que las tomas mapuches frenan inversiones
por USD 50 millones en Villa La Angostura
Inversores
y propietarios se quejan por la "pasividad judicial" y acusan de
complicidad a la municipalidad por no fiscalizar explotaciones comerciales
ilegales dentro de predios tomados. Apuntan a un funcionario del MPN por
usurpación y aseguran que las reivindicaciones indígenas carecen de legitimidad
Por Loreley Gaffoglio
Infobae, 16 de septiembre de 2018
"El paraíso bajo disputa". Así podría
llamarse el nuevo capítulo en la saga del conflicto territorial entre la
comunidad indígena Paicil Antriao e inversores y propietarios de Villa La
Angostura (VLA), supuesto enclave ancestral mapuche y refugio de descanso del
presidente Mauricio Macri, la reina Máxima Zorreguieta y del turismo de alta
gama. Entre todos los destinos turísticos patagónicos, VLA es el que hoy
concentra una mayor conflictividad, si se lo mide por el número de disputas
patrimoniales que enfrentan los inversores privados. Aunque ninguno de esos
pleitos se tradujo en agresiones explícitas incendiarias como en el caso RAM.
Hoy, una cotizada franja de 168 hectáreas en las áreas
costeras y boscosas de los lagos Correntoso, sobre el cerro Belvedere, y del
brazo norte del Nahuel Huapi son eje de denuncias y reivindicaciones cruzadas.
Existen más de una decena de predios tomados o en litigio y al menos una
usurpación —la más reciente— efectuada de forma violenta por personas
identificadas como ajenas a esa comunidad.
A raíz de esa incesante conflictividad se suspendieron
diferentes proyectos inmobiliarios y turísticos de lujo. La inversión total en ese disputado rincón
del Edén patagónico suponía unos USD 50 millones para la edificación de
hosterías, un complejo de viviendas impulsado por Emanuel Ginóbili, un loteo
premium de 86 hectáreas por parte de un fideicomiso junto a la proyección de un
centro de convenciones con escuela de turismo internacional. La aspiración de
los inversionistas se enfoca en desarrollo de esa área casi virgen. También en
romper con la estacionalidad turística y en arrebatarle a Bariloche una tajada
del negocio de convenciones, con un centro boutique construido para tales
fines, orientado al segmento europeo y estadounidense de altos ingresos. Todo
eso—argumentan los inversores— precipitaría
el efecto derrame para una villa de montaña, cuya población estable de
16.000 habitantes se nutre mayoritariamente del turismo.
Desde la visión indígena, en contraposición, es la
codicia de los inversores con la intrusión a sus "territorios
comunitarios" la que no conoce límites. Por eso, las 51 familias mapuches,
unas 200 personas—según apunta el werken de la comunidad Paicil Antriao,
Florentino Nahuel—se han organizado para impedir que se vulneren lo que
aseguran son sus dominios tradicionales. La lof ha consensuado una
planificación territorial sui generis, denominada "del buen vivir"
con parcelas asignadas a cada una de las familias, para que ellos y las futuras
generaciones puedan desarrollarse en comunión con la naturaleza de acuerdo a su
cosmovisión y modo de vida.
Desde hace años, los argumentos de unos y otros son
los mismos. La justicia civil y penal tampoco dirime la disputa, imposibilitada
por la ley 26.160, de relevamiento territorial, que prohíbe los desalojos.
"No es inacción judicial. La situación es
extremadamente compleja. Venimos estudiando los antecedentes de 61 causas
civiles y penales previas y ya ordenamos medidas, como la identificación de
ocupantes, en el último terreno tomado semanas atrás", dijo el fiscal jefe
de la región sur, Fernando Rubio. "Cada caso es particular. Hay predios que estarían efectivamente
usurpados y hay también otros casos de viejas tomas en terrenos que los
inversores adquirieron a buen precio conscientes de los litigios previos".
Días atrás, un nutrido grupo de damnificados llevaron
su planteo por la enajenación patrimonial y el freno a sus inversiones ante el
Ministerio de Seguridad, autoridades de la provincia de Neuquén, Parques
Nacionales y el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI). Durante casi cuatro
horas el grupo expuso la problemática en la sede de esa cartera y fruto de ese
cónclave ahora trasladará sus reclamos al Procurador General de Neuquén, José
Gérez.
Entre otras cuestiones, varios de ellos denunciaron la
insólita usurpación de un funcionario municipal mapuche, del Movimiento Popular
Neuquino (MPN). Acusaron al secretario de Ejecución y Fiscalización de
Viviendas Sociales, Alberto Hermosilla, quien en los registros oficiales figura
como miembro de la comunidad Paicil Antriao, de haber construido en 2014 su
cabaña de fin de semana dentro de un predio propiedad de La hostería La Posada,
sobre el Nahuel Huapi.
A partir de esa mención, el conflicto territorial
adquirió otro cariz, según pudo reconstruir este medio.
Hermosilla, chileno de nacimiento, se instaló en VLA
con sus padres y hermanos a los 4 años y se nacionalizó argentino. Trabajó en
esa misma posada como gerente y se casó con la mapuche Sara Quiroga, hija de
Elma Quiroga, quien también se desempeñó como encargada de limpieza de ese establecimiento. Muchos años después
los Quiroga se enrolaron como miembros inaugurales de la comunidad Paicil
Antriao. El funcionario municipal, sin embargo, tomó distancia de esa
controversia. Consultado por Infobae, dijo que esa casa, levantada sin planos
aprobados por el municipio y por la que tampoco se pagan impuestos de ningún
tipo, es de su mujer y de su suegra.
"Me involucran en esta disputa sólo por mi
condición de funcionario. Hablen con mi esposa o con mi suegra", se
desentendió, lacónico Hermosilla. Lo
cierto es que la hostería La Posada ha sido intimada por la propia
municipalidad por no haber declarado esa construcción dentro de su fracción
catastral. El funcionario goza de la propiedad supuestamente de su esposa, sin
título de propiedad y con la prebenda de la "exención" irregular de
impuestos o la declaratoria de bienes personales. Según los damnificados, en
Villa La Angostura goza de ciertos "privilegios" y hasta consta en
una de las tantas causas que le iniciaron un testimonio que le indilga haber
reconocido que él "no presentaba planos de construcción porque la municipalidad
a mí no me los exige".
Jorge Núnez es el apoderado de Tije Inversiones,
empresa propietaria de la hostería La Posada, que junto a otros 10 hoteleros
locales proyectó la construcción en su predio de 10.000 metros sobre el lago
Nahuel Huapi de un centro de convenciones boutique para impulsar el turismo en
VLA todo el año. Es el principal enemigo del funcionario. Tanto en el fuero
penal ordinario, como en el federal y en la justicia de faltas, denunció la
explotación comercial de un camping, un salón de fiestas, un puerto y una
guardería náutica en terrenos usurpados a la hostería y a otros dos
propietarios vecinos: Carlos Romano y Juan Terzolo, ambos presentes en la
reunión en el Ministerio de Seguridad.
"Operan en la ilegalidad, carecen de habilitación municipal,
inscripción en la AFIP o en la Anses para el personal que trabaja en
negro. Y en el caso de Puerto Elma, el
embarcadero ilegal sobre el Nahuel Huapi de su mujer y de su suegra mapuche,
emplazado en terrenos donados en 1989 con la condición de que no usurparían más
tierras, tampoco cuentan con habilitaciones ni de Prefectura Naval ni de
Parques Nacionales", arremetió.
Núnez
grafica con esos ejemplos lo que describe como una operatoria comercial
discrecional por parte de miembros de comunidades indígenas cuya titularidad de
tierras, en este caso, no son de índole comunitaria, sino a títuto personal de
la familia Quiroga.
"Tres años atrás, el francés Erwan Le Gloahec se
mató al chocar con una roca durante una navegación nocturna. Había salido de
pesca con dos amigos en un gomón que el dueño guardaba en la guardería náutica ilegal de Puerto
Elma", contó por su parte a Infobae el ex propietario de un terreno sobre
el faldeo del cerro Belvedere que balconea sobre Correntoso. Cansado de la
problemática mapuche vendió la propiedad. Cuando el comprador, el empresario
Fabián Converti se disponía a construir allí un complejo de viviendas, fue
expulsado violentamente del predio semanas atrás por personas que el Ministerio
Público Fiscal ya había identificado.
El werken Florentino Nahuel admite las irregularidades
por la ausencia de habilitaciones comerciales pero niega de forma categórica
que individuos ajenos a su comunidad se utilicen para las recuperaciones o
resguardos territoriales. Dice que son suficientes los miembros de la lof como
para actuar ellos mismos como custodios de su patrimonio. "Estamos tratando de acordar con el
intendente para establecer un ordenamiento de manejo del camping y de otras
explotaciones—dice—, pero como comunidad mapuche nos asiste un derecho
constitucional y tampoco no se nos puede negar que desarrollemos actividades
turísticas. De algo tenemos que vivir."
Su comunidad hace tiempo que cobra una entrada o peaje
de exiguos $50 a los turistas que se adentran en ese bosque milenario para
visitar la casada Inakayal dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Lo exigen
porque se atraviesa "territorio mapuche del Lof Antriao".
La cuestión de fondo es la legitimidad de sus reclamos
y de las ocupaciones de hecho por parte de esa comunidad que, según denuncian
los inversores, viene creciendo exponencialmente en número de integrantes no
mapuches, y que no está legitimada para reclamar territorio por la provincia de
Neuquén. Aunque la lof cuenta con
personería jurídica otorgada en 2007 por el INAI y un relevamiento territorial
inconcluso de 2015, en ese organismo aseguraron que en 12 años los Paicil
Antriao nunca presentaron documentación que avale el otorgamiento de la
territorialidad que exigen como ancestral.
Revisión de
antecedentes
Jorge Lara, ministro de Desarrollo Territorial y
Ambiente, de Neuquén, dice que se revisarán los antecedentes de ésa y al menos
de otras dos comunidades que a instancias de la Confederación Mapuche de
Neuquén (CMN) alientan tomas en lugares estratégicos. A Lara ahora lo respalda
el fallo de la Corte Suprema de esta semana que les quitó la personería
jurídica a otras seis comunidades reconocidas por el INAI, que no habían sido
legitimadas por la provincia.
"Vamos a estudiar la situación de Paicil Antriao en Villa La
Angostura, de comunidad Kaxipayiñ en Vaca Muerta y de Newen Mapu en Neuquén.
Está claro que en muchos casos se especula con las tierras que ocupan, ya sea
porque existen explotaciones hidrocarburíferas o porque se asientan sobre
territorio en costas de lago, valuados en millones de dólares", dijo Lara.
Según los antecedentes estudiados por el ministerio
que conduce Lara que validó el derecho a reclamar territorio a un total de 50
comunidades neuquinas, la lof Paicil Antriao carece de legitimidad.
"La comunidad está considerada como una lof
urbana, es decir, que no es ancestral, ni originaria, ni tradicionalista",
dijo en reserva por su parte el INAI durante la reunión con los inversores.
Baqueanos chilenos
El grupo indígena argumenta que a los baqueanos
chilenos José María Paicil, nacido en Llanquihue, y a Ignacio Antriao, oriundo
de Osorno, el presidente Julio A. Roca les cedió en condominio en 1902 lo que
se denominó lote pastoril número 9, de
625 hectáreas. Lo hizo en retribución por su contribución en la fijación de
límites geográficos con Chile y por entonces los baqueanos usaban esas tierras
para el pastoreo.
No obstante, según los antecedentes a los que accedió
Infobae, la cesión no fue en calidad de comunidad indígena, sino a título
personal de ambos. En 1950, por pedido de sus herederos las tierras se
dividieron y en lo sucesivo las distintas sucesiones los fueron vendiendo.
Tanto los mapuches como su abogado, Luis Virgilio, sostienen que a los
herederos mapuches los despojaron mediante engaños o pagos a precio vil de sus
dominios en boletos de compra venta rubricados con el pulgar por mapuches
analfabetos.
"Sobre las 625 hectáreas entregadas originalmente
hoy no quedan terrenos que hayan revestido carácter comunitario. Todos se
fueron vendiendo a terceros a título privado. No existe ningún registro de que
siquiera una vez hubieran tenido uso comunitario pretérito", adelantó
Lara.
Virgilio insiste con los engaños por parte de
compradores inescrupulosos hábiles para el despojo. "¿Qué alguien me
explique como Ginóbili compró 20 hectáreas de bosque sobre el Correntoso en
2004 que cuestan millones de dólares por tan solo US$ 150.000?", dispara.
"Ese precio indica que el terreno se vendió con ocupación indígena
incluida", suelta.
Si
bien no lo dice explícitamente, el ministro Lara da a entender que el INAI,
esta vez conjuntamente con la provincia de Neuquén pondrían un punto final a
las reivindicaciones mapuches en las costas de lago de Villa La Angostura.
Otro
tanto sucedería con una de las comunidades que impone un canon mapuche en Vaca
Muerta, más allá del territorio que la provincia les reconoció por el uso
tradicional del suelo.
