Existen 1596 comunidades identificadas en todo el
país, pero sólo 828 fueron relevadas; las causas judiciales por conflictos
territoriales ascienden a 437
La Nación, 10 DE DICIEMBRE DE 2017
Maia Jastreblansky
Los reclamos indígenas en la Argentina son una brasa
caliente para el Gobierno. Hay 1596 comunidades identificadas en todo el país
que, en su relación con el Estado, transitan situaciones legales variopintas.
Mientras que las provincias llevan entregados unos 200 títulos de propiedad a
pueblos originarios, del otro lado hay unos 430 procesos judiciales abiertos y
más de 130 sentencias firmes de desalojo que están en suspenso y que
implicarían una crisis latente.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), hoy hay 437 procesos judiciales por conflictos con
comunidades que son monitoreados por el Gobierno. Allí entran en juego los
reclamos aborígenes sobre las tierras, los emprendimientos privados, los
intereses provinciales y las tierras fiscales. Se estima que el número supera
las mil causas, si se contemplan otros expedientes que llevan abogados
particulares y ONG.
Hay, en tanto, unos 132 casos judiciales con sentencia
firme de desalojo que aplican a 102 comunidades, y cuya ejecución está en
suspenso por la ley 26.160. Sancionada en 2006, esa norma impidió los desalojos
por cuatro años y dispuso la realización de un "relevamiento técnico"
para censar a los grupos y evaluar la situación nominal de las tierras ocupadas.
Como ese estudio no se terminó en tiempo y forma, la ley tuvo sucesivas
prórrogas, la última en septiembre de este año, en plena efervescencia del
conflicto mapuche por el caso Maldonado.
Sentencias de desalojo
De acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia,
la provincia con mayor cantidad de sentencias por desalojo es Salta, con 23
expedientes. Allí el asentamiento de las comunidades entra en conflicto con
programas de desmonte y con fincas de privados. Sigue Santiago del Estero, con
21 causas, entre ellas, la iniciada por los dueños de la empresa de gaseosas
Manaos. En las provincias del norte, Jujuy suma 21 expedientes por desalojo y
Tucumán, otros 13.
En la Patagonia, escenario de la radicalización del
conflicto mapuche, preocupan las comunidades que están en una situación endeble
por sentencias de desalojo en suspenso. En Neuquén son 19 casos; en Chubut,
nueve (incluida la causa del Grupo Benetton contra la comunidad en Resistencia
en Cushamen), mientras que en Río Negro son siete sentencias. Mendoza, otra
provincia con presencia mapuche, tiene 11 fallos sin ejecutar.
Relevamiento lento
De acuerdo a datos brindados por el INAI, el Estado
tiene identificadas a 1596 comunidades en todo el país, un número que es
dinámico. Unas 1417 están inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades
Indígenas, donde obtienen personería jurídica.
No todas las comunidades están dispuestas a reconocer
a la ley argentina. La comunidad Winkul Lafken Mapu que se instaló en Villa
Mascardi (donde murió Rafael Nahuel durante un operativo del Grupo Albatros) no
se había inscripto en los registros oficiales y fue denunciada por Parques
Nacionales. "El INAI no tenía conocimiento de su existencia o
conformación", señalaron fuentes oficiales.
Pasados once años, el relevamiento técnico dispuesto
por la ley 26.160 está apenas a mitad de camino: fueron censadas 828
comunidades y faltan auditar otras 762. De acuerdo a datos del Ministerio de
Justicia, 686 relevamientos fueron efectuados durante el kirchnerismo (entre 2006
y 2015) y 142 se realizaron con Cambiemos.
El relevamiento es apenas un primer paso: en el
análisis de situación de cada grupo indígena participan cartógrafos,
antropólogos y sociólogos para la elaboración de una carpeta técnica que luego
contempla la situación nominal del territorio. La resolución de la INAI puede
demorar años: hoy hay sólo 423 comunidades con procesos culminados, un 26% de
los grupos identificados.
Las comunidades relevadas hoy reclaman más de 8
millones de hectáreas de territorio, lo que representa casi el 3% de la
superficie total del país y un 25% de los 31 millones de hectáreas cultivadas
que tiene la Argentina, de acuerdo a datos de la FAO. Actualmente, el nivel de
extranjerización de la tierra a nivel nacional asciende a 5,57%.
Según datos oficiales a los que accedió LA NACION, las
provincias llevan entregados más de 200 títulos de propiedad comunitaria a
comunidades del país, que suman 2.917.347 hectáreas. La provincia que tiene más
regularizaciones dominiales es Jujuy, con 732.000 hectáreas de tierras fiscales
provinciales cedidas. Siguen Mendoza (732.000), Chaco (497.000), Neuquén
(255.925) y Formosa (240.000).
