Por Héctor GIULIANO
(18.6.2014).
El fallo de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) de los Estados Unidos acelera los tiempos de la Hoja de Ruta Boudou, que
contempla la liquidación perentoria del problema de los holdouts y el arreglo
de la deuda con el Club de París para que la Argentina vuelva a los
mercados internacionales de capitales para colocar nueva deuda externa.
Después de haber
perdido el caso testigo de NML-Elliot y otros en primera instancia – sentencia
del juez Griesa – y en segunda instancia – Cámara de Apelaciones del Segundo
Distrito de Nueva York – la CSJ
rechazó la tercera instancia: el pedido argentino de que la Corte atendiera su reclamo
para frenar los efectos del fallo contra nuestro país y a favor de los “fondos
buitre” (FB).
El levantamiento de
la medida cautelar (stay) que acaba de conocerse hoy agrava aún más la
situación legal del gobierno Kirchner porque habilita la ejecución de la
sentencia, incluyendo la alternativa de embargos sobre bienes del Estado y
bloquearía así el intento anunciado por el Ministro de Economía Kicillof de
cambiar la jurisdicción de pago de los bonos para el próximo 30.6.
CUADRO DE SITUACIÓN.
El gobierno Kirchner
se encuentra ante una encerrona financiera y legal muy grave, una vieja
encerrona que era previsible desde el momento en que fue a juicios que -
temprano o tarde - inexorablemente iba a perder contra los FB en la medida que
no cuestionaba la legitimidad de sus acreencias.
Los lineamientos
básicos del cuadro de la situación actual pueden resumirse en varios puntos
concurrentes:
a) El Estado Argentino no tiene liquidez ni
solvencia para afrontar los servicios de su Deuda Pública – externa e interna –
porque carece de las divisas necesarias y porque tiene déficit fiscal
creciente.
b) La posición de Reservas Netas del Banco
Central (BCRA) – al 31.5.2014 – es de sólo 12.600 MD (Millones de Dólares):
28.500 MD de Reservas Brutas menos 7.100 MD de encajes bancarios en moneda
extranjera menos Otros Pasivos por 8.800 MD, producto de préstamos de otros
bancos centrales. Sin contar con el peso de la deuda cuasi-fiscal del banco por
Lebac/Nobac, que equivale a unos 25.600 MD.
c) El Estado no tiene excedente sino
déficit fiscal, que se cubre con más endeudamiento público; con deuda que en
los últimos tiempos ha crecido al ritmo de unos 15.000 MD por año (14.600 MD en 2011 y 18.800 MD en
2012; sin datos todavía del 2013, en que se preveía un aumento de la deuda por
otros 12.100 MD).
d) Actualmente la Argentina ya no tiene
entonces superávits sino déficits gemelos: fiscal y externo, que los cubre con
nuevas deudas.
e) El fallo adverso de la CSJ norteamericana deja
prácticamente agotadas las instancias judiciales de dilación en el pago de las
deudas con los holdouts y fuerza una negociación final ante el juez Griesa en
las peores condiciones de discusión: con todos los fallos sancionados en contra
del país y con fuertes vencimientos próximos de servicios de deuda afectados
por tales sentencias.
f) Con ello, las posibilidades de seguir
ganando tiempo (al costo de extraordinarias cargas adicionales por honorarios y
gastos) quedan virtualmente terminadas, sobre todo con el levantamiento de la
medida cautelar citada (stay).
g) El fracaso argentino ante la Corte es por partida doble:
por la causa central de interpretación de la cláusula Pari Passu y por su causa
derivada de Discovery, que habilita el pedido de información y embargo de
bienes argentinos en el exterior.
h) La administración Kirchner habría
agotado sus posibilidades de seguir apelando a la Deuda intra-Estado después
de haber pagado deuda con terceros – Acreedores Privados y Organismos
Financieros Internacionales – con el consiguiente desfinanciamiento de la ANSES , el vaciamiento de las
reservas del BCRA y el empapelamiento general de las Agencias del Estado (con
el Banco Nación-BNA a la cabeza).
i) Queda demostrado el fracaso del
Megacanje Kirchner-Lavagna-Nielsen de 2005-2010, que el gobierno K y el
establishment financiero tratan todavía de encubrir con la falsía del
des-endeudamiento:
1. Porque la quita fue compensada con cupones PBI,
2. Porque
era una ingenuidad pensar que la
Argentina iba a lograr un pronto “retorno a los mercados
internacionales de deuda” mientras dejaba 20.000 MD de holdouts afuera, y
3.
Porque el fracaso de este nuevo Megacanje se intentó cubrir con Deuda
intra-Estado (ANSES, BCRA, BNA y otras) hasta el citado agotamiento de tal
fuente.
j) Los antecedentes de “buena letra”
realizados en los últimos meses por la administración Kirchner con el pago de
los laudos del CIADI (600 MD), con las indemnizaciones a Repsol por YPF (más de
10.000 MD entre capital e intereses) y con el acuerdo secreto del Club de París
(otros 9.700 MD, sólo por capital) no le sirvieron para contener el problema de
los Holdouts.
Por ende, la
administración K apela ahora a profundizar la única vía disponible dentro de la
trampa del sistema de Deuda Perpetua en que está metida: pagar deudas que
vencen y sentencias judiciales que se pierden con nueva deuda, que es la
política de pago de juicios (que es Deuda contingente, no registrada) con bonos
y vuelta al mercado de capitales para tomar más deuda.
Frente a este
gravísimo encuadramiento de los hechos, el gobierno Kirchner – desde su
asunción en 2003 hasta la fecha – actuó en sentido contrario a la defensa de
los intereses financieros nacionales en materia de deuda pública:
a) Aceptó la legitimidad de toda la Deuda Pública
heredada pese a las investigaciones de la Justicia Argentina
en las causas Olmos I y II, Megacanje 2001 y actuación de gobiernos
democráticos en el aumento de la
Deuda.
b) Se negó y se niega a investigar la
legitimidad de todas las acreencias.
c) Rescató las deudas de origen delictivo
del Megacanje De la
Rúa-Cavallo del 2001 a través del lavado de Deuda del nuevo
Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010, en que se canjeó un 70-80 % de las
mismas.
d) Sostuvo y sostiene la falsía de un
des-endeudamiento público que no existe.
e) Mantuvo y mantiene la mentira de un
supuesto canje exitoso de la deuda en default por medio de las
reestructuraciones del 2005 y 2010 pese a que dicho acuerdo ha fracasado y fue
sostenido artificialmente con Deuda intra-Estado.
f) Pagó en forma privilegiada -
anticipada y total - la deuda vencida y a vencer con el Fondo Monetario (FMI)
pese a que se trataba del acreedor oficial más cuestionable y co-responsable
directo de la crisis de deuda que declarativamente condena; con el agravante
que no se desafilió de dicho organismo, por lo que permanece sujeto a sus
obligaciones como país miembro.
g) Sostiene un mecanismo de
re-endeudamiento continuo con los Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) –
fundamentalmente Banco Mundial, BID y CAF – pese a que la mayoría de los
préstamos que recibe no son necesarios de contraer en moneda extranjera y no
tienen capacidad demostrada de repago.
h) Generó y aumentó irresponsablemente una
enorme Deuda intra-Estado para sostener a ultranza su política de pago de la
deuda externa con terceros a costa de empapelar a los grandes organismos
oficiales – ANSES, BCRA, BNA y otros – con títulos impagables y con licuación,
directa o indirecta, de las obligaciones por capital.
i) Mantuvo y mantiene una política de
dilación de pagos por juicios, sin probabilidad de resultados favorables, al
sólo efecto de ganar tiempo difiriendo las obligaciones asumidas, sin
cuestionamiento alguno de su legitimidad y con la clara intención de
traspasarlas a las futuras administraciones de gobierno (caso ANSES, BCRA, BNA,
CIADI, Repsol, Club de París, Holdouts, OMC y bonos en general).
j) Ha multiplicado los gastos presentes y
futuros por comisiones, honorarios y gastos en toda la cadena de
re-endeudamiento permanente y toma de nuevas deudas del Estado, fiscales y
cuasi-fiscales (BCRA).
Estos males al erario
público han sido sostenidos bajo la suposición de una capacidad de repago de
las obligaciones que no existe: las deudas que se pagan se cancelan
íntegramente con nuevas deudas y no bajan, por lo tanto, el stock del
endeudamiento sino que, por el contrario, lo incrementan con la toma de más
deuda para cubrir el déficit fiscal.
Para ello, la
administración K ha incorporado ahora masivamente su nueva política de pago de
sentencias en contra – deudas no registradas por la excusa de tratarse de
“deudas contingentes” – con bonos, es decir, la emisión de títulos para cubrir
los fallos adversos que sistemáticamente se le vienen produciendo y cuya carga
mayoritaria pasa a futuros gobiernos.
Esta “vocación
pagadora” y política de pagos a ultranza de la administración Kirchner ha
quedado claramente ratificada por Cristina Fernández en su discurso del 16.6.
Allí la presidenta,
entre otras cosas, dijo enfática y textualmente lo siguiente:
- “Argentina va a cumplir con sus
obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada.”
- “Porque la vocación de la Argentina es pagar, lo
hemos demostrado, ...”.
- “Nosotros queremos cumplir y honrar
nuestras deudas y lo vamos a hacer”.
Esto es, que no cabe
ninguna duda que la política declarada y fáctica del gobierno K es el pago a
ultranza de la Deuda
Pública , sin importar su legitimidad: fundamentalmente el
pago de su Deuda Externa, ya que de su Deuda Interna - en esencia, de su Deuda
intra-Estado – no se tiene la menor idea de cuándo, cómo ni cuanto se va a
poder pagar, pasándola a un futuro en que la actual administración ya no va a
estar.
Con lo que se cumple
la vieja premisa liberal – alguna vez expresada por el ingeniero Alsogaray,
durante la crisis del Plan Bonex de 1990 - de que, en caso de crisis podía
defaultearse la Deuda
Interna pero nunca la Externa , porque esta última debe mantenerse
siempre en cumplimiento para poder volver a tomar más deuda afuera.
Es la forma clásica
de adscripción institucional de los gobiernos al sistema de la Deuda Pública
Perpetua.
UNA ALTERNATIVA
NACIONAL.
Las improvisaciones
del gobierno K frente a la nueva mala noticia de los tribunales norteamericanos
no hacen sino agravar el cuadro financiero y jurídico del país en materia de
endeudamiento.
El intento de
realizar un cambio de jurisdicción para el pago a los bonistas del Megacanje
Kirchner-Lavagna en Buenos Aires en lugar de Nueva York habría quedado abortado
por el rápido levantamiento del stay de la corte de apelaciones de Nueva York y
porque, además, habría implicado una forma de desacato ante el fallo del juez
Griesa, después de ratificado en todas esas instancias extranjeras aceptadas
por la Argentina.
La nueva y última
etapa que ahora se abre – la convocatoria a negociar con los FB ante el juez –
se hace en las peores condiciones para el gobierno: juicio lapidariamente
perdido ante los acreedores y tiempos contra reloj debido al próximo pago de
900 MD por intereses de los Bonos Discount del Megacanje 2005-2010, con imagen
fundadamente deteriorada a raíz de los reiterados intentos de dilación legal y
con la dependencia de terceros fondos buitre – como el caso Gramercy – que
pudieran triangular la deuda comprando los derechos de los juicios perdidos a
los FB victoriosos para luego canjearlos con el gobierno argentino por bonos de
nueva deuda.
Con la complicación
adicional de la vigencia de la cláusula RUFO o del Acreedor más favorecido –
pactada por este gobierno según el Megacanje 2005 – que compromete la extensión
de cualquier beneficio dado a los holdouts también a los bonistas que entraron
en los canjes.
Si bien esta cláusula
regiría sólo en los casos de mejoras dadas en forma voluntaria y no compulsiva
– como sería este caso de sentencias judiciales – la Argentina no se
encuentra exenta de sufrir presentaciones judiciales aisladas por parte de
algún bonista díscolo que le abra así un nuevo frente de conflictos legales.
La lógica de usura de
los acreedores es, por definición, mantener siempre en jaque al deudor de modo
que éste se encuentre permanentemente en inferioridad de condiciones para
cualquier alternativa de negociación o -
más propiamente hablando - de allanamiento (como ya ocurrió con los
laudos del CIADI y con el arreglo de la deuda con el Club de París).
Un gobierno
debilitado políticamente, incoherente en sus improvisaciones y corrompido en su
gestión como el de los Kirchner es – en este sentido - un peligro, porque para
sostener su permanencia puede aceptar cualquier cosa, como lo está demostrando
en los casos citados (CIADI y Club de París) y también en el de Repsol,
Chevron-YPF y nuevo endeudamiento.
Y esto se materializa
bajo un esquema de Deuda Perpetua, pagando sistemáticamente deudas con nuevas
deudas, asumiendo deuda adicional y manteniendo un esquema permanente de toma
de obligaciones sin capacidad de repago demostrada, amparadas en el tradicional
estribillo del establishment financiero, que dice que “no hay problema en tomar
deuda sin capacidad de pago mientras se viva pagando intereses y se refinancie
íntegramente el principal a medida que se van produciendo los vencimientos.”
Es el precio que la
administración Kirchner está pagando por su propia supervivencia financiera y
política.
Si hubiera una
administración que quisiera verdaderamente confrontar y no seguir conviviendo
con esta trampa de Deuda Perpetua hoy podría hacer tres cosas básicas y
necesarias en función del interés nacional argentino:
1. Blanquear la gravísima situación del
Fisco sincerando un nuevo default del Estado, dejando que la Argentina sea arrastrada
a un incumplimiento forzado - y de base real - de su Deuda para tener
oportunidad de replantear los términos de cualquier renegociación futura.
2. Constituir una Comisión Investigadora
encargada de la revisión integral de la Deuda Pública
Argentina – con particular detenimiento en el rol de los funcionarios
superiores responsables del endeudamiento - suspendiendo todos los pagos de
servicios hasta tanto esa comisión no se expida formalmente.
3. Recién con el dictamen de dicha
comisión en la mano, sentarse a negociar con los acreedores una
re-estructuración ordenada – pago con crecimiento económico y capacidad de
repago demostrada – de la deuda que sea considerada legítima.
Es la única
alternativa válida frente a la política institucional de toma de Deuda Pública
permanente sin capacidad de pago
La tríada
Oficialismo-Partidocracia-Medios y gran parte de la Clase Dirigente de la Argentina , en cambio,
pugnan hoy por consolidar la nueva ola de endeudamiento público que ya ha
comenzado – la tercera, después del Proceso y de la Convertibilidad –
y que algunos sectores, con la excusa del fallo de los holdouts, buscan incluso
convertir en una pseudo “causa nacional” donde una nueva reestructuración de
deuda que reemplace al fracasado Megacanje Kirchner-Lavagna se mostraría, una
vez más, como supuesta renegociación externa “exitosa” para volver al Mercado
Internacional de Capitales.
