jueves, 2 de mayo de 2013

CON LA VIOLENCIA NO SE NEGOCIA





¿Quién pone en duda que la ciudad de Córdoba debe reformular el servicio público de transporte para atender las necesidades de una geografía humana que no deja de crecer? ¿Quién pone en duda que la Municipalidad de Córdoba ha asegurado por escrito en los pliegos de la licitación del transporte público y ante el Ministerio de Trabajo que se respetarán los puestos de trabajo?
La respuesta es sencilla y decepcionante: unos pocos activistas gremiales y choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que parecen defender el privilegio de grupos minúsculos que fueron tolerados hasta el hartazgo por las anteriores conducciones del Palacio 6 de Julio y por un aparato sindical que se resiste a los cambios.
La Municipalidad dio sobradas garantías de que no está en riesgo el empleo para más de un millar de familias, como pregonan los violentos, sino que está en riesgo el trabajo sólo para quienes –una vez puesto en marcha el nuevo sistema– no cumplan en forma eficiente sus tareas, no puedan justificar sus reiteradas faltas y carpetas médicas o no realicen con honestidad sus labores. Para ellos sí está en riesgo el puesto de trabajo, como sucedería en cualquier empleo público o privado.
Y es inadmisible que la UTA y los gremios que los apoyan defienda a los deshonestos frente a los cientos de choferes que desempeñan sus tareas como corresponde y son bien remunerados.

El gremio y sus aliados violentos no pueden pisotear los derechos de todos, como ha insistido este diario en reiteradas oportunidades, para moldear una licitación a su imagen y semejanza. No pueden, no deben, destrozar la Municipalidad de Córdoba porque se impedía el ingreso de una treintena de activistas a un acto público y sumergir en el caos vehicular a miles de cordobeses que quieren estudiar, trabajar y desarrollar sus actividades en paz.
El intendente Ramón Javier Mestre y el gobernador José Manuel de la Sota, porque la violencia y el caos también los alcanzan, no deben ser cómplices ni funcionarios pasivos ante la violencia, más allá de cualquier especulación electoral con vista a los próximos comicios.
La Policía tiene que identificar a los autores de los desmanes, a quienes destrozaron las instalaciones del Palacio 6 de Julio y agredieron a periodistas, y la UTA debe ser responsable por aquellos activistas violentos. Se supone que las fuerzas de seguridad están preparadas para serenar los ánimos y disuadir a los que ponen en riesgo los bienes y la vida de los demás.
No es justo que el derecho de todos sea avasallado por unos pocos. La ciudad no puede volver a experiencias caóticas como la del último martes. Córdoba merece un destino mejor para sus habitantes, porque ese es el anhelo unánime de su gente.

La Voz del Interior, 2-5-13