La Nación, editorial, 14 DE AGOSTO DE 2016
El Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos exige que sus jueces sean independientes e imparciales, y que su
comportamiento no afecte ni la dignidad ni el prestigio de su cargo. No es lo
que ocurre con Eugenio Raúl Zaffaroni.
La Asociación Civil Usina de Justicia, integrada por
familiares de víctimas del delito, por prestigiosos juristas y periodistas, y
destacadas personalidades ha denunciado por inconducta a Zaffaroni en razón de
que, contemporaneamente a su designación, ha desarrollado una intensa actividad
político-partidaria, descalificando "los procesos políticos que
actualmente se desarrollan en la Argentina y Brasil", al considerarlos
"golpes institucionales" .
Expresaron, además, que Zaffaroni ha actuado "en
forma ostensible como asesor legal de la ex presidenta Cristina Kirchner en las
causas penales que afronta", que ha emitido "opiniones críticas sobre
otros procesos en los que se investiga la presunta comisión de delitos por
parte de ex funcionarios y dirigentes" como el caso de Milagro Sala; que
ha cuestionado las actuaciones que se labran en el combate a la corrupción en
nuestro país y denostado a los jueces actuantes en declaraciones y actos
públicos partidarios.
En suma, consigna esa denuncia que al mismo tiempo que
desempeña un cargo de juez en un tribunal internacional, Zaffaroni se dedica a
la actividad política, a la militancia partidaria, a inmiscuirse en los asuntos
judiciales y de política interna de nuestro país y de Brasil, asesorando
profesionalmente a imputados de delitos de corrupción o de graves inconductas
en el ejercicio de sus funciones.
Organizaciones que trabajan en defensa de los derechos
humanos alzaron igualmente su voz respecto de su actuación cuando era titular
del Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia y fueron desoídas.
La reciente sanción que el Tribunal de Disciplina del
Colegio Público de Abogados le impuso, suspendiéndolo por 90 días para ejercer
su profesión, es otra confirmación de todas esas irregularidades.
Al haber asumido como defensor del juez Áxel Gustavo
López, acusado de mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura por haber
concedido salidas transitorias a dos condenados que luego cometieron asesinatos
fuera de la cárcel, y hacerlo a semanas de su renuncia a la Corte de nuestro
país, Zaffaroni incumplió los dos años de restricción que le imponía la ley
para el ejercicio de la profesión.
Las Madres del Dolor objetaron la participación del ex
ministro por las mismas razones por las cuales el Tribunal de Disciplina
terminó sancionándolo.
A la hora de destacar los méritos de Zaffaroni para su
designación como magistrado siempre se han ponderado sus publicaciones y
actividad docente. Pero su desempeño como juez y su conducta constituyen una
muestra elocuente de que la erudición no garantiza la independencia ni la
imparcialidad ni la integridad ni, mucho menos, la laboriosidad, condiciones
todas ellas indispensables en un magistrado.
La influencia de su pensamiento en la legislación
argentina ha sido uno de los factores causantes de la inseguridad que vivimos
diariamente, mientras que muchos de sus fallos se han apartado del sentido
común y de la ley misma, consagrando la impunidad en casos aberrantes.
La Corte Interamericana está integrada por siete
jueces, elegidos por la Asamblea General de la OEA, según un proceso de
selección entre candidatos propuestos por los gobiernos de cada país miembro.
La sanción recibida por Zaffaroni a causa de su desempeño como abogado
particular y su notoria actividad político partidaria muestran no sólo su
incompatibilidad para el cargo, sino que su postulación por parte de la ex
presidenta Cristina Kirchner podría haber tenido como objetivo asegurarse
alguna forma de influencia de Zaffaroni sobre sus colegas del tribunal
internacional, especialmente frente a causas que involucran a la ex mandataria
y a sus allegados.
Se trata de un magistrado cuyo nombramiento compromete
el prestigio del alto tribunal regional y cuyos antecedentes académicos nunca
podrían suplir las condiciones éticas necesarias para ocupar el destacado cargo
con el que ha sido investido.
