La Nación, Editorial,
12 de julio de 2015
El fraude ideológico sobre el número de personas
desaparecidas esconde un verdadero fraude económico, que le ha costado una suma
sideral al Estado
Como tantas veces señalamos desde estas columnas, la
historia reciente llega hoy desde el relato distorsionado de quienes han
mendazmente optado por dar prevalencia a la ideología por sobre la verdad. La
épica de los derechos humanos impuesta por quienes nos gobiernan instaló una
visión ciertamente parcializada, ligada al endiosamiento de lo actuado por las
organizaciones armadas terroristas en la década del 70, que justificó
indebidamente, entre otras cosas, la reinserción pública de muchos de sus
oscuros protagonistas.
El fraude ideológico que pretenden imponernos esconde
además un espectacular fraude económico del que poco se habla. Distintas
opiniones se alzaron en los últimos tiempos buscando aportar a la verdad. El
negocio de los derechos humanos fue el título del reciente libro del periodista
Luis Gasulla referido a la estafa, estimada en 750 millones de pesos, detrás de
los planes de vivienda del binomio Sergio Schoklender-Hebe de Bonafini.
Por su
parte, otro autor, José D'Angelo, presentó un análisis particularmente detallado
y fundamentado con documentación respaldatoria de dos cuestiones clave. Desde
su título, Mentirás tus muertos, este libro se plantea lo desmesurado del
controvertido número de 30.000 desaparecidos, al tiempo que se ahonda en el
custodiado misterio de los montos destinados a la reparación histórica de las
víctimas.
El libro de D'Angelo desmenuza el listado que se anexó
en 2006 al informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep) conocido como Nunca Más, publicado en 1984. Reeditado con
una sustancial modificación al prólogo original que escribió Ernesto Sabato y
asignaba responsabilidades compartidas a ambos bandos, la nueva versión
promovida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalaba que el
listado original sólo consignaba desaparecidos y no muertos, por lo que fue
"revisado, corregido, ampliado y actualizado".
La reciente obra de D'Angelo detalla que un 28% de los
desaparecidos del primer listado no figuraba en el segundo, ya fuera por
inexistentes o por haberse comprobado que estaban con vida, y que tras 22 años
habían surgido 677 nuevos desaparecidos, lo que arrojaba un total de 7089
personas en situación de desaparición forzada, a los que se sumaban 1279
muertos. Recordemos que luego del informe de la Conadep continuó vigente la
posibilidad de denunciar desapariciones.
Podría suponerse que con estos cambios, la lista
revisada de 2006 daría un considerable aumento en el número de víctimas, pero
extrañamente no fue así. El informe de la Conadep registraba 8961 casos de
personas desaparecidas, mientras que en el de 2006, que agregó los muertos, se
llegó a un total de 8368 víctimas.
Ante estos guarismos, cabe preguntarse por
qué la misma Secretaría de Derechos Humanos, en el prólogo de la revisión,
vuelve a denunciar que fueron 30.000 los desaparecidos, si uno solo constituye
de por sí una tragedia. Agregar casi 22.000 nombres, imposibles de justificar,
argumentando una ausencia de denuncias por temor a represalias, resulta
inconsistente y esconde una aviesa intención, pues convierte el número en un
fraude oficializado. En pos de ubicar históricamente el origen de aquella
cifra, se ha citado tanto a Hebe de Bonafini como al ex montonero Luis Labraña
en relación con su funcionalidad coyuntural cuando se buscaba favorecer
acciones internacionales que requerían argumentos numéricamente suficientes
para poder hablar de genocidio, eliminación sistemática o exterminio.
El libro Mentirás tus muertos expone la realidad de
quienes, figurando como desaparecidos en el listado de la Conadep pero luego
aparecieron con vida, dejaron de figurar en el listado de 2006, como el ex
procurador general de la Nación Esteban Righi, la fallecida ministra de la
Corte Suprema Carmen Argibay, el juez de garantías de Morón Alfredo Meade y el
intendente de General Lamadrid Juan Carlos Pellita, entre los 2549 casos
similares que fueron excluidos.
Pone en evidencia las contradicciones surgidas
de los nuevos "criterios" adoptados por la Secretaría. Se cuestiona
la inclusión de los que murieron en enfrentamientos armados, pues no figuraban
en el documento de la Conadep, ya que se sabía que estaban muertos, tal el caso
de los fallecidos en el ataque al regimiento de Formosa y en el intento de
copamiento del Batallón de Monte Chingolo, durante la presidencia de Isabel
Perón, que son catalogados por la Secretaría de Derechos Humanos como víctimas
de "desaparición forzada" o de "ejecución sumaria". Se
deduce que este órgano aplicó este último concepto a toda muerte a manos de un integrante
del Estado sin tener en cuenta qué hacía la víctima al momento de su muerte. No
se distingue entre épocas de gobierno constitucional o de facto, ni si mediaba
el ataque a un cuartel, el asalto a un camión de caudales o si en el
enfrentamiento armado el fallecido había dado muerte previamente a un policía,
soldado o civil.
Se incluye así en estos nuevos y tan cuestionables
listados a integrantes de organizaciones que para los gobiernos democráticos
actuaban por fuera de la ley perpetrando todo tipo de crímenes; también a
muertos ejecutados por dictámenes de los tribunales revolucionarios de las
organizaciones armadas de izquierda, al igual que a quienes se autoeliminaban
ante la inminencia de una detención, cumpliendo órdenes de sus cúpulas, o
aquellos que fueron enterrados por sus propios compañeros de lucha. El registro
menciona incluso a quienes caían por impericia en el manejo de explosivos, como
el caso de una niña de 16 años que pretendía colocar una bomba en una comisaría
de Monte Chingolo, cuya identidad sólo pudo establecerse en 2005, aunque en
2006 figuraba aún como desaparecida. Hasta se incluyó a fallecidos en el
exterior como Hugo Irurzún, asesinado por la policía paraguaya en una
persecución en Asunción, acusado del asesinato del dictador nicaragüense Anastasio
Somoza. No menos llamativa, por lo incomprensible, es la inclusión de casos
como el de Eduardo Luis Aulet, víctima del clan Puccio en 1983, en un conocido
caso de delincuencia común.
Los listados del anexo de 2006 difieren de aquellos de
1984 desde lo conceptual, pues responden a una filosofía política claramente
diferente, según la cual toda muerte de un guerrillero sería condenable y, por
ende, reparable, más allá de las circunstancias en que se hubiera producido.
Las llamadas leyes "reparatorias" dictadas
por los gobiernos de Carlos Menem y Néstor Kirchner con el fin de subsanar los
atroces errores y excesos cometidos en la lucha contra la guerrilla de la
década del 70 fueron objeto de una discrecional interpretación. Sus
reglamentaciones evidenciaron una clara voluntad de flexibilizar, hasta límites
risueños, los medios de prueba requeridos para la obtención de los beneficios,
dejando en manos de funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos las
decisiones finales.
Una de sus más controvertidas reglamentaciones
establecía que figurar en el listado de la Conadep resultaba suficiente para
que la Secretaría emitiera un "certificado de denuncia de desaparición
forzada" que permitía, a la víctima o a sus allegados, acogerse por única
vez a un beneficio equivalente al sueldo más alto de la administración pública
multiplicado por cien. Curiosamente, la norma no preveía devolución alguna ante
tantas reapariciones con vida. Es así como D'Angelo, luego de recorrer
infructuosa y reiteradamente distintas reparticiones públicas consignadas en el
libro en busca de información fidedigna, termina por preguntarse cuántos han
sido los que accedieron a la suma actualizada resultante de 240.000 dólares por
la desaparición de otro que figuraba con un seudónimo o un simple "número
de Actor" en el informe de 1984, aun cuando, por confirmarse que no estaba
desaparecido, haya sido suprimido en el informe de 2006.
De los más de 13.000 reclamos, 7800 obtuvieron
resolución favorable según da cuenta el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), armando una auténtica industria de la indemnización por derechos
humanos que favoreció tanto a funcionarios como a abogados inescrupulosos.
Muchos fueron los millones de dólares pagados y ocultados hasta hoy con la sola
intervención de un área del Estado, la sospechada e infranqueable Secretaría de
Derechos Humanos. Tantos que el autor del libro citado estima que, a valores de
hoy, estaríamos hablando de algo así como 1800 millones de dólares salidos de
las arcas públicas con este fin.
La falta de transparencia en el manejo de los fondos
del Estado que caracterizó los últimos 12 años involucra también los
millonarios montos destinados al pago de estas "reparaciones
compensatorias" tan arbitrarias. No cabe entonces ninguna duda sobre cuán
conveniente resulta mantener triplicada la cantidad de desaparecidos para
justificar el oscuro destino de tan cuantiosos recursos negándose a dar
información sobre éstos.
Documentos como los comentados son de un enorme valor
en tanto permiten cotejar las diferencias entre la realidad y el relato. Somos
los adultos quienes, además de recordar, debemos alentar a los jóvenes para que
ahonden en las verdades históricas a través de registros fehacientes de tristes
épocas pasadas. Sólo entonces podrán arribar por el camino de la verdad a
conclusiones ciertas que dejan al desnudo las verdaderas intenciones de quienes
pretenden tergiversar la historia con espurios fines.
