martes, 7 de mayo de 2013

DENUNCIA DE CARRIÓ




En ese testimonio aportado por la diputada del ARI, la ex secretaria de Néstor Kirchner declara que en la Casa Rosada y la residencia de Olivos vio “bolsos con plata”. La legisladora opositora opinó que Cristina Fernández “sí sabía” del supuesto movimiento de dinero referido por Quiroga.
La diputada nacional Elisa Carrió (ARI) se presentó ayer en el juzgado federal de Julián Ercolini y entregó copias de los videos de Miriam Quiroga, ex secretaria de Néstor Kirchner, diciendo que en la Casa Rosada y la residencia de Olivos vio “bolsos con plata”. La legisladora opositora opinó, en declaraciones a la prensa, que Cristina Fernández “sí sabía” del supuesto movimiento de dinero referido por Quiroga, pero aclaró: “Yo no creo que ella era la que pidiera ni era la jefa, pero sabía y era la Presidenta”. “Esta es la tragedia de esta familia (Kirchner-Fernández) con 10 mil millones de euros y la asociación ilicita, ése es el terror de la Presidenta y por eso avanza sobre la justicia”, señaló.
En 2008 Carrió denunció en la Justicia federal a Kirchner por supuesta “asociación ilícita” y la presentación recayó en el juez Ercolini, que asumió como tal en el Gobierno del ex presidente y en 2004 lo sobreseyó en una causa por el delito de enriquecimiento ilícito. Además de Kirchner, la presentación pidió que se investigue al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime; al ex titular de la OCCOVI, Claudio Uberti; y a los empresarios santacruceños Rudy Ulloa Igor, Cristóbal Lopez y Lázaro Báez.

A todos ellos, los acusaba de la presunta comisión de los delitos de “asociación ilícita”, “fraude a la administración pública”, “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. La denuncia estuvo firmada, además de Carrió, por los diputados nacionales Adrián Pérez, Héctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa Siria Quiroz, Susana García, Fernando Sanchez y Juan Carlos Morán.
“Así como en la década del ‘90 la corrupción se gestionó a través de los bancos y el sistema financiero, en la era de Néstor Kirchner se basa en los oscuros negocios que él y su entorno hacen de la obra pública”, consignó el escrito. Para los denunciantes “Nestor Kirchner es el jefe de Julio De Vido, Rudy Ulloa, Lázaro Baez, Claudio Uberti, Cristóbal Lopez y Ricardo Jaime” y “todos ellos, incrementaron sideralmente su patrimonio a partir de conocerlo (a Kirchner), enriqueciéndose”.
La denuncia, plagada de datos y fechas, planteaba al juez que ordene los allanamientos de los ministerios de Economía y Planificación Federal, así como de la AFIP y la Contaduría General de la Nación y empresas adjudicatarias de obras públicas, en busca de documentos y comprobantes.

Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello decidió ayer clausurar la causa que el fiscal Guillermo Marijuán impulsaba contra su jefa, la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, para saber si la funcionaria que encabeza la agrupación “Justicia Legítima” había nombrado funcionarios sin pasar las autorizaciones del Senado y del Ejecutivo. Casanello -nombrado el año pasado en el juzgado federal 7- sostuvo que no corresponde investigar a Gils Carbó por “abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público”, como había solicitado el senador radical Mario Cimadevilla -gestor de la denuncia- y a lo que había hecho lugar Marijuán.
Fuentes judiciales indicaron que Marijuán tiene tres días para apelar la resolución ante la Cámara Federal, mientras el senador analiza presentarse como querellante. “Tenemos otro Oyarbide en la Justicia”, dijo Cimadevilla, en clara alusión al juez Norberto Oyarbide, cuestionado por el radicalismo tras haber cerrado la causa por enriquecimiento ilícito contra el matrimonio Kirchner.
Cimadevilla opinó que Casanello emitió un fallo “que es una barbaridad” y deslizó que podría haber incurrido en prevaricato, es decir, dictar fallos contrarios a la ley. El senador, integrante del Consejo de la Magistratura, había denunciado el 23 de abril a Gils Carbó por “nombramiento ilegal de fiscales interinos y ad hoc sin cumplir con los requisitos legales, y por alterar mediante resoluciones de la Procuración General la estructura del Ministerio Público Fiscal que debería haber sido dispuesta por ley”. Y Marijuán decidió hacer lugar a la pesquisa por entender que podría haber cometido delito.

Diario Alfil, 7-5-13