“Con esta ley de Salud Mental los pacientes
reciben balas en vez de tratamientos”
Al revés de lo que
proclama, la norma votada en 2010 criminaliza los actos de los que llama
“usuarios”, denuncian profesionales del sector. El Defensor del Pueblo Adjunto
de la Provincia de Buenos Aires admite que la ley vigente “no brinda respuestas
adecuadas”. Y hasta la madre del músico pidió que la cambien
Claudia Peiró
Infobae, 28 de
Julio de 2021
“La paradoja de
esta ley es que ha hecho que los pacientes no estén bajo el ámbito de salud
sino bajo el ámbito de la justicia criminalizando sus actos y recibiendo balas
en vez de tratamientos”, dice el médico psiquiatra Bernardo Carricart (MN
114548 y MP 2476), de Olavarría, e integrante de la Cámara Argentina de
Establecimientos de Salud Mental (Caesme).
Para este
profesional, lo ocurrido con el músico Chano Charpentier “es el costo de no
poder internar a los pacientes”.
Alude a la Ley de
Salud Mental (n°26.657) votada a libro cerrado en el año 2010, una norma que
niega la enfermedad mental -no la nombra- y que estigmatiza la psiquiatría -fue
elaborada, aunque cueste creerlo, sin la participación de las asociaciones de
médicos psiquiatras.
“El caso del músico
Chano Charpentier no es el primero ni será el último. Se repetirá porque la Ley
de Salud Mental vigente no prevé el riesgo potencial de la enfermedad
psiquiátrica para decidir una internación sin el consentimiento del paciente”,
advierte Carricart.
La ley 26657
definía, entre sus disposiciones más polémicas, el cierre de los
establecimientos psiquiátricos en un plazo de diez años (vencido), el incremento del presupuesto para la especialidad
hasta un 6% del presupuesto de Salud (no cumplido), la creación de
“dispositivos intermedios” para sustituir las clínicas y hospitales que debían
cerrar (no cumplido), equiparaba en muchos aspectos -como la decisión de
internar, o la dirección de un equipo de Salud Mental- al psiquiatra con el
psicólogo, el asistente social o el terapista ocupacional en los llamados
equipos interdisciplinarios -cuyas incumbencias no definía apropiadamente- y
ponía muchas trabas para la internación involuntaria de los pacientes.
El artículo 20 de
la Ley dice que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse
como recurso terapéutico excepcional” y que “sólo podrá realizarse cuando a
criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente
para sí o para terceros”.
Establece también
que esto debe ser determinado por el equipo interdisciplinario y con la firma
de dos profesionales de distintas disciplinas “uno de los cuales deberá ser
psicólogo o médico psiquiatra”, la internación debe ser notificada al juez
competente en un plazo de 10 horas y luego se debe proveer una serie de
informes en plazos perentorios.
En opinión de
Caesme, la Ley pone de este modo la libertad por encima del derecho a la salud
afectando la seguridad de toda la sociedad. De acuerdo a la ideología
foucaultiana que inspiró el texto de esta ley, el paciente psiquiátrico no
tendría tendencias biológicamente morbosas sino que es la sociedad la que
genera dichas patologías. Si la enfermedad no existe, no se la trata; en cambio
se postula que hay que cambiar a la sociedad que patologiza estos trastornos.
El término clave
en materia de internación es “riesgo cierto e inminente”. “Significa que una
persona sólo puede ser internada en una situación muy extrema y evidente cuando
ya la patología está en su proceso agudo -dice Carricart-. Pone a la internación
como la última de las opciones ya que parten del presupuesto de que la
internación es una opción mala en sí misma por violar la libertad del sujeto”.
Es como si, en un cuadro cardíaco, “en vez de actuar cuando el paciente sufre
la angina, se espera a que haga el infarto”, ejemplifica.
Consultado acerca
del caso de Chano Charpentier -que se negaba a ser internado y en un episodio
que todavía está bajo investigación fue baleado por un agente de la Policía
Bonaerense y sigue internado en grave estado-, el propio Defensor adjunto del
Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, admitió que la Ley de
Salud Mental “no brinda respuestas adecuadas” en casos como el del músico que
“lamentablemente no fue un episodio aislado”. Es quizás el primer funcionario
que reconoce lo que varias asociaciones de psiquiatras vienen denunciando desde
que se promulgó la ley: el desamparo en el que deja a los pacientes y a sus
familias.
“La ley establece
que la internación debe ser una excepción, cuando en realidad debe ser una
habitualidad en el equipo interdisciplinario, debe estar en el arsenal
terapéutico, al igual que el tratamiento ambulatorio, la terapia contextual, la
psicoterapia”, dice Bernardo Carricart.
“¿Por qué un
legislador va a decir que una internación debe ser una excepción? ¿Desde qué
lugar de conocimiento?”, se pregunta apuntando a lo absurdo de que en una Ley
se opine sobre los tratamientos. En la práctica, explica, como la ley dice que
es una excepción y esa excepción va a ser ”observada con un sesgo prejuicioso,
con un concepto preformado”, el resultado es que se “disuade de internar aún
cuando los profesionales lo crean necesario”.
“Si le decís al
profesional que interne solo cuando el riesgo es inminente, el equipo
interdisciplinario o la fuerza de seguridad van a intervenir cuando la
situación ya sea muy compleja por el desarrollo de la enfermedad”, explica.
Y compara: “Si yo
tengo un cuadro cardíaco y lo siento como una angina de pecho, la ley me
estaría diciendo que hasta que no estemos infartados no se nos podría atender.
¿Cómo no vas a atender los pasos previos a una angina de pecho, que implica
mucho menos costo y más sobrevida para el paciente? La ley está generando estas
cosas porque impide internar para prevenir la inminencia de una situación de
riesgo: angina versus infarto”.
El defensor
adjunto Walter Martello reconoce por su parte que “hay numerosas familias que
vienen reclamando poder internar a sus hijos que sufren problemas de
adicciones”. “Una de ellas fue la madre de Chano; tenemos un marco normativo
que no nos brinda respuestas adecuadas”, agregó. La madre del músico había
estado intentando internarlo en los días previos, sin éxito, por la negativa
del propio Chano.
“¿Qué grado de
autodeterminación y voluntad propia posee una persona para decidir sobre si
inicia, continúa o no su internación, si precisamente está comprometida su
voluntad y su psiquis por los efectos de las drogas?”, se preguntó Martello,
pero no explicó por qué esto no fue tenido en cuenta en la norma a la que pese
a todo definió como “impecable desde el punto de vista ideológico”, según
reporta la agencia Télam.
“El paradigma tal
como está actualmente hace que la persona llegue hasta su límite, lleva a poner
en riesgo su propia vida o la de terceros”, admitió. Y dijo que el caso de
Chano refleja una situación “que se repite diariamente”. “Madres, padres,
hermanos, familiares, amigos, que reclaman que alguien ayude a sus seres
queridos que sufren en carne propia las adicciones y ya no pueden valerse por
sí mismos, siendo peligrosos para sí y para terceros”, abundó.
Martello reconoció
que es necesario revisar la normativa porque “a la hora de instrumentar los
requisitos que establece, en los casos severos como el de Chano, nos
encontramos con serios problemas”. “Necesitamos una ley o una reglamentación
que le dé más herramientas a profesionales de la salud y a las familias”,
sostuvo.
“La perspectiva de
derechos no debería anteponerse a la perspectiva de salud, especialmente en
situaciones de riesgo efectivo”, dijo, que es exactamente lo que sostienen los
críticos de la Ley.
Bernardo
Carricart, por su parte, apunta también contra la estigmatización de la
profesión contenida en la Ley y cuyo efecto es la parálisis del accionar
terapéutico y el desamparo del paciente.
El artículo 12 de
la Ley dice por ejemplo que “la prescripción de medicación (...) se
administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo”; dando
por sentado que ésa es una de las motivaciones de los psiquiatras para medicar.
De nuevo el legislador opinando sobre los tratamientos.
“La ley atemoriza
al equipo interdisciplinario -dice Carricart-, tildándolo de grupo que viola
derechos y garantías de forma arbitraria. Estigmatiza a las instituciones de
salud mental, determinando que deben dejar de existir, a los equipos que
trabajan en ellas y perjudica al paciente dado que limita sus posibilidades
terapéuticas generando estas situaciones de indefinición frente a la urgencia”.
Esta “gran carga
ideológica de la ley” lleva a que “los equipos de salud no estén empoderados
para evaluar la situación de riesgo, porque la ley habla de la excepcionalidad
de la internación, de no usar la medicación como tortura; los equipos están
totalmente sesgados para actuar”.
Estos “sesgos
ideológicos” de la ley tienen por consecuencia que se actúa tarde, “y cuando
las decisiones se toman tarde, los costos son estos: heridos, muertos y más
días de internación, al revés de lo que se pretende”. Es el costo, mucho mayor,
de no hacer prevención.
“Es importante
remarcar que ya existe, de hecho, un alto porcentaje de transferencia de camas
del ámbito sanitario al ámbito penal -denuncia-; cama que se pierde en un
centro especializado es una cama que será ocupada por un paciente psiquiátrico
en un penal”.
Y vale recordar el
caso del también músico Pity Álvarez, preso desde julio de 2018 en el pabellón
psiquiátrico del penal de Ezeiza, por haber asesinado a una persona estando
bajo efecto de las drogas. Y ese caso trascendió porque es una persona
conocida.
En opinión de
Caesme, la ley de Salud Mental reniega del orden social y niega la peligrosidad
y el riesgo que representa para sí mismo y para terceros un paciente
descompensado; desconoce a la enfermedad como manifestación de una alteración y
como enfermedad biológica y apunta a que la cultura es la que genera la
patología mental; y pide el cierre de hospitales y clínicas especializadas por
ser instituciones de orden, control y violación de derechos fundamentales; lo
que en realidad deja sin cobertura a los pacientes.
“Cambiando las
palabras no se cambia el orden natural de las cosas -dice Carricart-. La ley no
habla de enfermedad mental sino de ‘usuarios’. Pero la evolución de la
patología se impone sobre la lingüística. Al hablar de usuario se quiere dar a
entender que éste tiene la opción de elegir tratamientos, opciones
terapéuticas, pero en este tipo de patologías hay un punto en el que justamente
lo que se altera es el juicio de realidad. El paciente no es simplemente un
usuario, es una persona que padece una situación de enajenación de la realidad
y por eso debe intervenir un tercero”.
Finalmente,
Bernardo Carricart se enoja por el calificativo de “nueva” que se le da a la
Ley. “No es la nueva ley de salud mental, ya tiene 11 años y no la han podido
aplicar. Ni están los fondos, ni se han creado los dispositivos intermedios, ni
se ha ordenado el equipo tratante ni se han cerrado las clínicas. Entonces,
¿qué estamos esperando para cambiar la ley? Es casi obvio que hay que modificar
la ley”.
Pese a que los
aspectos presupuestarios y administrativos de la Ley no se han cumplido, el ex
ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan firmó, en diciembre de 2020, una
resolución determinando el fin de las internaciones de pacientes crónicos en
neuropsiquiátricos de la provincia. Habría que preguntarle al ahora candidato a
diputado qué pasará con futuros casos como el de Pity Álvarez. ¿Internarán a
ese tipo de pacientes en hospitales generales?
La ministra de
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, también opinó sobre el caso de Chano:
aludió a la necesidad de capacitar a los agentes para “minimizar las acciones
violentas” en estos casos. Y agregó: “La implementación de la Ley de Salud
Mental es uno de los desafíos pendientes más grandes”
Tal vez la
funcionaria debería escuchar a los profesionales del sector que consideran que
el desafío no es implementarla sino reformarla.
O al citado
defensor del Pueblo adjunto, Walter Martello que dijo que quienes han
“escuchado las súplicas de las madres de las personas adictas” no pueden “permanecer
indiferentes”.
Cabe esperar que
escuchen el ruego de la propia madre del músico: “Sólo pido que hagan algo con
la ley de Salud Mental porque así estamos todos los padres de los enfermos. La
adicción es una enfermedad y nadie nos da respuestas. Está lleno de madres que
no tienen visibilidad que están golpeando puertas y nadie las escucha”.
