muchas normas no se implementan
Por Alexis
Montefiore
Tribuna de
Periodistas -18/08/2021
El Observatorio
Ciudadano de Corrupción (OCC) presentó el primer informe sobre indicadores
normativos en el marco del seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima,
que fue suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018. El documento
describe las disposiciones aplicadas en la lucha contra ilícitos o abusos en el
Estado y destaca el desarrollo normativo en lo referente a transparencia en
rendición de cuentas, financiamiento de campañas o manejo de recursos a través
del sistema bancario.
La Fundación
Directorio Legislativo es parte del Foro de las Américas, el espacio donde se
creó el Observatorio. Su directora ejecutiva, Noel Alonso Murray, destacó parte
de la normativa anticorrupción sancionada en los últimos 10 años y mencionó
algunos ejemplos que reflejan un vacío entre la sanción de leyes y su efectiva
implementación.
“Los funcionarios
y legisladores de América Latina son fantásticos creadores de normativas.
Muchas veces son teorías hermosas, con derroche de derechos para los
ciudadanos, pero ejercerlos es otro cantar”, analizó Alonso en el inicio de su exposición.
Un equipo de
trabajo de Directorio Legislativo realizó un relevamiento de acuerdos,
resoluciones, circulares, convenios, leyes y decretos aprobados entre 2011 y
2021 y su implementación. El trabajo se hizo sobre 281 normas vinculadas al
financiamiento de políticas, ética e integridad, declaraciones juradas de
funcionarios, compras y contrataciones, la protección de denunciantes y los
beneficiarios finales.
“Casi todos los
países avanzaron en términos normativos. México, Perú, Argentina y Paraguay
tuvieron un gran espíritu normativo en este tiempo, pero no quiere decir que
sean grandes leyes. No se beneficia la cantidad por sobre la calidad”, agregó
Alonso Murray.
De la sanción a la
implementación hay un largo trecho. “Muchas de esas normativas se reglamentan
parcialmente o establecen determinados principios que luego no hay un organismo
que tengan la capacidad de implementar, ya sea por recursos o por voluntad”,
agregó la representante argentina en la reunión del OCC.
También hizo referencia
al debate de los beneficiarios reales (empresarios que son contratistas del
Estado) que actualmente está librando el Congreso colombiano. "Si se
maneja puertas para adentro de los organismos impositivos, la lucha es contra
el lavado de activos. Si fuese información pública sería lucha contra la
corrupción, porque toda la sociedad podría acceder a esos registros cerrados”,
explicó la representante de Directorio Legislativo.
