por Roberto Cachanosky
Informador Público, 28-3-17
Corría la década del 80 con Alfonsín presidente y el
plan austral naufragando. Recuerdo que fui a un almuerzo en el que estaba
invitado Trócolli como orador, el entonces ministro del Interior de Alfonsín, y
en una parte de su exposición dijo: sabemos que el gasto público es alto, pero,
¿quién paga el costo político de bajarlo? Pasaron más de 30 años desde ese
almuerzo y una y otra vez el argumento vuelve a repetirse. Es políticamente
imposible bajar el gasto público.
Uno de los últimos ejemplos que vimos y terminó en una
verdadera catástrofe fue el desplazamiento de Ricardo López Murphy del
ministerios de Economía por querer bajar el gasto público. Los medios, los
políticos y los sindicatos le saltaron a la yugular y tuvo que irse a los pocos
días de asumir como ministro. Pero lo que iba a ser una catástrofe social y
política si se bajaba el gasto público según la recomendación de Ricardo López
Murph, terminó en una crisis institucional, política y económica de una
gravedad inusitada por no seguir las recomendaciones de RLM. De la Rúa tuvo que
dejar el poder cuando se acabó el financiamiento externo para cubrir el bache
fiscal, se declaró el default de la deuda pública, Duhalde hizo una devaluación
salvaje bajando el gasto público en términos reales mediante una llamarada
inflacionaria llevando la pobreza por encima del 50%, pesificó los depósitos en
dólares y rompió algo tan particular como el respeto por los contratos,
elemento fundamental para atraer inversiones.
Al margen de todo eso, como consecuencia de no tener
en orden las cuentas fiscales nos costó 12 años de kirchnerismo, un gobierno
que llegó al poder con el voto de la gente y luego se transformó en un gobierno
autoritario, hizo terrorismo de estado utilizando los resortes del poder para
perseguir a quienes pensábamos diferente, destruyó la economía del país con su
populismo desenfrenado y no tuvo límites en la corrupción.
Pero volviendo al tema del gasto público, un primer
argumento que suelen esgrimir quienes dicen que no se puede bajar es que los
empleados públicos que perderían sus ingresos y los piqueteros no podrían
aguantar. En rigor hay políticas que pueden aplicarse para que puedan aguantar
hasta que lleguen las inversiones y tengan un nuevo puesto de trabajo. Pero de
todas formas vale formular la siguiente pregunta: ¿acaso el asfixiado
contribuyente puede aguantar esta presión impositiva? ¿Por qué el empleado
público no puede aguantar y el contribuyente sí puede aguantar esta brutal
carga impositiva?
Segunda cuestión. Si no baja la carga impositiva las
inversiones no vendrán, no se crearán nuevos puestos de trabajo y nunca podrán
pasar los empleados públicos y piqueteros a trabajos en el sector privado. La
conclusión sería que Argentina no tiene solución económica y su destino es
continuar en la decadencia.
Tercera cuestión, en 2001 el gasto público consolidado
era el 35% del PBI y no pudo financiarse. No alcanzaban los impuestos ni el
endeudamiento externo, ¿por qué ahora vamos a poder financiar un gasto público
consolidado del 48% del PBI? Si no se pudo antes, no veo razones para pensar
que ahora sí se pueda. Sí se puede mantener durante un tiempo el bache fiscal
con endeudamiento externo, pero en el mediano o largo plazo esa política es
insostenible. Nadie nos va a financiar cualquier nivel de gasto público ni de
déficit fiscal, además de generar serios problemas en el tipo de cambio real.
La propuesta del gobierno se limita, por ahora, a
intentar mantener el gasto público en niveles constantes, es decir, que el
aumento nominal de gasto público no sea mayor que la tasa de inflación y, por
otro lado, apostar a que el crecimiento de la economía genere más ingresos
tributarios y con eso bajar el déficit fiscal y las necesidades de
financiamiento.
Dos objeciones merece está estrategia fiscal. Por un
lado, no sabemos por qué causa el PBI va a crecer al 3,5% anual como dice el
gobierno. Aun asumiendo que bajara la carga tributaria, la legislación laboral,
la burocracia y las regulaciones conspiran contra un flujo importante de
inversiones, de manera que no se ve claramente por qué va a subir el PBI sin
modificar la carga tributaria, ni remover las regulaciones, ni modificar la
legislación laboral, etc. En otros países esta fórmula funcionó porque no
tenían las regulaciones laborales y económicas que rigen en Argentina.
Por otro lado, aunque lograran congelar el gasto
público en términos reales, eso no significa que se esté reformando el sector
público. Que el empleado que pone un sello en un papel para aprobar un trámite
inservible gane lo mismo en valores constantes no cambia la falta de
competitividad que le transfiere el sector público al sector privado. El
desafío es bajar el gasto público para reducir el déficit fiscal y el gasto
pero reformando el sector público para que esté al servicio de la población y
no de la dirigencia política.
En síntesis, cuando uno propone bajar el gasto público
es porque no solo el estado asfixia al sector privado con su peso, sino que,
además, se ha transformado en el negocio de los políticos y en el principal
enemigo de los ciudadanos, gasto que nos lleva a la decadencia y a un país
corrupto.
Desde el punto de vista económico, la pregunta no es
¿cómo hará el sufrido contribuyente para seguir soportando el peso de un estado
que no lo deja producir? ¿Acaso el contribuyente tiene menos derechos que los
empleados públicos y que los piqueteros? Para los políticos sí, pero para una
sociedad libre y con una economía próspera, la respuesta es un categórico no.
Insisto, recordemos que por no haber tenido disciplina
fiscal en 2001 y echar al que quería establecerla tuvo el terrible costo
político de la larga noche k que estuvo a punto de llevarnos a una dictadura
chavista.
