Y LA EXTRANJERIZACIÓN TOTAL DEL ATLÁNTICO SUR
César Lerena
5-12-18
La declaración final del G20 nos anuncia acuerdos
pesqueros con Rusia y China. Acuerdos donde nuevamente la pesca es en la
Argentina «la moneda de cambio» para pertenecer al mundo.
Las ideologías mutaron y el imperialismo
norteamericano sostiene el proteccionismo y, el primer imperialismo comunista
el libre mercado, aunque, claro está, de invertirse sus balanzas comerciales y
sus relaciones económicas con el mundo, es muy probable que estas políticas
rápidamente se reviertan: no son las ideologías las que están en juego, sino la
economía. En medio de ello el multilateralismo, con el que se pretende hacernos
creer, que un conjunto de naciones, con intereses tan contrapuestos, se ocuparán
de los problemas del resto de los países y en particular de aquellos emergentes
y subdesarrollados.
Hemos visto en la reciente gala del Colón, como los
argentinos somos capaces de trabajar unidos para que, al bajar el telón, se
corone el éxito con un gran aplauso de decenas de presidentes del mundo y es
sinceramente impactante, pero, también sufrimos, el bochorno de las antesalas
de Boca-River y su reprogramación para que la revancha se juegue fuera del
país, por la incapacidad del gobierno y la irracionalidad de dirigentes e
hinchas.
Del mismo modo, tratamos a aciertos y errores y, es
más importante la imagen de estos grandes acontecimientos como el G20, que las
cuestiones que acordamos, donde da lo mismo ceder la explotación de nuestros
recursos naturales que solicitar financiación para obtener energías limpias. La
sinceridad de Putin es un ejemplo, ya que ha dejado claro que no se comprometió
a ninguna inversión en el país.
Dos días antes del G20 el “hombrecito del sombrero
gris” nos anunciaba graciosamente que a efectos de «remover todos los
obstáculos que impiden el desarrollo de Malvinas» una línea brasileña llevaría
todas las semanas a los habitantes de Malvinas a San Pablo, el mayor centro
económico de sud-américa, de un país miembro del BRICS, asociación integrada
por cinco de las economías emergentes más importantes del mundo como Rusia,
India, China, Sudáfrica, junto a Brasil, país, al que la Argentina, solo en
commodities pesqueros le vende 106 millones de dólares anuales; un mercado que
le resultará muy útil a los británicos para colocar las 200 mil toneladas
anuales que buques extranjeros bajo licencia inglesa pescan en Malvinas y, que,
a partir del Brexit deberían pagar aranceles a la UE, donde se destinan el 80%
de esas capturas. Todo ello, mientras May corre serios riesgos de ser
destituida por su Parlamento en días.
Hemos visto que en la declaración final del G20 y bajo
la consigna: «construyendo consenso para un desarrollo justo y sostenible» los
mandatarios firmaron treinta puntos, destacándose -entre otros- «la protección
del ambiente y el trabajo, la promoción del cuidado social, infraestructura
para el desarrollo, el futuro de la alimentación sustentable y el combate de la
malnutrición».
Ahora, cómo se compadecen estos enunciados, algunos de
los cuales se dice que fueron promovidos por la Argentina, con los Acuerdos
pesqueros firmados con Rusia y China y, respecto a los temas pesqueros,
alimenticios y medio-ambientales que ni siquiera se trataron con España, el
Reino Unido, China, Corea del Sur, Rusia y Japón que depredan desde hace
décadas nuestros recursos en el Atlántico Sur y nos impiden la explotación
plena de esos recursos, la generación de riqueza, la triplicación de la fuerza
laboral y la soberanía alimentaria que, como hemos dicho, con una explotación
racional de esos recursos estaríamos en condiciones de garantizar varios
millones de raciones diarias de alimentos proteicos para garantizar una
nutrición adecuada al 48% de los niños que en la Argentina, según UNICEF, son
pobres.
Las empresas argentinas no tienen ninguna necesidad de
que se firmen “Acuerdos de Cooperación” en la actividad pesquera.
La captura en aguas argentinas de pesqueros rusos
El país tiene sobrada capacidad técnica para la
investigación, explotación e industrialización y el recurso y los mercados y,
la Argentina, tiene sobrada experiencia con este tipo de Acuerdos con las
grandes potencias, rápidos para firmar y dificilísimos de denunciar, por la
gran asimetría económica y política con la Argentina y los países o bloques con
las que se suscriben, tal fue el caso de los llamados Acuerdos de Cooperación
Pesquera con la URSS y Bulgaria, firmados por Argentina en 1986, que
provocaron, lo que dimos en llamar «la primera derrota argentina en la
posguerra de Malvinas» además, de una gravísima depredación del mar argentino,
porque significó como respuesta a la firma de esos Acuerdos, la perfecta excusa
del Gobernador Inglés en Malvinas, mediante la Proclama N° 4 el anunció de la
creación de la "Zona Provisional de Conservación y Administración de
Pesquerías", estableciendo, por primera vez, una zona de pesca exclusiva
en torno a las Islas, prohibida a los buques pesqueros argentinos, que incluyó
una Ordenanza de Pesquerías.
Era público y notorio entonces la depredación que,
desde la década del 50, la flota soviética había hecho en los mares del mundo.
Fue total en Angola y Mozambique y se produjeron numerosos casos de depredación
y violación de la jurisdicción en la Argentina, Chile, México y Perú.
En los primeros años de la década del 60 los
soviéticos estudiaron los stocks pesqueros del Atlántico Sudoccidental y en
1966 iniciaron sus actividades en el Mar Argentino, pero, debieron dejar la
pesca al dictarse la Ley 17.094 que estableció las 200 millas marinas como Mar
Territorial. En los inicios de 1974, el ministro Gelbard, firmó en Moscú un
Acta de intención que promovía acuerdos pesqueros con la URSS, que no
ratificaron Perón ni María Estela “Isabelita” Martinez. El gobierno del Proceso
Militar, sobre la base de esa Acta, en los años 1976/7 autorizó el ingreso de
más de 30 barcos congeladores y factorías soviéticos y, en 1980, la Secretaría
de Intereses Marítimos suscribió un Convenio con el Ministerio de Pesca de la
URSS, que dió lugar a que Techint Argentina y la Sovriflot constituyeran una
compañía pesquera que operó con cuatro factorías.
La ocupación británica de
Malvinas en junio de 1982 provocó la renuncia de Galtieri y la asunción de
Bignone, a partir de la cual la URSS reanudó la compra de granos a Argentina y,
a cambio de ello, el gobierno le autorizó nuevamente la captura en el mar
argentino.
Los vínculos con la URSS del Proceso Militar desde
1976 a 1983 se profundizaron durante la gestión del ex Canciller Caputo quien
el 28/29 de julio de 1986 firmó los “Acuerdos de Cooperación pesquera con la
URSS y Bulgaria”, vulgarmente conocidos como Acuerdos Marco, con el apoyo de
Vicente Leónidas Saadi y Jorge Antonio, que fueron suscriptos por el gobierno
nacional bajo el pretexto de reafirmar la «Soberanía Nacional» en el área de
exclusión de Malvinas. Con este acuerdo se aprobó el ingreso al caladero de 18
congeladores soviéticos, pero capturaron ilegalmente más de 250 barcos que
jamás pescaron en el área de Malvinas bajo control británico. Una ingenuidad de
Caputo que pagó muy seriamente la Nación y el sector pesquero nacional.
Para ese entonces, los soviéticos pescaban 11 millones
de toneladas por año en los océanos y a nadie le llamó la atención que la URSS,
junto a Japón y España fuesen los países que más se opusieron a la regulación
de la pesca en el área adyacente a la ZEE Argentina durante la Convención del
Mar.
Además de depredar nuestros mares y quitar recursos y
mercados a las empresas nacionales, el Estado Nacional recibió un canon del 3%
en lugar del internacionalmente aceptado de 15%, mientras se esfumaba entre
gestores y facilitadores un 12%. Un negocio, que al igual que hoy, se denomina
«de Cooperación», aunque, como decía Abelardo López de Ayala «cuando la estafa
es enorme toma un nombre decente» y, que como lo manifestaron valientemente los
científicos del INIDEP en el informe Nº 262 de 1986, que hoy debieran
ratificarse, «cuando se pretende establecer una política de explotación y, se
desea encarar al mismo tiempo el manejo racional de los recursos, es imperioso
contar con evaluaciones de los mismos, inmediatamente anteriores a la
implementación de dicha política».
Sumemos a ello la incapacidad del gobierno de efectuar
los controles de captura y desembarco. En 1986 los radicales ya habían sido muy
explícitos para reconocer este descontrol, pero, el Cavallo de Menem,
continuador de los Acuerdos fue muy sincero: «no se detectó irregularidades de
la URSS en el cumplimiento del Acuerdo, pero (destacó) no hay mecanismos para
que la Argentina verifique el cumplimiento de las condiciones pactadas». En
síntesis: Sin capacidad de control ¿qué especies y volumen pescarían los
soviéticos? Respondemos: Las que voluntaria y amablemente nos quieran declarar
en sus partes y transbordos en altamar estos reconocidos depredadores
internacionales.
La oposición a los acuerdos con la Unión Soviética en 1986 fue
mayoritaria entre las empresas nacionales y los gremios del sector, contrario a
lo que ocurre hoy, donde no hay solicitadas, manifestaciones públicas,
asambleas o los barcazos de entonces. Seguramente, ello puede tener relación
directa con la extranjerización que vive la actividad. Mientras en aquella
época todas las empresas eran de capital nacional, hoy las principales
exportadoras son extranjeras. No están las empresas nacionales Ventura,
Frigocén, Mellino, Mar Azul, Alpesca, Hielo Nevada y otros que quebraron pocos
años después y, tampoco se han manifestado -llamativamente- las empresas
Valastro, Moscuzza y Solimeno agrupadas en el Consejo de Empresas Pesqueras de
Argentina (CEPA), entidad que, curiosamente, hasta unos meses atrás presidía
Oscar Fortunato, el actual representante del P.E.N. ante el Consejo Federal
Pesquero.
El mismo personaje que en 1986 era Director Nacional de Pesca
Marítima y ex gerente de la quebrada ARPEMAR, una de las empresas que con mayor
énfasis apoyó los nefastos acuerdos marco con la URSS. Es lógico suponer que
quién representa al ejecutivo ante el organismo que fija la política pesquera
debiera ser quien propuso al Presidente de la Nación estos acuerdos pesqueros
con Rusia y China o ¿la Cancillería Argentina maneja la administración del
recurso pesquero, quebrantando la Ley 24.922? o ¿el Señor M&F está de nuevo
como en 1986 proponiendo nuevos proyectos relativos a la pesca?
Nos preguntamos, como en aquella ocasión: ¿ha
dictaminado el INIDEP sobre el stock del recurso? ¿Se quita recursos a las
empresas radicadas en el país? ¿barcos de este país pescan con licencia inglesa
en Malvinas? ¿Son recursos excedentarios que no capturan empresas argentinas?
¿Intervienen en la cadena biológica alguno de los recursos a ceder? Y, nos
adelantamos: sabemos que no hay respuesta sustentable a estas preguntas. La
cesión de recursos afectará a la Argentina biológica, social y económicamente.
Rusia no prometió inversiones, pero sí extraer
nuestros recursos, ya que, con un consumo per-cápita de 22kg/año, su déficit en
esta proteína es significativo y sale con determinación a su búsqueda para
mantener el plan trazado del jefe de la Federal Agency for Fisheries (Rosrybolovstvo)
Andrei Krainy de subir en 6 años el consumo de 12kg a 23kg, además, de usar
desde hace muchos años sus pesqueros para ocupar los mares del mundo, mientras
nosotros, con 5kg per cápita anual, desde hace 50 años, seguimos debatiéndonos
si exportamos o destinamos los productos al consumo interno.
Por cierto, nos imaginamos, la alegría que habrá de
tener Trump de que la bandera rusa y china flamee en el Atlántico Sur, ya que
en 1986 el Secretario de Estado de Estados Unidos, George Shultz y el Informe
del United States Department of Commerce reflejaron con toda crudeza.
Será internacionalizar el mar argentino y agregar la
presencia extranjera a los más de 1.639.900 millones de km2 que ya tiene
ocupados el Reino Unido de Gran Bretaña, aunque, seguramente, volverá a ocurrir
lo que ya ocurrido en 1990 cuando el Vicecanciller argentino Mario Cámpora
dirigió a la Consejería Legal el siguiente memorándum: «Dicho Convenio no
otorgó ningún beneficio económico ni político al país y, por el contrario, se tradujo
en una dificultad en la relación con los EEUU».
La pesca de los buques chinos
Ya nos hemos referido muchas veces al interés de los
chinos en pescar en el mar argentino. Han sido varios los programas que
incluyeron supuestas asociaciones para el charteo de poteros chinos que
facilitaron las capturas de estas embarcaciones con escaso rédito para nuestro
país. Lo cierto que el gobierno de nuestro país en 2015 le prometió al director
general del buró de pesca del Ministerio de Agricultura de China licencias para
la pesca de este apreciado molusco.
Numerosos países han denunciado a China por la “pesca
ilegal, no declarada y no registrada” (INDNR) y las propias autoridades
ilegales inglesas de pesca en Malvinas, acaban de negarle licencias a los
buques de este país por no cumplir con las normas de sustentabilidad.
Acordar con China la captura en el Atlántico Sur es
permitirle que ingresen a pescar en la ZEEA un número de buques que
representarían el 45% del total del total de buques poteros nacionales que hoy
operan en el mar argentino; ello sin computar los múltiples buques mellizos
que, como hemos dicho la Argentina no está en condiciones de controlar ni
identificar. Buques construidos en China con créditos blandos avalados por ese
país opera con el combustible subsidiado, con tripulaciones con sueldos y
regímenes laborales esclavos y, capturas, que luego ingresan a China sin
arancel alguno, es decir, compitiendo con las exportaciones nacionales con las
propias materias primas argentinas.
No estamos hablando de venderle calamar procesado a
China, sino de darles el recurso. Habilitarla a que pesque es transferirle (sin
contar los mellizos), por un canon un mínimo, unas 60 mil toneladas de calamar
de un valor promedio de unos 143 millones de dólares anuales y que pierdan el
empleo unos 750 embarcados nacionales, sin contar, los trabajadores derivados
de los procesos en tierra, la provisión de insumos, etc. China, es un gigante
que tiene más de 2.500 buques pescando en aguas fuera de China y está ávida de
materias primas, por lo que sería una decisión irreversible e irresponsable,
por nuestra condición de soja-dependientes, etc. al igual que en lo sectorial,
por ser China el segundo comprador de pescados y langostinos y primero del
calamar argentino. La fama de China en la actividad pesquera es ciertamente
mala y se le atribuyen la pesca ilegal en las Z.E.E. de los países ribereños.
Una docena de países han protestado contra los buques pesqueros chinos por
depredación, entre ellos Ecuador, Chile, Perú, Colombia, México, Costa Rica,
Corea del Sur, Vietnam, Mauritana, Senegal, Guinea, Sierra Leona, etc. Queda
claro que las áreas 87 y 41 (la nuestra) de la FAO son de su interés después de
haber depredado todo el mundo y de ser el país de mayor cantidad de horas de pesca
con 17 millones en 2016.
Todo lo dicho para Rusia es aplicable a China.
La ilegalidad de la extranjerización del mar
No pareciera que el gobierno esté legalmente
habilitado para otorgarle permisos de pesca a Rusia y a China, al menos, sin la
aprobación del Congreso Nacional. Ello, por cuatro razones: 1) no está probado
científicamente que haya excedentes pesqueros de calamar, porque el INIDEP no
ha determinado el Rendimiento Máximo Sostenible en base a campañas de
prospección ni se conocen datos del ecosistema; 2) no se conoce con certeza la
captura que los barcos extranjeros con o sin licencia ilegal inglesa realizan
en el Atlántico Sur y muy especialmente en la ZEEA; 3) no puede entenderse a
Rusia y a China como un país en situación geográfica desventajosa y, 4) de
existir un excedente, primero deberían ofrecerse permisos a las empresas
nacionales.
Todo ello, en acuerdo a la Convención de las Naciones
Unidades del Derecho del Mar, que en sus artículos 62, 69, 70 y 71 establece
que el Estado ribereño debe promover la utilización óptima de los recursos;
determinar las capturas máximas; tener en cuenta la importancia de los recursos
para la economía y necesidades nutricionales nacionales antes de dar acceso a
terceros a la captura de los excedentes y evitar perjuicios a las industrias
pesqueras y cargas especiales del Estado ribereño y, muy especialmente, por la
importante cantidad de pobres e indigentes de Argentina que necesitan proteínas
y, las propias prescripciones de la Ley de Pesca Nº 24.922.
La soberanía y la utilización del recurso argentino
para generar valor y empleo argentino
Con legislación vigente y en estas condiciones
biológicas, industriales y sociales de Argentina, la Autoridad de Aplicación no
puede autorizar captura alguna a buques chinos, rusos o de otra nacionalidad y,
cuando transitoriamente pueda utilizarse algún sistema de arrendamiento, los
tripulantes deben ser argentinos conforme la ley y, la producción, procesarse
en un 100% en plantas en tierra, para evitar falsos arrendamientos, que no son
otra cosa, que el ingreso de barcos extranjeros al mar argentino y el pago de
comisiones a supuestos socios nacionales.
El recurso es del Estado Nacional, o provincial en su
caso, y debe investigarlo, conservarlo y distribuirlo produciendo la mayor
renta en favor del conjunto de los actores pesqueros nacionales.
Los gobiernos pasan, los argentinos carecemos de
memoria, pero los sectores productivos y los trabajadores se quedan sin
fábricas, sin empleo y sin recursos pesqueros.
