la verdad es lo de menos
Por Daniel Gentile
Alfil, 7 diciembre, 2018
La Comisión Interclaustros de Feminismos y Géneros de
la Universidad Nacional de Córdoba convocó a participar en el Paro Nacional de
mujeres del pasado miércoles, en repudio al fallo del Tribunal Oral Criminal
Nº1 de Mar del Plata, que absolvió a los imputados por la muerte de la joven
Lucía Pérez.
Que exista una comisión con semejante nombre sigue
siendo impresionante, aún a esta altura del siglo de las sombras. Que su
existencia transcurra en el seno de la Universidad Nacional de Córdoba es menos
sorprendente, teniendo en cuenta que nuestra Casa de Trejo ya ha
institucionalizado cosas peores, como ese engendro que es el lenguaje
inclusivo.
Pero que una comisión interclaustros y algunas de sus
Facultades adhieran formalmente a la protesta, supone para las autoridades
universitarias haber ingresado en un terreno peligroso, teniendo en cuenta que
lo que se está cuestionando es una sentencia judicial dictada luego de un
abundante aporte de pruebas.
Con las firmas del Decano y la Secretaria General, la
Facultad de Ciencias Químicas dictó una resolución disponiendo “arbitrar los
medios necesarios para que el personal y las alumnas y los alumnos que quieran
adherir y participar de las distintas actividades del paro de mujeres, no vean
afectados sus derechos y no se computen las inasistencias en los horarios
previstos para el desarrollo de las mismas”.
Aquí hago una pausa para hacer público mi
agradecimiento a los profesores que suscribieron el comunicado, por un evidente
gesto de valentía. Anunciaron que justificarían la inasistencia a clases de
“las alumnas y los alumnos”, lo cual demuestra que aún disponen de la cuota de
coraje que se necesita en estos tiempos para abstenerse de “lxs alumnxs” o “les
alumnes”.
La adhesión formal a la movilización por parte de la
Facultad de Ciencias Químicas adquiere una especial trascendencia. Estamos
hablando de una institución en la que se estudia algo que puede denominarse una
“ciencia dura”, es decir una disciplina que no puede navegar por encima de la
realidad. Esto de algún modo obliga a los integrantes de esa Facultad a ser más
rigurosos, más objetivos, más respetuosos de los hechos, que quienes se
dedican, por ejemplo, a la filosofía, altísima disciplina que permite, sin
embargo, asumir posturas refractarias a toda comprobación.
Parece entonces que nuestros docentes de química
debieron ser más respetuosos, no sólo de los jueces que absolvieron a los
imputados, sino también de los seis peritos (que son seis científicos, y por
ende seis colegas) que emitieron los dictámenes en base a los cuales los
magistrados dictaron la sentencia.
Conviene aclarar que los imputados fueron absueltos de
los cargos de abuso sexual y femicidio, pero fueron condenados a ocho años de
prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado
por ser en perjuicio de menores de edad, y en inmediaciones de un
establecimiento educativo”.
La pobre Lucía murió el 8 de octubre de 2016. Un día
antes le había comprado al fiado un “porro” a uno de los acusados. A la mañana
siguiente, éste y otro hombre pasaron a buscarla, según lo habían convenido por
chat. Se trataba, aparentemente, de un encuentro sexual en el que probablemente
los tres participantes consumieron drogas. Horas después, la chica estaba
muerta. Los hombres fueron detenidos a pedido de la fiscal María Isabel
Sánchez, y en el primer allanamiento en los domicilios de los acusados se
encontró cocaína y marihuana fraccionadas para la venta.
Horas después, la fiscal convocó a una conferencia de
prensa y reveló detalles espantosos. Dijo que Lucía había sido drogada y luego
violada con tal saña que le causó la muerte. Añadió la representante del
ministerio público que a lo largo de su carrera no había visto nada semejante,
y que la chica había sido empalada.
Nada de eso pudo probarse en el debate. Seis peritos
–entre ellos los de la Fiscalía y la parte querellante- defendieron sus
informes, y todos llegaron a la conclusión de que no había existido abuso
sexual. Los jueces, al absolver a los imputados de los cargos más graves,
destacaron que todos los peritos coincidieron en que la causa de la muerte fue
intoxicación por sobredosis de estupefacientes. Ninguno de los expertos
formuló, siquiera a modo de conjetura, otra causa probable del deceso
.
Pocas veces se ve en un juicio un dictamen pericial
tan concluyente, sobre todo cuando los especialistas son numerosos y algunos de
ellos representan a intereses contrapuestos.
En la misma sentencia, el tribunal
se vio en la necesidad de dedicar un párrafo a la fiscal Sánchez, que instruyó
la causa. Los magistrados señalaron que los dichos de la funcionaria
despertaron “una serie de reacciones dolorosas, fundamentalmente para los
padres de la menor, que hasta hoy tienen que llevar a cuestas esta horripilante
historia surgida de la imaginación de la fiscal”.
Y añadieron: “Ha sido como
una bola de nieve que ha ido arrastrando a su paso no sólo a los directos
involucrados, sino a grupos de derechos humanos, instituciones públicas y
privadas y hasta personas ajenas al proceso, que confiando en los dichos de la
fiscal, fueron tomando partido sobre un tema cuya información era errónea.”
Esto es lo que han dicho los jueces, basados en los
informes de un cuerpo de peritos, algunos de ellos designados por la acusación
y por la familia de Lucía.
Me hago cargo del dolor y hasta de la bronca de los
padres de la chica. La muerte de un hijo, sobre todo en plena juventud, es
siempre una tragedia, y los padres, por alguna razón, tienden a buscar
culpables. Hay que entenderlos. Incluso hay que entender que estén cargados de
odio.
La reacción del partido feminista transversal, de la
prensa hegemónica, y en general del nuevo establishment, obedece a otros
motivos, mucho más fríos que los que mueven a los familiares de la joven.
El feminismo nunca aceptará una sentencia que no sea
condenatoria. Nunca tolerará otra versión que no sea la de la fiscal Sánchez.
Nunca aceptará que Lucía sencillamente murió por sobredosis y que no fue ni
abusada ni asesinada.
Al feminismo (que odia al hombre pero sobre todo odia
la femineidad) no le sirve una mujer viva, ni muerta por causas no atribuibles
a un hombre. Lucía muerta por intoxicación no es apta para sus fines. Porque
esencialmente Lucía no les importa, como en realidad no les importan las
mujeres. Para justificar su existencia como movimiento, el feminismo necesita
sangre, necesita cadáveres de mujeres asesinadas por hombres, y del modo más
horrible que pueda imaginarse. Esos cadáveres son los que –paradójicamente- dan
vida a esta ideología, y al mismo tiempo les permiten a sus múltiples
organizaciones seguir facturando extravagantes subsidios tanto públicos como
privados.
Pero vivimos, lamentablemente, en la era de la
“posverdad”, en la que todo corre el peligro de ser degradado a la categoría de
“construcción social”, y cualquier “percepción”, aunque vuele por encima de la
realidad, debe ser aceptada sólo porque satisface al sujeto que la experimenta.
Al feminismo, que ha decretado que Lucía fue violada y asesinada, sólo le sirve
una sentencia útil a sus fines, la que se acomode a su “percepción” de los
hechos. Como disponen de un enorme poder, arrastran a muchos, que a veces
siguen la ola sólo por el temor de quedar afuera de la ética mayoritaria.
