Así lo informó Clarín
el 18 de junio del 2002.
Néstor Restivo.
En los últimos años
el Estado argentino pagó innecesariamente más de US$ 100 millones por no usar
préstamos otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo. Esos organismos cobran, además de intereses, una tasa de compromiso
cuando habilitan créditos y éstos -puestos a disponibilidad de los gobiernos
que los piden- no son usados según lo pactado. La Argentina ya pagó por
esa razón 75,1 millones al BID y 29,2 millones, o sea US$ 104,3 millones de
dólares.
De información que
manejan la Auditoría
General de la
Nación y el Ministerio de Economía, a la que accedió este
diario, surge que desde la década pasada al 2001 en el caso del BM y al 2000 en
el caso del BID, los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa recibieron de esas
instituciones unos US$ 5.500 millones para proyectos que aún están, en muchos
casos, en curso. Ese monto forma parte de 9.300 millones que se han puesto en
disponibilidad en total, pero que por distintas razones no se ejecutaron.
“El error básico
-dijo un funcionario que pidió anonimato- es de falta de programación y de una
casi anarquía. Cuando hay un crédito disponible, lo primero que se tiende a
hacer es a tomarlo para ver luego qué uso se le da”. Y agregó: “Sólo en el
primer año se suele tardar en armar el equipo de trabajo y los intereses y la
tasa de compromiso van corriendo, y aunque no empiece a hacerse el trabajo, se
deben pagar”.
En algunos casos
donde se hallaron irregularidades, la Auditoría llevó los antecedentes a la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción.
Los créditos del BM y
del BID para el Estado nacional, provincial o municipal, son ejecutados por
unidades llamadas UPES supervisadas por el programa PNUD de Naciones Unidas.
Cada equipo es formado por consultores que representan una carga “muy onerosa”
para el Estado, agregó, ya que sus honorarios, a lo largo de los años de cada
programa, en general superan a los funcionarios de carrera de las dependencias
para las cuales se encarga la obra, incluido ministros.
Aunque se trata de
créditos distintos a los del Fondo Monetario Internacional -éstos apuntan a
superar problemas de balanza de pagos, a restituir reservas monetarias o a
condicionar reformas estructurales-, el mal uso que los gobiernos de turno le
han dado a créditos del BM y del BID alimenta en parte la reticencia de la
comunidad financiera internacional a asistir al país ante la actual crisis que
presenta.
En el FMI, además de
suponer un castigo a la
Argentina por haber declarado la cesación de pagos de su
deuda, se resisten a seguir prestando pues las partidas giradas en los dos
últimos años se evaporaron en la crisis y porque se sabe que hay capitales
fugados del país casi por el mismo monto que el endeudamiento externo.
Los casos del BM y
del BID son distintos, pero también cuestionan por lo bajo la ineficiencia por
sus créditos, aunque consultados por Clarín prefirieron no hacer comentarios.
Ello, pese que el BID ya decidió redireccionar créditos para ayudar a la crisis
social que vive el país, y que el BM podría hacer lo mismo si la Argentina llega a un
acuerdo con el FMI.
La ineficiencia en el
uso del crédito es peor con el BID que con el BM.
Por ejemplo, en 1994
el organismo otorgó US$ 130 millones para obras en la represa de Yacyretá, que
debían usarse hasta el 2000. Pero a ese año sólo se habían usufructuado apenas
12,4 millones, es decir menos del 10%. Así, se dio el absurdo de que la Argentina prácticamente
no pagó nada de intereses pero debió girar 4,2 millones de tasa de compromiso.
Para el Prosap (un
programa para provincias de la
Secretaría de Agricultura) en 1996 el BID dispuso 125
millones y otros 125 los cofinanciaron el BID y el BM. Al año 2000, en lugar de
haberse aprovechado el préstamo se usaron sólo 36,6 millones, de modo que el
país pagó 2 millones de intereses y 2,6 millones de tasa de compromiso. Y para
saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, de un préstamo de febrero de 1998
por 250 millones, al 2000 sólo se usaron 2,5 millones de los 200 programados,
con lo que se pagaron casi 3 millones de tasa de compromiso contra sólo 33.000
dólares de intereses.
Otros casos similares
corresponden a créditos para modernización portuaria, Pymes o mejora de
barrios. El BID cobra 0,5% anual por tasa de compromiso.
En el caso del BM
-cuya tasa es del 0,75%-, un crédito de 1996 al Ministerio de Educación para
mejorar la enseñanza secundaria pagó tasa de compromiso por casi 2 millones, lo
mismo y por igual monto uno de 1997 para obras contra las inundaciones. Y otro
de enero de 1999 a la
Secretaría de Medio Ambiente para paliar la contaminación
pagó 90.000 dólares por haber usado menos del 10% comprometido y disponible.
La cartera total de
créditos entre BID y BM involucró en el período analizado unos 90 proyectos,
los cuales acumulados representan un porcentaje para nada marginal: 8% de toda
la deuda externa argentina. (Clarín)
InformadorPúblico,
4-4-13
