Por primera vez la justicia federal investiga si el Estado paga pensiones de ex combatientes de la Guerra de Malvinas a personas que nunca intervinieron en el conflicto. Son, se sospecha, casi 700 falsos veteranos que causan un perjuicio anual de alrededor de 15 millones de pesos.
La investigación comenzó hace un año y medio, a partir de la denuncia de Ramón Borgobello, un veterano de la Fuerza Aérea que, en 2005, descubrió que en la fila para obtener la pensión había varios colegas que no habían tenido ninguna intervención en el conflicto. Cada ex combatiente cobra $ 1788 por mes, equivalentes a tres jubilaciones mínimas.
También fue clave una denuncia del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la Ciudad de La Plata. La alerta la recibió unos meses después el fiscal Guillermo Marijuán, jefe de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), que resolvió indagar en un asunto que siempre había generado sospechas, pero que nunca se había investigado a fondo.
Los beneficios
Las pensiones comenzaron a pagarse en 1990, a partir de la ley 23.848. Esa norma sólo incluía a los ex soldados combatientes conscriptos que hubieran participado en “efectivas acciones bélicas de combate, en el conflicto del Atlántico Sur, y civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares en los cuales se desarrollaron estas acciones entre el 2 de abril y el 14 de junio de l982”.
En 1996, el beneficio se extendió a todos los ex soldados combatientes conscriptos que estuvieron en las islas y a los que, habiendo estado en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), entraron “efectivamente en combate”.
Al año siguiente se modificó nuevamente la ley para incluir a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que cumplían con los requisitos normativos que se encontraban en situación de retiro o de baja y que, a la vez, no gozaban de pensión alguna.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner se decidió por decreto aumentar el monto de las pensiones, que pasaron a ser equivalentes a tres jubilaciones mínimas.
En la misma norma se resolvió también que los oficiales y suboficiales retirados que habían estado en las islas podían percibir el beneficio aunque ya tuvieran una jubilación.
La última modificación se hizo en julio de 2005. Se resolvió entonces que el beneficio alcanzara también a los oficiales y suboficiales en actividad.
Resumen en cifras
1788 pesos: es lo que cobra por mes cada uno de los beneficiarios.
20.000 personas: son las que reciben la pensión; según los organismos de veteranos, en la guerra no hubo más de 14.000 efectivos.
685 subsidios: son los que están bajo sospechas.
12 pensiones: son las que ya se dieron de baja, a partir de las denuncias.
649 bajas: argentinos que murieron durante la guerra.
350 suicidios: entre los ex combatientes, desde el fin de la guerra (estimación).
La investigación comenzó hace un año y medio, a partir de la denuncia de Ramón Borgobello, un veterano de la Fuerza Aérea que, en 2005, descubrió que en la fila para obtener la pensión había varios colegas que no habían tenido ninguna intervención en el conflicto. Cada ex combatiente cobra $ 1788 por mes, equivalentes a tres jubilaciones mínimas.
También fue clave una denuncia del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la Ciudad de La Plata. La alerta la recibió unos meses después el fiscal Guillermo Marijuán, jefe de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), que resolvió indagar en un asunto que siempre había generado sospechas, pero que nunca se había investigado a fondo.
Los beneficios
Las pensiones comenzaron a pagarse en 1990, a partir de la ley 23.848. Esa norma sólo incluía a los ex soldados combatientes conscriptos que hubieran participado en “efectivas acciones bélicas de combate, en el conflicto del Atlántico Sur, y civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares en los cuales se desarrollaron estas acciones entre el 2 de abril y el 14 de junio de l982”.
En 1996, el beneficio se extendió a todos los ex soldados combatientes conscriptos que estuvieron en las islas y a los que, habiendo estado en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), entraron “efectivamente en combate”.
Al año siguiente se modificó nuevamente la ley para incluir a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que cumplían con los requisitos normativos que se encontraban en situación de retiro o de baja y que, a la vez, no gozaban de pensión alguna.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner se decidió por decreto aumentar el monto de las pensiones, que pasaron a ser equivalentes a tres jubilaciones mínimas.
En la misma norma se resolvió también que los oficiales y suboficiales retirados que habían estado en las islas podían percibir el beneficio aunque ya tuvieran una jubilación.
La última modificación se hizo en julio de 2005. Se resolvió entonces que el beneficio alcanzara también a los oficiales y suboficiales en actividad.
Resumen en cifras
1788 pesos: es lo que cobra por mes cada uno de los beneficiarios.
20.000 personas: son las que reciben la pensión; según los organismos de veteranos, en la guerra no hubo más de 14.000 efectivos.
685 subsidios: son los que están bajo sospechas.
12 pensiones: son las que ya se dieron de baja, a partir de las denuncias.
649 bajas: argentinos que murieron durante la guerra.
350 suicidios: entre los ex combatientes, desde el fin de la guerra (estimación).
