Por Ismael Bermúdez
Que el edificio donde funcionan los juzgados de la Seguridad Social haya alcanzado “el máximo admisible de peso”, y que se hayan tenido que evacuar miles de expedientes a otras instalaciones para prevenir algún derrumbe ilustra de una manera más que trágica el nivel del colapso previsional . Nunca antes se llegó a semejante situación de acumular 400.000 juicios. Y eso que en la crítica historia jubilatoria argentina hubo toda clase de atropellos, inclusive la rebaja nominal de los haberes para pagar la deuda .
A este colapso se llegó porque con la inflación un gran sector de los jubilados perdió hasta un 40% de su haber.
Hoy, la mayoría cobra menos de un tercio del sueldo del trabajador activo, y en el mejor de los casos puede aspirar a cobrar un haber equivalente a la mitad del salario: muy lejos del 82% móvil.
Aunque la Corte ya dio su veredicto –la jubilación es un salario, y debe actualizarse por la variación de salarios– y hace unos días la Sala III de la Cámara de la Seguridad fijó que nadie puede cobrar menos del 70% del salario con el que se jubiló debidamente actualizado, cada jubilado deberá iniciar un juicio para reclamar lo que la ley determina y lo que la jurisprudencia dictaminó que le corresponde.
Pero si aún con el respaldo de la legislación previsional y de la doctrina de la Corte hay 400.000 jubilados pleiteando ante la Justicia –mientras siguen ingresando más de 10.000 nuevas demandas por mes en los 10 juzgados porteños– estamos frente a un conflicto de carácter colectivo , no individual.
La solución no es entonces que cada jubilado haga juicio, sino que se instrumente una medida colectiva. Ningún juzgado puede administrar justicia en tiempo y forma cuando todos los días ingresan centenares de causas que se suman a las 40.000 que cada juez ya tiene para resolver, cuando luego la ANSeS –desconociendo un compromiso público– apela esos fallos , y cuando después l iquida mal las sentencias, obligando a iniciar un nuevo juicio. Por todo esto, y otras cosas más, el Estado argentino volvió a ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Lo insólito es que el Estado no sólo no resuelve la crisis sino que la agrava o deja que se agrave , especulando –quizás– con que la edad de los demandantes ponga “naturalmente” un “punto final” a buena parte de las demandas. Mientras tanto, la ANSeS financia con la compra de bonos y Letras del Tesoro el pago de la deuda pública .
Ante este accionar antiprevisional del Gobierno y la pasividad e impotencia del Congreso –como se manifestó con el veto presidencial a la ley votada hace un mes– lo que correspondería es que la Corte Suprema extienda su propia doctrina a todos los jubilados , y obligue a la ANSeS a reconocer lo que marca la legislación previsional.
Sólo así, Será justicia.
Clarín, 28-11-10
