Por Héctor GIULIANO
(22.3.2020)
La pandemia del Coronavirus (Covid 19) ha
desplazado lógicamente a segundo plano las pocas noticias que se tienen con
respecto al agravamiento de la Crisis de Deuda Pública que vive la Argentina.
Las negociaciones en curso para una nueva
Reestructuración de Bonos del Estado Nacional y gran parte de los Bonos
Provinciales se mantienen bajo secreto informativo: no se sabe quiénes son los
Acreedores con los cuales el Gobierno está negociando, qué montos y por qué
títulos de deuda lo está haciendo ni bajo qué condicionamientos y/o qué tipo de
“apoyos” internacionales se estaría llevando a cabo (léase FMI-Fondo Monetario
Internacional, gobierno de los Estados Unidos, de Israel, de países de la
UE-Unión Europea, etc.).
Con un agravante: que mientras el país – y
gran parte del Mundo – está parado, mientras la cuarentena social ha detenido
la actividad económica y social de la gente, mientras la Pobreza y la
Indigencia castigan a más de la tercera parte de la población, mientras la
Inflación sigue carcomiendo los Salarios Reales de los Trabajadores, el valor
de las Jubilaciones/Pensiones y de los Planes Sociales, mientras el Estado
tiene que aumentar el Gasto Público – se estima entre 500 y 700.000 M$[1]
- para poder atender la Emergencia Sanitaria y Socio-Económica de “los más
necesitados” (incluso a costa de los que no lo son tanto), mientras el Fisco
deja de recaudar por la caída de la actividad y la necesidad de atenuar la
presión impositiva, mientras los ingresos del Comercio Exterior pueden entrar
en una zona comprometida y mientras la tormenta financiero-cambiaria arrecia en
el Mundo Globalizado; mientras todo esto ocurre … nuestro país sigue pagando
los altísimos Intereses de su Deuda Pública.
Según datos oficiales, el Tesoro Nacional
tiene Intereses a Pagar por más de 1.3 B$ anuales[2].
Son exactamente 1.344.600 M$, equivalentes a unos 23.400 MD (al tipo de cambio
de 57.56 $/US$ vigente a la fecha de corte de la información). En promedio, unos
3.700 M$/Día (≡ 64 MD).
Según el Proyecto de Ley (PL) de Presupuesto
2020 – enviado al Congreso por el presidente Macri a mediados de Setiembre
pasado pero cuyo tratamiento y/o reformulación ha quedado en suspenso hasta que
se logre un acuerdo de nueva reestructuración de Deuda – los intereses a pagar
este año estaban previstos en algo menos, en el equivalente a unos 18.000 MD
(1.2 B$, al tipo de cambio de 67.10 $/US$).
Ello representaba un promedio aproximado de
3.300 M$ diarios (≡ 50 MD), cifra que – comparada con las proyecciones de Deuda
antes citadas – motiva ahora por prudencia tomar un quantum de Intereses a
Pagar por año de nivel intermedio, digamos de unos 20.000 MD, al sólo efecto de
tener un importe de referencia, lo que mantendría hoy un discutible promedio
diario cercano a los 50 MD (55).
Paralelamente a lo que ocurre con el Tesoro,
el BCRA – que es la cara oculta de la Deuda Bicéfala del Estado Argentino -
tiene Pasivos Totales de corto y cortísimo plazo por otros 4.874.000 M$ (casi
5.0 B$ ≡ 78.400 MD)[3],
que a su vez devengan Intereses Diarios por 2.700 M$ en promedio (≡ 43 MD)[4],
y que anualizados son casi 1 B$ (≡ 16.000 MD).
Esto es, que si sumamos los Intereses a Pagar
por parte del Tesoro y del BCRA[5]
tenemos que el Estado Argentino afronta actualmente vencimientos de servicios –
sólo por Intereses - del orden de los 2.2 B$ (1.2 del Tesoro más 1.0 del BCRA),
equivalentes en conjunto a 36.000 MD (20.000 del Tesoro más 16.000 del BCRA).
En términos de promedios diarios esto
significaría unos 6.000 M$ (≡ 100 MD) sólo por concepto de Intereses.
Dado que la mayor parte de estos intereses no
se pagan sino que se capitalizan por anatocismo, la Bola de Nieve de tales
servicios viene aumentando en forma inmanejable por el mecanismo de los
intereses compuestos.
Este mecanismo financiero irracional fue
llevado al paroxismo bajo la gestión Macri pero no ha cesado con la nueva
administración Fernández.
Tal el cuadro de situación del costo
financiero del Sistema de la Deuda Pública Argentina que pesa hoy sobre las finanzas
del Estado bajo el actual esquema de Crisis de Deuda y que en estos días se
habría directamente descontrolado con la emergencia por la pandemia del
Coronavirus.
En estas
circunstancias, a la patética situación
financiero-fiscal existente se le agrega entonces la carga adicional por
combinación de incremento del Gasto Público y baja de la Recaudación, con el
consiguiente agravamiento del Déficit Fiscal.
El sometimiento de la administración
kirchnerista del presidente Alberto Fernández a las exigencias de los Fondos
Buitre, que hoy son la mayoría de los nuevos bonistas de la Argentina, se pone
de manifiesto en una realidad tan cruenta como escandalosa: la fórmula de
“pagar mientras se negocia”.
Es decir, que el gobierno está haciendo lo
contrario de lo que por lógica y por necesidad debiera hacer en momentos de una
flagrante situación de incapacidad de pago.
Un problema insoluble de Iliquidez e
Insolvencia del que por un lado las autoridades se lamentan en sus
declaraciones públicas pero que paralelamente soslayan en la práctica “cumpliendo”
en forma financieramente ruinosa con los servicios del endeudamiento: los de
Capital, a través del reperfilamiento sistemático de los plazos de pago a
medida que los vencimientos se van produciendo, y los de los intereses devengados
de dichas deudas por vía de capitalizaciones continuas.
Es la fórmula tradicional – y también
terminal - con la que el gobierno argentino no reconoce la realidad y vive
pateando para adelante sus compromisos de la Deuda Pública en lugar de
blanquear el default o verdadera imposibilidad de cumplimiento de tales
obligaciones – dado que los reperfilamientos unilaterales ya configuran Default
Técnico - aumentando así día a día la sangría financiera del país y el
acumulado de sus pasivos inmanejables mientras se aproxima la cuenta regresiva
de la fecha del 31.3 en que tendría que llegar a un “acuerdo” con los nuevos
Fondos Buitre acreedores de la Argentina bajo supervisión de un convenio renovado con el FMI.
Y así se da el caso que mientras el país está
dramáticamente parado en su Economía los capitales financieros, en cambio,
siguen gozando de las ganancias extraordinarias derivadas del Sistema de la
Deuda del Estado – por Capital e Intereses, del Tesoro, del BCRA, de las
Provincias y demás Entes Públicos - y también de las rentas por las operaciones
especulativas por arbitraje entre tipo de cambio y tasas de interés.
Es una muestra trágica de cómo, bajo
condiciones de Crisis de Deuda Perpetua, la premisa financiera del Valor Tiempo
del Capital se contrapone a las necesidades del Crecimiento Económico: una
verdadera lección gráfica de divorcio entre Finanzas y Economía.
Dicho en términos simples: que el País está
económicamente parado – por efecto de la
Deuda y del Coronavirus – pero la Deuda no: la Deuda no para nunca … y por eso
mismo agrava las condiciones en que necesita recuperarse la Economía.
Y cuando trabajosamente, mediante los grandes
sacrificios económicos y sociales derivados de los sucesivos planes de ajuste
fiscal, se llegue a una nueva Reestructuración de Deuda, a un enésimo Megacanje
– como el que está actualmente en curso de negociación – el país va a tener así
otra vez, como “premio”, la oportunidad de regresar al Mercado de Capitales, es
decir, la puerta nuevamente abierta para volver a endeudarse.
[1] Las abreviaturas M$/MD y
B$ significan Millones de Pesos/Dólares y Billones de Pesos respectivamente y
las cifras se expresan siempre con redondeo, razón por la cual pueden darse
mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
[2] Fuente: Ministerio de
Economía/Secretaría de Finanzas Públicas (MECON/SF) correspondiente al último
Informe Trimestral de Deuda Pública, al 30.9.2019.
El
cálculo resulta de tomar el stock de la Deuda a esa fecha, que es de 324.000 MD
(≡ 18.7 B$ ó 18.651.100 M$) aplicándole la Tasa de Interés Promedio Ponderada
de 7.21 % anual.
El
80 % de la Deuda está en Moneda Extranjera y sólo el 20 % en Pesos.
Aunque
el 37.2 % de la Deuda Total está contraída con Entes del propio Estado –
fundamentalmente Banco Central (BCRA), Fondo Garantía de Sustentabilidad (FGS)
de la ANSES y Bancos Oficiales (con el BNA-Banco Nación a la cabeza) – y
consecuentemente no implican una exigencia negociable, la proporción de la
Deuda con Terceros - Acreedores Privados y Organismos Multilaterales de
Crédito/Bilaterales (Club de París) – mantiene una incidencia elevada y agravada
a su vez por una fuerte concentración del perfil de vencimientos.
[3] Según el Balancete del
BCRA al 29.2.2020 el desagregado de estos pasivos a esa fecha es el siguiente:
1. Cuentas Corrientes en Moneda Extranjera: 658.800 M$ (≡ 10.600 MD), 2. Letras
de Liquidez (Leliq, a 7 días de Plazo): 1.639.700 M$ (1.64 B$ ≡ 26.400 MD), 3.
Pases Pasivos (a sólo un día de plazo): 1.324.800 M$ (1.32 B$ ≡ 21.300 MD), y
4. Otros Pasivos (Swap con China): 1.250.700 M$ (1.25 B$ ≡ 20.100 MD). En
total, 4.874.000 M$ (casi 5.0 B$) equivalentes a los 78.400 MD citados.
[4] La estimación resulta del
siguiente cálculo (según datos a esa fecha, que no difieren sustancialmente de
los actuales, al 15.3): 1. Stock de Leliq de 1.639.700 M$ (1.64 B$ ≡ 26.400 MD,
al tipo de cambio 62.208 $/US$) por 0.40 (40 % anual) = 656.000 M$/Año (≡
10.500 MD) y 2. Stock de Pases Pasivos de 1.324.800 M$ (1.32 B$ ≡ 21.300 MD)
por 0.25 (25 % anual) = 331.000 M$/Año (≡ 5.300 MD).
En
total: 2.964.500 M$ (3.0 B$ ≡ 47.700 MD) de Stock de los dos principales
pasivos a corto y cortísimo plazo, que devengarían en conjunto 987.000 M$/Año
(casi 1.0 B$ ≡ 15.900 MD, prácticamente 16.000 MD).
No
se computan los encajes por depósitos en dólares ni los intereses del swap con
China.
[5] Aquí no tomamos en cuenta
los servicios por la Deuda de Provincias – que sumarían un stock entre 26 y
30.000 MD – de Municipios, Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos
Fiduciarios, Deudas Flotantes ni Juicios contra el Estado con sentencia en
firme.
Esa
deuda conjunta, que constituye la Deuda Pública
Nacional y pesa como carga financiera fiscal junto a la
principal del Estado Central y del BCRA, es una información que no es suministrada
por las autoridades de Gobierno.