Sebastián García Díaz
(Ex secretario de
Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba)0
Durante años
enfrentamos a ladrones actuando solos o en muy pequeñas bandas sin coordinación.
Cada provincia era una realidad aislada, salvo por alguna circulación del
material robado.
Como la complejidad
de los delitos no superaba el robo a mano armada se buscó que la Policía y la Justicia dieran una
respuesta cuantitativa (más personal) aunque los recursos tecnológicos fueran
escasos y la capacidad de investigar casi nula. Los gobernantes no creían
necesarias mayores sofisticaciones.
Pero la operatoria
del narcotráfico en Córdoba ha cambiado todo. Con su caja económica y su
promesa de plata fácil ha ido disciplinando a los delincuentes, integrándolos
en estructuras de mayor escala, recursos y más fácil conversión a dinero del
fruto de los delitos. Hoy estas redes operan al mismo tiempo con drogas, trata
de personas, tráfico de armas para el delito, desarmaderos, tráfico de
mercadería ilegal, secuestros y todo tipo de robos.
Los que lideran, lo
hacen a nivel nacional, con contactos internacionales. Su capacidad financiera
es muy importante: traer mil kilos de cocaína desde el extranjero, corromper
las instancias de control, movilizarlos, cocinarlos, esconderlos, separar una
parte para enviar a Europa y distribuir la otra en miles de dealers supone una
operación de no menos de 20 millones de dólares en cada caso. Sólo para el consumo interno de la provincia
se necesitan por lo menos 50 mil kilos de cocaína al año y unos 80 mil kilos de
marihuana.
Al mapa del delito en
Córdoba ya no hay que confeccionarlo de abajo hacia arriba, uniendo fragmentos,
sino al revés: desde las cabezas que poseen el financiamiento para sostener y
someter toda la estructura hasta el último “perejil” usado como mano de obra
barata.
Los jefes negocian
con mandos medios (personajes del tipo del “Chancho Sosa”) que compiten por el
dominio del territorio y que a su vez lideran delincuentes rasos. Les responden
también punteros, barras bravas, dirigentes sociales desviados e incluso
bolicheros y productores de bailes de cuarteto. Pero nadie se corta solo.
¿Quién está a la
cabeza? Operadores locales de mafias como los carteles colombianos y mejicanos,
la guerrilla peruana, la mafia rusa o la ‘Ndrangheta calabresa (que introduce
la droga desde aquí a Europa), entre otros.
Ingresan con la misma
flexibilidad un cargamento de cocaína desde Colombia que entregan procesada y
camuflada en el puerto de Buenos Aires como un “cargamento” de mujeres
esclavizadas de República Dominicana que terminan en un burdel del interior de
la provincia. O para llevar la mercadería robada de una provincia a la otra, o
a otros países. Su red de distribución sería la envidia de cualquier empresa
comercial.
Tienen poder para
corromper al más alto nivel. Movilizan unos 500 millones de dólares al año sólo
en Córdoba y en concepto de drogas. Sumando los otros delitos y la reducción de
lo robado en todo concepto, la cifra se vuelve escalofriante. No prever y
controlar posibles vínculos de estas redes con el financiamiento de la política
y la corrupción es de una negligencia grosera.
El vendedor al
menudeo que el gobernador de Córdoba se ha propuesto perseguir es –en este marco– una anécdota, así como el patrullero que le da cobertura. No lo
harían sin acuerdos para garantizar impunidad.
Los últimos anuncios,
por tanto, no deben tranquilizarnos. ¿Cómo investigar a los jefes de estas
redes de crimen organizado? Ese es el debate. Pero no será creando un par de
fiscalías y una oficinita de “Trata de personas” como tendremos éxito. Seamos
serios.
