Por Héctor GIULIANO
(4.7.2014)
Hablar de
“negociación” en el marco de la gravísima encerrona financiera y legal en que
la administración Kirchner ha metido al Estado Argentino es un eufemismo.
La delegación oficial
que viajará a Nueva York el próximo lunes 7.7 para iniciar conversaciones con
los “fondos buitre” (FB) sobre la forma de cumplimiento de la sentencia en
contra de nuestro país no puede hacerlo en peores condiciones.
El juez Griesa ha
designado un mediador – el abogado Pollack (un hombre muy calificado del riñón
del sistema financiero) – para tratar de resolver el entuerto generado por su
sentencia al afectar derechos de terceros (los bonistas que ya entraron en el
Megacanje 2005-2010) y al colocar a la Argentina entre la espada y la pared frente a un
fallo de cumplimiento imposible dada su naturaleza y alcance.
Como no sea para
seguir tratando de ganar tiempo, antes de ir a “negociar” así es mejor no
hacerlo.
Las consecuencias del
fallo Griesa – incalculablemente negativas para los intereses y para las
posibilidades del Estado – obligan a considerar la variante cierta y preferible
de formalizar que la
Argentina sea arrastrada a un nuevo default.
EL PUNTO DE
SITUACIÓN.
A los antecedentes de
la cuestión de los holdouts, al manejo del problema por parte del gobierno K y
a las alternativas o recomendaciones frente al fallo Griesa ya nos hemos
referido en otros trabajos, donde planteamos análisis y propuestas que - salvo
mínimos recordatorios - no vamos a repetir aquí. (*)
En lo inmediato, los
principales hechos básicos y concretos que el país afronta son los siguientes:
a) La Argentina no puede aceptar abonar los montos del
juicio – perdido en todas sus instancias legales – sin evitar la avalancha de
nuevas demandas, actuales y futuras, por parte del resto de los bonistas que no
entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010.
b) A los 1.500-1.600 MD (Millones de
Dólares) de este caso testigo (NML-Elliot y otros) se agrega que las nuevas
demandas de los holdouts serán superiores a los 20.000 MD: el gobierno hablo de
15.000 MD pero diversas estimaciones privadas hacen subir mucho más esta cifra
(20-22.000 MD según Daniel Marx, 24.000 MD según Eugenio Bruno, 30.000 MD según
el abogado de NML Robert Cohen).
c) Estas nuevas demandas, cuyo destino es
ser pagadas con más deuda en bonos, se
suman a los 600 MD del CIADI, los 5-6.000 MD de Repsol por YPF, los 9.700 MD
del Club de París y los 10.000 M$ (Millones de Pesos) del nuevo Bonar $ 2017,
sin contar los nuevos préstamos de los Organismos Multilaterales de Crédito
(OMC) en curso (Banco Mundial, BID y CAF).
d) La caída de los pagos de servicios por
intereses de la deuda pública de mediados de año y el compromiso de anticipos
al Club de París en Julio – pese a que el Acuerdo todavía no está ratificado
por el Congreso – agravan este cuadro de nuevos vencimientos.
e) La cuenta regresiva por el pago de los
intereses de los bonos Discount – correspondientes al Megacanje 2005-2010 -
cuyo abono fue bloqueado por orden del juez Griesa y ahora tiene fecha límite
el 30.7 - no sólo amenaza con llevar al país a un default técnico que todos
quieren evitar (acreedores, bancos colocadores de nuevos bonos y el propio
gobierno) sino que estrechan los tiempos de negociación del país.
f) Este doble encerramiento, por
extralimitación del juez al poner a los bonistas como rehenes del pago a los
holdouts y por estrangular los tiempos de negociación de la Argentina con su
negativa a la reposición del stay - la medida cautelar que suspende
transitoriamente la ejecución de la sentencia – determinan una situación de
hecho tan gravosa como inaceptable para el país.
g) Las cláusulas leoninas aceptadas con el
Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 hacen el resto: prórroga de jurisdicción
ante tribunales extranjeros, prórroga de jurisdicción en la ejecución de
sentencias, renuncia a oponer la inmunidad soberana, cláusula del acreedor más
favorecido, cláusula RUFO, cláusula cross default o de incumplimiento cruzado,
cláusula negative pledge o compromiso de no hacer, etc.
h) Todas las nuevas obligaciones que se
están tomando aumentan la proporción de la deuda pública con terceros – en su
gran mayoría, Deuda Externa – empeoran el perfil de vencimientos de la deuda
total y trasladan el grueso de los compromisos a las futuras administraciones.
i) A su vez, cualquier arreglo hipotético
al que se llegue para paliar la situación actual no exime a la Argentina de la apertura
de otro frente de tormenta legal con los bonistas que ya entraron en el
Megacanje Kirchner-Lavagna, por la existencia de las controvertidas cláusulas
específicas del Acreedor más favorecido (MFCC) y de Derechos sobre ofertas
futuras (RUFO).
j) La aplicación de las cláusulas
antedichas constituye una amenaza cierta de embarcar al país en la exposición a
nuevos reclamos cuyo costo es incalculable: el gobierno habla de 120.000 MD –
que algunos hacen subir a 130 ó 150.000 MD – y ciertos analistas privados
advierten que pudiera elevarse a más de 500.000 MD (Dr. Etchebarne).
k) El extremo embrollo derivado de estas
cláusulas – que ha estudiado en profundidad Javier Llorens – deriva en
problemas insolubles para nuestro país tanto desde el punto de vista legal como
financiero, con el agravante que no lo liberan de quedar expuesto a bonistas
díscolos que demanden a la
Argentina desde cualquier rincón del mundo manteniéndolo así
en jaque como permanente deudor en riesgo de parciales defaults.
Todas estas
circunstancias concretas hacen que hablar hoy de negociación de las formas de
pago de la sentencia Griesa en estas condiciones sea un intento de dialogo
perdido de antemano.
Las instancias de
“negociación” se terminaron con el fallo Griesa y toda pretensión de acordar su
forma de pago cuando el país no tiene posibilidades de hacerlo debido a los inexorables efectos financieros
y legales de esa sentencia supone empeorar la situación de la Argentina.
El gobierno Kirchner
parece haber percibido tardíamente la magnitud y gravedad de esta situación y
no podría intentar ahora replantear su posición sin tener que reconocer el
fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna-Nielsen y sus secuelas, con la
reapertura del canje 2010 y con la equívoca aplicación de la Ley Cerrojo 26.017,
por lo que tal revisión es totalmente improbable que la haga.
El erróneo manejo del
tema desde el Megacanje “voluntario” de 2005-2010, que dejaba 20.000 MD de
dólares de holdouts afuera pese a que temprano o tarde las demandas de estos
holdouts terminarían inexorablemente teniendo fallos en contra de nuestro país,
culminó de rematar el problema.
LOS PLANTEOS Y APOYOS
EQUÍVOCOS.
Por convicción no
manifestada o por escenificación, el gobierno Kirchner se maneja actualmente –
en esta etapa del problema de los holdouts – con posturas declarativas y con
alianzas tácticas ambivalentes:
a) Proclama su vocación pagadora cuando su
administración se encuentra en un grave estado de insolvencia e iliquidez
fiscal, con déficits gemelos – fiscal y externo – y deuda pública rápidamente
creciente.
b) Reitera su aceptación a un fallo – la
sentencia Griesa – que por sus implicancias no puede cumplir.
c) Reconoce una supuesta instancia de
“negociación” – como vimos – careciendo de márgenes, tiempos y argumentos
dentro del marco de la sentencia Griesa.
d) Proclama su voluntad de querer pagar a
los bonistas mientras carece abiertamente de capacidad de repago para poder
atender todo el conjunto de sus
obligaciones, como no sea emitiendo nueva deuda para cancelar la que le va cayendo
por capital.
e) Asume nuevo endeudamiento – caso CIADI,
Repsol, Club de París, OMC, Títulos Públicos, etc. – que, aparte de aumentar el
stock de la deuda en su conjunto, aumentan también el peso del pago de los
intereses, que se pagan dentro del Gasto Público Corriente.
f) Declama que quiere cumplir con los
bonistas del canje pero paralelamente busca excluirlos de los beneficios que
pudieran corresponderles en función de la cláusula del Acreedor más favorecido,
jugando incluso con una dilación artificial de los tiempos para que prescriba
la aplicación de la misma a fin de año, de modo de poder mejorar los pagos a
los FB sin trasladarle esas mejoras a los bonistas (cosa que – por otra parte –
no excluiría al gobierno argentino de reclamos por prácticas de mala fe).
g) Requiere y presenta ante la opinión
pública apoyos de tipo político que no tienen traducción operativa directa y
que, como tales, le sirven concretamente de muy poco, como el caso la reciente
reunión de la OEA ,
donde obtuvo un respaldo nominal “a fin
de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagando su deuda, honrando
sus compromisos financieros y para que a través del diálogo logre un acuerdo
justo, equitativo y legal con el 100 % de sus acreedores.”
h) Por último – en lo que constituye el
eje de la cuestión – trata denodadamente de cumplir con la Hoja de Ruta Boudou, que
comprende la liquidación de la cuestión de los Holdouts y el arreglo con el
Club de París como prerrequisitos de la vuelta al Mercado Internacional de
Capitales, para colocar nueva Deuda Pública Externa.
Cuál es el costo de
estas contradicciones flagrantes? Cuál el costo de esta ficción?
El apoyo generalizado
externo que recibe el gobierno argentino de la Banca Internacional ,
de los gobiernos de Estados Unidos, Francia, México, Chile, Brasil y otros, del
Fondo Monetario Internacional y del establishment financiero local y externo,
no se da para que la
Argentina salga de la trampa de Deuda Perpetua en que vive
sino, por el contrario – como la rueda que al girar se entierra más en el lodo
– para que la Argentina
profundice su endeudamiento.
Y si no se ataca este
problema de fondo nunca se podrá intentar siquiera revertirlo sino tan sólo
jalonar un nuevo capítulo del drama de la Deuda Pública
Perpetua, aquélla que sólo se paga con más endeudamiento.
ALTERNATIVAS PARA UN
FUTURO INMEDIATO.
Dado el “callejón sin
salida” en que está metido el gobierno K no existe solución posible para la Crisis de Deuda en que vive
el país sin replantear los términos de una re-estructuración forzada de la
misma.
Como lo hemos dicho
mil veces: no existe solución al problema de la Deuda dentro del Sistema de la Deuda.
Si se quisiera
intentar un cambio que permita el reacomodamiento de la posición del Estado
Argentino frente a este problema de la
Deuda deviene necesario que el gobierno proceda en forma
extra-ordinaria y verdaderamente heterodoxa:
a) El gobierno debe suspender toda
negociación sobre la forma de pago del fallo Griesa, ya que su implementación
traerá daños irreparables para los intereses de la Nación – en estado de
Emergencia - comunicando al juez que su sentencia es así de cumplimiento
imposible para la Argentina
dado sus efectos para las finanzas del Estado y manifestar, por lo tanto, que
el país – bloqueado en el intento de pago por separado a los bonistas – declara
el default (incumplimiento) de sus obligaciones.
b) Dado que la crisis por insolvencia e
iliquidez afecta la totalidad de la Deuda Pública de la Argentina – deuda con terceros
y deuda intra-Estado – siendo el fallo por los holdouts sólo el detonante de
esa crisis; y como la única alternativa disponible del país es seguir pagando
indefinidamente deuda con deuda y salir al mercado a tomar más deuda, el
gobierno se ve forzado a blanquear su situación de default por incapacidad de
pago.
c) Como en toda Crisis de Deuda, las
acreencias tienen que ser revisadas primero en su legitimidad y luego – sobre
la parte que se reconozca legítima - debe determinarse la verdadera capacidad
de repago, para lo cual debe realizarse una Auditoría integral de la Deuda Pública
creando una Comisión Especial al efecto, que deberá expedirse en un tiempo
pre-establecido (digamos, un año). En el interregno, se suspenden todos los
pagos de servicios de la Deuda
del Estado.
Sería la única forma
realista de sincerar una situación de hecho, que ya existe y que, en las
condiciones actuales (que son las que, en igual o mayor medida, rigen desde
hace 40 años) constituye el problema financiero insoluble de la Argentina porque este
tipo de condiciones forma parte de la falacia central del Partido de la Deuda : tomar deuda sin
capacidad de pago para vivir pagando intereses, renovar el principal y tomar
deudas adicionales.
La alternativa de
default debiera llevar entonces – Dictamen mediante – a una reestructuración
forzosa, no voluntaria, de la
Deuda Soberana y tendría el triple efecto positivo de: 1.
Replantear los términos de toda refinanciación de la Deuda en función de los
intereses nacionales, 2. Someter dicha deuda a las reglas de racionalidad
jurídica y financiera, y 3. Devolver al ámbito del Derecho Público el
tratamiento del problema estructural del endeudamiento del Estado, con
participación directa del Congreso en función de sus obligaciones constitucionales.
Hoy se da una
circunstancia y oportunidad histórica excepcional para intentar revertir este
proceso de malformación estructural de las finanzas públicas argentinas, una
situación a la que se llegó por culpa de la adscripción al Sistema de Deuda Perpetua,
frente a lo cual es necesario “barajar y dar de nuevo”, lo que conlleva el
requisito de replantear los términos de fondo del problema .
Caso contrario, el
gobierno Kirchner marcha hacia una nueva rendición “exitosa” frente al Partido
de la Deuda ,
que busca minimizar y desdramatizar la gravedad real de la cuestión de fondo,
que es la toma de deuda sin capacidad de pago y la consiguiente distorsión de
las fuentes de financiamiento del Estado en función del Sistema de la Deuda.
