martes, 7 de mayo de 2013

NI EL MÍNIMO SERVICIO




El prolongado conflicto de los choferes del transporte de pasajeros de larga distancia puso otra vez al descubierto testimonios desgarradores por parte de quienes necesitaban el servicio, ya sea por razones sanitarias, personales o profesionales. Los relatos de los usuarios conmovieron por las dificultades que les acarrea una huelga tan extensa como carente de alternativas para los pasajeros afectados.
Los sindicalistas, que a menudo proclaman la necesidad de respetar los convenios internacionales y las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), olvidan que ese organismo y los tratados que invocan establecen la obligación de proveer un servicio mínimo y esencial para los damnificados. Esto sucede con frecuencia en los países miembros de la Unión Europea que, incluso sometidos a tasas de desocupación sólo verificadas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, proveen prestaciones mínimas para miles de personas que no tienen otra alternativa que usar el servicio público.

El derecho de huelga está reconocido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que suscribió la Argentina, los cuales tienen un mandato superior al fijado en la Carta Magna. Pero ese derecho debe contraponerse con la prestación de un servicio de emergencia mínimo, que es vital para amplios sectores de la población.
De más está decir que esa prestación no se cumplió durante la huelga violenta del transporte urbano de la ciudad de Córdoba, iniciada al mediodía del 30 de abril último y concluida 60 horas después. Tampoco se ha respetado este derecho de los pasajeros en la protesta que durante más de cinco días realizaron los choferes agrupados en UTA nacional y que afectó a más de 250 mil usuarios.

El crecimiento burocrático y en facultades del Estado nacional de nada sirvió para encauzar el conflicto. El Gobierno debe encontrar la forma de zanjar estas disputas que se repiten cada año con la renovación de las paritarias o, a veces, de modo mucho más periódico en función de los incumplimientos de los acuerdos.
Lo que está en el fondo del conflicto nacional, como del que vivió la ciudad de Córdoba, es la política de subsidios del Estado nacional, que gasta millones de pesos cada año para disimular el impacto de la inflación real en el costo del boleto. Las promesas de sincerar en forma paulatina el listado de pasajeros que realmente necesita de la ayuda estatal tropezó en su momento con la aún inexplicable tragedia de Once, que costó la vida a 52 personas, y ahora con las especulaciones de un año electoral.
Es necesario sincerar los costos y que el Estado cubra con su ayuda económica sólo a los que la necesitan de verdad, para evitar dilapidar fondos millonarios. Esto, más una conducción eficiente de los conflictos, evitará huelgas costosas para miles de usuarios.

La Voz del Interior, Editorial, 7-5-13