Agustín Laje
En virtud del muy
recomendable último libro de Ceferino Reato ¡Viva la sangre! y,
particularmente, de su última columna en La Nación titulada “Hablan de 30.000 desaparecidos y
saben que es falso”, podemos advertir la decadencia de un relato setentista que
está muriendo de la mano de su moribundo progenitor: el kirchnerismo.
En efecto, los datos
que expone Reato son muy ciertos, pero no por eso nuevos. En mi libro Los mitos
setentistas (2011) ya había efectuado yo un análisis exhaustivo de la última
versión del libro Nunca Más y sus respectivos anexos, mientras que en el libro
La otra parte de la verdad (2004) y La mentira oficial (2006) de Nicolás
Márquez ya se había desmenuzado la primera versión del trabajo publicado por la Comisión Nacional
sobre la Desaparición
de Personas (CONADEP). Pero en esos años, hablar de la mentira de los 30.000
desaparecidos era incinerarse por completo. La herejía se pagaba caro. Y
contradecir los postulados del dogma setentista era un verdadero acto de
herejía política que muy pocos estábamos dispuestos a cometer.
Eso hoy parece haber
cambiado o, al menos, estar cambiando. De ahí la importancia de que un
periodista con tanta llegada masiva como Ceferino Reato publicite esta verdad,
por polémica que resulte. Y en virtud de esta nueva discusión que suscita el
tema de marras, es que me gustaría repasar algunos datos relevantes de la
investigación que publiqué hace dos años, que según creo agrega datos y
argumentos importantes a la definitiva destrucción de un banderín político que
ha hecho del dolor legítimo un frívolo slogan estadístico de uso político,
ideológico y económico.
Los primeros datos
oficiales que produjo el Estado argentino fueron los resultados de la ya mencionada
CONADEP, creada por el Presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 a
través del decreto 187/83, con el objeto de revisar el accionar de las Fuerzas
Armadas en la guerra de los ’70, recolectando denuncias de casos de
desapariciones acaecidas durante el gobierno cívico-militar. Un feroz choque
interno en la
Asociación Madres de Plaza de Mayo provocó la posición que
adoptó al respecto su afamada dirigente, Hebe de Bonafini, quien se opuso al
trabajo de la CONADEP
y pretendió imponer al resto de las madres que integraban la organización que
no prestaran su testimonio a la comisión alfonsinista. Para muchas de ellas fue
el colmo del autoritarismo y pocos meses después se escindirían en la llamada
“Línea Fundadora” de las Madres. Pero Hebe quedaría sumamente resentida con el
equipo que lideraba Ernesto Sábato, puesto que ella en algún momento pretendió
que el gobierno de Alfonsín nombrara a las Madres como las encargadas de llevar
adelante la investigación.
En este contexto nace
precisamente el slogan de los 30.000 desaparecidos, una invención sin respaldo
documental de ningún tipo, que la propia Hebe supo instalar en la opinión
pública a los efectos de contrariar los resultados de la denostada CONADEP y de
practicar su deporte favorito: hacerse notar frente a la prensa. Sergio
Schoklender, su ex hijo adoptivo, ha confirmado lo antedicho en su último libro
Sueños Postergados: “Hebe era la gran mentirosa de unas mentiras necesarias.
(…) Cuando la CONADEP
dijo que había verificado nueve mil desapariciones (…) Hebe salió a decir que
eran treinta mil y a repetirlo una y otra vez hasta que, de tanto decirlo, así
quedó. Un solo desaparecido es una tragedia, pero nunca fueron treinta mil, eso
fue un invento de ella”.
En rigor de verdad, la CONADEP contabilizó 8.961
desaparecidos que, tal como quedaría claro al poco tiempo, resultaban
verdaderamente dudosos. Y tanto fue así, que las autoridades de la editorial
Eudeba de inmediato quitaron de circulación el anexo -de casi 500 páginas- que
incluía el listado, caso por caso. Pero una primera revisión de aquel primer
anexo, nos mostraría en primer término que de los 8.961 desaparecidos
contabilizados, solamente 4.905 llevan datos personales, como por ejemplo
números de documentos de identidad, siendo casi la mitad sobrenombres, apodos e
indocumentados.
Una segunda revisión, más puntillosa, nos llevaría a detectar
nombres de personas públicas que actualmente están con vida y nadie podría
dudar de ello, como:
Dr. Esteban Justo Righi (legajo 04320, ex Procurador General de la Nación );
Dr. Alfredo
Humberto Meade (legajo 03276, Juez de Garantías Nº 4 de Morón);
Juan Carlos
Pellita (legajo 1900, intendente de General Lamadrid);
Alicia Raquel D´Ambra
(legajo 01335, kirchnerista concurrente de los actos en la ex ESMA);
Jorge
Osvaldo Paladino y Adriana Chamorro de Corro (legajos 8963 y 8770
respectivamente, funcionarios kirchneristas de la ex ESMA);
Alicia Palmero
(legajo 27992, columnista de la revista Tantas Voces, Tantas Vidas);
Ana María
Testa (figura dos veces en el anexo, con los legajos 9234 y 6561, pero fue
testigo en la causa contra el oficial de la Marina Ricardo
Cavallo y, además, fue entrevistada por la periodista Viviana Gorbato en su
libro Montoneros. Soldados de Menem. ¿Soldados de Duhalde?);
Rafael Daniel
Najmanovich (legajo 3565, se conoció su paradero cuando resultó víctima en
Israel de un atentado terrorista palestino el 22/2/04), entre otros muchos
casos que incluyen a 136 personas que aparecieron en 1985 como víctimas del
terremoto que sacudió en ese año el D.F. de México.
Andando los años, y
ya durante la gestión kirchnerista, el listado fue “revisado” y “depurado” por la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación ,
manejada a la sazón por Eduardo Luís Duhalde y Rodolfo Mattarollo, ambos
vinculados no sólo a las organizaciones guerrilleras de los `70, sino también
al Movimiento Todos por la
Patria que lideró Enrique Gorriarán Merlo y que atentó contra
La Tablada en
1989.
El nuevo anexo que se
lanzó al mercado contabiliza un total de 7.158 desaparecidos (los
correspondientes al Proceso, en rigor, según el listado, son 6.447).
Empero,
numerosas irregularidades continúan abultando los guarismos. A modo de ejemplo,
hay 873 casos en los que tan sólo figura un nombre, sin indicar siquiera el
correspondiente número de documento de identidad. ¿Sería lógico pensar que
luego de un cuarto de siglo, a pesar de la permanente propaganda y los
beneficios económicos que se han otorgado a los familiares, ningún pariente de
aquellas 873 personas se habría tomado la molestia de acercarse a tramitar una
denuncia?
Pero las
irregularidades son todavía más numerosas y escandalosas. El nuevo listado de
desaparecidos es abultado por nombres de ex guerrilleros asesinados por sus
propios compañeros, tal el caso del terrorista montonero Fernando Haymal,
asesinado en Córdoba por su propia organización luego de realizársele un
“juicio revolucionario”. El caso fue admitido por los propios guerrilleros en
su revista Evita Montonera (Nº 8, p. 21), cubierto por periodistas del diario La Voz del Interior (3/9/1975) y
mencionado por la
Cámara Nacional de Apelaciones que juzgó a las Juntas
Militares en la Causa
13. ¿La Secretaría
de Derechos Humanos acaso no lo sabía? ¿O faltó a la verdad al único efecto de
agigantar los guarismos?
Como quiera que sea, este caso tiene un agravante más:
Haymal figura también entre los listados del REDEFA (Registro de Fallecidos de
la ley 24.411), con lo cual todo indica que su familia percibió la abultada
indemnización estatal prevista por esa normativa para “toda persona que hubiese
fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, [o] de
seguridad […] con anterioridad al 10 de diciembre de 1983”. El problema es que
Haymal no fue abatido por las fuerzas legales, sino ejecutado a sangre fría por
sus propios compañeros.
Por otro lado,
existen también casos de terroristas que probadamente se suicidaron con la
reglamentaria pastilla de cianuro al encontrarse cercados por las fuerzas
legales, y sin embargo tienen también su lugar en el listado de supuestos
abatidos por las Fuerzas Armadas. Así pues, el guerrillero Francisco “Paco”
Urondo, Carlos Andrés Goldenberg y Alberto Molinas Benuzzi inexplicablemente engrosan
las cifras del nuevo informe.
Finalmente, otra
irregularidad en la que incurre el listado “depurado” consiste en agigantar los
dígitos contabilizando a terroristas que fueron abatidos en el marco de
enfrentamientos con las fuerzas del orden. A modo de ejemplo, de los 16
terroristas caídos en el ataque al Regimiento de Monte 29 de Infantería, el 5
de octubre de 1975 en Formosa, cinco de ellos inaceptablemente figuran en el
nuevo Nunca Más, cuando en rigor de verdad, fueron de inmediato identificados por
la Policía Federal.
Caso similar constituye el de los guerrilleros muertos en el ataque al cuartel
de Monte Chingolo, también en 1975: de los sesenta abatidos, cinco abultan los
números del nuevo informe. Por su parte, el terrorista erpiano Hugo Irurzun,
muerto no en nuestro país ni por nuestras Fuerzas Armadas, sino que en Paraguay
y por la policía paraguaya, también plasma su nombre en el oprobioso listado.
Los casos de guerrilleros caídos en enfrentamientos armados que ensanchan los
falaces guarismos resultan incontables, y podríamos seguir nombrando por
ejemplo a Arturo Lewinger, Juan Martín Jáuregui, entre otros muchos. Pero no
pretendemos abrumar al lector detallando la casuística, sino simplemente
ilustrar la verdadera estafa que se ha hecho del delicado tema de los
desaparecidos.
Aclaremos que no sólo
la CONADEP y la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación
han ejecutado investigaciones cuantitativas, sino que otras entidades
(curiosamente casi todas de izquierda) también efectuaron sus propios listados,
aunque todos con un denominador común: ninguno se acerca siquiera al 30% de los
promocionados 30.000.
En rigor, ya en los años `80 la Asamblea Permanente
de los Derechos Humanos tenía datos sobre 6000 personas desaparecidas.
Según
Amnistía Internacional, la cantidad no superaba los 4000, mientras que la OEA hablaba de 5000. Por esa
fecha la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su
visita al país, recogió denuncias por 5.580 casos. Tiempo más tarde, la
organización europea Fahrenheit lanzó su informe que contabilizaba 6.936
desaparecidos en gobierno cívico-militar.
A estos datos deberíamos adicionar
los revelados recientemente por la ex miembro de la CONADEP Graciela
Fernández Meijide, quien afirmó que había 7.954 desaparecidos y se preguntaba:
“¿Con qué derecho [se habla de 30.000 desaparecidos] cuando había un conteo de
9000? ¿Porque es un símbolo? Están los mitos, pero quien hace historia tiene
responsabilidad política. Debe decir la verdad”.
Por su parte, en el denominado
“Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado” inaugurado por el
kirchnerismo el 7 de noviembre de 2007 en la costanera porteña, se exhiben
menos de 9.000 placas grabadas con el nombre de desaparecidos, pero otra vez
los guarismos son abultados con los nombres de guerrilleros muertos en combate
(como Fernando Abal Medina y Carlos Ramus, o también ocho de los guerrilleros
que participaron del ataque al Regimiento de Monte 29 en Formosa, entre otros
muchos) e incluso asesinados por sus propios compañeros (como el citado
Fernando Haymal).
Cabe señalar que el monumento en cuestión consta de 30.000
placas, aunque más de 21.000 se encuentran en blanco (¿?), lo que ya no
constituye un bochornoso ridículo, sino más bien, una descarada tomada de pelo.
Una fuente no menor
para continuar probando la falsedad del mito de los 30.000 la constituye el
REDEFA (Registro de Fallecidos de la ley 24.411). En efecto, allí se maneja el
listado de desaparecidos y abatidos por las fuerzas legales en el marco de la guerra
contra el terrorismo, cuyos familiares accedieron a la indemnización que, según
datos de marzo de 2010, llegaba a $620.919.
Desde diciembre de 1994 (cuando fue
promulgada la ley) hasta abril de 2010, según los datos que surgen de este
registro, el beneficio de marras fue otorgado a los herederos de 7.500
desaparecidos y guerrilleros muertos en combate. Con tanto dinero de por medio
para los familiares de los guerrilleros, sería disparatado pensar que luego de
diecinueve años de promovida la indemnización, restaran todavía 22.500 casos
por denunciar. Empero, la cifra de 7.500 tampoco sería del todo acertada, ya
que engloba tanto a desaparecidos como a muertos en combate, que claramente no
son lo mismo.
Pues bien, no demos
más importancia a lo que ya es sabido y digámoslo de una buena vez y para
siempre: los “30.000″ son una descarada e interesada ficción impuesta en base a
la reiteración sistemática, y no en la demostración documental.
Esto no implica
convalidar una metodología aberrante e indefendible que, dicho sea de paso, se
diseñó y se implementó no a partir del 24 de marzo de 1976, sino mucho antes,
durante el gobierno constitucional peronista anterior. Pero si “30.000 o uno
solo es lo mismo”, como suelen alegar los autodenominados “defensores de los
derechos humanos” cuando esta realidad se les enrostra, deberíamos
responderles: si es lo mismo, ¿entonces por qué no prueban diciendo la verdad?
Agustín Laje
