Alejandro Olmos Gaona
El habitual secretismo que
impera en las negociaciones internacionales, permite que muchas decisiones
gubernamentales que afectan nuestra economía permanezcan silenciadas, mientras
se muestran estrepitosamente números y cifras que pondrían en evidencia el
éxito del “llamado modelo nacional y popular”, aunque solo sean producto de una
ya rutinaria manipulación de las estadísticas, que a nadie asombra porque es
parte de la habitualidad económica con la que se maneja el gobierno.
La demonización constante de los organismos multilaterales de crédito a través de los discursos
presidenciales, y los sostenido por diversos ministros del gabinete, encubre
una realidad distinta que pone en evidencia como se negocia con ellos, como se
acuerdan créditos para financiar planes sociales; como se continúa con el
clásico esquema se someterse a una lógica financiera de la que no existe la
menor intención de salir y forma parte de los manejos de un esquema de poder
capitalista que se recicla permanentemente aunque muchos ingenuos, en forma
apresurada le hayan augurado un próximo desenlace fatal.
Hay que estar viviendo en
una dimensión distinta de la realidad para dudar de la complicidad operativa de
los organismos multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Financiera Internacional) con
los grandes grupos financieros internacionales. El Plan Brady es un ejemplo de cómo
colaboraron para salvar a los bancos privados transnacionales, y liberarlos de
créditos presumiblemente incobrables, articulando toda una estructura que fue
impuesta en casi todos los países de Latinoamérica, a principios de la década
del 90, mediante la cual además de incrementar el endeudamiento externo, permitieron
comprar empresas públicas a precios irrisorios, lo que determinó en la
Argentina, un desguace integral del Estado.
Las investigaciones que
realicé en el Ecuador en oportunidad de integrar la Comisión de Auditoría de la
Deuda de ese país, me permitieron conocer documentos confidenciales de como
operaban estos organismos multilaterales a través de créditos, que se otorgaban
para supuestos planes de desarrollo, y se desviaban para el pago de deuda
externa y otras obligaciones, sin contar la exigencia de contratar auditorías
impuestas por ellos, que en muchos casos, se llevaban en costos operativos
sumas descomunales que se pagaban con los créditos otorgados. Por supuesto
estaban las habituales condicionalidades, los planes de ajuste, la formulación
de planes económicos a los que había que someterse, para contar con “ayudas” ficticias que encubrían
la realidad de un sistema perfectamente elaborado para condicionar las
políticas de los países dependientes.
Después del pago,
efectuado en diciembre del 2005, al Fondo Monetario Internacional, con el cual
se cancelara la deuda pendiente con este organismo, el Presidente Néstor
Kirchner, los ministros y distintos funcionarios del Poder Ejecutivo,
reiteraron en cuanta ocasión se les presentara, que mediante ese pago se
terminaba la sujeción al Fondo y a sus políticas, que “mucho dolor y hambre nos
trajeron” disponiéndose una relación diferente con los organismos
multilaterales de crédito, a los que la Argentina no iba a volver a recurrir.
Tales conceptos abundaron también en los discursos de la Presidenta, y los
funcionarios que actualmente la acompañan en su gestión, donde la
sobreactuación discursiva, es parte del ejercicio del poder para solaz de una
vasta legión de aplaudidores, y el engaño constante a sectores populares que de
buena fe se convencen de la palabra oficial.
Nadie que conozca la
política económica llevada a cabo durante la dictadura, y especialmente durante
la década del 90, podrá justificar las constantes intromisiones del FMI, del
Banco Mundial y del BID, en los planes de ajuste y en las restricciones
económicas que produjeron hambre y desocupación. Lo que resulta una manifiesta
contradicción, es que las actitudes de los presidentes Kirchner, hacia el FMI y
los organismos multilaterales, no tengan nada que ver con lo que dicen para sus
sumisos auditorios y para una obnubilada militancia, que toman como verdad
revelada el contenido de los discursos.
Debemos recordar, que
Néstor Kirchner fue el presidente que más le pagó al fondo transfiriéndoles
todos los recursos que eran exigibles y sin cuestionar en momento alguno la
legalidad de sus demandas, aun cuando la Comisión de Fuga de Capitales de la
Cámara de Diputados, había determinado en el año 2002, que todos los préstamos
del FMI, había sido fugados por empresas y particulares, con el conocimiento de
ese organismo, tal como fue puesto en evidencia por su Oficina de Evaluación
Independiente.
Durante la gestión actual
de la Presidenta, las relaciones con el FMI y con el BID, fueron de estricta
sumisión a las decisiones adoptadas por estos organismos.
En efecto; haciendo
un elogio de las contribuciones del BID para eliminar la pobreza y promover una
mayor equidad social, la Sra. De Kirchner envió al Congreso Nacional en el 31
de agosto del año 2011, un proyecto que fue aprobado, para capitalizar al BID,
en la suma de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE DÓALRES SIETE
MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS DÓLARES
(U$A 7.525.760.227) más VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS QUINCE DÓLARES ( U$A 26.779.415) para el Fondo de Operaciones
Especiales, sumas estas que se abonaran en cinco cuotas, abonándose la primera
en el 2011 y las restantes este año, el año 2013, 2014 y 2015 respectivamente,
suscribiéndose acciones por esos importes.
En el Proyecto que llevaba
la firma del ex Ministro de Economía Amado Boudou y el Jefe de Gabinete de
Ministros se hacía mención a que el BID planteó entre sus metas “el logro de una mayor equidad social y la
reducción de la pobreza en los países de menor desarrollo de América latina y
el Caribe y, asimismo mediante el fortalecimiento de las operaciones de
cooperación técnica y productos no financieros a países, reforzar sus
estructuras institucionales”.
Este Proyecto de
capitalización fue idea de los mayores accionistas de la institución (Estados
Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, China, etc.) para compensar las
importantes pérdidas que le ocasionaron inversiones especulativas que determinaron que su capital operativo
disminuyera considerablemente. En el año 2008 las pérdidas fueron del orden de
los 1.900 millones de dólares, lo que llevó al Senador Richard Lugar, del
Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos a pedir explicaciones
al presidente del BID, Luis A. Moreno, quien reconoció el la existencia de
operaciones de riesgo lo que determinó a que con fecha 22 de marzo de 2010 la
Asamblea de Gobernadores aprobara la Declaración de Cancún , que llevó a
elaborar un documento técnico que con
fecha 24 de junio de 2010 , el Ex ministro Boudou votó favorablemente. En ese
documento se resolvió elevar el capital del Banco en la suma de SETENTA MIL
MILLONES DE DÓLARES (U$D 70.000.000.000) más la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MILLONES (U$D 479.000.000) para el Fondo de Operaciones Especiales.
Hace dos años el ex
Presidente de la Comisión Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera
del Ecuador, Dr. Pedro Páez, me había comentado los quebrantos del BID, y de lo
absurdo que suponía seguir postergando la capitalización del Banco del Sur,
mientras se entregaban ingentes fondos a los organismos multilaterales.
El 15 de diciembre del año
2012 el Fondo Monetario Internacional decidió aumentar las cuotas de
participación en el organismo, lo que tuvo el voto favorable del representante
argentino. Debido a ello el 21 de febrero de ese año, la Presidenta Kirchner,
envió un proyecto de Ley al Congreso, que tuvo media sanción del Senado y fue
aprobado por la Cámara de Diputados, para
aumentar la cuota de la Argentina en TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS MIL DERECHOS ESPECIALES DE GIRO, equivalentes a CINCO MIL MILLONES
DE DÓLARES. El aumento será pagado en moneda de la República y en la de otros
países con recursos del Banco Central. A pesar de las criticas constantes al
organismo, la Presidenta no ha tenido ningún reparo en disponer de esa suma,
para aumentar las disponibilidades que se le exigiera debía hacer junto con los
otros miembros.
Cuando se habló que nos “liberábamos
del Fondo”, se instaló otra falacia, porque liberarnos no significaba solo
pagar una suma que no correspondía, sino retirarnos del mismo, y efectuar un
serio cuestionamiento, reclamando todo lo que habíamos pagado indebidamente
durante años, especialmente en concepto de resarcimiento por las políticas
defraudatorias llevadas a cabo durante la dictadura militar que tuvieron al
FMI, como participe fundamental como se pudo acreditar en la causa Olmos, y que
determinó una especial mención del Juez Jorge Ballestero en la sentencia
dictada en abril del año 2000.
Finalmente, y como ya es
habitual en esto de someterse a las exigencias de estos organismos
multilaterales, la presidenta envió al Congreso de la nación el 1º de julio de
2014 un proyecto de ley para capitalizar al Banco Mundial, a la Corporación
Financiera Internacional y a la Asociación Internacional de Fomento. A la
Corporación Financiera se le darán 4.276.000 dólares, a la Asociación
Internacional 71.411.538 dólares, y al Banco Mundial, la nada despreciable suma
de de NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES DE DÓLARES
a pagar en cuatro años. En el proyecto de ley la Presidenta recuerda que
“El Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) entró en vigor el 31 de diciembre de 1945 cuando veintiocho
(28) países aprobaron su convenio constitutivo, siendo su objetivo lograra la reducción de la pobreza en los países en
vías de desarrollo brindándoles asesoría financiera en materia de gestión
económica, préstamo, garantías…” Tal proyecto después de pasar los
laberínticos vericuetos de las comisiones, será tratado este mes por el Senado
de la Nación, que lo aprobará, y que los proyectos del Poder Ejecutivo jamás
son discutidos en profundidad y se los aprueba, aun cuando existan objeciones
fundadas por parte de algunos legisladores.
Mientras esto ocurre, el
Banco del Sur sigue languideciendo, y a
pesar de los organismos suramericanos creados (Mercosur, Unasur, Celac), su
instrumentación definitiva sigue detenida. Los altisonantes discursos de los miembros
de estas instituciones, donde se enfatizan ideas supuestamente progresistas y
liberalizadoras, no pueden ocultar la realidad de que la colaboración económica
de nuestros países es casi inexistente, y cuando se necesita dinero, se recurre
invariablemente a las seculares fuentes de financiamiento: los grandes bancos
de Estados Unidos y de Europa, y recientemente de un nuevo participe del
sistema, la República Popular China, con los condicionamientos que se siguen
imponiendo y que todos los países aceptan sin discutir.
Seguramente ya conozco el
argumento que podrá justificar estas capitalizaciones: si somos miembros de
esos organismos, tenemos que cumplir con lo que deciden las normas
estatutarias. Eso sería cierto si se cumplieran estrictamente con los reglamentos
de esos organismos, pero eso no ocurre ya que el gobierno, ha desconocido palmariamente la
obligación de someter las cuentas públicas a la revisión del FMI, tal como lo
determinan los Artículos IV, Sección 3, inc. b, y VIII, Sección V de su Carta
Constitutiva, y solo se limita a cumplir con aquellas cuestiones estatutarias
que no muestren la realidad de nuestra precaria situación económica. Lo mismo
ocurre con las obligaciones existentes con los otros organismos. Es decir que podemos darles todo el dinero que
decidan que les debemos entregar, pero no se pueden hacer públicas las realidades
de las cuentas públicas y las
adulteradas estadísticas que se manejan. Se vive en la ficción discursiva para
consumo interno donde se enfrenta al sistema financiero pero se negocia con
ellos, se demoniza a las instituciones multilaterales, pero se las capitaliza,
sustrayendo un dinero necesario para disminuir la pobreza que sigue creciendo.
Se critica a los buitres como NML o Aurelius, pero se negocia con los grandes
como el Citibank, el Barclays, el Deutsche, o Merrill Lynch. Se dice una cosa,
se hace otra, y siempre existe alguna explicación para justificar el
sometimiento mostrando una actitud soberana que en la realidad de lo que se
firma no existe. Es continuar aceptando la lógica de los imperios: ellos
deciden nosotros debemos obedecer; eso sí sobreactuando y exhibiendo una
independencia económica que no existe y que los documentos muestran de manera
definitiva.
ALEJANDRO OLMOS GAONA
