Por Héctor GIULIANO
(25.7.2014).
- El gobierno, porque falta a la verdad
cuando dice que la Argentina
se ha venido “des-endeudando” mientras el stock de la deuda viene creciendo a
un ritmo de 15.000 Millones de Dólares (MD) por año, porque miente cuando dice
que el país tiene solvencia y liquidez mientras tiene déficit fiscal creciente
y carece de reservas netas para sostener los pagos externos e internos de la
deuda, y porque trata de ocultar que el fallo Griesa no es la causa sino sólo
el detonante o disparador de una situación de default (incumplimiento) que ya
existe y que se enmascara aguantando sistemáticamente la cancelación de los
servicios de la deuda con más endeudamiento.
- Y el establishment financiero también
niega esta realidad de la nueva Crisis de Deuda que vivimos al restarle
importancia y dramatismo a los efectos del fallo Griesa, al minimizar la
verdadera gravedad de la situación a la vez que atemoriza a la opinión pública
sobre las consecuencias de un default mientras propone – una vez más y como
siempre – su “receta salvadora”: aceptar cualquier cosa para volver al mercado
internacional de capitales a tomar más deuda.
En uno u otro caso,
el resultado es el mismo: el cumplimiento de la Hoja de Ruta Boudou, que está en curso: 1.
Terminar sí o sí con el problema de los Holdouts y 2. Arreglar la Deuda con el Club de París,
para 3. Volver al Mercado de Capitales para colocar nueva Deuda Externa.
LAS CONSECUENCIAS DEL
FALLO.
No existe solución
jurídica ni financiera frente a la sentencia Griesa:
a) Todas las instancias legales ante los
tribunales estadounidenses se han perdido y la Argentina no puede
desconocer la validez del fallo, que está aceptado y sienta precedente como
caso testigo.
b) Los efectos financieros de este fallo
son incalculables, tanto por la avalancha cierta de juicios del resto de los
holdouts – más de 20.000 MD – como por la probable aplicación de la cláusula
RUFO (entre 120.000 y 500.000 MD, según las estimaciones).
c) Aunque se lograre paliar de alguna
manera el problema RUFO (cosa casi imposible en la práctica) las nuevas deudas
consolidadas de los holdouts sumadas a las obligaciones que se están
contrayendo en firme – laudos del CIADI (600 MD), Repsol (6.000 MD), Club de
París (9.700 MD), Bonar 2017 (10.000 M$-Millones de Pesos) y resto de
compromisos tomados y a tomar desde el 30.9.2013 hasta fin de 2014 - configuran
ya un perfil de vencimientos insostenible para el Estado.
La variante de negociar
el cumplimiento de una sentencia o su forma de pago no tiene sentido lógico: un
fallo judicial se cumple o no se cumple; no hay nada que “negociar”. Si el país
tiene los fondos necesarios para asumir el nuevo paquete de obligaciones que
genera y el pago no lo coloca en peor y más gravosa situación de la que se
encuentra, el fallo se cumple; pero si no se da esta doble condición, el fallo
es de cumplimiento imposible para el Estado y el gobierno tiene entonces que
comunicar al juez que no puede dar cumplimiento a su sentencia, no vivir
solicitando dilaciones (como el caso del stay o medida cautelar y las diversas
formas de diferimiento que se quieren ensayar hasta la fecha de vencimiento de
la cláusula RUFO a fin de este año).
Pero no cumplir el
fallo por razones de fuerza mayor implica Default – que significa
incumplimiento y equivale a suspensión o cesación de pagos – lo que
constituiría un blanqueo o sinceramiento de la realidad y dispararía así un
replanteo que lleve a una nueva re-estructuración de la Deuda.
Porque el Default no
es un punto de llegada sino un punto de partida, es un necesario “barajar y dar
de nuevo” frente a una situación de hecho – un hecho que el gobierno no quiere
reconocer - y es también la oportunidad o el momento pertinente para replantear
los términos de renegociación de la
Deuda , una deuda hoy impagable y sin solución financiera
posible (como no sea tomando más deuda, que equivale a prolongar una “no
solución”).
EL PROBLEMA DE LA CLÁUSULA RUFO.
Existe una confusión
en el encuadramiento de la cuestión de la cláusula RUFO, sigla de Rights upon
future offers (Derechos sobre futuras ofertas), que se confunde con la cláusula
del Acreedor más favorecido (Most Favored Creditors Clause, o MFCC).
Las dos cláusulas
interactúan entre sí y se asocian técnicamente:
a) La cláusula RUFO – según el Prospecto
del Megacanje Kirchner-Lavagna 2005 – le daba la alternativa al gobierno
argentino de seguir tratando con los tenedores que no entraran en el canje (los
Holdouts) llegando a acuerdos por separado con ellos.
b) Pero la cláusula MFC obliga al país a
equiparar toda mejora que lograsen estos holdouts extendiéndola también a los
bonistas que ingresaron en el canje.
La cláusula RUFO se
cita como sinónimo de la del Acreedor más favorecido aunque, en rigor, no son
la misma cosa.
De todas maneras, el
sentido complementario de las mismas es lógico: el gobierno Kirchner – como
demostración de Buena Fe – le estaba diciendo a los tenedores de bonos que
entrasen en el Megacanje 2005 ya que si luego concediera ventajas a los que no
ingresaban (los holdouts) les iba a hacer extensivas esas ventajas también a
ellos (como, en realidad, corresponde).
Ahora, en cambio,
ante las consecuencias del fallo Griesa, se da la paradoja que el gobierno está
tratando – abierta y confesadamente – de burlar la aplicación de esa cláusula
RUFO, con el agravante que lo hace mientras invoca la validez del pari passu
del 92.4 % de los bonistas que se incorporaron al canje.
Pero esto no le
evitaría seguros dolores de cabeza ni nuevos juicios por reclamos de los
bonistas del Megacanje 2005-2010:
1. Porque la Argentina , al patear hoy
para el 2015 un pago superior a los holdouts para evitar cumplir con los
bonistas del canje está faltando al espíritu de Buena Fe de la cláusula RUFO; y
no va a faltar un acreedor díscolo o disconforme que le dispare otra tormenta
de juicios por este motivo.
2. Porque el argumento de que la RUFO se aplica sólo ante
“ofertas voluntarias” del gobierno deviene muy relativo porque la burla de
dicha cláusula se está negociando expresamente, lo que implica que legalmente
se reconoce que correspondería su aplicación.
3. Porque, en el fondo, el gobierno sabía
que los holdouts que no entrasen en el
Megacanje iban a hacer juicios contra la Argentina por el valor nominal de los títulos en
default y que, temprano o tarde, los iban a ganar, con lo que la probabilidad
de mejora de condiciones de pago a los bonistas resultaría inevitable porque
dispararía la cláusula RUFO.
Y este flanco quedó
completamente expuesto cuando – iniciados los juicios en su contra – nuestro
país no objetó la legitimidad de las acreencias de los FB ni la cuestión del
precio de compra – en lugar del valor nominal de los títulos - ni la condición
de emergencia económica que se mantiene formalmente hasta la actualidad, en
virtud de la Ley
25.561 y leyes de prórroga hasta fines de 2015, que parecen haber sido
directamente desconocidas por la justicia norteamericana.
Con esta estrategia
de defensa judicial era prácticamente seguro que los holdouts iban a terminar
ganando todos los juicios: se trataba sólo de una cuestión de tiempo.
Por ello, cualquier
bonista que haya entrado en el canje 2005-2010 podrá reclamar a este respecto;
y tendría el derecho lógico de hacerlo.
De modo que cualquier
arreglo negociado de la
Argentina con los Fondos Buitre (FB) y/o con el Juez Griesa –
a través de su mediador Pollack – quedaría inexorablemente expuesto a que haya
reclamos de los bonistas del canje invocando la cláusula RUFO, con lo que el
frente de tormenta legal queda igualmente expuesto.
DEFAULT O MÁS DEUDA.
El gobierno Kirchner
y todo el establishment financiero viven diciendo que la Argentina ha pagado, que
puede pagar y que quiere pagar su Deuda Pública.
Incluso se citan altas
cifras de pago realizadas, aunque las mismas no serían ciertas como desembolsos
netos ni como disminución del stock de la deuda: 174.000 MD en 10 años según la
presidenta y 190.000 MD según el Ministerio de Economía (ambos, sin información
desagregada ni aclaratoria alguna).
Lo que nadie dice es
que toda esa deuda – hasta el último centavo por capital e incluso parte de los
intereses (que se capitalizan por anatocismo) – se paga con nueva deuda, es
decir, por novación y/o refinanciación de la que va venciendo.
Y que además se toma
deuda nueva.
Entonces, cuando se
habla de “pagar” lo que se está diciendo, en verdad, es “colocar más deuda”,
porque la Argentina
no tiene capacidad de repago y abona sus vencimientos con nuevas obligaciones,
con los mismos o con distintos acreedores, pero no cancelando tales
obligaciones con recursos genuinos sino emitiendo más títulos.
Esto se hace para
mantener al país dentro del Sistema de Deuda Perpetua, en base a la falacia
central del Partido de la Deuda ,
que dice que no hay problema en tomar deuda sin capacidad de repago mientras se
puedan pagar los intereses y refinanciar el capital, para poder tomar así más
deuda.
Este hecho es
particularmente importante hoy porque los capitales financieros excedentes en
el mundo se están volcando masivamente sobre los llamados Mercados Emergentes
para aprovechar las extraordinarias ganancias por arbitraje entre tipos de
cambio relativamente estables y tasas de interés locales muy superiores a las
internacionales.
Que tal es el proceso
que se vuelve a dar hoy en día en la Argentina con la Hoja de Ruta Boudou en curso y la nueva ola de
endeudamiento en desarrollo.
Sólo una interrupción
de este perverso y no reversible sistema de Deuda Perpetua podría permitir
replantear los términos de una reestructuración de la Deuda :
1. La Argentina tiene que blanquear el Default, una
situación de impago que ya existe pero que las autoridades – en complicidad con
los acreedores y el Partido de la
Deuda – trata de enmascarar con más endeudamiento.
2. Los pagos de servicios tienen que ser
suspendidos y la Deuda
en su conjunto – la totalidad de la
Deuda (también la
Deuda intra-Estado) – debe ser auditada.
3. Recién con un dictamen formal sobre la
deuda que se determine como legítima - a través de la investigación de las
acreencias - y con una estimación confiable de la verdadera capacidad de repago
del Estado, debe procederse entonces a una reestructuración de la Deuda – racional, coherente
y cumplible - pero que tiene que ser una reestructuración forzosa y no
voluntaria.
En este momento, sin
embargo, los tiempos y las noticias – en realidad, las versiones periodísticas,
ya que todas las negociaciones son secretas y no se permite el acceso a la
información oficial desagregada de la deuda – van muy rápido frente a la cuenta
regresiva del vencimiento del plazo de gracia el 30.7, que se muestra como una
fecha traumática pero que no es tal porque la Argentina debiera
dejarla pasar para blanquear el default y reestructurar a partir de allí la totalidad
de su Deuda Pública.
Es improbable, sin
embargo, que el gobierno K lo haga en estos términos, o sea, default con
auditoría de la deuda y reestructuración forzada:
- Por un lado, porque la “guerra de
solicitadas”, vía cartas y comunicados con los Holdouts y con la ATFA , son parte de una
escenificación tan barata e inoperante como sospechosa.
- Por otro lado, está el hecho que el
gobierno no apelara al pedido de reconsideración (rehearing) ante la Corte Suprema
Norteamericana a los efectos de intentar ganar al menos un mes más en la
decisión del tribunal, lo que le hubiera permitido llegar al pago de los
intereses de los Bonos Discount del 30.6 sin bloqueo del juez Griesa.
- Y por último, está la controversia -
tan estéril como gravosa - a través del mediador Pollack, designado por el juez
Griesa para tratar de resolver el entuerto generado por su fallo, sobre la
forma de pago de los 1.600 MD de la sentencia.
Amén que, como
agravante, el gobierno insiste en negar el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna
del 2005-2010 – al que todavía califica como exitoso (presidenta Cristina
Kirchner) o más aún, como dice el Jefe de Gabinete Capitanich: “el canje más
exitoso de la historia de la
Humanidad ” – tratando así de achacar a los FB y/o al juez
Griesa la posible caída de esa reestructuración fallida.
Son todos indicios de
la grave, desprolija y concesiva forma de manejo de la actual Crisis de Deuda.
Se habla incluso de
un default parcial, selectivo y/o transitorio para poder burlar la cláusula
RUFO con los bonistas del canje, más estos híbridos no solucionan el problema
de fondo, que es el de la insolvencia por falta de capacidad de pago del país.
Por otra parte, es
inconsistente hablar de “default técnico” o de formas especiales de default
porque el default es o no es, como el embarazo: así como una mujer no puede
estar un poco o parcialmente embarazada, así también pasa en el caso de un
impago de deuda, que condiciona a todo el resto de los acreedores.
Más aún cuando es
perfectamente sabido que el país, por la cláusula cross default o de
incumplimiento cruzado – que junto con la RUFO , la
MFCC y toda una serie de cláusulas leoninas fue firmada por
éste gobierno – daría inmediatamente lugar a una situación de default
generalizado, con caída o aceleración de los vencimientos, porque esta cláusula
establece que producido un impago todas las deudas del Megacanje serían
alcanzadas por la misma situación: el incumplimiento con un acreedor implica el
incumplimiento con todos.
Una tercerización o
triangulación del fallo Griesa – la llamada “solución Gramercy”, que ya se
aplicó en el caso de los laudos del CIADI - por la que un tercero (banco/grupo
de bancos y/o fondos de inversión) compre los derechos de la sentencia y luego
negocie directamente una reestructuración con el gobierno argentino, sería un
paliativo parcial (no general), no eliminaría el problema de los holdouts (por
la existencia de otros muchos tenedores pendientes) ni el problema de los
bonistas del canje (por la cláusula RUFO); y no bajaría tampoco las nuevas
obligaciones del gobierno Kirchner, que después de agotada la variante de la Deuda intra-Estado pasó a la
nueva política de pago de juicios con Deuda (CIADI, Repsol, Club de París).
Y mientras todo esto
ocurre, mientras el gobierno negocia en secreto una salida o diferimiento a la
actual coyuntura de la crisis de Deuda, el Poder Judicial mantiene paradas
todas las causas sobre investigación de la Deuda (Olmos I – con sentencia en firme - Olmos
II, Megacanje 2001 y denuncia Olmos Gaona-Marcos), y el Congreso de la Nación – salvo honrosas
pero minoritarias excepciones – sigue sin intervenir en el problema; que es la
forma en que la
Partidocracia cumple su rol funcional de complicidad dentro
del Sistema de la
Deuda Perpetua.
