jueves, 30 de julio de 2015

EL NARCOTRÁFICO Y LA CAMPAÑA ELECTORAL


Las propuestas de los candidatos se basan en lo que la opinión pública quiere escuchar, sin tener en cuenta la evidencia empírica. Cualquier política contra el narcotráfico debería cimentarse en una visión estratégica, en donde predomine la coordinación entre las distintas agencias del Estado y entre los diferentes niveles de gobierno.

Por Martín De Simone
Politólogo

Alfil, 30-7-15

La inseguridad es desde hace tiempo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, y la provincia de Buenos Aires es el distrito que más la sufre. En plena época de campaña, se espera que los candidatos propongan soluciones. Aquí pretendo hacer referencia a algunos de los postulados que más resonancia han tomado en las últimas semanas, relacionados en particular al narcotráfico, que tuvo una mayor relevancia en el debate.

Durante los últimos días ha regresado a la agenda el interrogante respecto de si Argentina es o no productora de estupefacientes, de la mano de candidatos que afirman que nuestro país sigue siendo únicamente una zona de tránsito de drogas. Resulta al menos llamativo que esta discusión siga en agenda cuando hay informes oficiales que se inclinan claramente por afirmar la existencia de cierto nivel de fabricación de estupefacientes en el país. 

Así, por ejemplo, la SEDRONAR (2011), en base a un conjunto de causas judiciales, infiere la existencia de al menos cuarenta y tres centros de procesamiento ilícito de estupefacientes: el 68% vinculado a la adulteración o fraccionamiento y el 32% a la fabricación ilícita. De igual manera, según la información pública otorgada por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación en sus informes al Congreso, entre los años 2000 y 2006, según las estadísticas de la Base de Datos Estadísticos de Procedimientos por Infracción a la Ley 23.737, se informaron un total de 80 centros de procesamiento ilícito. En el período 2000-2012 el 69% de los centros se hallaron en Buenos Aires, y un 12% en la CABA (JGM, 2014).

Por supuesto que por cuestiones naturales las primeras etapas de producción de algunas drogas no pueden realizarse en Argentina. Pero esto no implica que no se realicen etapas posteriores, como la fabricación y adulteración, ni que se dejen de fabricar drogas sintéticas, que no requieren de condiciones naturales específicas y cuya producción se ve favorecida por el desarrollo de la industria química argentina y por la escasez de controles.

Por otro lado, los datos también muestran que la disponibilidad y el acceso a las drogas se han incrementado. Un reciente estudio del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública (2015) muestra que, entre los países de la región, Argentina tuvo el mayor porcentaje de encuestados que considera que el narcotráfico ha aumentado en los últimos cinco años (92%). Asimismo, de acuerdo a un flamante informe de la UADE (2015), en el área metropolitana un 31% de los encuestados afirma conocer lugares de venta de drogas, mientras que en 1989 sólo un 6% lo hacía.

Las distintas fuentes, y los datos oficiales y públicos, parecen zanjar la discusión en torno a si Argentina produce o no drogas, y a si el acceso a estupefacientes se ha vuelto más sencillo.
Las soluciones que han propuesto los candidatos para el problema de la inseguridad y el narcotráfico son variadas. Dentro de las propuestas más institucionales, ha tomado amplia difusión la de crear un Ministerio provincial contra el narcotráfico, así como una agencia con el mismo objetivo. Aquí es necesario tener en cuenta que los grupos abocados al crimen organizado cuentan con un amplio poder de adaptación, y perseguir únicamente al narcotráfico implicaría que las mismas estructuras criminales se dediquen a cometer otros delitos. 

Los grupos criminales deben concebirse como empresas que logran su cometido mediante actividades ilícitas. Estas empresas cuentan con estructuras que, de verse imposibilitadas de dedicarse al negocio narco –que es, por cierto, el más rentable- mutarán a otras actividades. Cualquier persecución criminal contra estos grupos debe realizarse desde un enfoque amplio y multi-agencial, porque en el caso contrario se corre el riesgo de que el delito se desplace a modalidades aún más deletéreas para la sociedad.

Otros candidatos han insistido en la necesidad de reforzar el rol de las policías municipales. Se presenta a estas fuerzas como una herramienta para luchar contra el narcotráfico “desde cerca”. Pero el crimen organizado posee una dimensión cada vez más transnacional, por lo que enfocarse en combatirlo desde el ámbito local parece poco adecuado. La experiencia internacional muestra que las instituciones descentralizadas a nivel local suelen ser más vulnerables a los procesos de captura, penetración y cooptación por parte de grupos criminales, que pueden comprar voluntades a costos menores. El caso más paradigmático es el de México, que ha emprendido un proceso de centralización en reemplazo de sus más de mil ochocientas policías municipales, que se han demostrado absolutamente ineficaces.

La descentralización no solo se ha demostrado ineficiente en el ámbito de las policías. La Ley Nº 26.052, sancionada en 2005, estableció la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes. Buenos Aires se encuentra entre las provincias que adhirió a la ley y un reciente informe del Ministerio Público Fiscal (2014), que analiza el impacto de la aplicación de la ley en la provincia, muestra que se incrementó la persecución de la tenencia simple, la tenencia para consumo personal y la comercialización en pequeña escala, sin que ello derive en una mayor persecución de los tipos penales más complejos. Por el contrario, la posibilidad de la Justicia Federal de acceder a ilícitos más complejos se redujo. Son claras las muestras de que la desfederalización no contribuye a menguar el narcotráfico y perjudica a los eslabones más bajos de las cadenas criminales, que son en general jóvenes sin recursos, fácilmente reemplazables como mano de obra. Sin embargo, varios candidatos a la gobernación bonaerense siguen defendiendo la adhesión a la ley.

Esa defensa suele estar acompañada por propuestas que buscan terminar con la oferta, enfocadas sobre todo en eliminar los pequeños puntos de expendio de estupefacientes. Lo que no toman en cuenta estas ideas es que mientras las estructuras criminales se mantienen intactas, estos puntos de venta se reproducen a toda velocidad. Así, el combate contra el narcotráfico se vuelve absolutamente ineficiente y apunta contra los sectores más vulnerables.
En suma, un breve repaso por las propuestas más resonantes contra el narcotráfico, muestra que las mismas no suelen tomar en cuenta la evidencia empírica, sino que más bien se basan en pre-conceptos o, en el mejor de los casos, en lo que las encuestas dictan que la opinión pública desea escuchar. Cualquier política contra el narcotráfico debe cimentarse en una visión estratégica en donde predomine la coordinación entre las distintas agencias del Estado y entre los diferentes niveles de gobierno. Al fin y al cabo, más allá de lo que prime en las campañas políticas provinciales, el combate al narcotráfico es una atribución del gobierno federal. 

Las políticas públicas contra el crimen organizado deben tener un enfoque más preventivo que reactivo, y tener como objetivo fundamental la reducción de daños, lo que necesariamente implica dejar de concebir a la lucha contra el narcotráfico como una tarea únicamente policial. Las políticas sanitarias, sociales, educativas, la regulación de los flujos financieros y la política exterior para lograr una coordinación regional son incluso más relevantes.
Al fin y al cabo, de lo que se trata es de fortalecer la calidad de las instituciones estatales. La expansión del narcotráfico, así como de otras formas de crimen organizado, está inexorablemente ligada a la corrupción, por lo que cualquier política que no se sustente en instituciones transparentes que contengan órganos de control robustos, está condenada al fracaso.

Fuentes
SEDRONAR. Centros de Procesamiento Ilícito de Estupefacientes en Argentina. Un análisis a partir de los casos judicializados, marzo de 2011
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Informe N° 83 al Senado de la Nación, marzo de 2014.
Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas & Opinión Pública. Estudio anual sobre políticas de drogas y opinión pública. América Latina 2014-2015, 2015.
Centro de Investigaciones Sociales – Fundación UADE. Opiniones y percepciones sobre el narcotráfico y el consumo de drogas en la Argentina, junio de 2015.

Ministerio Público Fiscal – Procuraduría de la Narcocriminalidad. Informe Estadístico sobre Narcocriminalidad. Sobre la distribución de causas iniciadas por estupefacientes, población y empleados en el Ministerio Público Fiscal, Año 2012. 2014.