Horacio Lynch
Hace pocos días, la Oficina Anticorrupción ha difundido una investigación muy completa, un mapa de contrataciones del estado realizado con el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).
Señala, por ejemplo, que en el 75 por ciento de las operaciones se suple el sistema normal de licitación por el de compra directa.
Tiempo atrás, en 1999, participé de un trabajo que acreditaba estadísticamente la renuencia de muchos empresarios a contratar con el Estado argentino por falta de seguridad jurídica, por sus privilegios.
En un estudio posterior, en 2003, estimé en 5000 millones de dólares el “sobreprecio jurídico” en las compras y contrataciones del Estado nacional, identificando a la inseguridad jurídica y a tales privilegios como la causa principal de los sobrecostos.
También criticaba que el Estado argentino, en lugar de intentar ordenar y utilizar su poder de compra, como las grandes empresas, las atomizara fraccionándolas.
El mapa prueba que, cuando la ley es absurda, la realidad la supera.
La moraleja es que en la Argentina el sistema legal fomenta la corrupción, los desvíos y los sobrecostos.
Urge enfrentar la contaminación legislativa que poluciona el país y disemina la corrupción. Con malas leyes, a veces, el problema es que se cumplan.
(Fuente: La Nación, 30-1-08)
Hace pocos días, la Oficina Anticorrupción ha difundido una investigación muy completa, un mapa de contrataciones del estado realizado con el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).
Señala, por ejemplo, que en el 75 por ciento de las operaciones se suple el sistema normal de licitación por el de compra directa.
Tiempo atrás, en 1999, participé de un trabajo que acreditaba estadísticamente la renuencia de muchos empresarios a contratar con el Estado argentino por falta de seguridad jurídica, por sus privilegios.
En un estudio posterior, en 2003, estimé en 5000 millones de dólares el “sobreprecio jurídico” en las compras y contrataciones del Estado nacional, identificando a la inseguridad jurídica y a tales privilegios como la causa principal de los sobrecostos.
También criticaba que el Estado argentino, en lugar de intentar ordenar y utilizar su poder de compra, como las grandes empresas, las atomizara fraccionándolas.
El mapa prueba que, cuando la ley es absurda, la realidad la supera.
La moraleja es que en la Argentina el sistema legal fomenta la corrupción, los desvíos y los sobrecostos.
Urge enfrentar la contaminación legislativa que poluciona el país y disemina la corrupción. Con malas leyes, a veces, el problema es que se cumplan.
(Fuente: La Nación, 30-1-08)