por César Augusto Lerena
Informador Público, 18-12-18
(Texto completo: 15 páginas)
PARTE
1: LAS RESERVAS MARÍTIMAS PROTEGIDAS. EL BLUE BELT DEL REINO UNIDO
EL ESCUDO DE PROTECCIÓN BIOLÓGICO DE LAS CAPTURAS
BRITÁNICAS
La primera
derrota, mal que nos pese, ya todos la conocemos, fue el 14 de junio de
1982 cuando Benjamín Menéndez firmó la rendición de los argentinos en Malvinas.
La siguiente decena de derrotas de Argentina son menos conocidas por el común
de los ciudadanos y, les ha permitido al Reino Unido ocupar 1.639.900 km2 del
mar argentino, mucho más que el archipiélago de Malvinas que solo alcanza a los
11.410 km2, y también, extraer nuestros recursos pesqueros a través de buques
extranjeros por valor de 21 mil millones de dólares a la primera venta, un
valor que a la comercialización final de entre 63 y 148 mil millones de dólares
desde 1976 a la fecha, por lo cual los habitantes de malvinas, tienen uno de
los ingresos per cápita más altos del mundo.
La décima tercera
derrota de la posguerra se produce con la reciente sanción de las leyes de las
“Áreas Marinas Protegidas” Namuncurá-Banco Burdwood (Ley 26.875, 26/8/2013);
Namuncurá-Banco Burdwood II y Yaganes (12/12/2018), que someten estos espacios
marítimos, sus plataformas y lechos al régimen establecido por la Ley 27.037.
Esta iniciativa del P.E.N. fue promovida por entidades ambientalistas, que, sin
embargo, nunca cuestionaron la depredación que realiza el Reino Unido en el
área de exclusión británica de Malvinas, en la Z.E.E. Argentina y adyacente a
esta, por buques pesqueros licenciados por el gobierno ilegal en Malvinas por
un volumen de unos 42 millones de toneladas de pescados y moluscos desde 1976 a
la fecha, sin computar, los descartes en alta mar y el trabajo esclavo de sus
tripulantes, generando, un gravísimo desequilibrio en el ecosistema del mar
argentino. Las mismas, bajo un aparente sustento ambientalista le quitaron el
pasado 12 de diciembre a la Secretaría de Pesca, Energía y Minería la condición
de Autoridad de Aplicación en más de 125.975 km2 vinculados al área de
Malvinas, debilitando la posición argentina en el Atlántico Sur y reservándole
al Reino Unido los recursos de estas «áreas marinas protegidas» con el que se
abastecen los buques licenciados por Malvinas.
Llamativo, es el desinterés de
aplicar la misma vara, por parte de estas ONGs Ambientalistas en el área de
ocupación de facto de las 200 millas marinas -unos 438.000 km- alrededor de
Malvinas y otras tantas millas alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur
y en los 1.900 Km2 ocupados en forma prepotente por el R.U. el 22 de agosto de
1994, al noroeste de Malvinas -el denominado GAP- fuera de la denominada área
de exclusión inglesa, una importante área de captura del calamar y, tampoco, en
el millón de km2 declarados “reserva ecológica” en forma unilateral por Gran
Bretaña. No es necesario que nosotros supongamos los motivos, un tanto obvios,
pero son los propios ingleses quienes los develan: el 6 de agosto de 2013 el
gobierno ilegal en Malvinas dio la bienvenida al anuncio del establecimiento
del área marítima protegida, aunque, claro está, rechazó que la Argentina
pudiera tener injerencia en un muy pequeño espacio oriental donde el área
Namuncurá-Banco Burdwood alcanza la zona de exclusión bajo su control y, donde
la Argentina no podría ejercer control alguno, aunque, es bueno recordarlo,
que, con un promedio de dos buques extranjeros apresados por año por la
Prefectura en todo el Atlántico Sur es poco probable que haya algún control argentino
en estas áreas seleccionadas.
Y la citada reserva no está totalmente dentro del área
de exclusión británica por voluntad de Argentina, sino porque Gran Bretaña se
ajustó en un todo a la CONVEMAR y separó en una línea imaginaria equidistante
las 200 millas marinas, en atención que se considera a nuestras Islas un país
ribereño que linda con el nuestro continente por imperio de la referida
Convención del Mar, en la que se resguardan los ambientalistas para propiciar
éstas y futuras reservas marinas que pretenden alcanzar el 10% del total del
Atlántico Sur, lo que ya de por sí, carece de todo rigor científico, porque esa
proporcionalidad o la que pudiese fijarse no representa la diversidad
biológica, sus procesos reproductivos, etc. ni la interrelación en el
ecosistema ni la cadena trófica del Atlántico Sur.
Para diseñar y tomar esta compleja decisión, quienes
promovieron esta iniciativa no mantuvieron reuniones de trabajo con los
Sindicatos pesqueros ni las Cámaras Empresarias y solo consultaron a cuatro
empresas, una noruega, una empresa española y dos empresas asociadas
argentino-japonesas, una de las cuales compró en 2015 una empresa japonesa
suspendida por operar ilegalmente en Malvinas a través de la firma chilena
Emdepes. Por otra parte, los cuatro informes técnicos de merluza negra del
INIDEP resultan insuficientes e inespecíficos para establecer el área, de mismo
modo, el único papel no oficial referido a la merluza de cola, al igual que la
bibliografía inespecífica citada. ¿Tuvieron en cuenta los funcionarios de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable las vedas sobre este territorio
del INIDEP? ¿Denunció esta repartición la captura en áreas de veda de juveniles
de merluza negra? Todo indica muy poco rigor científico y la falta de acciones
podrían tipificarse de incumplimiento de los deberes de funcionario público por
falta de protección de la sustentabilidad de los recursos.
Aun así, señores ambientalistas y del Poder Ejecutivo
Nacional (en su momento C.F. de Kirchner y ahora Macri) ¿por qué no empezamos
por la Zona de Exclusión de Malvinas? ¿Quién fija la estrategia nacional, para
que luego los tecnócratas la instrumenten o estamos en manos de estos últimos?
Es más, por si no lo saben, señores políticos,
burócratas y ambientalistas actuantes, la Argentina por imperio de la Ley
24.922, sus Artículos 1°; 5° c); 7° a), c), e), g); 9° b), c); 11º; 12º; 17º;
18º, 19º, 21º c), g), h), i), l), n), ñ), o) entre otros incisos; 38º c), d) y
e) tiene facultades suficientes para efectuar prohibiciones de exploraciones,
extracciones, explotaciones; rendimientos máximos sostenibles; reservas; vedas;
paradas de buques y otras medidas relativas a la sustentabilidad biológica y
ambiental en toda la Z.E.E. Argentina e, incluso, sobre los recursos migratorios
y asociados en el área adyacente a esta, por imperio del artículo 4º. En todo
caso, tendrán que plantearle al Subsecretario de Pesca, al Concejo Federal de
Pesca -que entre otros funcionarios está integrado por un miembro titular y
otro suplente de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable e, igual
número de integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- o bien
podría intervenir con igual objeto el propio secretario y ex Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sustentable. Les bastaría con dictar una simple
Resolución de alcance a todo el Atlántico Sur Argentino para resaltar la
vigencia de la ley 24.922 sin necesitar el dictado de ley alguna y ello,
lógicamente, alcanzaría también a los importantísimos espacios marinos
argentinos ocupados arbitrariamente por el Reino Unido.
Toda la explotación del
mar argentino debe ser sustentable y no una porción de nuestro territorio
marítimo y, más aún, cuando esos espacios son especialmente de interés inglés.
El Estado, en cabeza de sus distintas Autoridades de Aplicación en los campos
de la Pesca, la Energía, la Minería, la actividad agropecuaria, la industria
farmacéutica, química, gastronómica, etc. deben asegurar que todas las
prácticas se realicen por sí o a través de las empresas habilitadas,
concesionadas, etc. en forma sustentable ambientalmente y también social,
laboral y económicamente. Y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
-que no ha podido resolver ni el saneamiento del Riachuelo- debería auditar que
eso ocurra y no lo contrario -poniendo el caballo atrás del carro- de modo que
los dos actores principales: el Estado y los ciudadanos, preserven el ambiente
y los recursos para la alimentación, generación de energía, etc. para todos los
argentinos de hoy y las generaciones futuras. Por ejemplo, poner su energía en
evitar los descartes en alta mar nos aseguraría dos millones de raciones
diarias para nuestros niños pobres y un espacio marítimo sin contaminaciones y,
por citar, solo algunas cuestiones: controlar la ejecución cierta de las vedas
o reservas que establece el Consejo Federal Pesquero o los gobiernos del
litoral marítimo o, verificar el desembarco de las especies incidentales en la
captura del langostino, sería una obra significativamente de mayor importancia
cuali-cuantitativa, que declarar estas reservas, que no solo perjudican a las
pocas empresas habilitadas que pescan en esa zona -ejerciendo soberanía- sino
que benefician a los buques con licencia británica.
Estas cuestiones no parecen
haber sido tenidas en cuenta por Patricia Gandini y, su premiación de la WWF,
se ha debido a su promoción de las nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP) en el
mar argentino, pese, a que la propia Presidente Yolanda Kakabadse, de la citada
organización Internacional de origen inglés -fundada en 1961 por el británico
Gerald Watterson y Sir Peter Scott- da una explicación contraria a la creación
de estas reservas cuando nos dice que «el problema no es la disponibilidad del
recurso, sino que estamos consumiendo en forma abusiva e irresponsable» (El
Heraldo, 19/4/2014) y ello debiera alcanzar en especial a la explotación
pesquera a través de licencias -un método absolutamente perimido como la
explotación de ganado en pie- que realiza el Reino Unido en Malvinas y, sobre
la que no se ha expedido esta organización internacional, tal vez por su propio
origen. Sería interesante también conocer que hizo la citada psicóloga Yolanda
Kakabadse en su paso como Ministra de Ambiente del Ecuador entre el año 1998 y
2000, bajo el gobierno del luego derrocado Jamil Mahuad, político que abandonó
el poder y que prácticamente llevó a la quiebra a Ecuador, desapareció la
moneda y la dolarizó y, fue condenado con ocho años de prisión; pero, lo más
interesante qué hizo esta Ministra de Ambiente entre 1995 y 2011, donde
Petroecuador registró al menos 1.983 derrames de petróleo en la región
amazónica, lo cual equivale a un derrame de petróleo cada tres días a lo largo
de 17 años (Gudynas Eduardo, Ambiente, Desarrollo y Naturaleza. “Acción y
Reacción. Mi amigo el Ministro de Ambiente, 13/05/2009).
Bien, no nos caben más dudas, cuando vemos que el
Reino Unido no ha declarado una sola Área Marina Protegida el Atlántico Norte
ni el Mar del Norte y, por el contrario, como lo indicó la Embajada Británica
en Santiago (GOV.UK, 5/9/2017) en el IV Congreso Internacional de Áreas Marinas
Protegidas (AMP), Gran Bretaña lanzó el «Programa Blue Belt» para «proteger
unos 4 millones de km2 alrededor de los Territorios Británicos de Ultramar»,
por considerarse «custodios de la quinta mayor área marina del mundo», cuestión
que el propio Ministro de Relaciones Exteriores británico, Sir Alan Duncan -sí,
el mismo que firmara el Pacto con Foradori- durante la conferencia “Our Oceans”
en 2016 ya había anunciado -que por cierto, organizaciones inglesas, como la
WWF internacional apoyan- la designación de AMP alrededor de Santa Helena
(444.916km²); Pitcairn (840.000 km²); Isla Ascensión (445.390km²) y Tristán da
Cunha (750.510km²). Mencionó también este funcionario que el R.U. declaró
anteriormente AMP en el Territorio Británico del Océano Índico (BIOT: 640.000
km2); Georgia del Sur y las Islas Sándwich del Sur (SGSSI, 1 millón de km2 en
2013) y lideró el AMP aprobado en la plataforma sur de las islas Orcadas del
Sur, a través de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos
Marinos Antárticos (94.000 km2 en 2009) y que, por cierto, los gobiernos de
Argentina se han prestado rápidamente a satisfacer ¿sin necesidad de
intervención británica? declarando ya tres AMP, de modo que, junto a otras
medidas que se citan en este trabajo, se le preste un escudo biológico -un
cinturón azul dicen los ingleses- para asegurar la llegada de recursos como el
calamar, merluza común y negra, hoki, polaca, nototenia, bacalao austral y
otros que son sustanciales para la economía de la Malvinas usurpada.
En la urgencia por crear estas áreas no descartamos la
necesidad del Reino Unido post Brexit y el alineamiento de Donald Trump con su
siempre eterna socia en la Unión Europea y, el reinicio de las reuniones de la
Comisión Conjunta de Pesca en el Atlántico Sur.
La segunda
derrota argentina incluyó tres hechos trascendentes: a) la sesión de los
recursos pesqueros por parte del negociador argentino. El diplomático jubilado
Lucio García del Solar el 16/17 de agosto de 1989 se reunió a solas en Nueva
York con Crispin Tickell de Gran Bretaña. El Embajador inglés le dijo al
argentino: «le pedimos que la Argentina reconozca que existe, en la práctica,
una FICZ (una zona de exclusión pesquera). No le pedimos al gobierno argentino
que diga nada en público, simplemente le pedimos que deje que sigan las cosas».
A lo que García del Solar respondió: «…El levantamiento de la zona de
protección militar es esencial. La Argentina no está pidiendo el levantamiento
de la FICZ (pesca); la zona de protección militar es anacrónica»[1].
Ello,
luego sería instrumentado por los funcionarios Caputo, Cavallo, Solá, Ruiz
Cerutti, Dadone, Basabe y Otegui, entre otros. Ninguno de ellos experto en
pesca. Tanto lo sé, como que Cavallo me bajó del avión bajo el pretexto que en
mi condición de Secretario excedía el nivel previsto de los negociadores (¿?);
b) La desmalvinización, que se inició durante el proceso militar y continuó con
todos los gobiernos democráticos hasta De la Rúa inclusive, aunque luego de
este, hubo muchos otros personajes que al calor de la política de entrega y
humillación nacional favorecieron los intereses ingleses y, c) los llamados
Acuerdos de Madrid, cuya entrega militar y económica bien describe Julio C.
González en su libro «Los tratados de Paz por la Guerra de Malvinas» (1998) y
en las implicancias pesqueras y territoriales este autor en «Malvinas.
Biografía de la Entrega. Pesca la moneda de cambio» (2009) o el propio Felipe
Solá en su Biografía «Peronismo, Pampa y Peligro» (pág. 109:115, 2018). En
estos acuerdos la propuesta del “paraguas” iniciada por Caputo y refrendada por
Cavallo, no hizo otra cosa, que propiciar la formula inglesa, que la Argentina
ya había rechazado en febrero de 1981: «congelar las cuestiones de “soberanía”
y cooperar en forma conjunta en el desarrollo de Malvinas». La congelación de
la soberanía benefició claramente a Gran Bretaña, quien estaba y, está, en
posesión de Malvinas y el mar circundante. En un partido de futbol, el que lo
congela -el que retiene la pelota- es el que está ganando, no, el que lo va
perdiendo.
La tercera
derrota argentina. En 1833, las Islas y tres millas marinas a su alrededor
estaban en poder del Reino Unido, ello, duró mucho tiempo. En 1982, como
producto de la confrontación bélica fueron 150 millas. El 29 de octubre de
1986, efectivizada el 2 de febrero de 1987 a consecuencia del Acuerdo Marco
Pesquero con la U.R.S.S. y Bulgaria, firmados por el Canciller Caputo el 28/29
de julio de 1986 con la ingenua pretensión que los buques de esos países
pescaran en Malvinas, Gran Bretaña declaró la Zona de Provisional de
Conservación y Administración de las Pesquerías, conocida en la Argentina como
la “Zona de Exclusión Pesquera”, donde los buques argentinos nunca más pudieron
pescar, dando lugar a que el Reino Unido se considerara un país ribereño, en
acuerdo a las prescripciones de la Convención de las Naciones Unidas del
Derecho del Mar (CONVEMAR). Significó una importantísima derrota en lo
territorial y pesquero.
La cuarta derrota
argentina fue la sanción el 10 de septiembre de 1991 de la Ley 23.968 sobre
“los espacios marítimos” que determinó las líneas de base y abrió el camino a
que el Reino Unido delimitara ilegalmente su propia Z.E.E. alrededor de
Malvinas, amparada en las regulaciones de la citada CONVEMAR y, a la
ratificación por parte de Argentina de esta por Ley 24.543 del 13 de septiembre
de 1995. Ambas leyes fueron promovidas por Cavallo. Esta Convención dio motivo
a numerosas discusiones políticas y jurídicas, referidas en especial, a su
alcance y a la limitación de nuestro mar territorial, que por Ley 17.094 era de
200 millas marinas y por la CONVEMAR se limitó a sólo 12 millas marinas, una
zona contigua de 12 millas y la Z.E.E. hasta las 200 millas, además, de la limitación
a la plataforma continental a 350 millas, cuando es sabido, que en el área de
Malvinas nuestra plataforma supera largamente esas millas.
Lo que pudo tratarse
de una respuesta reivindicatoria de los países sudamericanos del Atlántico:
Argentina (1966), Uruguay y Brasil; del Pacífico: Chile (1952), Perú (1970) y
Ecuador; y de Centro América, Santo Domingo (1972); terminó, a nuestro juicio,
como una claudicación inaceptable; porque nos redujo la soberanía plena del mar
territorial argentino, contrario a la República de Perú que sostuvo su posición
y no le ha impedido hasta nuestros días ejercer su soberanía marítima y, nos
quitó, gran parte de nuestra Plataforma Continental afectando nuestros
intereses soberanos en Malvinas y la Antártida y, a su vez, no dio solución
alguna a la intolerable pesca depredadora de nuestros recursos migratorios y
asociados, donde la CONVEMAR dejó afuera de los clasificados como “altamente
migratorios” al calamar, la merluza y otras especies argentinas, sin que los
sucesivos gobiernos argentinos, pese a los años transcurridos, promovieran
enmienda alguna, como prevé la CONVEMAR. Y ello, a nuestro juicio, encuentra un
único fundamento: el calamar Illex argentinus (su solo nombre científico prueba
que es argentino) que migra anualmente a Malvinas y es el sostén principal de
los ocupantes de las Islas, pero, también, la interrelación con terceros
países.
Cavallo, a poco de llegar al gobierno, tuvo una
notoria vocación por promover una pronta relación con Inglaterra, muy deteriorada
desde 1982; pero, a nuestro juicio, este arreglo se planteó con un criterio
meramente economicista, dejando de lado cuestiones soberanas y, con la opinión
de los principales asesores globalizados, que ya tenían posición tomada, y que,
en nuestra opinión, habían perdido interés en las posiciones nacionales que
consideraban de cabotaje. Es decir, la necesidad de un arreglo urgente hacía
prever un arreglo “a cualquier precio”. Y así fue.
PARTE 2:
LA
SOSTENIDA ENTREGA DEL
MAR
ARGENTINO A GRAN BRETAÑA
La quinta derrota argentina fueron los acuerdos
con Gran Bretaña para asegurar que el calamar llegara en su migración a
Malvinas. En noviembre de 1989 elevé al presidente Menem el Plan Nacional
Pesquero 1990-1992 y, las siete herramientas básicas que lo integraban
destinadas a promover un cambio profundo en la actividad, la explotación y la
plena ocupación de los espacios marítimos. Uno de esos programas era secreto
porque se considera estratégico y se denominaba “La explotación de todos los
recursos de calamar disponibles”, un boicot biológico. Consistía en reducirle
en forma drástica la explotación del calamar a los ingleses en Malvinas, su
principal sostén económico, el 71% del presupuesto de Malvinas.
El programa
tenía en cuenta que la captura total del calamar en el Atlántico Sudoccidental
era en 1988 de unas 700 mil toneladas, con un valor equivalente al doble de las
exportaciones anuales argentinas de ese año. De esa cantidad, solo 22 mil
toneladas correspondían a capturas argentinas, y el resto a buques japoneses,
coreanos, taiwaneses, polacos, españoles, rusos, uruguayos y otras banderas, muchos
de los cuales, lo hacían con licencias otorgadas por los ingleses.
El Programa preveía que las embarcaciones argentinas o
extranjeras acordadas pescarían todo el calamar, de modo de evitar su llegada
al área de pesca de Malvinas de los buques bajo licencia inglesa y obtener
beneficios industriales para las empresas nacionales. Nuestro Plan, estuvo en
manos de Menem el 6 de noviembre de 1989, este lo consultó al Canciller Cavallo
y, la Cancillería, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Pesca y sus
asesores, lejos de adecuarlo o discutirlo, hicieron todo lo contrario,
acordando con los ingleses, entre otros con el «charteo del calamar» que
presentado como un programa de promoción de negocios empresarios, en realidad
acordaba los volúmenes de captura de esta especie por parte de los argentinos y
de los licenciados por el Reino Unido.
No fue una resolución soberana, sino un
acuerdo en diciembre de 1992 con el gobierno británico, donde la subsecretaría
de pesca argentina otorgaba un máximo de 45 permisos y un cupo total de
capturas de hasta 220 mil toneladas de calamar, por partes iguales. Lo mismo se
repetiría en noviembre de 1993 cuando Di Tella y Hurd firmaron otro Acuerdo
para la temporada de 1994, mientras, insólitamente, los ingleses -con autorización
argentina- pescaban por debajo de la latitud 45°S, a través del otorgamiento de
licencias a 80 buques extranjeros.
La explotación del calamar a través del charteo dio
para todo, incluso para varias causas penales, derivadas de cuestiones
aduaneras y reembolsos, pero la presión británica no cesó y el gobierno vedó la
captura de esta especie a partir del 1 de junio de 1994 al sur del paralelo 43º
asegurándole al Reino Unido que este molusco vital llegase a Malvinas.
Pero ¿de
dónde salieron los fundamentos para esta medida del gobierno argentino?: de la
VII Reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur reunida en Buenos Aires
el 18/19 de noviembre de 1993 con la participación de representantes ingleses y
en el compromiso del titular del INIDEP que, en la reunión del subcomité
científico señaló: «las autoridades argentinas adoptarán las medidas de
administración apropiadas para la conservación del recurso». La misma Comisión,
que el actual gobierno ha revitalizado, después que el 6 de diciembre de 2005 se
dejó sin efecto cuando los ingleses otorgaron licencias pesqueras por 25 años,
en una clara demostración de la actitud depredadora con la que pescan.
La sexta derrota argentina fue la negociación
del «acuerdo del Gallinero” o de «la Medialuna». Gran Bretaña necesitaba, no solo impedir la
pesca argentina en el área y reivindicar sus supuestos derechos, sino también,
tener bajo control, a los buques que operaban bajo licencia inglesa en el
«Pigpen» inglés. El R.U. ocupa las Islas; explota los espacios marítimos,
genera a través de la pesca el más importante ingreso de las Islas y promueve
acciones relativas a la conservación de los recursos en la región para
asegurarse los recursos. Todo ello se consolida con las erróneas políticas de
los funcionarios argentinos, alguna de las cuales ya hemos mencionado.
Molestaba para ese entonces a los ingleses, la pesca
clandestina de buques chinos, taiwaneses, coreanos, japoneses, etc. que, desde
altamar, avanzaban sobre Malvinas para pescar calamar y otras especies y competían
con las licencias que otorgaba Inglaterra. Por tal motivo, presionó sobre la
Cancillería Argentina, quien acordó en 1990 con el R.U. cooperar en la
prohibición conjunta de la pesca en un área
-con forma de medialuna- cuyos límites fueron definidos por ambas
partes, denominada en inglés FOCZ (Falkland Outer Conservation and Management
Zona). El «Acuerdo del Gallinero», como llamamos, por darle al zorro el cuidado
del gallinero, de protección conjunta de los recursos pesqueros consolidó la
posición británica en Malvinas, al evitar interferencias a «la ruta del
calamar» y otras especies, por parte de buques extranjeros no licenciados por
el Reino Unido.
No hubo «tire y afloje». No es de gaucho decirlo;
pero, hubo apriete inglés y afloje argentino.
La séptima derrota argentina fue el acuerdo del
28 de noviembre de 1990 de conservación conjunta argentino-británica de los
recursos marítimos argentinos en el Atlántico Sur. Gran Bretaña conocía, la
dependencia biológica del recurso que migraba del mar continental argentino
hacia el área de Malvinas e inició una acción destinada a sensibilizar la
opinión pública -y también a los ambientalistas, biólogos y, diplomáticos de
Cancillería- respecto a que los buques extranjeros sobrepescaban el recurso. No
se referían a las licencias otorgadas por ellos, que también lo hacían y,
trataron, con este pretexto, de concertar una conservación conjunta con
Argentina desde Chubut hasta la Antártida. Esta argumentación pública, era
falsa, ya que lejos de reducir las capturas en el área de exclusión de
Malvinas, las aumentaba en 1989 con relación al año anterior. Años antes la FAO
ya había informado que «había un desorden general en las pesquerías del sur»,
atribuido en gran medida a la actividad de Inglaterra, ya que había atraído
gran cantidad de buques extranjeros a la región.
No obstante, se estableció una
Comisión de Pesca del Atlántico Sur, para evaluar la situación de los recursos
pesqueros a la altura de la Península de Valdez (Latitud 45ºS), por encima del
Golfo de San Jorge de Chubut hasta debajo de las Islas Sándwich del sur y la
Antártida Argentina (Latitud 60ºS), es decir ya no en la zona de exclusión de
Malvinas, sino frente a los mares de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la
Antártida. El propio experto inglés, Robin Churchill, nos decía: «el gobierno
británico, si bien está preparado para levantar la FICZ a favor de un régimen
multilateral, en la práctica no querrá hacerlo, para no perjudicar la economía
de los isleños», dejando en claro, que bajo la supuesta vocación ecologista,
los británicos necesitan conocer el ecosistema de la región, para tener más
certeza sobre el futuro del recurso.
Entonces, la Subsecretaría de Pesca puso a disposición
del acuerdo los buques Oca Balda y Holmberg del INIDEP para que conozcan en
detalle nuestros recursos; algo, que muchos países consideran un secreto de
Estado; pero en el caso de la Argentina adquiría una gravedad mayor, en razón,
de la explotación ilegal de nuestros recursos por parte de Gran Bretaña.
Nuestro país les prestó tecnología, conocimiento, la
biología, concentración, stock, sistemas migratorios e interrelación de las
especies, etc. información que es sustancial para la economía de Malvinas y, en
ello intervinieron nuestros más prominentes científicos, de los que el Reino
Unido carecía en Malvinas.
Ahora, el gobierno reedita estos trabajos conjuntos a
partir del pacto Foradori-Duncan suscrito el martes 13 de septiembre de 2016.
Los ingleses no son ecologistas inocentes. No solo desean conocer sus recursos,
sino también, conociéndolos, regularlos, a partir de las normas autoimpuestas
desde la CONVEMAR.
La octava derrota argentina fue la imposición
unilateral y la ocupación ilegal del GAP. En 1994 el R.U. produjo
unilateralmente la ampliación de un espacio llamado "GAP", por fuera
de las 200 millas marinas ya ocupadas alrededor de Malvinas, con el argumento
de proteger el calamar de la pesca furtiva de buques extranjeros, entendiéndose
también que lo hacían buques argentinos dentro de su Z.E.E Argentina. Un área de
1.400 Km2 al noroeste de Malvinas que se enajenaron. Ni esta decisión
prepotente ni el otorgamiento de licencias de pesca en las Georgias del Sur y
Sándwich del Sur, violatorio del régimen multilateral de la Convención sobre
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCMLAR), justificó a la
Cancillería la ruptura de los Acuerdos de Madrid, y se limitó a una tibia
queja.
La novena derrota argentina fue la
desactivación del INIDEP, el default científico y la intervención de la
investigación. En 1977 se creó el Instituto de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP), que es desde hace años una de las Instituciones más
prestigiosas del país en materia de investigación. Siempre ha sido materia de
discusión si la investigación debe subordinarse a la política o ésta debe
ajustarse a los límites impuestos por la investigación. Ni una ni otra. El
gobierno debería tener un plan, y éste requerir de la investigación y la
información necesaria para instrumentarlo. Pero el plan no puede violar reglas
básicas de la naturaleza. La pesca, es un recurso natural renovable, pero
agotable, requiere de prácticas destinadas a dar sustentabilidad al ecosistema,
para evitar, no solo la desaparición del recurso, sino el deterioro del propio
medio en el que interactúa.
Los gobiernos han puesto en default e intervenido
el INIDEP desde 1989 a la fecha. No tuvieron en cuenta las Capturas Máximas
Permisibles a la hora de otorgar permisos y cuotas de pesca y aprobaron la
sobrepesca; autorizaron la transferibilidad de las cuotas y el mayor esfuerzo
pesquero; designaron directores del INIDEP carentes de idoneidad al servicio de
las políticas de turno, tales como transferir la independencia de fijar los
rendimientos máximos sostenibles, no garantizaron la autonomía en la decisión científica.
Firmaron Acuerdos internacionales sin disponibilidad de excedentes,
extranjerizando en muchos casos las capturas; transfirieron conocimientos
científicos sensibles a buques extranjeros que pescaron clandestinamente en el
mar argentino y a los ocupantes ilegales en Malvinas; redujeron los recursos de
la institución dificultando la investigación; impidieron o no promovieron la
interacción con la actividad privada nacional; devaluaron la actividad
científica; fueron co-responsables de que los buques de investigación no
navegaran por años y, también de las consecuencias derivadas del mal manejo del
recurso, como el establecimiento de emergencias pesqueras por décadas, vedas y
paradas de buques, etc.
La reciente medida de este gobierno de intervenir el
Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en lugar de echar al
director por su inhabilidad para conducir administrativamente la ciencia es muy
preocupante y, demuestra la propia incapacidad del gobernante. La ciencia, como
la pintura o la literatura no se puede intervenir, de otro modo, no hay
investigación independiente y, sin investigación independiente no hay cuidado
de los recursos para asegurar la captura, la industria y el empleo nacional a
perpetuidad. Se puede intervenir un puerto, pero no se puede intervenir el
conocimiento y la imaginación de un investigador.
Contrario a lo que sería promover la creatividad de
los investigadores y utilizar todas las herramientas disponibles para confluir
en un Plan Nacional Pesquero, que acompañe y aproveche la potencialidad del
científico, la Subsecretaría de Pesca no ha hecho otra cosa que desestabilizar
al INIDEP, precarizar a los investigadores y ponerlos en fila, como si fueran
meros amanuenses.
Ninguna Empresa, puede programar su actividad con
semejante imprevisión, pero, lo que es más grave aún, la investigación del
INIDEP es una información sensible. En la pesca los recursos son migratorios y
pueden estar al alcance de terceros países o buques extranjeros que ingresan a
nuestro territorio, como ha venido ocurriendo. Frente a una política errática y
de complacencia hacia la ocupación británica en Malvinas, lo que ocurre en el
INIDEP no es una cuestión casual. Hay ineptitud o intencionalidad y aquí aplica
aquello, de que “el pescado se pudre por la cabeza”.
La décima derrota argentina fueron las
negociaciones con Gran Bretaña, el Acuerdo Pesquero con la Unión Europea, el
Tratado de Lisboa y la Ley de Pesca 24.922. Todos los gobiernos -sin excepción-
extranjerizaron la pesca y, con ello, el Atlántico Sur y el litoral marítimo.
Hace 50 años todas las empresas eran nacionales y, hoy, siete de las diez
principales empresas exportadoras son extranjeras, como producto de la
aplicación del mismo modelo pesquero por parte de todos los gobiernos desde 1970
a la fecha. No nos referiremos a los negociados que se produjeron en las
asociaciones destinadas a obtener los permisos de pesca, sino al descontrol del
mar argentino que se inició con el Acuerdo Pesquero con la U.E., que ya estaba
en los planes de Dante Caputo antes que los propios Acuerdos con la URSS, pero
que concretó Cavallo con el apoyo de las sucesivas subsecretarías de pesca. Se
emparentaron militares, radicales, justicialistas y macristas en la
extranjerización del Atlántico Sur, debilitando nuestra posición frente a
Malvinas a la par de depredar el recurso.
Las zonas que se asignaron a los buques comunitarios
en el Acuerdo no alcanzaron el área de Malvinas e, inclusive, en el caso del
Calamar, se asignó la captura de una subpoblación que no migra al Archipiélago.
El Acuerdo, aprobado por la Ley 24.315 del 20 de abril de 1994 estuvo
precedido, por el que firmara esa Comunidad con la República Africana de
Gambia, que había logrado su independencia de Gran Bretaña en 1965, sin
embargo, éste se ejecutó «bajo la soberanía o jurisdicción de Gambia»; pero con
la Argentina, por presión del Reino Unido se omitieron las palabras soberanía y
jurisdicción para limitar a nuestro país, ajustándose el Acuerdo a la CONVEMAR
que la Argentina todavía no había ratificado. Un Acuerdo, cuya «política
pesquera comunitaria» (Common Fisheries Policy) ya había fracasado en la propia
Comunidad Europea, a partir de 1984, con stocks agotados, baja rentabilidad,
excesiva flota, etc.
Era inadmisible un Acuerdo mientras la Unión Europea,
incluía en su proyecto de Constitución como Territorios de Ultramar a las
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida; donde expresaba
que «la asociación deberá, de manera prioritaria, contribuir a favorecer los
intereses de los habitantes de dichos países y territorios y su prosperidad de
modo que puedan alcanzar el desarrollo económico, social y cultural al que
aspiran”.
Era igualmente inaceptable un Acuerdo que incluyera los buques
españoles; conocidos depredadores en el Atlántico Noroeste y principales
pescadores de Malvinas con licencia inglesa, que ya venían pescando
clandestinamente, según la FAO, unas 100 mil toneladas en aguas argentinas
desembarcadas año tras año en España, como aún hoy. El gobierno reformó el
Estado por Ley 23.696 y se efectuó la desregulación Portuaria, Marítima y
Pesquera; estableció la libre contratación de puertos y buques, y con ello, la
libre elección de banderas de conveniencia; esto, obviamente, fue una exigencia
de los negociadores europeos para la firma del Acuerdo, junto a modificar el
régimen jurídico que exigía la captura con buques nacionales y, facilitar el
acceso de buques congeladores subsidiados a los españoles que, quebraron la
industria nacional naviera y disminuyeron sensiblemente el empleo en tierra.
Los Acuerdos incumplieron con casi todo lo acordado y, depredaron,
denunciándose en 1998, pero, los españoles se quedaron entre nosotros, con el
mercado y nuestros recursos. Ya lo había dicho el Editor Harry Barry de Fishing
News Inter: «viendo lo hecho por los españoles en Canada (NAFO) los argentinos
deberían estar muy preocupados», y, aunque Cavallo y su par de Inglaterra John
Major manifestasen que las relaciones habían mejorado, Gran Bretaña siguió
ocupando Malvinas, nuestros territorios marítimos y explotando nuestros
recursos, con un plan trazado que careció Argentina.
El acreditado especialista español en derecho marítimo
José Luis Iriarte Angel, nos decía: «las empresas extranjeras con participación
de armadores españoles, son un mecanismo que sirve de cobertura para que
nuestros pesqueros puedan acceder a las aguas de los Estados de la nacionalidad
de esas empresas, de esta manera bajo la cobertura jurídica de una sociedad
extranjera, opera una sociedad que es prácticamente una sociedad española» y,
por su parte, el acriollado español Joaquín Fernández López nos decía sobre los
viajes a Vigo de los funcionarios argentinos: «El subsecretario acaba de
realizar el viaje político del mayor despropósito jamás conocido. Lo califico
sólo así, pues no quiero entrar en juicio de valor ni en planteamientos de
honorabilidad, ni conductas; pero sí debo decir, que la ingenuidad en política
es inadmisible». ¿Y los ingleses?, no parecía que les hubiera modificado sus
consignas este Acuerdo. A fines de 1993 extendieron la Zona de Exclusión de las
Islas Georgias y Sándwich del Sur y a mediados de 1994 la medialuna del este de
Malvinas.
La Ley de Pesca 24.922 consolidó la extranjerización y
concentración, entregándoles el recurso y la política pesquera a un grupo
reducido de empresarios, muchos extranjeros, que ponen el negocio, por sobre
los intereses nacionales de sustentabilidad, vigilancia, radicación, valor
agregado y empleo.
La décima primera derrota argentina fue el
llamado Pacto Foradori-Duncan firmado el martes 13 de septiembre de 2016 por el
entonces Secretario Carlos Foradori y, ratificado por los sucesivos Cancilleres
Malcorra y Faurie, quién junto al ministro británico, Alan Duncan, declararon
respecto al Atlántico Sur: «…adoptar las medidas apropiadas para remover todos
los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable
de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos»
manteniendo viva la “fórmula del paraguas”, con la oposición de todo el
Congreso Nacional y las distintas fuerzas vivas del país y, muy especialmente
por el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se
reedita la Comisión de Pesca de la que ya nos hemos referido y autoriza un
nuevo vuelo semanal desde Malvinas. Esta nueva propuesta británica de hacer
vuelos a San Pablo, a la que la Cancillería le habría agregado una escala
mensual en Córdoba, no se basa en ningún espíritu integrador, sino a la
necesidad de las Islas de abrir nuevos negocios en américa con motivo del
Brexit -pero no con Argentina- donde las Malvinas perderían su condición de
Territorio de Ultramar en la U.E. y, con ello, todas las ventajas arancelarias
y de libre comercio en ese bloque.
El vuelo a San Pablo, Córdoba, Malvinas y viceversa es
sencillamente un disparate para los argentinos y de muchísima utilidad para los
isleños. Un importantísimo pie en San Pablo y Gran San Pablo, con treinta
millones de consumidores y, la puerta de acceso al resto de Brasil y el mundo;
del mismo modo, que el vuelo a Córdoba les permitiría a los malvinenses hacer
trasbordos a Lima, Santiago de Chile, Asunción, Santa Cruz de la Sierra, Panamá
y Miami. Todos mercados de la Argentina continental y marítima.
Argentina, autorizando estos vuelos habrá fortalecido
la situación económica de las Islas y, me animo a decir, que su situación será
más sólida que antes del Brexit, ya que hasta el momento sus ingresos están
mayoritariamente atados a los importadores europeos y, ahora, se distribuirán,
además de a los países asiáticos, a nuestros socios políticos de América. Esta
apertura les permitirá acceder a una diversidad de intercambios comerciales
mucho más rica, pero, lo que es más grave, debilitará nuestra posición
latinoamericana en los organismos internacionales del acordado aislamiento de
Malvinas hasta la negociación de la soberanía.
A este nuevo vuelo se le agrega el apoyo logístico que
tiene Malvinas en los puertos de Uruguay, la construcción de un nuevo puerto en
las Islas, el abastecimiento marítimo con Montevideo y Punta Arenas y la
promoción de nuevas sociedades españolas en Malvinas, todas cuestiones sobre
las que no ha hecho absolutamente nada la Cancillería Argentina.
La décima segunda derrota argentina es el
anuncio de Acuerdos pesqueros con China y Rusia durante la Cumbre del G20
realizada en la ciudad de Buenos Aires. La promoción de nuevos acuerdos
pesqueros con Rusia y China, anunciados durante la Cumbre del G20 realizada en
la ciudad de Buenos Aires durante 30/11 y 1/12 de 2018 es sencillamente la
extranjerización total del Atlántico Sur. Ningún país serio y con capacidad de
control de su territorio se hubiera atrevido a tanto. Ya pescan en el Atlántico
Sur y en la Z.E.E. Argentina o adyacente a ella (los recursos migratorios o
asociados) con o sin licencia inglesa, embarcaciones españolas, taiwanesas,
coreanas, japonesas, neozelandeses, noruegas, polacas, rusas, chilenas,
sudafricanas, uruguayas, británicos, chinas, etc.
Esta apertura internacional
de mar argentino provocará, no solo la quiebra de las empresas radicadas en el
continente argentino, la depredación del recurso y la pérdida del empleo
argentino, sino la internacionalización del Atlántico Sur y el fortalecimiento
inglés en Malvinas en su área de exclusión, con la colaboración argentina, que
no cesa de declarar «áreas marinas protegidas» que, bajo consignas
ambientalistas protegen el recurso del que se abastecen los buques licenciados
por Malvinas.
Es notable el esfuerzo que por complacer las
necesidades de los ingleses hacen todos los cancilleres argentinos a costa de
nuestro territorio y de los recursos pesqueros y energéticos nacionales. Las
llaman «negociaciones distensivas con Gran Bretaña», en verdad se tratan de:
«les damos todo lo que pidan, y algo más».
Tal vez todavía, no hemos visto lo peor y, aunque
resulte difícil imaginarlo, ante tanta política de desacierto y entrega, es
posible esperar nuevos pasos hacia la consolidación inglesa en Malvinas.
Esperemos que la cláusula transitoria de nuestra Constitución Nacional no sea sólo
un canto ilusorio, de igual modo que la frase «o juremos con gloria morir» de
nuestro Himno Nacional.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
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21 de diciembre de 2018
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de
Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Titular
Universidad UNNE y FASTA, Asesor del Senado de la Nación, Doctor en Ciencias,
Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos Malvinas. Biografía de
Entrega, 2009) y cientos de artículos de la especialidad.
[1] Lerena,
César A “Malvinas. Biografía de la Entrega. Pesca, la moneda de cambio” (2009).
