OPINA SOBRE GUERRA
REVOLUCIONARIA Y MILITARES PROCESADOS.
La principal experta
que tiene el país en estrategia y en islas Malvinas, asumió hoy el cargo de
directora de Desarme en las Naciones Unidas. La profesional se desempeñó hasta
la semana anterior como asesora en temas internacionales del Ministerio de
Seguridad y Justicia del Gobierno porteño. Con el cargo que asume hoy,
descripto en la grilla como uno de los más altos en la burocracia de las
Naciones Unidas, la
Argentina completa un cuadro de funcionarios debajo de la
oficina de Ban Ki-moon que tiene pocos precedentes.
El cargo de Gamba es
de la jerarquía D2, el más alto fuera de las designaciones políticas, como
directora y vice alto representante de la Oficina de Desarme del organismo en Nueva York y
con competencia sobre todas las ramas de ese sector: Conferencia de Desarme
(con sede en Ginebra), Armas de Destrucción Masiva y Armas Convencionales.
Gamba asume el cargo
después de un concurso en el cual compitieron cerca de 100 expertos del todo el
mundo, entre ellos un excanciller de Egipto y un exvicepresidente de Rusia. La
designación reconoce la larga experiencia de esta dama de 59 años en estrategia
y en desarme, al punto de que en 1995 obtuvo el Premio Nobel de la Paz (compartido) como miembro
de la organización Pugwash por el desarme nuclear.
Entre 1996 y 2001 fue
responsable de la fundación Safer Africa que se encargó de las tareas de retiro
de las armas que habían quedado en Sudáfrica como consecuencia de años de
guerra civil. En esa tarea trabajó junto al expresidente Nelson Mandela. Vivió
en Pretoria durante esos años y desde allí fue asesora en temas de seguridad
interna de más de una decena de países africanos.
Por esa experiencia
en 2010 vino a la Argentina
para trabajar en la organización de la escuela de la Policía Metropolitana
y como asesora del Ministerio porteño de Seguridad, donde se desempeñó hasta la
semana pasada.
FFAA y su Futuro
DICE VIRGINIA GAMBA:
La guerra contra el
terrorismo iniciada por orden del gobierno constitucional argentino en 1975 fue
naturalmente continuada por el régimen de facto a partir del 24 de marzo de
1976, no porque los militares lo desearan, sino por imposición del enemigo, que
mantuvo la ofensiva contra la sociedad argentina.
Pero desde 1983 se
decidió llevar a los militares combatientes en ella a los estrados judiciales a
fin de juzgar sus conductas por procedimientos para tiempos de paz a la luz del
Código Penal ordinario, habiendo generado ello una fenomenal confusión que se
ha ido agravando a través del tiempo pues es sabido que las acciones de guerra
deben juzgarse por las leyes que la gobiernan ante tribunales especiales y no
por las leyes penales ordinarias aplicadas por los tribunales previstos para
juzgar delitos comunes en tiempo de paz.
Los jueces que han
procesado y los que están juzgando a militares por sus responsabilidades
durante la guerra contra el terrorismo, actuaron y actúan ignorando lo que es
la guerra, las normas que la regula y la historia de la formación por parte del
Estado Argentino de los cuadros militares para desempeñarse en ella.
El conflicto en su
variante netamente “revolucionario”, a partir de la década de los cincuenta,
comenzó a preocupar a estudiosos militares y ya en el año 1958 en la Escuela Superior
de Guerra contribuían en la cátedra dos Tenientes Coroneles franceses con
experiencia en la guerra de Argelia, habiéndose llevado a cabo el primer
ejercicio denominado “Barcala” en el Valle de Punilla, Córdoba.
Desde entonces
comenzaron a ser entrenados en forma específica por el Estado Argentino los
cuadros militares tomándose más adelante, como guía escrita, reglamentos
dictados e impresos oficialmente a partir de 1968 en los cuales se explicaba y
definía a ese tipo de conflicto y se preveían las acciones para combatir en él.
Hoy en día el
conflicto es aún peor, y tanto Colombia, como Venezuela, como Chile, Bolivia y
por supuesto Brasil están tomando medidas preventivas para evitar la guerra.
Las miles de víctimas
del terrorismo se merecen que encontremos una forma eficaz de detener a los
terroristas y evitar que sigan amenazando la vida republicana, aunque sea bajo
la apariencia de “democracia”. Porque no es lo mismo República que
“democracia”, para los socialistas del siglo XXI.
Los terroristas no
funcionan como ejércitos convencionales: nunca llevan uniformes o defienden un
territorio. Sus combates son para infundir pánico y, a través del miedo, su
ideología. Por tanto, para que el ejército pueda responder al auge del
terrorismo global hace falta plantear medidas que estén en constante evolución
dentro de una estrategia global.
El apartamiento
voluntario del mundo civilizado obedece a la política desarrollada por parte
del actual gobierno de la familia Kirchner, que sumergió al país en una falta
de seguridad jurídica crítica. Eso trae necesariamente consecuencias:
situaciones críticas que pueden llegar a ser violentas cuando el encauzamiento
de los problemas trascienden lo jurídico.
Con la autoridad de
haber sido asesora permanente del Ministerio de Defensa argentino desde 1983
hasta 1988, y además Profesora Titular de la Escuela Superior
de Guerra, antes de radicarme en Europa, puedo sostener científicamente que la
falta de preparación de los militares en Argentina, su anulación y desarme absolutos,
garantizan que el país será un blanco fácil del próximo conflicto, de una
naturaleza absolutamente distinta que los anteriores.
Como lo he expresado
claramente en mi último trabajo “Society under siege - Crime, Violence and
Illegal Drugs” (Sociedad bajo asedio - Crimen, Violencia y Drogas), publicado
en Dublin, considero que el desarme y la desmovilización de las fuerzas armadas
argentinas son garantía de la violencia.
