viernes, 8 de septiembre de 2017

ATENCIÓN LEGISLADORES, HAY UN TRABAJO PARA USTEDES


La Voz del Interior, 8 de septiembre de 2017

Por Adrián Simioni

Pasan los años, pero algunas cosas no cambian. Por ejemplo, las políticas de contratación de empleados públicos. En forma sistemática, los planteles crecen, a tasas elevadas, sin que se sepa bien por qué ni para qué y sin que el tema se evalúe a fondo allí donde están los representantes de los ciudadanos: la Unicameral, en el caso de Córdoba.

En nuestro Primer plano de hoy publicamos un informe de Cippes según el cual desde 1999 los empleados de la Provincia se incrementaron en más de 77 por ciento, en comparación con una población general que apenas aumentó en torno al 19 por ciento en el mismo período.

La traducción es que hay que pagar cada vez más impuestos per capita para poder sostener a un sector que, además, tiene, a diferencia de quienes son pagadores netos de impuestos, enormes privilegios: estabilidad laboral plena (la Provincia debe tener el mejor departamento de reclutamiento de  personal porque jamás nos enteramos de que alguien pierda su empleo); sueldos ostensiblemente mayores a la media; y, en muchos casos, un cono protector que los excluye de las exigencias de mayor productividad y eficiencia que rigen para el resto de los mortales, dado que el Estado, como se sabe, nunca quiebra (siempre traslada su rojo, sea con inflación, default, emisión de bonos o impuestos).

Cippes le puso datos al peso de esos impuestos. En 2006, hace apenas 10 años, para pagar los sueldos provinciales los contribuyentes cordobeses debían aportar el equivalente a 5,7 por ciento de todo lo que producían. En 2016, pagar los sueldos públicos demandó el 11,5 por ciento de todo lo que esa población se las ingenió para producir.


Es difícil medir si tanto esfuerzo vale la pena. Queda al ciudadano evaluar si la Provincia le da 10 veces más obras, servicios y bienes que hace una década. Piénselo. Mientras, podríamos pedir que la Legislatura ponga algún cerrojo a la discrecionalidad con la que los gobernantes conceden puestos públicos que, luego, los contribuyentes deberán sostener durante largos 30 años.