by Guillermo
Cherashny
Informador Público,
2-3-15
El resolutorio del
juez Daniel Rafecas desestimando la denuncia del fiscal Gerardo Pollicita cita
dos documentos del fiscal Alberto Nisman en los que elogia al gobierno de CFK y
pide que el gobierno nacional interceda ante el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas para que éste exija la extradición de los imputados iraníes por el
atentado a la AMIA. El
juez dice que estos documentos son contradictorios con la denuncia de Nisman a
la presidente por encubrimiento. Pero esta aseveración está muy lejos de la
realidad. En efecto, en esos dos escritos Nisman obligatoriamente le tuvo que
pedir al gobierno nacional que tramitara la solicitud ante las Naciones Unidas
para que interviniera el Consejo de Seguridad y, como se lo pide al gobierno,
era obvio que no podía al mismo tiempo cuestionarlo. Sin embargo, está
sugiriendo tácitamente que se derogue el cuestionado Memorándum de
Entendimiento con la
Republica Islámica de Irán y de este modo no incurra el
gobierno en el delito de encubrimiento.
Defendiendo el Memorándum
En la nota de ayer,
señalamos que el gobierno incurrió por lo menos en tentativa o directamente en
encubrimiento de los imputados iraníes, porque no sólo se cumplieron los
elementos subjetivos y objetivos que exige la tipicidad en el derecho penal sino
que el Ejecutivo, al apelar la sentencia de la Sala I de la Cámara Federal , que
decidió que el Memorándum es inconstitucional, sigue favoreciendo a los
imputados iraníes para que no declaren en la Argentina y no sean
extraditados. Ayer mismo, en su discurso ante el Congreso, la presidente
defendió acaloradamente el Memorándum de Entendimiento.
En cambio, si el
poder ejecutivo no apelara la sentencia de la Sala I , el encubrimiento podría no existir. De
todos modos, estos aspectos técnicos deberán ser motivo de discusión en las
apelaciones de los fiscales Gerardo Pollicita y Germán Moldes y será la Cámara Federal la
de que decida si se puede presumir que existió el delito de encubrimiento y los
otros dos de incumplimiento de deberes de funcionario público y obstrucción a
la justicia. De lo que no hay dudas es de que el resolutorio de Rafecas es de
contenido político y no jurídico, porque fue utilizado por la presidente en su
discurso en el Congreso para seguir favoreciendo a los imputados iraníes. O sea,
para que no declaren en la
Argentina.
