Después de las caóticas últimas elecciones presidenciales, algo quedó en claro en el Gobierno: es imprescindible impulsar una reforma política que tenga como eje el fortalecimiento del sistema de partidos políticos.
El propósito es evitar que la proliferación de agrupaciones partidarias sin sustento electoral y de candidaturas ignotas reediten los episodios de confusión y de caos que se vivieron en los comicios de octubre pasado, agravados por la ausencia de autoridades de mesa.
Este es, precisamente, el segundo tema por tener en cuenta entre los funcionarios y legisladores que comenzaron a trabajar en la reforma y, en principio, parece avanzar la propuesta de que sean los docentes los que se encarguen del control de las mesas y de la fiscalización de las urnas.
Las elecciones internas -¿abiertas o cerradas?-, el voto electrónico y las listas sábana también son, por estos días, objeto de estudio.
Actualmente, un partido puede postular un candidato a presidente si se inscribe en al menos cinco distritos -cualquiera de las provincias y la Capital-. Sólo debe sumar firmas que representen el 4 por mil del padrón en esas jurisdicciones. En Tierra del Fuego, por ejemplo, alcanza con 340 firmas.
Otra posibilidad que se estudia es que se marque un piso de votos para que los partidos mantengan la personería jurídica. Si en determinada cantidad de elecciones consecutivas no lo alcanza, el partido perdería la personería. Este requisito existió hasta 2002, pero en junio de ese año el Congreso aprobó una ley que derogaba una cláusula que establecía la caducidad inmediata de aquellos partidos que no alcanzaran en dos elecciones consecutivas al menos el 2 por ciento de los votos sobre el padrón electoral.
Esta ley fue impulsada tras la crisis política, social y económica de 2001 para favorecer la aparición de nuevas agrupaciones partidarias. Efectivamente esto sucedió, pero la multiplicación de partidos sin sustento electoral fragmentó aún más el sistema, con las consecuencias a la vista.
(Fuente: La Nación, 10-2-08)
El propósito es evitar que la proliferación de agrupaciones partidarias sin sustento electoral y de candidaturas ignotas reediten los episodios de confusión y de caos que se vivieron en los comicios de octubre pasado, agravados por la ausencia de autoridades de mesa.
Este es, precisamente, el segundo tema por tener en cuenta entre los funcionarios y legisladores que comenzaron a trabajar en la reforma y, en principio, parece avanzar la propuesta de que sean los docentes los que se encarguen del control de las mesas y de la fiscalización de las urnas.
Las elecciones internas -¿abiertas o cerradas?-, el voto electrónico y las listas sábana también son, por estos días, objeto de estudio.
Actualmente, un partido puede postular un candidato a presidente si se inscribe en al menos cinco distritos -cualquiera de las provincias y la Capital-. Sólo debe sumar firmas que representen el 4 por mil del padrón en esas jurisdicciones. En Tierra del Fuego, por ejemplo, alcanza con 340 firmas.
Otra posibilidad que se estudia es que se marque un piso de votos para que los partidos mantengan la personería jurídica. Si en determinada cantidad de elecciones consecutivas no lo alcanza, el partido perdería la personería. Este requisito existió hasta 2002, pero en junio de ese año el Congreso aprobó una ley que derogaba una cláusula que establecía la caducidad inmediata de aquellos partidos que no alcanzaran en dos elecciones consecutivas al menos el 2 por ciento de los votos sobre el padrón electoral.
Esta ley fue impulsada tras la crisis política, social y económica de 2001 para favorecer la aparición de nuevas agrupaciones partidarias. Efectivamente esto sucedió, pero la multiplicación de partidos sin sustento electoral fragmentó aún más el sistema, con las consecuencias a la vista.
(Fuente: La Nación, 10-2-08)
