Clarín, 17-12-17
Ricardo Arriazu
El Dr. Luis Eduardo Outeiral, fallecido la semana
pasada, fue un reconocido profesional que batalló incansablemente para mejorar
la transparencia y la rendición de cuentas de las actividades públicas, como
mecanismo indispensable para fortalecer la democracia y la república. Fue el
impulsor del proyecto “Democracia y Rendición de cuentas” que, bajo el auspicio
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, diseñó
algunas mejoras en los registros contables de las cuentas públicas. Tuve el
honor de integrar el Comité Ejecutivo que él presidía.
Las actividades económicas y normativas del Sector
Público afectan, en forma directa, indirecta – y crecientemente en los últimos
años -, el bienestar de corto y de largo plazo de la población de un país. Sin
embargo, la forma en que se contabilizan y publican las actividades económicas
del Sector Público es rudimentaria y deficiente.
Es imposible de conciliar con su contrapartida en el
sector privado; es habitual que información importante esté oculta, sólo
contempla los movimientos del período bajo análisis e ignora sus efectos de
corto y largo plazo, e induce a errores de interpretación. La falta de
información homogénea y clara provoca debates innecesarios e improductivos
entre los analistas centrados en los datos, en lugar de las políticas.
En nuestro país son innumerables los ejemplos de
inconsistencia en los registros contables y algunas se remontan al siglo XIX. Muchas
de estas inconsistencias son el resultado de prácticas destinadas a ocultar
ciertas transacciones, y otras son el resultado de metodologías contables
erróneas.
Ninguna de ellas contribuye a la transparencia y al
fortalecimiento de las instituciones. A pesar de ello, los economistas pasamos
horas discutiendo sobre los efectos de determinados desequilibrios fiscales,
sin verificar la veracidad de esos desequilibrios. ¿Cuál es la verdadera
magnitud del desequilibrio fiscal en la actualidad? La verdad es que no lo
sabemos. Tenemos una idea aproximada de las necesidades de caja
(financiamiento) del sector público pero desconocemos si estas necesidades
corresponden a obligaciones de periodos anteriores, si estamos postergando
pagos para el futuro, si estamos ocultando gastos, o si estamos mejorando –o
empeorando- nuestro patrimonio. En resumen: no contamos con registros contables
integrados y consolidados, y si los tenemos, no los utilizamos. Tres ejemplos
bastan para mostrar estas inconsistencias: a) cualquier ama de casa sabe que
cuando sus gastos exceden sus ingresos la diferencia debe ser financiada
endeudándose o reduciendo sus ahorros, y que la variación en su endeudamiento
neto debe coincidir con su exceso de gastos. En el caso del sector público esta
coincidencia rara vez se verifica; b) como la contabilidad pública se registra
en base caja (cuando se realiza el pago de la operación), la inversión se
registra como gasto y se deja de lado la depreciación del stock de capital, lo
que subestima los desequilibrios fiscales cuando se deja de invertir, y los
exagera cuando crece la inversión.
c) el sector público oculta desequilibrios (conocidos
como “cuasi fiscales”) en otros organismos, especialmente en el Banco Central y
otros bancos oficiales. Estos “ocultamientos” quedarían al descubierto con un
proceso de consolidación de balances homogéneos, pero desafortunadamente las
contabilidades de estos organismos no son compatibles entre sí. La
contabilización de las transferencias de las “ganancias devengadas” del Banco
Central como ingresos corrientes, sin tomar en cuenta que parte de esas
“ganancias” corresponden al incremento del valor de sus tenencias de títulos
públicos que el Tesoro no contabiliza, muestra cómo se pueden distorsionar las
cuentas públicas con artilugios contables.
Uno de los mayores debates de la actualidad versa
alrededor de la magnitud de los desequilibrios cuasi fiscales. Hay analistas
que afirman que debido al creciente stock de Lebacs existe un desequilibrio
adicional de casi 1,5% del PBI.
Sin embargo, al calcular el resultado del BCRA no se
puede dejar de lado el impacto que la inflación y la devaluación del peso tiene
sobre su activo y su pasivo; al incorporar estos impactos el supuesto
desequilibrio cuasi fiscal desaparece, aunque está próximo a emerger.
Por suerte, la necesidad de mejorar el registro
contable de las cuentas púbicas está recibiendo creciente atención en la
mayoría de los países, como lo evidencia el reciente informe publicado por la
OCDE (organismo al que nuestro país aspira a ingresar), realizado en
colaboración con la Federación Mundial de Contadores (IFAC) y su iniciativa de
“Accountability Now”. En el párrafo inicial de este informe se enfatiza la
necesidad de contar con “informes financieros de alta calidad” que faciliten la
toma de decisiones, y que esta necesidad está siendo crecientemente demandada
por los ciudadanos y por la necesidad de mejorar la eficiencia en la provisión
de los servicios públicos.
En nuestro país, el presidente Macri enfatizó, en un
discurso que pronunció una semana después de las elecciones legislativas, que
para fortalecer la República y la calidad institucional era necesario construir
un sistema transparente y combatir la corrupción. Contar con información veraz,
consistente y oportuna es esencial para el fortalecimiento de la República.
Ricardo Arriazu es economista
