SIN CONTROL EN EL MAR
ARGENTINO
Un pequeño homenaje al recientemente fallecido
Embajador Vicente Berasategui, al citar un artículo suyo donde nos recordaba
que “las comunicaciones con las Islas acordadas en 1971 y las políticas de
seducción del gobierno de Menem, que concluyeron en acuerdos bilaterales sobre
pesca, hidrocarburos y otros, en nada atenuaron la voluntad británica de
adoptar medidas unilaterales en la región en disputa”. Esto no parece
entenderlo el actual ministro Jorge Faurie que persiste -ratificando el
comunicado conjunto de 2016- en la aplicación de esas mismas políticas,
contrarias a lo prescripto en la Constitución Nacional.
Hay quienes atribuyen al lobby ante el Parlamento
inglés y el Foreign and Commonwealth Office de unos pocos isleños la lamentable
situación Argentina en el Atlántico Sur y, ciertamente, si fuese así, sería una
demostración de la incapacidad de todo un país para llevar adelante una
estrategia que atienda nuestros intereses, contrastando con el éxito de un
puñado de implantados. Pero no, no es así, son las políticas erróneas de
nuestros gobiernos y sus incapacidades. Tal es el caso, de la ausencia de una
política pesquera y exterior en esta materia, para “administrar” el recurso en
el Atlántico Sur, que les ha permitido a los británicos en Malvinas subsistir
en estos últimos 42 años y, a los buques extranjeros, expoliar nuestros
recursos y poner en riesgo su equilibrio biológico, en evidente perjuicio a la
explotación e industria nacional.
No se puede acordar la investigación conjunta con
quien ocupa nuestro territorio, explota nuestros recursos contradiciendo las
resoluciones de la ONU y con quien otorga licencias por 25 años. En una afrenta
a la inteligencia y un atentado a la sustentabilidad biológica.
Estas políticas violan la Constitución Nacional. No es
algo que pueda ser facultad de un Canciller o un Subsecretario de Pesca. Tal
vez no se entienda, por esta inveterada costumbre de los argentinos de
trasgredir la ley y deba ser explicado de otra forma: cientos de buques
extranjeros extraen un millón de toneladas anuales del mar argentino y ello con
la complacencia in eternum de la subsecretaría de pesca, los organismos de
seguridad y la Cancillería, violando la soberanía nacional y los deberes de
funcionarios públicos, poniendo en riesgo la sustentabilidad y provocando la
pérdida de miles de millones de dólares anuales y cientos de miles de empleos.
Solo los buques extranjeros con licencia británica de
Malvinas desde 1976 han extraído recursos pesqueros en la “Zona Económica
Exclusiva Argentina”, un promedio anual de 200 mil toneladas, por un valor de
21 mil millones de dólares en la primera venta, es decir, que en la
comercialización final la Argentina ha perdido entre 63 mil y 148 mil millones
de dólares.
Resaltaré y haré un alto aquí antes de avanzar:
teniendo en cuenta que, como he dicho, los citados buques extranjeros pescan
«sin autorización argentina en aguas argentinas» y, que la explotación de los
recursos en nuestro territorio marítimo está limitada conforme las Res. ONU Nº
37/9 y, por analogía, las Res. ONU Nº 3171/73, ONU 3175/73 y afines y, previo
retraer la situación al 1 de diciembre de 1976, como claramente lo indica la
Res. ONU Nº 31/49, y, esencialmente, violar el régimen federal pesquero (Leyes
24.922 y 26.386) y la CONVEMAR (Ley 24.543), en nuestra condición de país
ribereño, uno debería preguntarse -y los fiscales federales actuar en
consecuencia- porqué los respectivos Subsecretarios de Pesca y, muy
especialmente desde la sanción del citado régimen, no han exigido el pago de
los derechos y colocado multas a las empresas de los buques extranjeros,
equivalentes al monto extraído, que reparen el gravísimo daño económico y
biológico ocasionado -y que aún ocasionan- a la Argentina, con las
consecuencias industriales, laborales y
nutricionales que ello implica.
Cómo será la impunidad con la que los ingleses
explotan nuestros recursos en el territorio nacional, que la Subsecretaría de
Pesca de Argentina no los considera propios, ya que, en las estadísticas de la
página oficial del Ministerio de Agroindustria, no se registran las capturas de
los buques que operan con licencia inglesa en Malvinas.
Otra sería la actitud -seguramente- de las empresas
sancionadas, a la hora de seguir explotando el recurso nacional sin
autorización argentina.
Amén de ello, la Cancillería algo debería hacer,
teniendo en cuenta, que más del 90% de la exportación malvinense es de
participación española y, como puede verse, solo en los desembarcos en Vigo del
primer semestre de 2018 “las capturas de Malvinas” encabezan el Rating con
26.943 toneladas y “la Argentina” solo está 5ta. con 19.805 toneladas.
A ello se agrega, la explotación de los recursos
pesqueros por parte de más de 500 buques españoles, coreanos, taiwaneses,
chinos, neozelandeses, noruegos, polacos, rusos, chilenos, sudafricanos y
británicos que pescan ilegalmente unas 800 mil toneladas/año de recursos
migratorios y asociados de la Zona Económica Exclusiva Argentina, que igualmente
quebrantan la ley argentina y, para facilitar sus operaciones los puertos
uruguayos están a su disposición: En 2017 ingresaron solo a Montevideo 294
buques extranjeros y 544 portacontenedores.
¿Y la seguridad y control de mar argentino? Ausente.
La Prefectura capturó un promedio de dos buques por año en los últimos 35 años,
¿por decisión política, la carencia de medios o incapacidad de la Prefectura?
Queda claro, que no es una cuestión coyuntural.
457 buques argentinos pescan en el Atlántico Sur. Junto
a ellos, los buques extranjeros llevan 50 años invadiendo el mar argentino y el
gobierno haciendo la vista gorda. Esto también es corrupción e ineptitud.
Dr. César Augusto Lerena.
Experto en Atlántico Sur y Pesca
10 de octubre de 2018
