Jorge Vitale
Informador Público, 24-4-16
Ésta es la causa más avanzada de corrupción en la
Argentina. Sin embargo, el juez Martínez Di Giorgi no llama a indagatoria. Se
lo pidió la Oficina Anticorrupción a la UIF; lo pidió el fiscal. Necesitamos a
los medios.
El juez en lo penal tributario Diego García Berro ya
hizo declarar a Sergio y a Pablo Schoklender en el mes de mayo del 2005, pero a
Hebe de Bonafini la tienen blindada.
Esta causa es por 120 millones que la fundación no
abonó de aportes previsionales y obra social, pero sigue la misma mecánica que
la verdadera causa, donde se investiga por qué no se construyeron las viviendas
y la falta de 450 millones. El gobierno y los jueces no quieren investigar a
los verdaderos responsables, que son los funcionarios y a la presidenta de la
fundación.
La causa de las construcciones de la fundación de las
Madres de Plaza de Mayo. Está parada desde hace más de nueve meses y el juez
sigue demorándola sin que la prensa ni la oposición digan ni hagan nada, salvo
honrosas excepciones. El resto sólo se preocupó por salvar a los K. El estado
de la justicia federal en la Argentina llegó a lo más bajo que uno pueda
imaginarse. El Congreso aprobó la estatización de la Universidad de las Madres
de Plaza de Mayo y la presidenta promulgó la misma, lo que hace la plena
vigencia, pretendiendo, de esta manera, encubrir los 2000 millones de pesos que
se pagaron a la fundación y a la universidad desde el 2004 a la fecha.
Schoklender pidió el sobreseimiento en la causa, ya
que corresponde acusar a los funcionarios y el juez nada hace. ¿Cómo es posible
que este juez siga sin que nadie le haya hecho juicio político?
La causa comenzó en el año 2004, cuando Néstor
Kirchner, a través del Banco Nación-Leasing, le hizo entrega a la Universidad y
a la Fundación entre 40 y 50 millones de dólares. A esta suma se le deben
agregar los 1.200 millones entregados para "Sueños Compartidos", más
los subsidios y el pasivo que hoy asume la Nación.
Mientras esto ocurre, el juez Martínez Di Giorgi nada dice
y siguen acusándose Schoklender con Hebe de Bonafini con hechos que son
delitos, pero que pretende, con esta nueva denuncia de falso testimonio, parar
la verdadera causa en la que están involucrados los funcionarios
El gobierno asumió, con esta estatización, el pasivo
de 325 millones, ya que al decir 200 millones no se computan los juicios, que
son el resto. Pero además, blanquear todo el dinero utilizado con otros fines,
que no son precisamente la educación. Lo que no avanza es la causa penal, que todavía
no fijó indagatorias para los funcionarios públicos y las autoridades de la
fundación.
Oyarbide quería salvar a Bonafini y De Vido por la
estafa de “Sueños Compartidos”. Por eso está bien el fallo de la Sala 1, que
manda acumular esta causa con la que lleva Martínez Di Giorgi. Es importante
que el juez actúe, porque tiene elementos suficientes, y tome su verdadero
camino, donde la fundación deja de ser damnificada para ser imputada.
En esa causa se demuestra una mecánica de corrupción
donde están involucrados varios organismos del estado y también quienes armaron
estos ilícitos. Ahora debería actuar el juez pero el gobierno la tapa y
pretende que quede en la nada. Desde que resolvió la Cámara, el juez no tomó
una sola medida concreta, cuando los ilícitos surgen a simple vista y, además,
este contrato fue rescindido por el propio gobierno.
El gobierno le entregó a la fundación $ 1.200
millones, pero sólo terminaron una de cada cinco viviendas planificadas. Pero
ahora, estatizada, la deuda de la fundación es de 325.millones.
En realidad, el Juez Norberto Oyarbide trató por todos
los medios de imputar todos los delitos a los Schoklender y sobreseer a Hebe de
Bonafini y los funcionarios responsables del Ministerio de Planeamiento.
Por tal razón, es lógico prever que la acumulación a
la causa principal es positiva.
A esta altura de la causa, lo importantes son los
funcionarios firmantes de los contratos, quienes autorizaron los pagos.
Porque Hebe de Bonafini es quien debería revelar dónde
están los $ 450 millones que le faltan a la Fundación y dónde se encuentran los
40 millones que Néstor le dio en el año 2004 por intermedio del Banco Nación,
con la colaboración de la ex ministra Miceli.
En su momento, el peritaje de la Policía Federal
determinó la falta de más de $ 150 millones en la administración del programa.
Sin embargo, ese faltante llegaría a $ 450 millones, ya que el Gobierno les
entregó a los responsables del Programa $ 1.200 millones pero lo cierto es que
de 15.000 viviendas sólo fueran entregadas 2.000 unidades.
Así las cosas, es imposible imaginar qué cantidad de
fondos se hayan llevado Sergio Schoklender y su hermano Pablo, sin la
participación y consenso de los funcionarios nacionales.
Y para arribar concretamente a esta conclusión, lo que
cabe es el seguimiento de la causa 6204/11 que hoy tiene paralizada y que hoy
se deberá activar el juez federal Marcelo Di Giorgi. La inició el abogado Jorge
Vitale por violación a los deberes de funcionario público y malversación de
caudales públicos, contra los ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y la
titular de la Fundación, Hebe de Bonafini, principales responsables del
programa “Sueños Compartidos”.
Los principales argumentos para fundamentar la
denuncia se asientan en que la ejecución del referido plan de viviendas
registra sobreprecios, mala calidad de materiales y de construcción, así como
la adjudicación directa de obras, que la legislación vigente prohíbe.
En la demanda se afirma que “el Poder Ejecutivo le ha
otorgado a la referida Fundación que preside Bonafini, fondos que por cada
unidad, suelen duplicar y triplicar el valor de plaza de esas construcciones”.
La presentación afirma que las viviendas que
construyeron la Fundación que lidera Bonafini son en base a “planchas de
telgopor de 8 centimetros, reforzadas por dos mallas de alambre y recubiertas
por otras dos delgadas capas de cemento”.
En su respaldo, el denunciante cita declaraciones del
presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo Siri,
para quien el gobierno nacional le paga a la Fundación $210.000 por cada
vivienda, mientras que ellos las construyen a razón $81.000 por unidad.
También recurre a una auditoría de la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda que reveló las deficiencias de esas construcciones.
Otras de las pruebas que presenta es el informe que en
2009 realizó la Sindicatura General de la Nación.
“La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no
posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. La dotación del
personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”.
“Del análisis de los anticipos financieros pagados a
los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en
el inicio de las obras.”
“Se detectaron incumplimientos en los estándares
mínimos de calidad para viviendas de interés social: en las ventanas, aleros,
veredas, zócalos y solados.”
Por último se refiere a la ausencia de controles sobre
la operatoria financiera, tanto como sobre la ejecución de las obras, cuestiones.
Al afectar directamente fondos públicos, hacen
responsables al ministro del área, Julio De Vido, al jefe de Gabinete Nacional,
y a la misma Bonafini, por presidir la Fundación y por consiguiente, ser
responsable de las irregularidades que se denuncian, en la financiación y
concreción del programa “Sueños Compartidos”.
Por todo lo que está en discusión en esta causa es el
perjuicio que sufrió el Estado Nacional y no sólo si la Fundación fue
perjudicada, como se pretende hacer creer, para ocultar la realidad y por ende,
eludir la responsabilidad de los funcionarios nacionales*
Schoklender además dijo ante el juez que Felisa
Micheli administraba la Fundación Madres, junto con Bonafini y el resto de
autoridades. Un dato que la misma Micheli, en la causa donde fue condenada a
cuatro años de prisión, confirmó que realizaba aquel trabajo,
Todos sabemos como actuaba el Juez Oyarbide, pero no
olvidemos a Di Giorgi. Porque es grave su silencio acerca del pago de $ 1.200
millones que hizo el Ejecutivo por “Sueños Compartidos”, a pesar que sólo se
terminó de construir el 20% de la obra comprometida.
Claro que el kirchnerismo ha utilizado varias empresas
off-shore para consumar lavado de dinero, como ocurrió en los casos
Ciccone-Boudou y Tarjeta SUBE y el resto de casos que son de conocimiento
público.
La Cámara Federal confirmó que la causa aún no se
encuentra en condiciones de ser elevada y debe pasar a la causa principal y,
por lo tanto, no son suficientes las imputaciones que se le realizan a los
Schoklender y a los 44 imputados sino que faltan los funcionarios públicos. Por
eso el fallo de la Cámara pone las cosas en claro y apunta donde debe ir, es
decir, investigar por qué se pagó y no se construyó.
