La Nación, editorial, VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016
Difícilmente se encuentre un país con antecedentes más
autorizados en materia de inmigraciones que la Argentina. Tanto por su
legislación como por su historia. Se organizó constitucionalmente sobre
principios liberales y con la vocación, fomentada por principios y por la
visión inmediata de un territorio inmenso y despoblado, de que urgía abrir las
puertas a todos los hombres de buena voluntad que quisieran habitarla. Cumplió
el sueño de Alberdi.
Nuestra Constitución de 1853/60 plasmó esa idea, que
en pocas décadas facilitó, antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, el
arribo de más de cuatro millones de inmigrantes europeos: italianos, en primer
lugar; españoles, en segundo término, y más lejos, aunque en importantes
contingentes, rusos y franceses.
Nuestro texto constitucional equiparó a los
extranjeros con los nacidos en territorio argentino en cuanto a derechos y
libertades civiles, Mientras tanto, se habilitaba un proceso de no más de dos
años para que obtuvieran la ciudadanía. Otras inmigraciones populosas que
aportaron su influencia cultural a la sociedad argentina fueron las de la
comunidad judía, que arribó a nuestras tierras desde 1870/1880, y la que se
reconoce árabe, fundamentalmente proveniente del Líbano y Siria, asentada aquí,
en su mayoría, entre 1900 y 1930.
El país está orgulloso de esta fecunda tradición
inmigratoria. Esos sentimientos son tan rotundos como siempre, pero una
situación de fronteras perforadas por la irresponsabilidad de los gobernantes
de los últimos tres lustros ha instaurado la acuciante necesidad de que algo
nuevo deba hacerse frente al ingreso sin controles serios de extranjeros. El
jefe del bloque de senadores nacionales del justicialismo, Miguel Pichetto,
dijo lo que está en la boca de crecientes sectores de la sociedad argentina y
que pocos se atreven a manifestar: "Aquí no se expulsa a nadie".
El tema de la inmigración sin debida fiscalización se
activa frente a la alarma social por los gravísimos índices de inseguridad que
azotan a nuestra sociedad. Fuentes del Ministerio de Seguridad, del que
dependen la Dirección Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de las
Personas, han hecho saber que sobre 15.000 disposiciones de expulsión sólo se
han concretado 70 en los últimos años.
Otra arista de este tema es el que
plantea los costos de la atención sanitaria de los inmigrantes. Está claro que
nuestra sabia Constitución ampara el derecho a la salud de todos quienes
quieran habitar el suelo argentino. Esto no incluye a quienes llegan en ómnibus
desde países limítrofes exclusivamente para atenderse gratuitamente en nuestros
hospitales, para dar a luz o para someterse a una cirugía y luego regresar a
sus países de origen.
En cuanto a la educación, particularmente aquella de
nivel universitario estatal gratuita, que aún goza de reconocimiento entre
nuestros hermanos latinoamericanos, sería de estricta justicia que se evaluara
algún sistema mixto o de becas que permitiera que los visitantes realicen en
algún momento algún tipo de aporte, como ocurre en otros países o en el ámbito
privado.
Por otro lado, basta tomar nota del elevado número de
extranjeros, en particular latinoamericanos, en asociaciones criminales,
particularmente las que operan en el campo del narcotráfico, para que se
produjera una reacción destinada, por ejemplo, a exigir que se revea la
reglamentación de la ley sobre inmigraciones, a fin de asignar nuevos fondos
para infraestructura en los pasos de frontera, construir celdas especiales para
quienes violan la ley argentina de admisión, capacitar a inspectores y acelerar
las expulsiones de quienes hayan ingresado con antecedentes penales
insostenibles para radicarse en el país.
Una decisión de capital importancia será la
instrumentación de una tarjeta de tránsito vecinal fronterizo, por la cual se
fijaría un plazo máximo de 72 horas por visita, ajustado a un radio de no más
de 50 kilómetros del punto de ingreso. El llamado contrabando
"bagayero", de baja escala, pero de alta significación en la suma de
personas que lo realizan a lo largo del año, así como el ingreso de drogas
prohibidas, quedaría restringido si las nuevas medidas se aplicaran con
eficiencia.
Alrededor del 4,5% de la población total del país
procede del extranjero. En más del 80% está asociada a corrientes que provienen
de países con fronteras comunes y de Perú. En general, residen todos, en alta
proporción, en esta ciudad y en el conurbano bonaerense. Las nacionalidades
prevalecientes en esa inmigración son la paraguaya, con más de 600.000
personas, y la boliviana, que suma otras 350.000 personas.
Una actualización de reglas sobre el ingreso de
extranjeros y la instrumentación de su cumplimiento beneficiará a todos, tanto
a los nacionales como a la inmensa mayoría de latinoamericanos y de personas de
otras regiones del mundo que han venido a rehacer sus vidas en un país
bendecido por las posibilidades que su historial y su naturaleza brindan a
quienes encarnan una firme voluntad de trabajo y un sueño justo de prosperidad.
Separar la paja del trigo y evitar la presencia tóxica de quienes pretenden
prolongar aquí la trayectoria delictiva en sus países de origen ayudará a la
sociedad a rehabilitarse de sus angustias diarias ante un estado de inseguridad
que no ha conseguido mejorar el cambio de gobierno.
