Por Martín Dinatale
| LA NACION, 29-5-15
Un nuevo foco de conflicto diplomático entre Gran
Bretaña y la Argentina se desató ayer cuando tres compañías petroleras británicas
anunciaron en Londres que descubrieron petróleo en las aguas del norte de las
islas Malvinas.
Las compañías Falkland Oil and Gas, Premier Oil y
Rockhopper Exploration descubrieron petróleo en el pozo de exploración Isobel
Deep, en la cuenca norte de las islas, donde tienen previsto realizar más
trabajos en el futuro inmediato. Tanto las empresas petroleras como las
autoridades de las islas no dieron detalles de las proyecciones económicas
previstas.
Pero la reacción de la Argentina no se hizo esperar.
El secretario de Asuntos Relativos a las islas Malvinas, Daniel Filmus, afirmó
ayer que el petróleo que existe en las inmediaciones del archipiélago del
Atlántico Sur "pertenece a los 40 millones de argentinos" y volvió a
rechazar la actividad que empresas británicas realizan ilegalmente en la zona,
sin autorización de la Secretaría de Energía.
Filmus recordó que se trata de empresas que
"pretenden explorar hidrocarburos sin autorización de la Secretaría de
Energía" y que ya fueron denunciadas penalmente en una causa judicial que
tramita la justicia de Tierra del Fuego. A su vez, fuentes calificadas del
Gobierno expresaron anoche a LA NACION que evalúan realizar una queja formal en
Londres ante la decisión de las empresas petroleras de capital británico de
extraer crudo de las islas Malvinas. La presentación de queja podría
canalizarse por medio de la embajadora argentina en el Reino Unido, Alicia
Castro.
En este sentido, Filmus expresó ayer que "el
Reino Unido sigue incumpliendo dos resoluciones de las Naciones Unidas: la que
plantea que la resolución del conflicto es a través del diálogo entre ambos
países y la que insta a los dos gobiernos a no tomar medidas unilaterales sin
el consentimiento de la otra en la zona en litigio", dijo Filmus.
Hasta anoche, la embajada británica en Buenos Aires no
había recibido queja alguna de parte de la Casa Rosada y evitaron hacer
comentarios sobre la nueva polémica.
La postura de las autoridades de las islas Malvinas
sobre la explotación petrolera en el Atlántico Sur quedó expuesta la semana
pasada por Phyl Rendell, representante de la Asamblea Legislativa de las islas
Malvinas. Durante una visita que esta legisladora realizó a Nicaragua dijo ante
el gobierno de ese país que "la exploración responsable y los preparativos
para la potencial explotación de hidrocarburos han venido ocurriendo desde
finales de la década de 1990, cuando se perforaron los primeros pozos costa
afuera y tenemos legislación en la que se establecen los criterios para las
compañías que postulan licencias para trabajar que las obliga a operar con
altos estándares internacionales".
A su vez, Rendell destacó en Managua que "los
reglamentos relacionados con las actividades de las compañías petroleras han
sido preparados con datos obtenidos del Reino Unido, Noruega, Canadá y otros
países que cuentan con buen historial en el manejo de la industria". Para
que no queden dudas de la posición inflexible que tendrán los habitantes de las
islas Malvinas al igual que Londres sobre el tema, la legisladora destacó:
"Tenemos toda la intención de controlar en forma estricta las actividades
costa afuera en nuestra zona económica exclusiva para proteger el medio
ambiente y minimizar el impacto social en una población pequeña".
Rendell respondió en forma directa a Buenos Aires, al
evaluar que "en contra de las recientes declaraciones escandalosas de
representantes del gobierno argentino sobre la posibilidad de que las
actividades de perforación puedan contaminar la costa de la Patagonia, reitero
una vez más que tenemos nuestra propia legislación para regular esta industria
y hemos podido tomar los mejores ejemplos a nivel mundial para adaptarlos a
nuestro medio ambiente en el Atlántico Sur".
Las autoridades de las islas Malvinas creen que los
ingresos de la explotación de hidrocarburos "conducirían a la seguridad
financiera para los isleños por muchos años".
SANCIONES EN PUERTA
No es lo mismo que piensa la Argentina, que mantiene
una fuerte presión legal contra las empresas petroleras y pesqueras que
exploran en la zona de Malvinas. De hecho, el Gobierno analiza sancionar en lo
inmediato a una empresa pesquera de capitales de Japón y Chile por haber
admitido que operó en las islas Malvinas, al mismo tiempo que tenía permiso
para trabajar en aguas del mar Argentino. El subsecretario de Pesca de la
Nación, Miguel Bustamante, admitió a la revista Puerto que recibió un informe
de Japón, del que surgen datos que podrían comprometer a la empresa Pesantar.
La denuncia comenzó con un correo electrónico que en noviembre de 2014 recibió
Juan Benegas, ex gerente de operaciones de Pesantar, propiedad del grupo
japonés Nissui. El autor del correo era una autoridad japonesa de Pesantar y se
dirigía a otros ejecutivos de Tokio alertando: "No les digan nada a los
colegas de la Argentina" que a través de la empresa chilena Emdepes
-también de Nissui- arribarían a Puerto Argentino para pescar en Malvinas.
