Por Héctor GIULIANO
(20.12.2014).
Quien no investiga delitos sobre los que
hay evidencia cierta y comprobada es, en principio, cómplice de esos delitos.
Esto ocurre en la Argentina en materia de
endeudamiento público desde hace décadas – desde el Proceso Militar hasta
nuestros días – sin que la línea de conducta de los gobiernos de turno haya
cambiado un ápice sobre el tema.
La administración K no es una excepción
en tal comportamiento y algunos hechos recientes no sólo lo están demostrando sino
que además están poniendo en evidencia una serie de acciones distractivas al
respecto.
Esta Comisión estaría compuesta por 8
senadores y 8 diputados, respetando la proporción de las representaciones
políticas dentro del Congreso.
El texto de la norma – vale la pena
recordarlo – dice lo siguiente:
“La Comisión Bicameral
Permanente creada por la presente ley tendrá por finalidad investigar y
determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina
desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones,
refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de
comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto
del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las
irregularidades que pudiera detectar.
Asimismo, la Comisión tendrá las
siguientes funciones:
1. El seguimiento de la gestión y los
pagos que se realicen.
2. La investigación de la licitud o
ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres con la
finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda, así
como la acción que desarrolle en nuestro país el grupo de tareas contratado por
aquellos (American Task Force Argentina-ATFA), dedicado a desprestigiar a la República Argentina ,
su Poder Ejecutivo, el Honorable Congreso de la Nación y su Poder Judicial.
3. La presentación de un informe final
respecto de los temas comprendidos en el presente artículo, para ser
considerado por ambas Cámaras, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días a
partir de su constitución.
Los miembros de la presente Comisión
Bicameral Permanente así como el personal permanente o eventual asignado a la
misma, deberán guardar la más estricta confidencialidad respecto a la
información a la que tuvieran acceso en virtud del párrafo anterior. En caso de
divulgación o de uso indebido de la información a la que tuvieren acceso en
ocasión o ejercicio de sus funciones, serán considerados incursos en falta
grave a sus deberes y les será aplicable el régimen sancionatorio vigente, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder por aplicación del
Código Penal.”
Hasta aquí lo establecido por la Ley 26.984, que fue propuesta
por el Poder Ejecutivo y aprobada por amplia mayoría oficialista en el Congreso
el 10.11 pasado.
Con el argumento de que no se ha cumplido
el objetivo de la ley al fracasar el intento de cambiar a jurisdicción local el
pago a los bonistas del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 existen fuertes
presiones de los sectores financieros para que la Ley 26.984 sea derogada, o
bien permanezca – como hasta ahora - en un abierto incumplimiento por parte del
mismo Congreso que la votó y que lo obliga a sí mismo.
LOS PROYECTOS-TAPON DEL OFICIALISMO.
En un claro y bastante burdo intento de
distraer la atención de la opinión pública acerca del incumplimiento de la Ley 26.984 y no constituir la
comisión investigadora de la ilegitimidad de la Deuda que la norma
establece, el gobierno Kirchner ha venido acelerando el avance de algunos
proyectos-tapón que actúan como distractivos del asunto central:
a) EL PROYECTO RECALDE.
El Congreso avanza actualmente en el
tratamiento del proyecto de ley del diputado Héctor Recalde (FPV) 1.676/14, que
propone la creación de una comisión para investigar la complicidad de grupos
económicos privados en la época del Proceso Militar (1976-1983).
La iniciativa busca identificar empresas
que colaboraron y se beneficiaron con la dictadura y elaborar un informe para
promover la investigación de responsabilidades en el campo económico y
financiero vinculadas con la represión y el terrorismo de Estado.
La comisión deberá formular propuestas
concretas y útiles para forjar "la memoria, responsabilizar a los
cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como
reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las
investigadas". Recalde señaló que su proyecto apunta a "la búsqueda
de memoria, verdad y justicia sobre el papel de los empresarios durante la
última dictadura". Y agregó que “esta iniciativa es un derecho a la
defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad". (Infojus
Noticias, 11.11.2014).
Esta iniciativa está en línea con lo
sostenido en el libro “Cuentas pendientes”, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo
Bohoslavsky.
b) LAS PROPUESTAS DE CAPITANICH.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en
su Informe al Senado del 22.10 pasado denunció el “terrorismo económico” contra
el gobierno argentino a través de “maniobras especulativas” tendientes a desestabilizar
al gobierno argentino y pidió crear una comisión bicameral que investigue el
tema.
Capitanich pidió la constitución de una comisión
que investigue “una serie de maniobras vinculadas al sector privado”, con el
objetivo de “identificar todas las operaciones de lavado de activos, maniobras
especulativas, impacto a la ley penal cambiaria y precios de transferencia”.
Se refirió también a la existencia de
unas 80.000 causas en el BCRA por infracciones cambiarias y precisó que dado
que tales irregularidades llevan largos años sin resultados – la mayoría
corresponderían al período 2002/2008 - debía hacerse un análisis riguroso para
determinar el por qué de tales demoras.
Mencionó también el problema de las maniobras
de fuga de capitales en los últimos años – para lo cual pidió la creación de
otra comisión investigadora - y recordó además la vigencia del artículo 12 de la Ley de Pago Soberano para
investigar el origen de la deuda.
Pero puso énfasis en diversos frentes de
problema que se superponen con el tema Deuda.
“Este Congreso de la Nación – dijo - debe
profundizar una investigación muy concreta, no solamente sobre el origen de la
deuda, sino también extender y crear una comisión bicameral con el objeto de
estudiar minuciosamente la fuga de capitales, las subfacturaciones, las
operaciones de lavado de activos financieros, las maniobras especulativas de
activos bursátiles, porque es imprescindible terminar con estas maniobras que
atentan contra la soberanía del país y la gobernabilidad”.
Las denuncias de Capitanich estaban en
ese momento particularmente referidas a las maniobras investigadas por el
gobierno sobre las empresas del grupo Mariva pero el alcance de sus propuestas,
como vemos, sería mucho más amplio.
c) LAS CUENTAS EN SUIZA.
En línea con esta pluralidad de
propuestas oficialistas aceleradas sobre el fin del año (y al borde del receso
veraniego), días pasados el Congreso dio “trámite expreso” a otro proyecto
intercalado a posteriori de la Ley
26.984: la creación de otra comisión más, para investigar la denuncia sobre
cuentas no declaradas de argentinos en Suiza.
El proyecto – que ya es ley – establece
la creación de una comisión bicameral compuesta por 5 senadores y 5 diputados
para realizar una investigación sobre Fuga de Capitales y Evasión Fiscal en la Argentina , sobre la base
de informaciones pasadas por un ex directivo del banco HSBC acerca de la
existencia de 4.040 cuentas de individuos o empresas de la Argentina no declaradas
ante la AFIP y
que abarcarían unos 3.000 MD (Millones de Dólares).
Se ha objetado – y objetado con razón –
que el motivo invocado por el gobierno no amerita la constitución de una
comisión de este tipo ya que la tarea y la responsabilidad primaria de
investigación recae en la AFIP
y en la Justicia.
No es éste el caso, en cambio, de la
comisión investigadora de la legitimidad de la Deuda fijada por la Ley 26.984 porque la misma
involucra el análisis de irregularidades que tocan a los funcionarios y
organismos del Estado en relación con grupos financieros privados, pone en duda
la validez de normas y/o decisiones oficiales y afecta la estructura permanente
de las Finanzas Públicas de la
Argentina.
Pero la administración Kirchner
privilegia el tratamiento de proyectos marginales y cuestionables como
distractivo de la Comisión
investigadora de la Deuda ,
que es la más importante de todas.
EN CONCLUSIÓN:
La cuestión de la Deuda Pública sigue
siendo el problema central que afecta el sistema financiero fiscal y la
política económica de gobierno argentino pero la misma es deliberadamente
soslayada por el Gobierno K.
Este
comportamiento no toca sólo a la administración de turno sino que es una
constante compartida por toda la clase política, apoyada en la tríada
oficialismo-oposición-medios que determina lo que es la Opinión Pública en
el país.
Pero su actor y responsable directo es
hoy una administración que toma las decisiones de endeudamiento, que enmascara
esas decisiones con un discurso confrontativo inverso a las acciones que adopta
y que confunde a la población con proyectos superpuestos y distractivos que
apartan el eje de atención del problema central y absoluto de la Deuda.
El gobierno Kirchner – después de 11 años
de gestión y en el último de su mandato – parece haberse acordado algo tarde de
proponer todas estas comisiones, que además da la casualidad que se superponen
a fines del ejercicio 2014 (previo a las vacaciones del Verano) neutralizando
en la práctica el cumplimiento de la más importante de todas, que es la
comisión investigadora de la legitimidad de la Deuda Pública según
lo dispone la Ley
26.984 de Pago Soberano.-
