miércoles, 12 de junio de 2024

NOMBRAMIENTOS

 

Durante la primera semana de junio, el gobierno designó a 110 funcionarios

 

Perfil, 12-6-24

 

Tras la renuncia de Posse, a quien se le reclamó no haber completado en seis meses el nombramiento de personal en distintas delegaciones, la administración Milei formalizó a varios cuadros propios.

 

La Fundación Innovación con Inclusión dio a conocer un informe sobre los funcionarios gubernamentales designados por decretos, decisiones administrativas y resoluciones ministeriales dictados por las diversas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. El periodo vinculado del documento es del lunes 3 de junio al viernes 7 de junio inclusive.

 

La organización no gubernamental tomó como fuente de información, para la elaboración del reporte, la página oficial del Boletín Oficial de la República Argentina. En el escrito digital se pudo corroborar las nuevas designaciones que se desarrollaron en tan solo 5 días. El numero total alcanzó los 110 funcionarios, en las distintas carteras del gobierno conducido por Javier Milei.

 

Los organismos del ejecutivo que sumaron nuevos funcionarios designados fueron: Presidencia de la Nación (15), Jefatura de Gabinete (7), Ministerio de Justicia (7), Ministerio de relaciones exteriores, Comercio Exterior y Culto (4), Ministerio del interior (8), Ministerio de Seguridad (6), Ministerio de Capital Humano (14), Ministerio de Economía (37), Ministerio de Salud (7) y Ministerio de Defensa (5).

 

De estas designaciones la mayoría perteneció a la cartera económica, conducida por el ministro Luis Caputo, seguido por Presidencia de la Nación y, tercero en el podio, el cuestionado Ministerio de Capital Humano. En la semana evaluada, se anunció en el Boletín Oficial un total de 175 actos publicados. Se contaron 82 Resoluciones, 54 Decisiones Administrativas, 36 Decretos, 2 Resoluciones Generales, una sola Resolución Conjunta y ningún DNU. 

 

Una de las mayores criticas al ex jefe de Gabinete, Nicolas Posse, fue su lentitud en nombrar designaciones en los diversos ministerios del gobierno que él, como coordinador de ministros, no llegó a solventar en tiempo y forma. En su primera y última comparecencia en el Senado de la Nación, se pudo verificar que continuaban en sus cargos jerárquicos 1867 funcionarios designados por ex presidente Alberto Fernández.

 

La eyección temprana de Posse del gobierno libertario, lo ubicaron como el jefe de Gabinete que menos tiempo ocupó el cargo, desde que se creo ese rol en la década de los noventa. Un tipo de patrón a tener en cuenta, conociendo las sistemáticas bajas de diversos funcionarios alineados a  La Libertad Avanza, en las distintas carteras, desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación.

EL VOTO EUROPEO

 


 es un “no” rotundo al verticismo y a las ideologías de las élites

 

Eugenio Capozzi

 

Brújula cotidiana, 11_06_2024

 

 

Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo han sido claros e inequívocos. A pesar de las diferencias -algunas apreciables- entre un país y otro, la imagen general es la de un giro rotundo a la derecha, con el fortalecimiento de los grupos del PPE (Partido Popular Europeo), Identidad y Democracia (Id) y los Conservadores y Reformistas (Ecr), mientras que han confirmado el hundimiento de los liberal-centristas de Renew Europe y los Verdes, y el mantenimiento en la izquierda únicamente de los Socialistas.

 

Si además nos paramos a observar de cerca los grandes temas sobre los que ha girado principalmente la campaña electoral y la distribución de los éxitos y fracasos en los respectivos países, la victoria de la derecha adquiere un significado muy preciso, igualmente inequívoco, a menos que se quiera fingir no verlo. Los votantes de los países que conforman la Unión han utilizado su voto para expresar un rotundo rechazo a las principales agendas políticas apoyadas por la clase dirigente continental en la Comisión dirigida por Ursula von der Leyen y en el Consejo, y por el eje político entre la Francia de Emmanuel Macron y la Alemania de Helmudt Scholz; contra la raíz abstracta e ideológica de esas agendas; contra el método verticalista con el que han tratado de imponerlas a los ciudadanos europeos, y de demonizar y censurar a quienes discrepan de ellas.

 

En concreto, los votantes han mostrado su rechazo a las políticas “verdes” radicales, basadas en el objetivo irreal y extremadamente costoso de eliminar los combustibles fósiles; en la electrificación forzosa e igualmente irreal del sector del automóvil, que destruye la industria continental para beneficiar únicamente a China; en las absurdas obligaciones de adaptar viviendas y edificios, con desembolsos insostenibles para los propietarios; en criterios totalmente arbitrarios de “neutralidad” de las emisiones de CO2. Han dicho “no” rotundamente a una política de inmigración igualmente ideologizada, obstinada todavía en la prioridad de la “acogida” y en los dogmas del relativismo cultural, indiferente a los temores justificados de las poblaciones autóctonas y a los riesgos cada vez mayores para la seguridad, la habitabilidad y la convivencia según los principios de la civilización occidental.

 

También han dicho “no” -aunque pocos lo admitan- al poder avasallador de la agenda LGBT en las políticas de la UE y a la reducción de los derechos civiles a una complacencia con los deseos de poder de minorías prepotentes en detrimento de los más débiles, con la correspondiente “mortificación” de la familia, de la maternidad y la paternidad, de la protección de la vida y la infancia. Por último, han expresado su claro rechazo a una política exterior de polarización y exacerbación del enfrentamiento con Rusia por el conflicto ucraniano, hasta la evocación concreta e inaudita de una posible implicación bélica directa de los países de la UE.

 

Algunos comentaristas afines al establishment “perdedor” de la UE han negado o minimizado este último significado específico de la votación con el argumento de que las formaciones de derechas que han aumentado su consenso, con limitadas excepciones (la AfD alemana) mantienen posiciones sobre esta cuestión que son cualquier cosa menos simpatizantes de Putin (contrariamente a la representación alarmista de la “extrema derecha” presentada insistentemente por los medios progresistas continentales). Pero es imposible no vincular precisamente el rotundo éxito de AfD (Alternativa para Alemania), el correspondiente hundimiento de los socialdemócratas y liberales alemanes, y la debacle del partido Renacimiento de Macron, doblado por el Rassemblement National de Marine Le Pen en Francia, al hecho de que fueran precisamente Macron y el Gobierno de Scholz quienes representaban las posiciones más agresivas y militaristas (en el caso del presidente francés hasta los límites de lo grotesco) contra Rusia.

 

Ahora bien, hay que subrayar por supuesto (y ya lo han subrayado ampliamente muchos analistas, que tienen la esperanza de que nada cambie dentro del statu quo en la cúpula de la Unión) que el incuestionable éxito político de la derecha conservadora, soberanista y “eurorrealista” no puede traducirse actualmente en términos aritméticos en una inversión de la “mayoría” en el Parlamento Europeo (en la medida en que este término puede tener un significado técnico en una institución como ésta, que no está dotada de poder legislativo), ya que la coalición “Ursula” (Populares, Renovar Europa, Socialistas) sigue teniendo formalmente la mayoría de los votos en la asamblea. Pero el hecho político de estos resultados, en un complejo sistema de equilibrios y contrapesos como el de las instituciones de la UE, es mucho más importante que el abstractamente numérico, y puede interferir fuertemente en él.

 

Si los partidos de la mayoría “Ursula” no tienen en cuenta el mensaje enviado por los electores, y no se abren a un diálogo concreto con las fuerzas de derecha (en el que los dos grupos de Id y los conservadores avanzan hacia una coordinación creciente, cuando no hacia la unificación) sobre los principales temas, asumirán una enorme responsabilidad, crearán una polarización radical que no tienen armas para gobernar (especialmente en el grupo del PPE, en el que las posiciones conservadoras son cada vez más influyentes) y pueden encontrarse con sorpresas muy desagradables. En primer lugar, en la investidura del próximo presidente de la Comisión: recordemos que ya en el anterior ciclo que comenzó en 2019, a pesar de que la mayoría prevista era mucho más sólida, Ursula von der Leyen, “atada” por un gran número de “francotiradores”, se impuso sólo gracias a la ayuda in extremis de catorce eurodiputados del Movimiento 5 Estrellas de Italia. Ahora la situación es mucho más incierta, el PPE está mucho más inclinado a la derecha como se ha dicho, y además los “no alineados” han superado los cien miembros, y son una misteriosa reserva de la que podrían salir resultados impredecibles.

 

Las atrevidas y excesivamente oportunas declaraciones de von der Leyen, que cantó victoria para “su” coalición a pesar los resultados que ofrecía el escrutinio, y apostó por su continuidad, son más una demostración de debilidad percibida que una señal de fortaleza, y un intento de anticiparse a los “contraataques” de sus adversarios. Como también lo es la precipitada decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional francesa, retando a Le Pen a un combate singular y esperando el habitual reflejo de “santa unión” de progresistas y liberales franceses contra el monstruo de la “invasión bárbara” de la derecha. Veremos si su línea es compartida por los demás componentes del “bloque” europeo de centro-izquierda, o si finalmente se abre en su seno un saludable proceso de replanteamiento y diálogo, con la corrección sustancial de la gobernanza de la UE.

 

 

POLÍTICA ECONÓMICA


y bien común

 

POR GERMÁN MASSERDOTTI

 

La Prensa, 11.06.2024

 

La Facultad de Derecho de la UCA organiza, con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el curso ‘Política económica y bien común’. Hoy expondrá el profesor Daniel Passaniti sobre “Política económica y bien común, una visión superadora de las ideologías’, el martes 18 el profesor Luciano Di Gresia sobre ‘La puja fiscal federal y el sistema previsional en Argentina’ y el martes 25 el profesor Patricio Bulgheroni sobre ‘Justicia social y redistribución del ingreso ¿son compatibles con una economía de mercado?’. La modalidad es virtual.

 

A continuación, el diálogo mantendino con Daniel Passaniti, director del curso:

 

-¿Cómo surge la idea de esta curso?

 

-El curso se encuadra en el Programa de Extensión y Compromiso Social de la Facultad de Derecho de la UCA. Lo dirijo como profesor de la Facultad. Se realiza desde hace unos años sobre temáticas políticas, sociales y económicas desde una cosmovisión cristiana mediante tres o cuatro conferencias virtuales tanto en el primero como en el segundo semestre del año.

 

-¿Por qué es necesario plantear una relación de la política económica con el bien común desde una visión que supera a las ideologías?

 

-El bien común, causa final del Estado, tiene su correlato en la economía. Para concretar las condiciones sociales en ese ámbito, el Estado tiene como herramienta la política económica. Sus objetivos son: 1) crecimiento económico; 2) estabilidad económica; 3) equilibrio del sector externo; 4) pleno empleo y 5) equidad social. Estos dos últimos objetivos son prioritarios por ser exigencias del bien común. Sólo a partir de una visión realista y de una correcta concepción del Estado puede superarse la utópica visión ideológica que, con sus matices, hace del Estado un aparato demoledor de las libertades económicas y de la iniciativa privada (asistencialismo) o prescinde del mismo haciendo del mercado un dogma y el principio rector de la actividad económica (liberalismo).

Vale recordar el lema de la Economía Social de Mercado que hizo resurgir a la Alemania de la posguerra: “Tanta libertad como sea posible y tanto Estado como sea necesario”. Aquí se hace presente la prudencia política del gobernante en materia social y económica preservando la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos y de las organizaciones sociales intermedias (principios de Subsidiariedad y Solidaridad).

 

-Justicia social, para algunos, suena a mala palabra. ¿Cuál sería una recta concepción de la justicia social?

 

-La gestión de gobierno del presidente Milei adhiere conceptual y filosóficamente a las ideas anarco-capitalistas y libertarias de David Friedman, hijo de Milton Friedman (Escuela de Chicago). Friedman hijo proclama una sociedad sin gobierno, por cuanto éste es hacedor de actividades ilícitas como el cobro de impuestos, y que sólo la propiedad privada y el mercado libre hacen posible la libertad y que cada individuo controle su propia vida, en una sociedad interdependiente de la colaboración voluntaria. El Presidente también sigue el pensamiento de la Escuela Austríaca de Economía de Mercado. Por ejemplo, Friedrich von Hayek afirma: “(…) He llegado a considerar la justicia social nada más que como una fórmula vacía (…) La expresión justicia social por lo general se emplea hoy como sinónimo de lo que antes solía llamarse justicia distributiva”.

 

Hace falta precisar. La justicia distributiva refiere a la obligación del todo (Estado) para con las partes (ciudadanos). Su objeto propio es redistribuir la renta nacional en forma equitativa y proporcional teniendo en cuenta a los más necesitados.

La justicia legal refiere al ordenamiento de las partes (ciudadanos) respecto del todo (Estado), y en la que el Estado impone las cargas en orden al Bien Común con sustento en el criterio de proporcionalidad. Esta justicia supone la obligación moral de los ciudadanos de pagar impuestos y de contribuir en función de su patrimonio e ingresos con el Bien Común, pero también exige que el sistema tributario no sea confiscatorio.

La justicia social es un concepto más amplio y general que el de justicia legal y engloba las responsabilidades de los gobernantes y de los gobernados, es decir de todo el cuerpo social respecto de los más necesitados y más rezagados en la participación del bien común.

 

En síntesis, el Estado no es una organización criminal, el cobro de impuestos no es un robo y la justicia social no es una aberración ni la responsable del nivel de pobreza en Argentina. Se debe a otros motivos. Ojalá las actuales autoridades así lo entiendan, sean realistas y distingan con claridad –lejos de todo fundamentalismo y de toda ideología- lo que es de lo que debe ser. Esto les permitirá, como afirmó el Papa Francisco, ejercer el poder para la construcción de sociedades justas. Sólo así será legítima la autoridad que la mayoría del pueblo argentino les ha confiado.

 

- Una vez que acabe este curso, ¿está pensado continuarlo con algún otro de temática similar?

 

-Efectivamente, en el segundo semestre del año se realizarán nuevas charlas virtuales sobre temáticas que hacen a cuestiones sociales, políticas y económicas que nos ocupan y preocupan, por supuesto, siempre desde la cosmovisión realista y de la correcta antropología social que enseña la Doctrina Social de la Iglesia.

 

 

 

 

domingo, 9 de junio de 2024

EL GOBIERNO NACIONAL IGNORA

 


 la pesca ilegal impidiendo el desarrollo y nutrición de las provincias

 

César Augusto Lerena

STDP, junio 8, 2024

 

La pesca ilegal afecta al ecosistema y con ello, a los recursos pesqueros de las provincias del litoral marítimo. La Argentina tiene una Zona Económica Exclusiva de 3.757.124 Km2, dentro de la cual, unos 520 buques habilitados por la Nación que capturan anualmente unas 800 mil toneladas; ello, pese a la potencialidad del atlántico sudoccidental de unos 1,7 millones de toneladas de peces y calamares (FAO, Área 41 Atlántico, 2022).que son extraídos en su mayoría por buques españoles-británicos, chinos, coreanos y taiwaneses, sin ninguna acción política ni diplomática por parte del gobierno nacional, con un evidente perjuicio biológico al ecosistema y a las economías provinciales. La FAO estima, que al menos el 30% de las capturas son ilegales, generándose unos 36 mil millones de dólares anuales (FAO, 2016, p 05-06) en forma irregular y, una competencia desleal con quienes pescan y comercializan cumpliendo las normas nacionales e internacionales.

 

Se entiende por Pesca Ilegal, «a aquella que capturan especies pesqueras, sin cumplir, total o parcialmente, con la regulación internacional o nacional de origen y/o sin control oficial o independiente y/o si se captura en alta mar sin control del Estado de pabellón; sin determinar el Rendimiento Máximo Sostenible” y sin acuerdo previo entre éste y los Estados ribereños en aquellas especies que interaccionan o están asociadas o son migratorias originarias de las Zona Económica Exclusiva o migran desde alta mar a la ZEE; donde se realiza todo acto, de cualquier naturaleza, que atente contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminen el medio ambiente y/o amenacen la seguridad alimentaria y económica, beneficiando al crimen organizado transnacional y/o la evasión fiscal. Genéricamente se entiende por pesca ilegal a todas aquellas prácticas que en forma directa o indirecta atenten contra la sostenibilidad de las especies; la sustentabilidad de las empresas y las fuentes de trabajo o el desarrollo de las regiones del litoral marítimo argentino» (César Lerena “Pesca. Apropiación y depredación. Ed. Proyecto Sur, 2014).

En términos generales y sujetas a la revisión derivada de las circunstancias en las que se infringen las leyes nacionales, regionales y/o internacionales; el daño efectivo que provocan para la sostenibilidad de las especies, el medio marino y los países de menor desarrollo, etc. podríamos decir que estarían incursos en pesca ilegal algunas de las siguientes prácticas, porque es muy probable que afecten al ecosistema y/o se apropien de recursos que podrían estar asignados a otros pescadores y/o afecten la economía de los pueblos menos desarrollados y sus trabajadores.

 

Entre ellos, pescar sin permiso en el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y en la plataforma continental extendida; capturar en alta mar sin cumplir con las exigencias de sus Estados de pabellón y sin acordar con los Estados ribereños; capturar especies transzonales, migratorias o asociadas en alta mar sin Acuerdos; capturas y/o desembarcos no registrados en puertos no habilitados; realizar pesca insostenible; depredar, descartar la pesca incidental o no comercial; producir daños por la pesca; pescar juveniles, de tallas y pesos reducidos; usar redes no autorizadas; capturar en áreas restringidas o vedadas; capturar en horarios prohibidos y con una velocidad de pesca no autorizada; tener productos de la pesca ilegal; usar pabellón de conveniencia; proceder sin buenas prácticas de manufactura; apropiarse de recursos pesqueros de terceros; impedir las necesidades de los Estados en desarrollo; producir contaminación marina, de los recursos y las personas; violar las leyes laborales o de seguridad; pesca en áreas invadidas o en disputa; no cooperar en la pesca; efectuar contravenciones a las operaciones y registros de Pesca; comercializar productos no certificados; pescar excedentes sin autorización; carecer de sistemas de seguimiento Satelital o tenerlos inactivos; realizar pesca no responsable; realizar actos no pacíficos en el mar y/o Piratería. obstaculizar las tareas de inspectores u observadores.

 

Los funcionarios de la Nación vinculados a la pesca, parecen no entender que la pesca en las condiciones que se está realizando en alta mar es ilegal y, confunden el reconocimiento de esta ilegalidad con las dificultades para accionar y terminar con ella y ello los lleva a no hacer nada al respecto, en detrimento de los recursos de las Provincias y la Argentina, ya que se pierden en alta mar un volumen superior a todos los desembarcos argentinos.

 

Y es ilegal, porque la Argentina no podría considerar legal la captura en alta mar de sus recursos migratorios originarios del mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva, y las especies asociadas que intervienen en la cadena trófica; en principio, porque sería desconocer los derechos que reivindica como propios en toda su legislación vigente: el artículo 5º de la ley 23.968 de espacios marítimos y líneas de base; el artículo 2º inc. c de la Ley 24.543 de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y, los artículos 4º, 5d, 21e, 22 y 23b de la Ley 24.922, de Pesca. Y aún peor, pretendieron extranjerizar el mar argentino e instaurar el R.I.G.I. que desnacionalizará la industria nacional y concentrará aún más la actividad.

 

Además de ello, si bien hay más de cuarenta razones para considerar esta captura en alta mar como “Pesca Ilegal”; tres hechos son suficientes para tipificarla así: primero, cuando los buques no tienen control de sus Estados de pabellón o los países de origen (artículos 87º, 92º y 94º de la CONVEMAR); segundo, cuando no se realizan estudios de investigación para determinar la “Captura Máxima Sostenible” (artículo 119º de la CONVEMAR) y, tercero, cuando se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta mar sin acuerdo con el Estado ribereño afectando sus intereses (artículos 27º; 63º, 64º, 116º a 119º de la CONVEMAR). Por supuesto, a esto se agrega cuando se pesca con redes de arrastre de fondo sin habilitación argentina sobre la plataforma continental extendida argentina más allá de las 200 millas sin habilitación nacional (César Lerena “Plan Nacional de Pesca. Cien Acciones, efectos y Ley de Pesca, 2023).

 

Brasil, en el Artículo 3º del Decreto 4.810 del 19/8/2003 al referirse a las especies altamente migratorias indica que es necesario el uso adecuado, racional y conveniente de estos recursos pesqueros; entendiendo la protección especial que hay que realizar cuando las especies son migratorias para asegurar la sostenibilidad.

 

Chile establece, que podrá establecer normas de conservación y manejo sobre aquellas poblaciones comunes o especies asociadas existentes en la ZEE y en la alta mar y, que puede prohibir o regular el desembarque de capturas o productos derivados, cuando éstas se hayan obtenido contraviniendo dichas normas (Ley 19.079, Art.1º, Nº 154) y, que lo dispuesto indica que podrá hacerse extensivo respecto de las especies altamente migratorias y, que es evidente, que la pesca en alta mar por parte de buques sin control de los Estados de pabellón y sin acuerdo con el Estado ribereño provoca un daño al ecosistema y consecuentemente a la ZEE.

 

Colombia, en el Artículo 33º de la Ley 13 del 15 de enero de 1990 establece normas destinadas a asegurar que los grandes buques procesadores de bandera de Colombia capturen en alta mar y compitan con los buques extranjeros en ese ámbito extrayendo los recursos migratorios originarios de la ZEE o los de alta mar que migran a la ZEE.

 

Costa Rica, en la Ley 8.436 prescribe que dentro de la ZEE del país y en las áreas adyacentes a esta última mediante acuerdos que permitan lograr una pesca sostenible en forma integral en alta mar y la ZEE.

 

En Ecuador el Artículo 4º de Ley Orgánica para el desarrollo de la Acuicultura y Pesca (14/4/2020) expresa que el Enfoque Ecosistémico pesquero (EEP) es una nueva dirección para la administración pesquera, donde se considera no solo al recurso explotado sino también al ecosistema, incluyendo las interdependencias ecológicas entre las especies y su relación con el ambiente y a los aspectos socioeconómicos vinculados con la actividad y, ello, nos indica que no es posible dar sostenibilidad a los recursos pesqueros en la ZEE sino se atiende integralmente a las especies migratorias en todo su ámbito migratorio, a las especies asociadas que intervienen en la cadena trófica, atendiendo los recursos migratorios originarios de la ZEE no puede perderse por el solo hecho de que las especies migren a alta mar en su proceso biológico y, el artículo 145º define con precisión y sencillez, de qué se trata un “Producto de la pesca ilegal”: «Son los recursos pesqueros obtenidos por embarcaciones que han contravenido leyes y reglamentos nacionales e internacionales…».

 

En Guatemala, la Ley General de Pesca y Acuicultura (Decreto Nº 80-2002) establece que en la pesca comercial es imprescindible aplicar el criterio de aprovechamiento integral utilizando métodos y sistemas para lograr el beneficio de la fauna acompañante (y) la pesca o fauna de acompañamiento, provenientes de las embarcaciones dedicadas a las capturas de túnidos.

 

En Honduras, la ley es aplicable en «los espacios terrestres y marítimos del territorio nacional, en los espacios de alta mar donde el Estado de Honduras ostente derechos; que, si bien no se precisa a lo largo de la ley debería estarse refiriendo a la administración de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar (Artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Decreto 106-2015).

 

México en el Artículo 17º de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables, reformada en 2018 reconoce que la pesca es una actividad que fortalece la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y son prioridad para la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros.

 

Panamá en el Artículo 8º de la Ley de Pesca Decreto Nº 204 (18/3/2021) indica que la Autoridad de Aplicación ejercerá su gestión tomando en cuenta principios generales del sector pesquero y refiere, entre otros, a la prevención para disminuir o mitigar eventuales efectos negativos, a aplicar un Enfoque ecosistémico que implica «una Visión integrada de manejo de las tierras, aguas y recursos vivos que tiene por finalidad su conservación y uso sostenible de un modo equitativo (e) incluye el análisis de todos los procesos, funciones e interacciones entre los componentes y recursos del ecosistema, e implica el manejo de las especies y de otros servicios y bienes ecosistémicos; es decir, que en los hechos se debería prestar mucha atención a la captura de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar, para llevar adelante ese enfoque ecosistémico que plantea.

 

La República Dominicana en su Ley de Pesca 307-04 (2004) entiende que es deber del Estado proteger, conservar y regular la explotación de los recursos biológicos acuáticos para la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población y debe prestarse también especial atención a los aspectos relativos a la gestión integrada de las zonas costeras y la interconexión de estos con los transfronterizos.

 

El Artículo 1º de la Ley 19.175 de Uruguay «reconoce que la pesca es una actividad que fortalece la soberanía territorial y alimentaria de la nación» y firmó en 1973 junto a la Argentina el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marino donde ambos administran los recursos pesqueros en una Zona Común conformada por los recursos pesqueros de las ZEE de estos países, en un modelo de acuerdo bilateral que podría servir para administrar bilateralmente recursos pesqueros de países vecinos y protegerse de la pesca ilegal de Estados bandera,

 

Venezuela en el Artículo 12º de la Ley de Pesca y Acuicultura (8/7/2003) indica que velará por la protección de la pesca y sus actividades conexas, nacional e internacionalmente, así como por la incorporación y permanencia de buques pesqueros venezolanos en las zonas de pesca ubicadas fuera de los espacios acuáticos bajo su soberanía o jurisdicción y, armonizará el manejo regional de los organismos altamente migratorios y de los recursos hidrobiológicos que se encuentren tanto en los espacios acuáticos bajo su soberanía o jurisdicción, como en las áreas adyacentes a ella.

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), tiene como uno de sus ejes principales el cuidado del medio marino y la sostenibilidad de las especies, no podría considerar una acción pacífica pescar infringiendo las leyes internacionales; sin acuerdos de conservación; sin declarar o haciéndolo en forma inexacta las operaciones; sin control de las capturas y transbordos en alta mar.

 

Del mismo modo, sin observadores e inspectores inobjetables; recibiendo subsidios; utilizando redes con mallas que no liberen juveniles; descartando en el mar; sobreexplotando; usando pabellones de conveniencia para evadir penalidades; capturando recursos migratorios sin tener en cuenta las necesidades de los Estados menos desarrollados y/o afectando las economías de los Estados ribereños pesqueros; contaminando el mar; realizando actividades con trabajo esclavo o sin aplicar las leyes laborales de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención de Derechos Humanos; pescar sin establecer las Capturas Máximas Sostenibles; pescando recursos interceptando e impidiendo el ciclo migratorio de las especies; realizando prácticas que atenten contra la sostenibilidad de los recursos pesqueros y, contra las prácticas de pesca responsable.

 

Esta Convención ha definido con precisión los alcances de los espacios marítimos e indica que: «los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto» y que, además, se requiere una «utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus recursos vivos». Todo ello, contribuyendo «a la realización de un orden económico internacional justo y equitativo que tenga en cuenta los intereses y necesidades de toda la humanidad y, en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo».

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) adoptó en 2001 el Plan de Acción Internacional (PAI) para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal (INDNR-IUU). Esta «sigue constituyendo una de las mayores amenazas para los ecosistemas marinos debido a su poderosa capacidad de socavar los esfuerzos nacionales y regionales de gestión sostenible de la pesca, así como las iniciativas de conservación de la biodiversidad marina. La pesca ilegal (INDNR-IUU) se aprovecha de las administraciones corruptas e instrumenta regímenes de gestión débiles, especialmente aquellos de los países en vías de desarrollo que carecen de la capacidad y de los recursos para llevar a cabo un seguimiento, control y vigilancia (SCV) efectivo» (FAO 2016 I6069ES/1/10.16).

 

La Administración de todo el recurso pesquero de un país, concentrado en la decisión de muy pocas personas, como es el caso del Consejo Federal Pesquero de Argentina, puede promover no solo la apropiación de los recursos provinciales migratorios, sino las prácticas de corrupción que refiere la FAO y, por cierto, incapacidad o para reducir la pesca ilegal.

 

La Unión Europea (2008); el mayor mercado y principal importador de productos de la pesca del planeta, entre ellos los argentinos (dos tercios de las importaciones de España son de Argentina), consideró, que tiene el deber de adoptar medidas adecuadas para asegurar la gestión sostenible de los recursos marinos y de cooperar unos con otros para ese fin. La pesca ilegal es una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y socava los cimientos mismos de la política pesquera común y los esfuerzos internacionales por lograr un mejor gobierno de los mares.

 

El Reglamento de la Unión Europea considera a la pesca ilegal (INDNR-IUU) una infracción especialmente grave de las disposiciones legislativas, normativas y reglamentarias, dado que mina la consecución de los objetivos de las normas vulneradas y pone en peligro la sostenibilidad de las poblaciones de peces afectadas o la conservación del entorno marino, considerándose «pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (INDNR-IUU)»; entre otras, las realizadas con buques pesqueros que enarbolan el pabellón de Estados que faenan contraviniendo las medidas de conservación y ordenación adoptadas por dicha organización y en virtud de las cuales están obligados los Estados o, las disposiciones pertinentes del Derecho internacional aplicable o, realizadas en zonas o en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no existen medidas aplicables de conservación u ordenación y en las que dichas actividades pesqueras se llevan a cabo de una manera que no está en consonancia con las responsabilidades relativas a la conservación de los recursos marinos vivos que incumben a los Estados en virtud del Derecho internacional».

La Unión Europea, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos desde 2014 consideran a la pesca ilegal como una cuestión de Seguridad Nacional. China y Rusia, sin declararlo operan en ese sentido.

 

La Argentina, carece de políticas para erradicar la pesca ilegal interna y la de los buques extranjeros que realizan pesca ilegal en los límites de las 200 millas marinas y en alta mar, sobre la plataforma continental extendida y las aguas de Malvinas sobre los recursos migratorios originados en las aguas nacionales y de dominio argentino.

martes, 4 de junio de 2024

EL SEMESTRE EUR0PEO DE ORBAN


 comienza entre ataques liberales

 

Luca Volonte

 

Brújula cotidiana, 04_06_2024

 

 

A pesar de los constantes ataques de la Comisión Europea y de los intentos de diversos grupos liberal-socialistas desde hace un año para evitarlo, la Hungría de Viktor Orban asumirá en las próximas semanas (formalmente a partir del 1 de julio) la presidencia semestral del Consejo Europeo y presentará un apretado programa de iniciativas.

 

Entre los temas a tratar, además de la inmigración, estarán la competitividad y las reformas que protejan las identidades y competencias nacionales, el derecho de “veto” y el voto por unanimidad. También se contemplarán iniciativas firmes para la ampliación de la Unión a los países de los Balcanes Occidentales (Bosnia, Serbia, Albania, Macedonia del Norte) y a favor de políticas favorables a la natalidad que aborden la congelación demográfica en todo el continente. En 2023, el Consejo Europeo, a iniciativa de los gobiernos de Polonia y Hungría, había pedido a la Comisión Europea que elaborara una propuesta para hacer frente a los retos demográficos, en particular su impacto sobre la competitividad.

 

La propuesta que posteriormente adoptó la Comisión Europea en octubre de 2023, aunque genérica, abarcaba cuatro pilares: el primero, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias con hijos y hacer más accesibles los servicios de guardería de calidad; el segundo, mejorar la situación del mercado laboral y las oportunidades vitales de los jóvenes mediante el desarrollo de sus capacidades; el tercero, preservar el bienestar de los grupos de mayor edad; y, por último, el cuarto, estimular tanto la participación en el mercado laboral de los jóvenes talentos como la formación, integración y contratación de los inmigrantes legales.

 

Pues bien, dado que la Comisión saliente no ha hecho nada, la Presidencia húngara tendrá que encargarse de desarrollar todas estas propuestas y herramientas demográficas. Durante los próximos seis meses tendrán que abordar las cuestiones demográficas y sus efectos sobre la competitividad a escala de la UE como una de sus prioridades, también reiteradas en los últimos meses.

 

Podemos imaginar hasta qué punto esta prioridad del próximo semestre de la Presidencia húngara produce urticaria a las numerosas asociaciones y corporaciones multinacionales que dentro y fuera de las instituciones europeas han promovido, incluso en la pasada legislatura, la posibilidad de asesinar a los inocentes libremente y hasta el nacimiento, como un derecho “humano” y constitucional para la futura Europa. Todo esto hace que Orban y su gobierno sean indigeribles para las potencias liberal-socialistas euroatlánticas, que le tienen aún menos simpatía por su amplio consenso electoral, su obstinada postura pacifista y su deseo de convertirse en una bisagra entre una parte de la derecha y los conservadores europeos.

 

A pesar de los esfuerzos de Bruselas y Washington por ayudar a los partidos húngaros de la oposición en contra de Víctor Orban, los sondeos para las próximas elecciones europeas dan un 48% de apoyo a los partidos gobernantes, un 25% al nuevo líder Péter Magyar y su partido identitario de derechas “Tisza” (Partido del Respeto y la Libertad), un 8% a la coalición de socialistas (DK-MSZP-Alianza para el Diálogo) y un 1% al partido “Momentum”, apoyado por Soros. En este contexto, y para mayor decepción de los centristas europeos, Orban también está desempeñando un papel importante a nivel europeo al aglutinar las prioridades e intereses políticos de los conservadores de Giorgia Meloni y de los identitarios y demócratas liderados por Marine Le Pen. Una operación política que preveíamos y cuyos efectos positivos se apreciarán precisamente durante el semestre de presidencia europea húngara.

 

Por último, los numerosos políticos liberal-socialistas que impulsan la guerra de Europa contra Rusia, el presidente francés Macron, el secretario general de la OTAN y exlíder laborista noruego Stoltenberg, el alto representante europeo de Política Exterior y exministro socialista español Borrell, mientras amenazan a Orban y a Hungría con reducir el peso de la cartera de su próximo comisario europeo, tienen que tomar nota de la popularidad del actual primer ministro húngaro. De hecho, el sábado 1 de junio, ante decenas y decenas de miles de personas que habían acudido a Budapest para manifestarse por la paz en Europa, Orban recordó la necesidad de “enviar a Bruselas a nuestros candidatos, personas que no creen en la guerra y la violencia... mientras Europa se prepara para la guerra”, indicando otra prioridad política para 2024: la creación de una coalición por la paz en toda Europa y la región transatlántica.

 

 

domingo, 2 de junio de 2024

MILEI, EL BUCARAM ARGENTINO

 

 al que también le decían El Loco y duró solo 6 meses en el poder

 

Leandro Rosso

 

STDP, junio 1, 2024

 

La noticia de que el presidente de Argentina, Javier Milei, iba a presentar su último libro en el Luna Park, donde incluía un show musical donde él mismo iba a cantar, sonó como un eco de raíces sudamericanas noventosas. No es que sea poco habitual que los mandatarios de este subcontinente pretendan aferrarse a una espectacularización de la política, que interpele a un sector de la sociedad que dice representar. Sino que se trata del eco de un hecho puntual, de un momento fugaz y duro en otro país, que aun retumba y reverbera.

 

A Javier Milei le dicen “El loco”. Según Juan Luis González, el biógrafo no oficial que escribió el libro homónimo, en distintas partes de su vida recibió ese mote, que va más allá de su histrionismo televisivo ya conocido. En el colegio, al introvertido Javier lo llamaban así, cuando se volvía pocas veces expresivo en ciertas juntadas, por ejemplo, cuando imitaba el paso de baile de Mick Jagger, o cuando empezaba a revolear su pelo.

 

Ya como adulto, el propio Eduardo Eurnekian se reía de sus acotaciones furibundas y burlonas en cenas distendidas, ya cómo su empleado en Aeropuertos Argentina 2000. Finalmente, está su lado íntimo, e involuntariamente mediatizado, sobre su contacto con espectros del más allá, desde su perro Conan, pasando por pensadores económicos renombrados, hasta el mismísimo Dios. “No se lo digas a nadie. Van a pensar que estoy loco”, le dijo supuestamente a alguien de confianza.

 

Cuando Javier tenía 25 años de edad, ya existía un país cercano que tuvo como presidente a alguien se le adjudicó el mote de “El Loco”. Su mandato duró solo seis meses, fruto de una dura crisis económica y desprestigio social que desencadenó en ese poco tiempo. Se trata de Abdalá Jaime Bucaram Ortiz, quien fue presidente de la República del Ecuador durante el período 10 de agosto de 1996, al que asumió por un contundente resultado electoral, similar al de Milei. Y el 6 de febrero de 1997, exactamente 180 días después, fue destituido por el parlamento, para remediar la dura crisis socioeconómica que vivía esa nación, con protestas callejeras de grandes dimensiones.

 

A diferencia del minarquista porteño, “el loco” Bucaram estaba familiarizado con la política partidaria. Su cuñado fue Jaime Roldós, el presidente que había iniciado el actual período democrático del país en 1979, al frente de la alianza CFP, Concentración Fuerzas Populares, pero quien falleció en el cargo el 24 de mayo de 1981, en un misterioso accidente aéreo.

 

Gran parte de la opinión pública considera su muerte como un magnicidio, siendo los principales sospechosos, la cúpula militar y el gobierno estadounidense. De ahí que Bucaram decidió crear su propio partido en homenaje a él: el Partido Roldosista Ecuatoriano.

 

Bucaram llegó a ser alcalde de su ciudad natal Guayaquil en 1984. Pero duró menos de un año, debido a que fue condenado por injurias por parte de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Les dijo que no servían “para nada que no sea para gastar plata y desfilar en días cívicos”. Ante eso, decidió exilarse a Panamá para escapar de su condena. Luego de ser beneficiado por una amnistía, retornó a Ecuador para disputar las presidenciales de 1988, en la cual salió segundo. La justicia ecuatoriana volvió a imputarlo, por lo que nuevamente viajó a Centroamérica, y regresó en 1990 por ser sobreseído. No fue esta la última vez que tuvo que empacar a las apuradas sus valijas con ese mismo destino.

 

Salió tercero en su segundo intento en 1992. Y en 1996, realizó un tercer intento. A diferencia del futuro León argentino, quien proclama sin titubeos ser un derechista y un libertario, Bucaram no ocultaba sus raíces de izquierda nacional. Hablaba en nombre de los pobres, de establecer una dicotomía entre patriotas y los anti-patria, defender los reclamos de las comunidades indígenas, etc.

 

Según escribió la periodista ecuatoriana Yalilé Loaiza, Bucaram pudo “desplegar una ingeniosa campaña política en contra de los partidos políticos dominantes, las élites económicas, la banca y los medios de comunicación. Los socialcristianos creyeron equivocadamente que el sobreseimiento a Bucaram les beneficiaba, que un populista en la carrera presidencial conseguiría dividir los votos de la izquierda y que pavimentaría el ascenso a la presidencia de Jaime Nebot, el delfín de León Febres Cordero, presidente de Ecuador entre 1984 y 1988. Pero estaban muy equivocados”.

 

Loaiza escribió esto para Infobae en el 2022, cuando todavía no se especulaba que parte del aparato del Partido Justicialista ayudaría a La Libertad Avanza a inflar la figura de Milei para dividir los votos de Juntos Por El Cambio en las presidenciales del año pasado.

 

Durante un acto proselitista, ante sus bases, el candidato Bucaram hizo una recordada performance sobre cómo debían actuar ante el cuarto oscuro: “Te voy a enseñar qué es un solo toque (el publico ríe). El 7 de julio cuando vayas a votar te paras en la cola, miras que no haya socialcristianos que quieren chorear la cartera, sacas la cédula (…) te vas a la urna, abres la papeleta, cuando ves a Nebot dices `no Dios mío, Satanás’ (el público aplaude) y cuando ves a Abdalá, con cariño, suave, suavecito, no hagamos lámpara, hay que ser humildes y sencillos en el triunfo, verdad, coges la pluma, miras la 10, que sea la 10, tuc: ¡un solo toque! (Abdalá hace la mímica de rayar la papeleta).(…) Alzamos las manos todos para ver cómo vamos a votar, `un, dos, tres, tuc, ¡un solo toque!’ (la gente: un, dos, tres, tuc, ¡un solo toque!; un, dos, tres, tuc, ¡un solo toque!)”.

 

Según un paper del economista de FLACSO, Alberto Acosta, publicado en los comienzos de la era presidencial, titulado El bucaramisno en el poder, Bucaram tenía el mérito de que “supo entender e interpretar el sentir popular, al tiempo que transforma los insultos y críticas de sus rivales en cualidades éticas. Con canciones y bailes, con denuncias más o menos fundamentadas y alusiones sexistas asumió las angustias de los pobres: su exclusión, sus carencias, su opresión. Pretendió ser uno más de ellos. Aparecía ante los ojos de los marginados como un ejemplo de quien puede superar la pobreza. Y aun arrastrando sus propias oposiciones, sus imprudencias y hasta sus controvertidas declaraciones, gestó, en su tercer intento para llegar a la Presidencia, un respaldo masivo para derrotar a las fuerzas socialcristianas, que inicialmente parecían imbatibles”.

 

Con eso, Bucaram llegó al balotaje y obtuvo el 55% de los votos del 7 de julio de 1996. En YouTube, se puede ver un informe televisivo de dos horas, realizado por la televisión ecuatoriana, dando un paneo crítico de lo que han sido los seis meses de su gestión, a continuación se puede ver un breve extracto del mismo. Además las siguientes imágenes del presente informe, fueron extraídos de ese material fímico.

 

El medio año de gestión del loco Bucaram se caracterizó por sus exposiciones de showman, sobre todo con el canto; los insultos a dirigentes opositores y a la prensa; la megalomanía de estampar su nombre y su figura en productos de ayuda social; los casos de corrupción, en beneficios para sus familiares y allegados; y un modelo económico “cavallistico”, con el que trató de emular la gestión de Carlos Menem. Todo eso, desencadenó graves problemas económicos, que a su vez finalmente, tras un breve periodo de encantamiento, desencadenaron enormes protestas sociales.

 

Sobre sus peculiaridades, era insistente en asistir a shows musicales. Su “Panic Show” fue la versión castellanizada de Rock de la cárcel. Incluso lo hizo en vivo junto con la banda uruguaya Los Iracundos en el mes de diciembre, en un programa de televisión para juntar colectas solidarias. También grabó su propio disco de temas, titulado Un loco que ama. Todo en plena gestión gubernativa.

 

Al igual que trató de hacer Milei en Dinamarca, en su frustrado aspiración de subirse a uno de los aviones militares F-16 adquiridos a EEUU, Bucaram sí pudo subirse a una nave supersónica de sus propias fuerzas araadas, al grito de: “Soy el Loco cero-cero-cero, totalmente Rambo”.

 

En ayuda social y de servicios públicos, el presidente pretendió patentar distintos bienes y servicios que estén a su nombre. La entrega de leche para fines humanitarios, por ejemplo, debía figurar en los paquetes con la flamante marca “Abdalact”. Además, entregaba bolsas con agua, donde quedaba estampado su silueta y con un comentario escrito en primera persona en singular. O incluso planes de ayuda, con el nombre “Un solo toque”.

 

Insólitamente, en enero de 1997, fue un “doble presidente”, porque también ejerció al mismo tiempo la presidencia del Barcelona de Guayaquil, el equipo más popular en el fútbol ecuatoriano. Una aspiración que todavía motiva al ex presidente argentino Mauricio Macri.

 

En el mientras tanto, no se sabía bien cuál era su plan económico. Retomando el comentario del economista Acosta, se consideraba en ese entonces que “no sorprende que el neoliberalismo electoral de Bucaram haya cobrado nuevos bríos a las pocas horas del triunfo. Basta recordar la rápida formación de su frente económico, constituido por poderosos empresarios, encabezados por el presidente del banco más grande del país y por el heredero de la mayor fortuna nacional, una de las mayores en el ámbito latinoamericano; personajes que, antes del domingo 7 de julio, ya asomaron entre los principales financistas de la multimillonaria campaña del candidato populista. A ellos se sumó el gerente general del Banco Central y otras figuras relevantes del gobierno saliente, artífices fundamentales del esquema macroeconómico vigente. Con esto, de hecho, Bucaram empezó apostando por la continuación de las políticas aperturistas y liberalizadoras a ultranza”.

 

Como dijimos, su gestión duró exactamente 180 días, pero hubo que esperar hasta el día 113 para que anunciara su paquete de medidas. Al igual que Menem, que prometía la revolución productiva y el salariazo, o si se quiere su gran seguidor Milei, que prometió que el ajuste lo iba a pagar la casta, el Loco ecuatoriano prometió por izquierda y ejecutó por derecha. Ya que para ello, recibió el asesoramiento económico del ex ministro de Economía de Argentina, Domingo Felipe Cavallo, el padre de la Convertibilidad argentina, que supuestamente iba a durar mil años.

 

Lo que se implementó fue un cambio fijo de 4.000 sucres respecto el dólar, para luego alcanzar el mes de julio del año entrante a una quita de tres ceros para mantener la equivalencia de 4 sucres = 1 dólar, o quizás con una nueva moneda en circulación. En la conferencia de prensa en la que anuncio ese plan, Bucaram definió que el objetivo era conseguir un sucre “sin-cero”.

 

A la par, para mantener las reservas estables, impulsó la privatización de rubros que estaban ligados a la energía, como el petróleo y la electricidad. A eso se le suma la capitalización de los seguros sociales, una suerte de AFJP. Además, propuso un paquete de leyes tributarias. Dichos proyectos fueron rechazados por el Congreso.

 

Ante ello, el presidente Bucaram decidió habilitar tarifazos en los distintos servicios, como teléfono, electricidad, gas y transporte, además de aplicar el arancelamiento en la salud pública. Unas medidas semejantes a la que están ocurriendo en Argentina, donde el recorte de los alcances de la Ley Bases, enfrenta la amenaza del presidente Milei que si el Poder Legislativo no apoya sus medidas, el ajuste lo hará él mismo.

 

Estas medidas desencadenaron las protestas de los sindicatos ligados a las empresas que iban al desguace, las clases medias duramente afectadas por el aumento de tarifas, e incluso se sumaron las comunidades indígenas. Desencadenando enormes movilizaciones sociales, cortes de calles, y acciones represivas policiales, que antecedieron a lo vivido en nuestro país en diciembre de 2001.

 

Finalmente, el 6 de febrero de 1997, los principales bloques partidarios en el Congreso ecuatoriano sumaron la cantidad de votos suficientes como para anunciar como vacante el puesto de Presidente, declarando que Bucaram era persona con “incapacidad mental para gobernar”. Inmediatamente después “El Loco” pidió su tercer asilo a Panamá.

 

Pasaron pocos años. En el 2000, Jamil Mahuad también fue destituido como presidente, luego de aplicar la dolarización en el país, que continúa hasta hoy. En 2002, asumió Lucio Gutiérrez, quien fue el edecán de Bucaram, e impulsó el descabezamiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, y logró que en el 2005 se declarara la nulidad de todos los juicios contra Bucaram.

 

Éste, muy contento con el resultado, regresó a su país, prometiendo llevar adelante una “revolución boliviarana” a lo Hugo Chávez. Pero, la sociedad no lo tomó con gracia y desencadenó una nueva oleada de protestas, llevando incluso a la destitución de Gutiérrez, en la llamada Revuelta de los Forajidos. Esto hizo que, nuevamente, Bucaram volviera precipitadamente a Panamá por cuarta vez.

 

Finalmente, en 2017, las causas en su contra proscribieron y regresó a Guayaquil. En mayo de este año, fue noticia que su hijo fue arrestado por estar implicado en una organización criminal. Desde las redes sociales, el ex presidente acusa a la prensa de “corrupta”. Un eco a “no la ven”.-