Por Adrián Simioni
La Voz del Interior
Si el relevamiento epidemiológico de Monte Maíz se da por válido,
entonces llegó la hora de crear "parques agrícolas" en unos 2.000
pueblos del país. Si lo que se confisca al sector por retenciones no alcanza,
entonces la Argentina urbana podría, por primera vez, subsidiar esta epopeya.
Si el informe epidemiológico realizado en Monte Maíz, que arroja niveles
de prevalencia de cáncer por arriba de los promedios, es metodológicamente
válido.
Si, con el silencio del resto de la comunidad científica, se admite la
comparación de los resultados de un censo como ese, por un lado, con los de un
registro como el de Córdoba o con estadísticas de mortalidad donde, por
default, muchas veces la causa de muerte que se anota es la cardiovascular.
Si se va a dar el consagrado título de Comité de Bioética a la
"comisión conformada a tal fin" en su reemplazo –en los términos de
la Ley Provincial 9694/09 de Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de
las Investigaciones en Salud en Córdoba– con médicos y activistas designados
por los mismos investigadores a los que los comités de bioéticas deben
normalmente supervisar.
Si nadie va a realizar estudios iguales para que sirvan de testigo en
otros pueblos agropecuarios como Monte Maíz y en otros pueblos no agropecuarios
antes de sacar conclusiones.
Si vamos a decir todo el tiempo que la agencia Iarc de la ONU colocó al
glifosato en la categoría 2A de "probablemente cancerígeno para los seres
humanos", sin decir que en el mismo grupo están el formaldehido que hay en
los muebles de todas nuestras casas, entre muchos otros ejemplos de productos
con los que nos rozamos, que bebemos e inhalamos a diario.
Si la causalidad del glifosato con el cáncer no se va a establecer, pero
de cualquier manera toda una pragmática del discurso va a asociar ambos
términos para que quede establecida a fuego en la sociedad.
Si la dirigencia política de todos los colores se va a dejar llevar de
las narices por profesionales ambientalistas full time sin poner siquiera las
manos.
Entonces, está claro
Llegó el momento de dejar de dilapidar en el conurbano bonaerense y en
otros fines partidarios el dinero que proviene de las retenciones a las exportaciones
agropecuarias. El año pasado, la Secretaría de Hacienda de la Nación recibió 84
mil millones de pesos por derechos a las exportaciones, cuya totalidad,
prácticamente, fue aportado por granos, sus derivados y subproductos. El 30 por
ciento de ese monto se repartió a municipios –de todo el país– para que
hicieran cordones cunetas y otras obras menudas pero visibles en las
elecciones.
La salud es lo primero
Porque, en definitiva, nadie podrá negar la urgente necesidad de crear
"parques agrarios", similares a los "parques industriales",
en cada pueblo de la Argentina en el que operen productores y contratistas
agricolas.
Así se podrán apartar de los pueblos los mosquitos, las sembradoras, las
cosechadoras, las tolvas, los chimangos, los tanques, las embolsadoras, los
tractores, los silos, los depósitos y los galpones que cobijan y portan la
peste.
Habrá que comprar la tierra a una distancia de cada pueblo que los
médicos como Medardo Ávila Vázquez consideren conveniente. Llevar allí
servicios de agua y electricidad. Construir accesos. Ceder las parcelas a los
productores y contratistas que deberán mudar sus instalaciones. Darles créditos
a tasas preferenciales para que construyan sus galpones, depósitos, silos y
alambrados perimetrales.
Les pediremos, eso sí, que para la guardia nocturna hagan una vaquita de
manera que no la tenga que pagar también el Estado con el dinero que,
previamente, les confiscó a todos ellos al recaudar las retenciones.
¿Casi 2.000 pueblos?
¿Cuánto podría costar esta epopeya? Es difícil saberlo. Todo depende. A
modo de ejemplo, la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, inauguró
dos parques industriales en 2014 en Misiones y San Juan que costaron 100
millones de pesos cada uno. Seguramente los agrarios costarían menos.
¿Y cuántos habría que construir? Córdoba, por ejemplo, tiene más de 300
pueblos sólo en sus departamentos claramente agrícolas. Pero en Traslasierra,
el Noroeste y Calamuchita también hay sembradores, mosquiteros, tractoristas y
camioneros.
En Santa Fe hay 362 municipios y comunas. En La Pampa, 58. En Buenos
Aires hay 111 partidos fuera de los del Gran Buenos Aires. Pero en cada uno de
esos partidos hay varios pueblos. Se calcula que bordean los mil. Por supuesto,
hay que considerar que en San Luis, Santiago del Estero, Chaco, Formosa,
Corrientes, Salta, también son numerosos los pueblos enclavados en zonas
agrícolas.
Ahora, a subsidiar al campo
Tal vez con la plata de las retenciones no alcance, sobre todo teniendo
en cuenta la baja de precios internacionales, la inflación interna y el margen
minúsculo que le va quedando a la actividad.
Pero, en vista de la importancia del tema, el resto de la Argentina
urbana, solidaria como es, seguramente no tendrá problemas en pagar impuestos
extraordinarios, por una vez en la historia, para subsidiar a las poblaciones
pampeanas.
Después de todo, son estos sembradores, fumigadores, tractoristas,
cosechadores, picadores y camioneros los que más se exponen al glifosato con el
que hasta ahora se alimentó a los demás. Basta de señalarlos con el dedo. Es
hora de invertir los términos y auxiliarlos.
