CARLOS MANFRONI
Consejero
Académico en Fundación Libertad y Progreso
octubre 23, 2021
LA NACIÓN – Los
ataques de grupos autodenominados mapuches a funcionarios y ciudadanos
particulares, así como a bienes públicos y privados, se suceden con la
complicidad del gobierno nacional, cuyo embajador en Chile acaba de solicitar a
ese país, por obvias instrucciones del Poder Ejecutivo, la liberación de
Facundo Jones Huala, quien lideró buena parte de esos ataques a ambos lados de
la cordillera.
Existen más de 40
denuncias de hechos graves protagonizados contra vecinos y turistas en el sur.
A comienzos de
este mes, maniataron al cuidador de un campamento de la Dirección de Vialidad
de Río Negro e incendiaron sus instalaciones, que quedaron destruidas, lo mismo
que las maquinarias.
Muy poco tiempo
antes, miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) habían quemado el
Centro de Informes Turísticos de El Bolsón, con total impunidad. Allí además
usurparon tierras y su permanencia ilegítima en el lugar se prolonga ante la
inacción oficial.
Los incendios
fueron muchos, incluso con familias dentro de las viviendas, como ocurrió en
Chile con el matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, quienes
murieron cuando su casa fue quemada.
También en Chile,
esas organizaciones terroristas incendiaron quince iglesias, del mismo modo que
en la zona del lago Mascardi prendieron fuego a tres cabañas pertenecientes al
Colegio San José, en el complejo Ruca Laquen. Además, violentaron el ingreso de
las cabañas Hueche Ruca, del obispado de San Isidro, y robaron cientos de
elementos para el hospedaje.
A pesar de
aquellos hechos vandálicos contra iglesias y propiedades de instituciones
católicas, así como de la irrupción de un grupo mapuche durante una misa en la
catedral de San Carlos de Bariloche, el obispo de esa diócesis, monseñor Juan
José Chaparro, intercedió en más de una ocasión en favor de los grupos
violentos, con pedidos de esperas y diálogos que ellos solo utilizaron para
ganar tiempo.
La situación más
indignante se produjo con la toma de tierras en Villa Mascardi, un lugar
paradisíaco junto a uno de los lagos más bellos del sur. Según la versión de
los propios usurpadores, la ocupación comenzó cuando la joven Betiana Colhuan
declaró haber recibido un mensaje extrasensorial que le decía que ese lugar era
sagrado para ellos. Así de fácil.
Seguramente
Colhuan no habría tenido la misma suerte si el mensaje extrasensorial le
hubiera señalado como sagrados los lugares de ciertos hoteles en El Calafate,
una zona que también caería dentro de las pretensiones de la Resistencia
Ancestral Mapuche.
Para contribuir al
absurdo, apareció un señor Luis Pilquiman, vicepresidente del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que encabeza Magdalena Odarda, manejando
una camioneta de la provincia de Río Negro, que aparentemente habría sido
transferida al INAI. El vehículo transportaba a miembros de la comunidad
mapuche a la toma de Mascardi, por lo que las fuerzas de seguridad promovieron
una causa ante la Justicia.
Según declaró a
quien escribe esta nota Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa
Mascardi, el propio Pilquiman proveería de víveres a los usurpadores todos los
fines de semana en vehículos oficiales.
Frutos sufrió ya
seis ataques de los mapuches, uno de los cuales le provocó heridas de
consideración, además de haber padecido el incendio de su casa, que resultó
destruida en su totalidad.
Luis Pilquiman es
hermano de Claudina Pilquiman, denunciada por falso testimonio en el caso
Maldonado y una de las que estuvieron en aquel momento en el predio usurpado en
Chubut. Por su lado, Luis Pilquiman mantuvo una participación activa en la
coordinación de reclamos mapuches. Si se cumpliera con el Código de Conducta
para Funcionarios, no debería estar ocupando ese cargo, ya que lo afecta un
claro conflicto de intereses. Las propias comunidades mapuches que poseen
tierras pacíficamente han declarado que el lago Mascardi no tiene relación
alguna con posesiones vinculadas con esa etnia.
Quienes sí tienen
vinculación con la Resistencia Ancestral Mapuche y con la Coordinadora Arauco
Malleuco son algunas organizaciones terroristas de diversa procedencia,
fundamentalmente la Guerrilla Internacionalista Kurda, por lejana que parezca.
Los enlaces locales responden al ciudadano turco Abdullah Öcalan, condenado en
Turquía a prisión perpetua por actos de terrorismo y separatismo de la región
del Kurdistán. Los vínculos alcanzan a organizaciones de izquierda en la
Argentina, tales como Quebracho o la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR),
entre muchas otras, con apoyo financiero palestino.
A propósito de
apoyos palestinos, no podía faltar en el juego Roberto Cirilo Perdía, uno de
los tres líderes de la conducción de Montoneros.
Montoneros recibió
en los 70 entrenamiento de la Organización para la Liberación Palestina en
Libia, Siria y El Líbano. En un gesto de gratitud hacia el terrorismo islámico,
la cúpula montonera proveyó a la OLP de una fábrica de explosivos plásticos de
esos que se usan para atentar contra edificios, y que se instaló en Beirut.
Ahora Perdía brinda apoyo jurídico a las organizaciones mapuches que cometen
actos de terrorismo.
En el portal
Mapuche-Nation, perteneciente a la organización Mapuche International Link, con
oficinas en la ciudad británica de Bristol, y manejado fundamentalmente por un
señor Reynaldo Mariqueo, puede verse el mapa con las pretensiones de ese grupo,
que abarca nada menos que la totalidad de la Patagonia.
No tiene sentido
detenerse en el carácter absurdo de semejante reclamo, porque todas las
reivindicaciones mapuches carecen de sustento desde el comienzo. Los mapuches,
en realidad “araucanos”, porque proceden de la región chilena de Araucanía, no
eran originarios del sur argentino. Habitaban en Chile y, a partir del siglo
XIX, hacían incursiones vandálicas, lo mismo que ahora, en nuestra Patagonia,
donde mataban pobladores, tomaban mujeres cautivas y robaban ganado. En la
región de Cuyo, sojuzgaron a los huarpes, que sí constituían una etnia originaria,
con una cultura propia del lugar.
Los araucanos o
mapuches fueron combatidos por militares con pensamientos muy distantes entre
sí, como Juan Manuel de Rosas y Juan Facundo Quiroga, por un lado y, años más
tarde, Julio Argentino Roca, por otro.
Si los actuales
mapuches son argentinos, deben someterse a la ley, o bien la Justicia debe
actuar contra ellos con ayuda de las fuerzas de seguridad. Si no se consideran
argentinos, como quieren demostrarlo al quemar nuestra bandera, desconocer la
jurisdicción nacional y actuar coordinadamente con fuerzas del exterior, lo que
están llevando a cabo son actos de hostilidad bélica que habilitan una
respuesta propia de las leyes de la guerra, con las correspondientes garantías
de las convenciones internacionales. Pero la realidad es que con las fuerzas de
seguridad bastaría si los jueces cumplieran su deber.
En cuanto a los
funcionarios del Ejecutivo, resultaría deseable que algún fiscal investigara si
los hechos guardan alguna correspondencia con el delito de traición a la
patria, previsto en nuestra Constitución y recogido en el Código Penal, que
prevé hasta la prisión perpetua para quienes se unieren a los enemigos de la
nación o les prestaren ayuda o socorro.
