PESQUERA ARGENTINA
CESAR LERENA
17 nov. 2018
Nos interesa escribir para los muchos argentinos que
«viven de espaldas al mar» y para quienes comienzan a sufrir la enajenación de
nuestros recursos naturales y el encarecimiento de los servicios públicos.
Todos estamos afectados por décadas de gobiernos, al menos, incapaces. Por
ello, trataremos de explicar sencillamente esta actividad industrial y las
razones de su decadencia.
La industria pesquera no puede escapar a las generales
de la ley en un país con gobiernos sin proyecto nacional marítimo, pesquero y
naval, con un costo interno desmesurado y creciente, que dificulta la
explotación de los recursos del atlántico sur, dejando fuera de competencia,
día a día, a esta actividad de interés económico, social y estratégico. Nadie
puede imaginar un presente ni un futuro promisorio en ninguna actividad
exportadora, en un país con una inflación altísima, cuando nuestros principales
compradores de los productos pesqueros en el mundo tienen una inflación anual
de 1,96% (España), 1,59% (China), 2,13% (Estados Unidos), 0,47% (Japón), 1,23%
(Italia) o 3,46% (Brasil). Hoy, mañana o pasado los productos dejan de ser
competitivos y en forma repetida transitamos un verdadero cuento de la buena
pipa.
La actividad agropecuaria y las capturas en alta mar
se subsidian en la Unión Europea y los países asiáticos, mientras en nuestro
país, los altos costos de la energía, combustibles, impuestos, la falta de
crédito y las altas tasas de interés vigentes transforman en financieras a las
empresas industriales para obtener las utilidades que sería de esperar fuesen
el resultado de la actividad productiva. No puede esperarse en este escenario,
donde el gerente financiero reemplaza al de producción, un gran desarrollo
empresario. Ya vimos estos procesos con Martinez de Hoz, Sourrouille, Cavallo y
Kicillof, que desalentaron la centralidad en producir y generar nuevos
mercados.
José Hernández, escribía en 1882, en su poco conocida
obra Instrucción del Estanciero «la marcha de las sociedades en la senda de su
progreso ha sido recorrida penosamente de pueblo cazador a pastor, de pastor a
agricultor y de agricultor a fabril…» y, con las repetidas políticas de Argentina,
nuestro país no alcanza a superar la exportación de commodities y consolidarse
como un país industrial, a pesar de tener todas las condiciones para hacerlo,
salvo (y no es poco) la llamada dependencia, que no es otra, que las
condiciones impuestas por los países acreedores y los intereses económicos en
juego.
La concesión pesquera y la exportación
Esta actividad, es muy compleja. Como pocas. Un mismo
empresario captura el recurso, lo industrializa y lo exporta. Una cadena
integrada, que quienes no la cumplen, tienen muy pocas probabilidades de
manejar su negocio. Un negocio que Argentina, por ser mayoritariamente
exportador (90%) es absolutamente dependiente del precio internacional y, no
tiene ninguna posibilidad de controlarlo por su baja participación en el
mercado, pese, a tener un amplísimo territorio marítimo y, a que gran parte de
sus competidores como China, Rusia, Japón, Corea, España, Taiwán, etc. pescan a
gran distancia de sus países de origen, entre ellos, en el Mar Argentino y, en
altamar, sobre especies migratorias y asociadas.
Pero, no podemos dejar de hacer notar que, pese a que
los recursos son propiedad del estado nacional y provincial, no es el gobierno
el que administra el recurso en la ZEE y mucho menos fuera de ella, ya que ha
concesionado la explotación a los empresarios, sin exigir ni establecer las
políticas más básicas que parcialmente se fijan en el Régimen Federal de Pesca
(Ley 24.922).
Nadie imagina una concesión, donde el concesionario
unilateralmente modifica las cláusulas del contrato. La radicación industrial;
el destino de la pesca objetivo; el tipo de flota pesquera y su antigüedad; la
ocupación de espacios marítimos estratégicos; la generación del máximo valor
agregado; la ocupación del personal; la sustentabilidad del recurso; la
responsabilidad social y, la IN-transferibilidad de las cuotas, que debiera ser
parte sustancial de la política del Estado.
En este último tema, la ausencia del prefijo «IN» es
uno de los ejes fundamentales de esa impolítica, de la pérdida de capacidad de
administración del Estado y de delegación de funciones; ya que la ley vigente,
permite la transferencia de las cuotas de captura y consecuente privatización
del recurso, dejando en manos empresarias, la fijación de las políticas. Se
agrava el tema, cuando las principales exportadoras del país son extranjeras y
sus exportaciones se destinan a satisfacer los requerimientos de sus propios
países de origen, entre otros, los de exportar con bajo valor agregado.
Hasta aquí primó el viejo aforisma de que “el dueño de
la pesca es el dueño del pescado”; aforisma que se aplica popularmente,
olvidando, que el recurso es de propiedad del Estado.
Por otra parte, el gobierno debe asegurarse la mayor
distribución sustentable del recurso y la máxima explotación sostenible y, ello
no se cumple, cuando 10 empresas -sobre un total de unas 250- concentran la
facturación de exportación con 1.066 millones de dólares (el 53% de un total
1.997 millones U$S) por la venta en 2017 de 212.789 toneladas, es decir el 48%
del total de toneladas exportadas; también, cuando se afectan buques a la pesca
del langostino que se destinaban a la captura de merluza y otras especies,
generando pérdidas de empleo y, tampoco, cuando se transfieren permisos o
cuotas de captura entre las empresas o entre una provincia a otra, etc. La
pesca no solo es una actividad económica, es una herramienta de radicación
industrial, poblacional, generación de empleo y ocupación territorial marítima.
La fijación de políticas y la administración del
recurso es una facultad indelegable del Estado y, dentro de este marco, la
empresa concesionaria debe administrar su negocio. Como todo concesionario
podrá plantear al concedente sus ideas dentro de esta política general; pero,
no es de esperar que se modifiquen unilateralmente los ejes centrales de la
política pesquera, si la hubiese. Observamos que hacia la década del 70, los
principales exportadores eran nacionales, mientras que, en la actualidad, siete
de las diez principales empresas exportadoras son de capital extranjero y, aun,
fomentando la inversión extranjera, la política pesquera debe beneficiar al
interés nacional al que nos hemos referido, ya que la Argentina, tiene el
recurso pesquero, los puertos, la industria y los operarios calificados y, por
lo tanto, debe negociar en mejor forma con quienes tienen el mercado, ávido de
este producto.
Por ejemplo, cuando el ex Secretario de Comercio
Moreno estableció que «quienes importaban debían exportar” (intercambio
compensado) no tuvo en cuenta, que no es lo mismo importar tecnología que
exportar recursos naturales, porque el recurso es agotable y como bien
manifestó el científico francés Antonie Lavoisier «nada se crea, nada se
pierde, todo se transforma» y, la conclusión, es que donde había varias
empresas nacionales hoy hay una sola extranjera. Nos venden lo que debíamos
fabricar y se llevan lo que debimos procesar y vender con valor agregado y
empleo.
Cuando se eligen los gobiernos, el sector interesado
debiera preocuparse sobre qué políticas va a llevar el administrador del Estado
y no, como ocurrió hasta ahora, donde los sucesivos subsecretarios de pesca
carecen de idoneidad y, los miembros designados en el Consejo Federal Pesquero
(CFP) -quienes tienen el rol de fijar la política dentro del Régimen Federal de
Pesca- no superan la medianía en la que actúan,
demostrando durante 20 años su incapacidad para representar al sector
del que provienen, en especial -pero no excluyente- los sureños, donde se
desindustrializó, no se ejecutaron políticas para agregar valor y se profundizó
un modelo de concentración nacido con el régimen legal vigente. Nada más
elocuente que la exportación sin valor agregado y el cierre de plantas
industriales de la Patagonia durante los gobiernos de los Kirchner de mano de
funcionarios originarios del litoral marítimo patagónico. Una política, a la
que le dan continuidad los actuales agentes carentes de creatividad y cedentes
del poder administrador.
Se ha hablado del supermercado del mundo, pero ello no
es proveer materias primas sino exportar valor agregado y, para tener certeza
de llegar de la industria a la góndola, promover una acción conjunta de
gobierno-empresa, para agregar los productos terminados en los mercados en las
grandes capitales.
Pero no todo es obra de los sucesivos gobiernos
nacionales o provinciales. Aquí aplica el viejo dicho de «a río revuelto
ganancia de pescadores», ya que los empresarios -en general- como veremos, son
igualmente responsables de la decadencia del sector.
Toda la actividad atrás de la explotación del
langostino
Pese a las graves dificultades, aun la pesca no ha
llegado a una crisis terminal, porque el langostino una especie considerada de
un año de vida y, cuyo rendimiento máximo sostenible (MSY) es imposible de
establecer con un sólido fundamento biológico para los científicos, se captura
desde el 2013 en cifras superiores a las cien mil de toneladas, y ha focalizado
la atención -por una cuestión de precio- por sobre las capturas de las especies
que dieron lugar al desarrollo empresario, la radicación industrial en el
litoral marítimo y la generación de empleo de miles de trabajadores.
¿Qué
ocurriría, si un día, por esa imprevisibilidad que caracteriza a esta especie,
su captura cayera a las 66 toneladas de 1945; a las 275 de 1965; a las 9.835 de
1985 o a las 7.482 toneladas de 2005? Si hipotéticamente, los desembarcos de
langostino cayeran a los niveles de 1978, las exportaciones de 2017 serían de
unos 770 millones de dólares y, con estos números es fácil imaginar lo que ocurriría
con las empresas y sus operarios, que han abandonado por el «oro rojo» la
captura de las especies demersales y pelágicas, como la merluza, el bonito,
etc. o no se han apropiado de todo el calamar, antes que se hagan de él los
buques extranjeros que, con o sin licencia inglesa operan en el Atlántico Sur.
La Pesca en altamar y la acuicultura
La Argentina tiene una Z.E.E. de 4.799.000 Km2, en la
cual, unos 450 buques capturan unas 776 mil toneladas/año; ello, pese a la
potencialidad de capturar unos 1,8 millones de toneladas de peces disponibles
en el atlántico sudoccidental. Mientras ello ocurre, unos 10 mil barcos chinos
se dedican a la pesca en alta mar junto a otros 60 mil buques de unos 24
países, entre ellos, los de España, Japón, Corea y Taiwán. Ello explica -junto
a la producción de acuicultura- las razones por la que Argentina es
insignificante en el comercio mundial pesquero. Por ejemplo, España, con una
Z.E.E. agotada de 1.040.000 Km2 y 4,6 veces inferior a la Argentina, captura
unos 1,1 millones de toneladas/año, sin contar con las toneladas que las
empresas españolas producen en Argentina. Nuestros vecinos capturan en altamar:
Chile tiene 4 flotas, 3 de ellas industriales que van a la pesca de jurel,
krill y bacalao y, otra artesanal al pez espada. Perú, con embarcaciones
artesanales salen de las 200 millas en busca de perico y buques industriales
que van a la captura de jurel, caballa y atún.
Creemos que la Argentina, no revertirá su estatus, si
no compite con la flota internacional en alta mar e implementa un importante
desarrollo de la acuicultura continental. Por cierto, nada de ello es posible,
si el gobierno no lanza un proyecto de desarrollo y apoyo financiero a estas
actividades.
Mientras que nuestro país produce unas 5 mil toneladas
en acuicultura destinadas al consumo, en Chile esta actividad marítima y
continental, exporta 1,2 millones de tn/año, y supera en 1,7 veces el total de
las capturas argentinas. A tal punto, que las exportaciones de Salmón de Chile
fueron de 3.142 M de U$S/año, unas 1,6 veces del total de exportaciones
argentinas 2017 con 1.977 M de U$S. Perú, también está por encima de Argentina
produciendo 100 mil tn/año en esta actividad.
El valor agregado y la mano de obra
Podríamos imaginarnos los requerimientos de mano de
obra que la acuicultura generaría en nuestro país. Lo que es más difícil de
explicar, es que hace 40 años, en 1978, con una captura total de 504 mil
toneladas se ocupó más personal que con una captura de 776 mil toneladas en
2017. Ello encuentra fundamento por el modelo extractivo y por el cambio de las
especies objetivo, las que generan mayores ingresos, pero, menor valor
agregado. En lugar de sumar la captura de ambas especies se cambió la matriz y,
así vemos, que hacia 1978 las capturas de merluza y otras especies alcanzaron
el 88 %, el calamar el 12% y el langostino el 0,01%; mientras que las capturas
de estas mismas especies en 2017 fueron del 56%, el 13% y 31% respectivamente;
con el agravante, que en el caso de las exportaciones de merluza y otras
especies blancas fueron en 2017 el 58% materias primas enteras y en el
langostino esta falta de proceso alcanzó al 65% del total exportado, razón por
la cual, el reprocesado se realizó en los países importadores o
re-exportadores, como es el caso del Perú que importó langostino de Argentina
por un valor de 42 M de U$S para su reproceso y posterior exportación, o, lo
que ocurre con la anchoíta salada exportada a España, etc. transfiriéndoles a
terceros países el mercado y la mano de obra directa e indirecta.
Reducir las
capturas de las especies blancas (Merluza y otras) y exportar productos enteros
o destinados al reproceso es una política inaceptable, similar a la de exportar
ganado en pie y, una prueba, de que los gobiernos han perdido la capacidad de
administrar el recurso para beneficio del conjunto de los actores y la nación.
Exportar commodities delega en los países importadores
la mano de obra nacional y desde la instauración de los programas de
recuperación productiva (REPRO) hacia fines de la década del 90, el gobierno y
la industria pesquera han puesto de manifiesto que el modelo vigente está
terminado, y solo depende de factores biológicos imponderables.
El sector está en deuda en materia de capacitación de
los operarios en todos los niveles y ello se desprende de los datos
estadísticos del INDEC, la Secretaria de Trabajo, los planes provinciales de
formación profesional, los de educación y el CFP. Las empresas deben formar en
los oficios de interés directo y en los de apoyo a la actividad.
Falta de control, poblaciones vulnerables y desempleo
Los hogares que en la Argentina por debajo de la línea
de pobreza es del 19,6% que comprenden el 27,3% de las personas. Dentro de ello
un 3,8% de hogares indigentes que incluyen el 4,9% de las personas. Frente a
este panorama la pesca puede ser una herramienta fenomenal de provisión de
proteínas de alto valor biológico a las poblaciones vulnerables, resolviendo el
problema de hambre y desnutrición de la Argentina. Si prohibiésemos el descarte
al mar de pescados (como ya hizo en la Unión Europea) tendríamos 2 millones de
raciones/día de alimentos proteicos. Si pudiésemos recuperar la pesca de
Malvinas tendríamos 2,5 millones de raciones/día de alimentos proteicos. Si
pudiéramos recuperar la pesca en el atlántico sur tendríamos 4 millones de
raciones/día de alimentos proteicos. ¡Es la política, estúpido! diría Iñaki Gil
emulando a Bill Clinton.
La Subsecretaría de Pesca refiere que en 2017 se
desembarcaron 776 mil toneladas. Una cifra absolutamente inconsistente, que no
refiere a las capturas, ni distingue si se trata de especies enteras, H&G,
filetes, etc. Para iniciar una administración sustentable del recurso debe
establecerse el volumen y el tipo de proceso sufrido previo a la descarga; las
capturas ciertas; los descartes y residuos en el mar; el stock en cámaras y,
por cierto, los valores verificados de exportación.
De las capturas máximas sostenibles y de los buques de
investigación parados por años ni hablar y, no se puede hablar de
administración confiable si no hay investigación de campo y autónoma.
La falta de investigación y control, hace inviable una
administración eficiente del recurso por parte del Estado y, el descontrol de
las capturas, de los descartes, las sub-declaraciones y sustituciones en los
desembarques de las especies cuotificadas son hechos ciertamente graves. Lo
reflejan -entre otros- los informes de la Auditoría General de la Nación y del
INIDEP. Tomemos solo un ejemplo: es aceptado que en la captura de langostino se
extraiga una pesca acompañante by-catch de merluza equivalente a un 10% (0,10);
sin embargo, en Rawson en 2017, según las estadísticas, se desembarcaron 74.905
toneladas de Langostino y solo 9,1 toneladas de merluza (0,01%), ¿dónde están
las 7.481 toneladas de merluza faltante? ¿Descartadas al mar?
En medio de este descontrol se destaca seriamente el
descarte al mar de especies capturadas, que los cálculos más conservadores
refieren a 100 mil toneladas/año, y otros expertos, al doble. Informes técnicos
oficiales del INIDEP indican que solo de merluza se descartan por año entre 52
mil y 108 mil toneladas. Es decir, entre el 19% y 38% del total de la merluza
desembarcada. Por su parte, la auditoría del Bco. Interamericano de Desarrollo
indica que hay un 20% de descarte y de sub-declaraciones en las capturas. Y
solo un ejemplo en miles: la falta de control en la captura y descarga en
octubre/18 de 450 toneladas de Merluza Negra valuadas en unos 14 M de U$S del
buque “Centurión del Atlántico” de la filial de Ocean Harvest en la Argentina.
Y solo para que podamos apreciar la gravedad: las
referidas 100 mil toneladas/año descartadas nos permitirían contar con un
millón de raciones de alimentos por día de la mejor calidad, con destino a
poblaciones vulnerables y la generación de miles de puestos de trabajo.
La contaminación ambiental
Cada uno de los buques congeladores puede producir
mecánicamente unas mil toneladas de filetes de pescados congelados. Una
tripulación promedio de 40 trabajadores en su planta procesadora realiza al año
unas 6 mareas. Para elaborar esas mil
toneladas, el buque debió capturar unas 2.700 toneladas de pescado; es decir
que, al año, habrá tirado al mar unas 10.200 toneladas de residuos. Si llevamos
estos números solo a los 35 buques congeladores arrastreros, sin contar
poteros, etc. se habrán tirado por año un total de unas 357.000 toneladas de
residuos de pescados al mar. Si nos retrotraemos a veinticuatro años atrás,
cuando se firmó la ley 24.315, se habrán tiraron al mar más de 8,6 millones de
toneladas de residuos, además de los millones de especies capturadas
descartadas.
Imaginemos entonces, la contaminación marina y
analicemos las pérdidas que ello significa para la Argentina. Según la FAO, con
una tonelada de residuos de pescado se obtiene 225 kg de harina y 50 kg de
aceite. El procesamiento a bordo y el descarte al mar de las 10.200 toneladas
de residuos citados nos impide usarlos para elaborar 2.295 kg/año de harina y
510 kg/año de aceite de pescado; por lo cual, a un valor de exportación de U$S
1.080 la tonelada de harina, significa una pérdida de U$S 2.479, más el valor
de U$S 1.500 la tonelada de aceite, provoca una pérdida de U$S 765; es decir,
la Argentina pierde al procesar a bordo y descartar los residuos de los 35
buques congeladores-procesadores arrastreros un total anual de unos U$S
113.540, a lo que deberían sumarse las pérdidas y la contaminación derivadas de
los descartes al mar las especies mal llamadas “no comerciales”.
Agreguemos, que se requieren unas 4,9 toneladas de
residuos de pescado para obtener la harina y el aceite necesario para producir
una tonelada de salmón. Es decir que, si la Argentina quiere incursionar en la
acuicultura o maricultura, aquí o en otro territorio, a la usanza de la
política de China o España, debería asegurar una utilización plena de los
residuos. Cualquiera sea el caso, no se pueden tirar toneladas de proteínas,
mientras hay cientos de miles de niños pobres desnutridos.
El consumo interno y mercados concentradores
La Argentina está entre los 10 países de menor consumo
de pescado. Con 4,5 kg per cápita/año solo supera a Paraguay, Guatemala,
Bolivia, Honduras, Nicaragua y otros pocos países y está por debajo del consumo
promedio mundial de 18,4 Kg/año y del promedio de África (9,1 Kg), Asia (20,7
Kg), Estados Unidos (24,1 Kg), Unión Europea (22 Kg) y América Central y el
Caribe (9,9 Kg).
Habría que tener en cuenta, entonces, que si todas las
exportaciones de congelados, frescos, conservas, salados, a excepción del
langostino, se destinasen al mercado interno, los argentinos, alcanzarían un
consumo per cápita de 11,5 kg/año, es decir, aún por debajo del promedio
mundial. No obstante, la empresa incrementaría sus ingresos y generaría mayor
valor agregado y empleo.
La instalación de mercados concentradores reduciría el
oligopolio de la actividad y la transparencia de las operaciones; facilitando
el acceso de las materias primas a los compradores nacionales y pequeños y
medianos exportadores. Para aumentar el consumo interno, el gobierno debería
-además de garantizar la calidad- implementar campañas de educación
alimentaria, donde se destaquen las virtudes nutricionales y sanitarias del
consumo de pescado. Un modelo, a seguir, es el alemán, que importando el 89% de
lo que consume y teniendo un consumo per cápita de 15,2 Kg/año (tres veces
superior al argentino) da cursos gratuitos a los consumidores sobre gastronomía
pesquera.
El tipo y antigüedad de la flota pesquera
En la Pesca, el buque es un elemento fundamental. Su
antigüedad, seguridad y capacidad tecnológica son sustanciales para minimizar
los riesgos de los embarcados, lograr una captura eficiente y realizar un menor
esfuerzo con mejores resultados, para reducir los costos operativos.
También el tipo de buque define la política pesquera.
El viejo pleito de congeladores versus fresqueros continúa empatado, bajo
pretexto de que los congeladores proveen productos de mayor calidad; argumento,
que se cae al descongelarse adecuadamente las materias primas en las plantas
industriales, como nuestros profesionales lo demostraron técnicamente en el
control de la calidad del mayor comprador de Argentina (Carrefour) para consumo
interno entre 1998 y 2002, que proveía la mejor calidad de pescados frescos,
muchos de ellos, originalmente congelados. No obstante, la Argentina utiliza
una tecnología antigua en los barcos fresqueros, ya que hace años que es
posible utilizar buques con sistemas RSW (Refrigaret Sea Water) que almacenan
las capturas con agua de mar refrigerada circulante a ± 0 C y las desembarcan
con una calidad superlativa.
La utilización de buques congeladores para la pesca en
la Z.E.E. reduce el valor agregado y el número de operarios en el proceso
industrial. Se aduce que la disminución de fresqueros y el proceso en tierra,
se funda en evitar la conflictibilidad laboral. Si diéramos como cierto este
criterio muchas industrias podrían desaparecer importando los productos, para
eliminar el trato gremial. Entendemos, que tal vez una dirigencia madura
-empresaria y gremial- busque nuevos mecanismos de relación para asegurar una
actividad económica y socialmente sustentable.
Respecto a la antigüedad de flota, de mediana
antigüedad hace unos 30 años, hoy tiene -en general- un promedio de entre 37 y
46 años según su tipo, mientras que en Galicia este promedio es de 28 y en el
país vasco de 14 años. Seguridad, costos de mantenimiento y rendimientos están
en la picota.
Si bien la tarea del personal embarcado es difícil, no
podemos naturalizar la muerte de estos operarios en la actividad extractiva.
No. Desde el año 2000 a la fecha, se hundieron o siniestraron 64 pesqueros con
una pérdida de 86 tripulantes muertos, desaparecidos o heridos de gravedad y,
está, en las autoridades de control, verificar la seguridad en cada una de la
salida de los buques. Por cierto, la aprobación de las leyes de Marina
Mercante, fluvial e industria naval pesquera promovidas por el Senador Pino
Solanas, pueden ser una importante herramienta para renovar la flota, en tanto
se presenten nuevamente aquellos artículos referidos a la financiación que vetó
el P.E.N.
La política internacional del gobierno
Ya hemos nos referimos a la falta de políticas y de
administración. Ahora nos preguntamos, ¿qué hace la Cancillería y el Ministerio
de la Producción para asegurar una mejor penetración de nuestros productos con
mayor valor agregado? Solo stands de promoción. Una cuestión empresaria que da
lugar al turismo de funcionarios. Es decir, absolutamente nada. O peor aún,
acuerdos que no responden al interés nacional. Tomemos, por ejemplo, el caso de
España. Es el mayor destinatario de las licencias pesqueras británicas (90%) de
Malvinas y, en forma paralela, nos compra materias primas enteras para su
procesamiento en la península, tal es el caso del langostino, que encabeza el
ranking del país con 50 mil tn/año. Solo con venderle «colas», nos hubiesen
ingresado unos 35 millones de U$S/año más. Y ¿qué hace el gobierno para acordar
con los buques españoles, chinos, coreanos o taiwaneses que pescan ilegalmente
los recursos migratorios argentinos? O ¿qué acuerdan con Uruguay sobre el uso
de sus puertos por buques que capturan ilegalmente en el Atlántico Sur?
Pero, es en la situación de Malvinas y del Atlántico
Sur, donde los gobiernos demuestran mayor ineptitud (¿?). El Canciller, el
ministro o secretario del área respectiva y el Subsecretario de Pesca son, a mi
entender, responsables -al menos- de incumplimiento de deberes de funcionarios
públicos y, de violación de lo previsto en la Constitución Nacional. Solo los
buques extranjeros, con licencia ilegal británica de Malvinas desde 1976 han
extraído recursos pesqueros en la “Zona Económica Exclusiva Argentina” en un
promedio anual de 200 mil toneladas por un valor de cuatrocientos millones de
dólares a la primera venta, es decir, que en la comercialización final de esos
productos el país ha perdido unos 2.800 millones de U$S/año y en estos 42 años,
unos 117.600 millones de dólares. A ello sumemos todos los buques extranjeros
que pescan en la ZEE Argentina o especies migratorias o asociadas fuera de
ella.
Resaltaré, al respecto, que los buques extranjeros
pescan «sin autorización argentina en aguas argentinas» y que, la explotación
de los recursos en nuestro territorio marítimo está limitada por las Res. ONU
Nº 37/9 y, por analogía por las Res. ONU Nros. 3171/73 y 3175/73 y afines y,
previo retraer la situación al 1 de diciembre de 1976, como claramente lo
indica la Res. ONU Nº 31/49, y, esencialmente, violar el Régimen Federal
Pesquero (Leyes 24.922 y 26.386) y la CONVEMAR (Ley 24.543) en nuestra
condición de país ribereño.
Deberíamos preguntarnos ¿por qué no se ha exigido el
pago de los derechos y colocado multas a las empresas de los buques
extranjeros, equivalentes al monto extraído, que reparen el gravísimo daño
económico y biológico ocasionado -y que aún ocasionan- a la Argentina, con las
consecuencias ambientales, industriales, laborales y nutricionales que implica.
Perú -no Canadá, de quien tienen experiencia de represión los españoles- que no
es signatario de la CONVEMAR defiende mejor su “Mar Territorial de 200 millas”,
aquel que defendíamos por la Ley 17.094 en 1966.
Cuarenta años de quejas y el mismo remedio. ¿No será
hora de innovar? Tengamos en cuenta: chinos y rusos vienen por nuestros
recursos y que «…cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera
protestar» (Martin Niemöller, 1946).
Dr. César A. Lerena - Experto en Atlántico Sur y
Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex
Profesor Titular Universidad UNNE y FASTA, Asesor del Senado de la Nación,
Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 24 libros y cientos de
artículos de la especialidad.
