Por
Héctor GIULIANO
(5.2.2018)
La
política de retraso cambiario de la administración Macri para poder sufragar el
costo creciente de los servicios de la Deuda Pública – básicamente Intereses
porque los vencimientos de Capital no se amortizan en forma neta sino que se
cancelan con nuevas deudas – ha derivado en un dilema grave para el gobierno de
Cambiemos.
Este
dilema se resume en que los salarios e ingresos fijos en general han quedado
altos medidos en dólares mientras experimentan una caída en pesos - medida en
términos reales - porque la Inflación
carcome su poder adquisitivo.
Más
allá de los discursos, el gobierno Macri no lucha verdaderamente contra la
Inflación sino que, por el contrario, la retro-alimenta y la promueve:
a) El Banco
Central (BCRA) emite anualmente unos 150.000 M$ (Millones de Pesos) en forma
directa y sin respaldo por concepto de Adelantos Transitorios al Tesoro.
b) Las grandes Empresas
fijan discrecionalmente los aumentos de Bienes y Servicios en el Mercado en
condiciones de mono u oligopolio que se transmiten con impunidad a todas las
cadenas de comercialización porque el gobierno no interviene a través de
controles de precio.
c) El gobierno
autoriza y promueve el aumento de los pecios y tarifas de servicios públicos,
que son los que más rápidamente se trasladan a los precios y que afectan a la
población por partida doble: como usuarios directos y como receptores de los
incrementos que los concesionarios transmiten a los clientes, que son rehenes
de los mecanismos de monopolio.
d) El gobierno, en todos sus niveles – Nacional,
Provincial y Municipal - aumenta la Presión Tributaria y también lo hace por
dos vías concurrentes: i) en forma directa, por medio de revalúos, ajustes de
alícuotas, re-categorizaciones de contribuyentes, fijación de bajos Mínimos no
Imponibles (como el caso de Ganancias y Bienes Personales), mantenimiento de
impuestos distorsivos (como el Impuesto al Cheque), creación de otros nuevos
(como el gravamen sobre la Renta Financiera aplicado a los Plazos Fijos de los
depositantes) y, sobre todo, por la continuidad de la elevada alícuota del IVA,
que es un impuesto regresivo al consumo; y ii) en forma indirecta, a través del
alto componente impositivo que se suma a los precios y tarifas de servicios
públicos (del punto c).
e) Este aumento
combinado de precios/tarifas y presión tributaria es, a su vez, uno de los
principales determinantes del aumento de los costos logísticos en la Argentina.
f) El gobierno –
a través del BCRA – sostiene un alto nivel de Tasas de Interés que eleva el
Costo Financiero local y que (pese a que se habla poco o nada de ello) también
se transmite a los precios por parte de las Empresas (lo que repercute incluso
a mayor velocidad que todos los demás factores de incidencia).
g) Este elevado
Costo Financiero Argentino tiende a producir recesión económica interna y a no
favorecer las Inversiones Productivas (locales y extranjeras).
h) Con esta
política de altas Tasas de Interés domésticas – fijadas por el gobierno – se
atrae al negocio especulativo de la entrada de capitales financieros volátiles,
que lucran así con el diferencial de tasas frente a las internacionales y bajo
garantía de atraso cambiario.
i)
El ingreso de estos fondos especulativos en
gran escala provoca además otro doble efecto inflacionario negativo, directo e
inmediato, sobre la Economía porque: i) por un lado, toda la masa de dólares
que entra para lucrar con el diferencial de tasas del punto anterior se traduce
en emisión monetaria, pesos que a su vez se absorben o rescatan por medio de
Lebac del BCRA (cuyo stock sobrepasa hoy 1.1 B$-Billones de Pesos) pagando
multimillonarias sumas de interés (unos 300.000 M$ anuales) que se agregan a
los intereses que paga la Tesorería Nacional por su Deuda Pública (más de
400.000 M$/año); y ii) por otro lado, porque los intereses que se abonan por
las letras se hacen imprimiendo más billetes.
j)
Paralelamente, el atraso cambiario - que el
gobierno utiliza como herramienta de pago de los servicios de la Deuda Externa
y favorecimiento de los negocios financieros antes que como ancla anti-inflacionaria – provoca una
pérdida de competitividad de nuestras exportaciones y favorece en cambio el
abaratamiento de las importaciones y el Turismo Emisivo, con sus secuelas
dañinas para el mercado interno de Producción y Empleo; y con el agravante que
con ello no se consiga una baja de la Inflación.
k) Por último,
está la incidencia de los aumentos de salarios, jubilaciones y planes de
asistencia social, que retro-alimentan la Inflación pero que no son la causa
sino la consecuencia de los aumentos de precios que sufre la población con ingresos
fijos dado que estos aumentos se negocian con actualizaciones que buscan
compensar la caída de los salarios reales frente a la Inflación de los precios.
Este último punto – al que ya nos
hemos referido en nuestro trabajo anterior sobre “Inflación, Salarios Reales y
Deuda Pública” (del 19.1.2018) - se ha transformado empero en la principal
preocupación del régimen macrista.
En
síntesis, que los factores inflacionarios que más inciden en el aumento de los
precios de los bienes y servicios - que se vienen produciendo sistemáticamente
por la conjunción de todos estos factores citados - no corresponden
principalmente al aumento de los salarios sino a razones independientes de los
mismos y son provocados – todos ellos – por decisiones directas o indirectas
del propio gobierno.
Además,
hay que tener presente que los aumentos de sueldos e ingresos fijos conexos se
producen siempre después que la gente ha sufrido los impactos de la inflación
(no antes ni simultáneamente), que los aumentos de precios se registran día a
día mientras que los salarios se pagan con frecuencia mensual (lo que implica
una pérdida financiera sistemática para los asalariados en función del tiempo)
y que el recupero porcentual – no el
recupero en valor absoluto, porque la Inflación pasada no se recupera sino que
se la traga la población – se concede
luego a futuro y en cuotas, con la consiguiente caída estructural del valor de
los Salarios Reales; y con el añadido que el gobierno macrista pretende
actualmente negociación de paritarias con base en irreales pautas futuras de
inflación del 15 % para 2018 y sin cláusula gatillo.
Bajo
la administración Macri se está verificando así uno de los más grandes procesos
de redistribución de ingresos en contra de los asalariados en la Argentina
mientras paralelamente se promueven récords de ganancia para los negocios
financieros, ligados esencialmente a la dependencia del Sistema de la Deuda
Pública Perpetua: deudas del Tesoro y del BCRA, de las Provincias y los
Municipios, de las Empresas del Estado, los Organismos Nacionales y los Fondos
Fiduciarios, así como de la Industria de los Juicios contra el Fisco derivados
de las torpezas culpables del propio gobierno (como el que se avizora por la
denominada Reforma Previsional, que en la práctica significa la rebaja de los
aumentos jubilatorios y asistenciales).
Para
ello el presidente Macri cuenta con el apoyo externo determinante de la Banca
Internacional y los gobiernos de los Países Desarrollados – incluidos sus
bloques de coordinación globalizada, como el G-20, la OCDE-Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico y los Organismos Multilaterales de
Crédito en general (FMI, Banco Mundial, BID y CAF) - y también con el apoyo interno de los grandes
grupos económico-financieros que operan en nuestro país, con quienes actúa en
tándem y con intereses comunes a los fines de lograr una relación 2 a 1 en las
negociaciones de las nuevas Convenciones Colectivas de Trabajo: Gobierno y
Empresas versus Sindicatos.
El
objetivo básico es lograr un debilitamiento de las condiciones salariales y de
trabajo de la población argentina que permita la aceptación de peores
condiciones de contratación y remuneraciones, utilizando para ello el efecto de
la Inflación sobre los ingresos fijos y la generalización de despidos dentro y
fuera de la Administración Pública.
En
función de su Política de Gobernar con Deuda, el gobierno Macri necesita un
dólar retrasado para garantizar el pago de los servicios de Intereses de la
Deuda Externa y de la Deuda Interna dolarizada.
Pero
este dólar barato hace que los
Salarios resulten comparativamente altos en dólares, por lo que su baja deviene
un requisito necesario para el gobierno a los efectos de compensar el resto de
todos los otros factores de costo inflacionarios citados que pesan sobre la
Economía.
Y
es también la cuota de servilismo que el presidente Macri tiene que mostrar
frente a los Acreedores Externos – en línea con sus compromisos ante los banqueros
de Nueva York en Noviembre pasado – exhibiendo que es capaz de cumplir a
rajatabla con los servicios de la Deuda para que le sigan prestando, a costa de
bajar los salarios reales internos en dólares.
Se
da así la paradoja que es un gobierno neoliberal el que hoy está utilizando en
gran escala el tan denostado Impuesto
Inflacionario para obtener recursos artificiales para el Estado, que lo
intenta a través de la baja de los ingresos reales de trabajadores y jubilados
y que, como agravante, no lo hace para promover el desarrollo de la Economía
Productiva sino, por el contrario, para privilegiar y subsidiar el negocio
financiero especulativo en la Argentina.-