entre los mitos y las
posibilidades reales
Martín Kanenguiser
LA NACION, 14 DE MAYO DE 2017
El Gobierno pudo terminar de un saque con algunos
problemas cuando comenzó su gestión, como el del cepo cambiario y el de la
deuda con los holdouts. Pero ha decidido encarar otros, que son más
estructurales -como el alto déficit fiscal y la inflación- en forma gradual. En
el caso del agujero de las cuentas públicas, la administración macrista está en
la curiosa situación de que "por izquierda" lo acusan de ajustar en
forma salvaje, mientras que "por derecha" lo critican por ser tibio
en términos de reducción del déficit.
¿Cuál es la verdad, entre estos dos extremos? Y, más
importante, ¿cuál es el camino que tiene el Gobierno para bajar el gasto
público?
Un coro de economistas ortodoxos sin experiencia en la
administración pública suele vociferar que el problema de la Argentina es el
gasto en personal. Sin embargo, ese ítem a nivel nacional sólo representa el
10% de las erogaciones del Estado.
Cuatro ex secretarios de Hacienda y tres expertos en
cuentas públicas respondieron a las consultas de LA NACION sobre el tema, y
elaboraron un diagnóstico sobre los caminos posibles para disminuir y mejorar
el nivel del gasto público y para determinar cuáles serían las ventajas de
contar con un déficit fiscal más bajo en relación con el PBI.
Lejos de ser opinadores livianos, quienes estuvieron a
cargo de la Secretaría de Hacienda expresan sus ideas con mesura, sabiendo
cuáles son las limitaciones para encarar el desafío. De hecho, en los últimos
40 años han sido escasos los períodos en los que el país pudo gozar de los
beneficios del superávit fiscal. Es que la "fiesta" del gasto público
la llevaron adelante gobiernos tan diferentes como la dictadura -Juan Alemann,
secretario de Hacienda de la gestión de Martínez de Hoz, solía decir que
"los militares gastaban como locos"- hasta el kirchnerismo, que,
después de haber logrado un superávit fiscal inédito en 2004 de unos 4 puntos
del PBI, terminó su gestión con un déficit de similar magnitud.
Al crecimiento del gasto público de más de diez veces
en la "década ganada" se sumó una presión tributaria récord, difícil
de bajar justamente en un contexto de alto déficit fiscal.
Los expertos creen que el Gobierno debe combinar
medidas de fondo -como el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal
vigente desde 2005, que obliga a que el gasto no suba por encima del PBI, o un
congelamiento de mediano plazo del gasto, como en Brasil- con la utilización de
un bisturí para revisar párrafo por párrafo el presupuesto, de modo de lograr
una mayor eficiencia, algo que desde Hacienda prometen para el año 2018.
Jorge Sarghini, secretario de Hacienda en la gestión
presidencial de Eduardo Duhalde, entre 2002 y 2003, afirmó que "el
Gobierno cae en la trampa de no hacer nada, tanto en términos macro como
microeconómicos". Lo que debería hacer, sostuvo el diputado bonaerense por
el Frente Renovador -y probable candidato a diputado nacional en octubre- es
"revisar renglón por renglón del presupuesto, para minimizar estructuras
burocráticas que no tienen impacto social, y esto se hace zambulléndose en el
presupuesto".
Hasta ahora, según Sarghini, "se hizo un proceso
de hormiga que hace que todavía el gasto crezca por encima de los ingresos, con
una estrategia equivocada en materia de personal, de creación de estructuras y
de fondos fiduciarios".
"Con este agujero fiscal no se puede no controlar
la situación, por si en algún momento se vuelve más complejo el financiamiento
en términos de liquidez o de costos. Trabajar sobre el gasto no significa sólo
hacerlo en los subsidios, porque de lo contrario, caemos en la conclusión de
que las únicas opciones son una fuerte devaluación o un ajuste", concluyó.
Crecer, antes que ajustar
Pablo Guidotti, que fue secretario de Hacienda entre
1996 y 1999, en la presidencia de Carlos Menem, consideró que "la
situación fiscal heredada por este gobierno es muy complicada, ya que no sólo
existe un déficit muy grande, sino que los niveles de gasto público y presión
tributaria comparados con el PBI son casi el doble que en los 90 y muy altos en
la comparación internacional". Y, además, "el alto gasto público
argentino no se traduce en mejores servicios para la comunidad".
Tanto para Guidotti, doctor en Economía de la
Universidad de Chicago y profesor de la Di Tella, como para otros ex
secretarios de Hacienda, es clave que la economía vuelva a crecer, y que eso
ocurra en forma sostenida, para poder bajar el déficit fiscal con el menor
costo posible. Considerando que el Gobierno se planteó llevar el déficit del
4,2% al 2,2% de este año a 2019, el funcionario del equipo de Roque Fernández
dijo que "la meta de este año se puede cumplir, pero para los años
siguientes es necesaria una reactivación más fuerte en la economía". Y
agregó: "En el marco elegido por el Gobierno, la batalla se juega más en
el campo del crecimiento económico que en el ajuste fiscal".
Sin embargo, consideró que mientras tanto "el
Gobierno debería eliminar por completo el financiamiento monetario del déficit,
que este año está cerca de los dos puntos del PBI; así el Banco Central podría
tener espacio para bajar la tasa de interés y contribuir a la reactivación".
En lo estrictamente fiscal, sugirió que "la clase
política argentina acuerde medidas como un aumento en la edad jubilatoria, y
que no sólo vuelva el gasto público a niveles internacionalmente razonables,
sino que también aumente su productividad".
En el caso de las provincias, consideró que sería
bueno incorporar el mecanismo del "Chapter 9" aplicado en los Estados
Unidos, que se refiere a la bancarrota y reestructuración para las deudas
estaduales y municipales, de modo de que no todos los pasivos recaigan en la
Nación.
Mario Brodersohn, secretario de Hacienda entre 1985 y
1989 en la presidencia de Raúl Alfonsín, afirmó que "el Gobierno después
de las elecciones deberá definir su estrategia: o repite el plan de 2016, que
es difícil en un contexto de déficit externo y comercial, o se plantea una
discusión sobre el tamaño del Estado, con un gasto difícil de financiar".
Sostuvo que "la única vía de escape son los subsidios, pero eso implica
una política de aumento de las tarifas difícil de aplicar políticamente, así
que sólo puede optar porque crezca el gasto en términos nominales, pero no
reales, en relación con el PBI".
Brodersohn advirtió que en el mediano plazo el déficit
no es sustentable porque "depende demasiado del financiamiento externo y
la experiencia de la convertibilidad demuestra que no puede lograrse, pero, a
la vez, un gobierno sin control de las cámaras del Congreso difícilmente pase
reformas estructurales solo; por eso necesita un «pacto de la Moncloa» dedicado
al sector fiscal".
Jorge Baldrich, secretario de Hacienda en la
presidencia de Fernando de la Rúa, destacó que "se ha logrado una gran
mejora en lo institucional; existe un equipo económico creíble y calificado en
Hacienda, ya que en el gobierno anterior había subestimaciones del gasto en los
presupuestos superiores al 25%, ampliaciones presupuestarias que llegaron al
40%, e incluso modificaciones presupuestarias con efecto retroactivo al año
anterior".
"La estrategia económica ha priorizado un
sinceramiento fiscal gradual, donde los riesgos de un menor sendero del crédito
al sector privado y de un mayor tiempo de descompresión en el sector
exportable, se visualizan como acordes a la restricción política. Soy optimista
en que a partir del segundo semestre se consolide una dinámica fiscal
sostenible", dijo quien hoy es profesor de la Universidad de San Andrés.
De todos modos, consideró que el Gobierno debería encarar una reforma fiscal
similar a la enmienda constitucional 95 que en 2016 aprobó Brasil: allí se
congeló el gasto por 20 años. Según explicó, eso "daría un período de
transición donde el gasto primario en términos del PBI tendría chances de
retornar a niveles más sostenibles".
Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina
de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), opinó que "es
difícil bajar el gasto, salvo en los subsidios a la energía, algo que el
Gobierno hizo, pero no de la mejor forma posible; fuera de eso se hace difícil,
porque el 40% es para jubilaciones y pensiones, y no se puede decir que los
jubilados ganen mucho". En el caso del personal, "si el empleo bajara
un 10%, la reducción del déficit sería ínfima". Por lo tanto, consideró
que "hay que hacer sintonía fina para que el gasto sea más eficiente,
mirando también los gastos provinciales y municipales, y buscando reducir el
porcentaje de la economía en negro, un tercio del total, que no aporta y que
genera que el resto de la sociedad deba cubrirlo".
Por su parte, el presidente de la Comisión de
Presupuesto del Senado, Juan Manuel Abal Medina, afirmó que "hay que tener
mediciones de impacto del gasto para avanzar en forma seria, y sería bueno
contar con una agencia para eso, porque el Estado recauda mal y gasta mal"
Marcos Makón, ex subsecretario de Presupuesto, dijo
que, dada la alta rigidez del gasto, la clave "pasa por el aumento de la
masa de contribuyentes, con una reducción de la evasión tributaria, porque los
impuestos no se pueden tocar y el recorte en subsidios permite que no crezca el
gasto pero no que baje".
El investigador del Cippec Walter Agosto coincidió en
que "se pueden reducir los subsidios económicos, que son el 20% del gasto
público, lo que impone una gradualidad, porque no puede haber otra
manera". Según expresó quien fue ministro de Hacienda de la provincia de
Santa Fe, "si bien hay posibilidades de plantear un clima de mayor
austeridad, la diferencia debe hacerse en forma paulatina, y si la economía no
crece, es difícil bajar el déficit. La mirada en cambio debe estar puesta en el
gasto en personal de las provincias, que representa el 57% de sus gastos".
Los beneficios de bajar el déficit abundan: una
economía más competitiva, sin presiones inflacionarias y con la chance de
reducir impuestos. Ahora hay que esperar que el Gobierno acierte en su plan de
vuelo, para lograr un descenso del rojo fiscal con la menor cantidad de
turbulencias.
