jueves, 9 de mayo de 2013

LA CÁMARA CIVIL FUE DURA CON LOS CAMBIOS EN LA MAGISTRATUIRA




Por Paz Rodriguez Niell 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dio a conocer ayer una dura declaración contra la reforma judicial promovida por el Gobierno: expresó su "preocupación" y sostuvo que el conjunto de proyectos y leyes sancionadas "podrían atentar seriamente contra la independencia del Poder Judicial".

La declaración del tribunal, que lleva la firma de 31 camaristas, critica la reforma en general, pero hace especial énfasis en el peligro que a su juicio tienen dos de los proyectos: la modificación del Consejo de la Magistratura y la creación de las nuevas cámaras de casación. Advierte que podrían provocar la violación de compromisos internaciones del Estado, así como de normas constitucionales, y que dejan "desprotegidos" a los ciudadanos.

En cuanto al proyecto de reforma del Consejo, los camaristas advierten que somete "temas de trascendencia institucional, como la elección y remoción de los jueces, a la decisión del partido gobernante de turno, vulnerando el principio de independencia judicial y el derecho de todo habitante de la República Argentina a un juez imparcial establecido por la Constitución Nacional".

Sostienen, además, que la elección de los consejeros jueces y abogados por el voto popular en las listas partidarias podría constituir una violación de al menos siete artículos de la Constitución. Asimismo, afirman que la "inconveniente politización" del Consejo y de sus integrantes podría afectar la "división de poderes".

"Observamos que los proyectos y las leyes cuestionados no contribuyen a una mejora y celeridad de los procedimientos, sino que, por el contrario, retrasarán los procesos en perjuicio de los justiciables, desatendiendo el requisito del plazo razonable para el dictado de las sentencias impuesto por tratados internacionales."

La declaración ataca, en concreto, la puesta en funcionamiento de las tres nuevas cámaras de casación; entre ellas, la civil y comercial, que será alzada de la Cámara Civil, es decir, revisará los fallos de estos magistrados.

"La creación de nuevas cámaras de casación podría causar una demora en los procesos", dice el documento, que advierte, además, que "el método de integración previsto para su constitución inicial [en referencia a las casaciones] importaría una violación de la Constitución Nacional, conforme lo decidiera el más alto tribunal".

Lo que cuestionan los camaristas es que la presidenta Cristina Kirchner podrá elegir, de inmediato y sin esperar los concursos del Consejo de la Magistratura, a los jueces que integrarán las tres cámaras de casación. Esto fue previsto en un agregado de último momento al proyecto de ley que crea las cámaras. Permitirá que tribunales enteros empiecen a funcionar sin jueces titulares, una situación sin precedente.

"La independencia de los jueces no es un privilegio, sino una garantía de los ciudadanos, los que resultarán desprotegidos por la reforma", reza el último párrafo de la declaración, que los camaristas remitieron a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y a las dos cámaras del Congreso Nacional.

El texto lleva la firma de 31 de los 39 jueces del tribunal, entre los que se encuentran algunos subrogantes. Algunos de los que no firmaron estaban en desacuerdo con el contenido de la declaración y otros estaban de viaje, dijeron fuentes del tribunal.

Los antecedentes de esta declaración hay que buscarlos en una nota que envió la presidenta de la Cámara Civil, la jueza Patricia Barbieri, al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el 25 de abril pasado. Allí le pedía a Lorenzetti: "Que siga ejerciendo con firmeza y convicción el rol de cabeza de uno de los tres poderes del Estado, en aras de garantizar la independencia de la Justicia, el respeto de los derechos y la efectiva división de poderes, bases indiscutibles de un sistema republicano de gobierno".

Esas líneas son parte de una lluvia de apoyos que enviaron presidentes de las cámaras de la justicia nacional y federal de todo el país a la Corte, cuando se discutía que retuviera sus funciones de administración del Poder Judicial..

La Nación, 9-5-13