Alberto Castells
Investigador principal del Conicet; profesor de Teoría
Política y de Derecho Constitucional
La Nación, 14 de febrero de 2018
Transcurridos dos años del gobierno actual, parece
oportuno poner la mira en el Plan de Modernización del Estado y, en especial,
en uno de sus ejes principales: la capacitación de la alta gerencia pública.
¿Estarán dadas las bases para mejorar la idoneidad profesional de quienes nos
gobiernan? Los programas de capacitación, ¿contemplan los conocimientos de
anticipación requeridos para el tratamiento y resolución de problemas en una
sociedad compleja?
Según los datos disponibles, la Nación, la ciudad
autónoma y las 23 provincias cuentan con sus propios institutos de formación y
capacitación. En el campo académico se contabilizan para todo el país 740
carreras de grado y de posgrado en derecho, ciencia política, gobierno y
administración. Un escenario menos visible es cubierto por el centenar de
empresas consultoras y think tanks, que venden sus productos a los decisores
políticos y comunican sus propuestas a través de los medios.
Vale recordar la Escuela Nacional de Administración de
Francia, el Servicio Civil del Reino Unido y la Escuela de Gobierno John
Kennedy de los Estados Unidos. Tres instituciones emblemáticas en las que los
altos funcionarios invierten varios años de sus vidas para alcanzar una
educación formal orientada a las aplicaciones prácticas y a la resolución de los
problemas.
La observación comparativa alcanza para advertir que
tanto en la sede estatal como en la sociedad civil carecemos de las condiciones
objetivas para darnos sistemas pedagógicos orientados al saber para el hacer.
Razón por la cual la deconstrucción de una ciencia teórica y la reconstrucción
de una ciencia práctica constituyen una alternativa a tener en cuenta en las
instituciones públicas y en los estamentos académicos. El plan estratégico de
la Escuela Superior de Gobierno, dependiente del Ministerio de Modernización,
parecería ir en esa dirección virtual.
Las afirmaciones programáticas de la Escuela Superior
de Gobierno -"promover el fortalecimiento de los servidores públicos a
través de diferentes programas diseñados bajo los más altos estándares de
calidad"- son incuestionables. Ese formato conceptual, ¿se concretará en
la enseñanza virtual o presencial? Si los contenidos se comprenden por
referencia a su contexto, cabe advertir que el saber político enseñado en la
academia se resiente por ser excesivamente teórico e inconducente para la
resolución de problemas.
La Escuela Superior de Gobierno mantiene estrechos
lazos con las universidades "a través de acciones conjuntas de enseñanza y
aprendizaje...", concretadas mediante convenios bilaterales. Asociación
inteligente que, no obstante, despierta dudas sobre la transferencia de la
enseñanza pensada en clave de aplicación. Habrá que ver si el salto en calidad
de la nueva especie pondrá fin a las realidades históricas instaladas en
nuestros claustros: docencia devaluada, materias irrelevantes, contenidos
obsoletos. Cabe presumir que esas rémoras quedarán para el recuerdo dado que se
propone "la jerarquización y profesionalización de la alta dirección
política".
Hasta aquí la construcción de un círculo virtuoso que
pretende atenuar las maltrechas relaciones entre posiciones contrapuestas; y un
punto de inflexión que aspira a vincular complementos necesarios. Por el
momento habrá que atender las concretas aplicaciones y esperar a que el tiempo haga
sus pruebas.
