Esta política de
empleo público, sin embargo, no fue acompañada por una jerarquización del
salario: se estima que en 2013 se habrá gastado en promedio 11.160 pesos por
empleado en Córdoba, contra 13.700 pesos en la provincia vecina.
Los datos surgen de
un informe del legislador de la
Unión Cívica Radical Rodrigo de Loredo, en el marco de la
discusión salarial instaurada en el ámbito de la administración provincial
luego de los trágicos episodios de principios de diciembre.
El legislador analizó
la política salarial en los últimos 14 años y advirtió que entre 1999 y 2012 en
Santa Fe se tomaron tres empleados públicos por día, mientras que en Córdoba,
en el mismo período, se contrataron 10 empleados por día.
Según De Loredo, la
política salarial de Unión por Córdoba se caracterizó por la precarización del
empleo público, en razón de que se dio prioridad a la cantidad de beneficiarios
que, en consecuencia, cobran sueldos bajos en términos relativos.
En su análisis,
contempló dos variables: por un lado, la evolución de la cantidad de empleados;
y, por otro, la evolución del costo salarial mensual promedio por trabajador.
Capacidad de gestión
Dada la inexistencia
de carrera administrativa efectiva, una evolución importante de la planta de
personal de la Provincia
podría indicar un deterioro en la capacidad de gestión, menciona el trabajo.
Según los números, en
el período 1999-2012, la planta de personal se incrementó en un 65,4 por
ciento, al evolucionar desde los 72.528 empleados en 1999 a los 119.967 de
2012.
“Esto implica que, en
13 años, la Provincia
de Córdoba incorporó 47.439 nuevos empleados, mientras que en Santa Fe el
número fue de 16.588. Estos números equivalen a decir que en nuestra provincia
se nombraron 10 empleados públicos por día, mientras que en Santa Fe tres”,
dice De Loredo.
Por sectores
Detalla además que
esta dinámica de crecimiento no fue homogénea por sectores de la
administración. Entre los años 2006-2012 (para años anteriores no se encuentra
desagregado el dato), se evidencia que el rubro de “autoridades superiores” es
el que sumó la mayor cantidad de nuevos trabajadores, con una tasa de crecimiento
en el orden del 56 por ciento.
Por detrás de este
sector se encuentran los de seguridad (48,4%), justicia (36%), salud (32%) y
vial (32%).
El sector de docentes
y el de administración general presentan incrementos por debajo del promedio
(21,4 y 14,8 por ciento, respectivamente), aunque en términos de cantidad de
empleados designados el valor no es menor para el caso de la administración
general, observándose que entre 2006 y 2012 se designó un empleado por día.
Costo salarial
En este ítem, De
Loredo menciona que la política provincial de empleo público no fue acompañada
por una jerarquización del salario del empleado.
Así, estimó que el
gasto en personal para 2013 estará próximo a los 17.900 millones de pesos, lo
que implica que se habrá gastado en promedio 11.160 pesos por empleado (gasto
bruto que incluye aportes y contribuciones a la Caja de Jubilaciones).
Siguiendo la
comparación con Santa Fe, con casi igual cantidad de empleados público, se
destinarán cerca de 20.000 millones de pesos en personal (13.700 por empleado,
gasto bruto que incluye aportes y contribuciones). Es decir, gastará un 23 por
ciento más por cada empleado.
Esto devuelve un
sueldo de bolsillo de 8.080 pesos promedio para cada empleado cordobés y de
10.400 pesos para cada empleado santafesino.
La brecha se amplía
al 29 por ciento al considerar el salario de bolsillo promedio. Esta política,
dice De Loredo, pone en evidencia la “precarización de la función pública” y el
“desprecio por su calificación”.
Expulsión de técnicos
Según el legislador
Rodrigo de Loredo (UCR), el empleado público provincial “no es capacitado y
promovido por sus méritos, y no percibe el salario que corresponde”. De esta
manera, el sistema se transforma en “un expulsor de profesionales y técnicos”.
