Por Ceferino Reato
Los kirchneristas, en
especial los líderes de las organizaciones de derechos humanos, que insisten en
que los desaparecidos durante la dictadura fueron 30.000, me recuerdan a los
dirigentes de esas ONG "truchas" que se ponen contentos cuando
aumenta el número de pobres porque imaginan que, de esa manera, podrán capturar
mayores subsidios, ayudas y respaldos dentro y fuera del país.
¿No les basta acaso
con las heridas abiertas a los familiares, amigos y compañeros de las más de
7000 víctimas [7.158] que registra el último documento publicado por el Gobierno sobre
este tema, en 2006? ¿Les parece poco? ¿Por qué insisten en un número que todos
ellos reconocen en privado como una suerte de mentira necesaria de otros
tiempos, cuando debían captar la atención de la opinión pública nacional e
internacional?
Creo que la respuesta
es simple: han hecho de los 30.000 desaparecidos una bandera de lucha política
y ahora no quieren reconocer que el número es otro. Temen pagar un costo
político si admiten la cifra real; que, por ejemplo, broten o se consoliden
dudas sobre otras afirmaciones y posicionamientos. Razonan con una lógica de
poder, ya no les interesa la verdad.
Durante demasiado
tiempo, en mérito a sus luchas valerosas del pasado, las líderes de Madres y
Abuelas han podido decir y hacer prácticamente cualquier cosa. El presente las
encuentra con mucha influencia en la alianza gobernante, pero con la
legitimidad dañada; son los beneficios y los perjuicios de haberse encolumnado
en una opción política partidaria.
7158 víctimas es una
cifra que indica una matanza atroz, con el agravante de que fue realizada desde
el aparato estatal. Llegué a este número luego de contar los apellidos y
nombres que aparecen como víctimas de la dictadura en el Anexo II del Nunca Más
, el informe de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep). Primero, conté las víctimas en Córdoba, que es donde se
desarrolla la trama de mi último libro, ¡Viva la sangre! , y comprobé que el
número era inferior al que manejaba el Archivo Provincial de la Memoria ; luego, extendí el
recuento a nivel nacional.
Me gustaría hacer una
aclaración sobre esa cifra total: es la suma de 6415 desaparecidos y 743
víctimas de "ejecución sumaria", una categoría creada durante el
gobierno del presidente Néstor Kirchner, según me informaron en la secretaría
de Derechos Humanos de la
Nación.
Se trata de una
categoría muy general, que abarca a personas que fueron fusiladas en intentos
de fuga que fueron fraguados y a muertos por grupos paraestatales, pero también
a jóvenes fallecidos en tiroteos, durante ataques a cuarteles y comisarías o
fusilados por los propios grupos guerrilleros a los que pertenecían, en
cumplimiento de sentencias de "juicios revolucionarios", como fue el
caso del cordobés Fernando Haymal, de 26 años. Figuran, además, personas que
murieron mientras armaban bombas que estallaron antes de lo previsto.
Incluye también a
muertos en tiroteos con la policía de otros países, como Hugo Irurzún, el
"Capitán Santiago" del Ejército Revolucionario del Pueblo, fallecido
en Asunción del Paraguay en 1980, luego del atentado contra el ex dictador
nicaragüense Anastasio Somoza, que vivía refugiado en ese país. Un combatiente
argentino, pero abatido en un tiroteo con la policía paraguaya en Asunción.
Es imposible
averiguar cuántos son los casos irregulares de "ejecución sumaria"
sin el libre acceso a los legajos de cada una de las personas que figuran en el
nuevo Nunca Más , cuyo acceso está restringido por la Secretaría de los
Derechos Humanos. Es otra de las tareas pendientes que deja el oficialismo.
Además, el
kirchnerismo "extendió" el objetivo original de la Conadep ; esta comisión fue
creada por el presidente Raúl Alfonsín en 1983 para recoger información sobre
los detenidos desaparecidos durante el régimen militar; en 2006, Néstor
Kirchner incluyó a las "víctimas del terrorismo de Estado" antes del
golpe del 24 de marzo de 1976 y desde 1969. Figura, por ejemplo, Fernando Abal
Medina, el primer jefe de Montoneros, quien murió en un tiroteo con la policía
en 1970, poco después de secuestrar y matar al teniente general Pedro Aramburu;
la inclusión de Abal Medina (tío del actual jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal
Medina hijo) habría sido realizada sin que su familia lo supiera.
La línea política
parece clara: el objetivo no es ya honrar y recordar a los desaparecidos
durante la dictadura, sino a todos los combatientes por la revolución sin
importar el modo ni el lugar ni el momento en el que murieron. Eso sucede tanto
en el nuevo Nunca Más como en los monumentos que se han levantado últimamente,
como el Parque de la Memoria ,
en la Costanera
porteña.
Las fechas han
seguido corriéndose, con el respaldo de casi todos los bloques opositores, que
aprobaron las leyes respectivas, y ahora el recuento de "víctimas del
terrorismo de Estado" parte desde los muertos el 16 de junio de 1955
durante el bombardeo a la Plaza
de Mayo.
El acceso a los
legajos está restringido, pero podemos suponer que los herederos de todas esas
personas han cobrado la indemnización prevista originalmente para las víctimas
del terrorismo de Estado, que en estos momentos asciende a 1.700.000 pesos
aproximadamente.
Aunque no sería así en todos los casos, por ejemplo en la
reducida cantidad de Madres que sigue a Hebe de Bonafini y entre los herederos
de Fernando Abal Medina, según me aseguró un familiar del actual jefe de
Gabinete.
Cifras que no son
ciertas, víctimas que no fueron tales, pagos irregulares de dineros que salen
del presupuesto público: demasiadas opacidades para una historia que merecía
otro desenlace y que ha sido corrompida por el recurso político del relato.
© LA NACION , 21-9-13
